Maria Esperanza Hermida
Hoy es 16 de Junio de 2013 y hace unas horas, el II contrato colectivo tribunalicio cumplió años. Y es que el 9 de Junio de 2005, fue firmado en un acto efectuado en la sede de la DEM en Chacao, pero específicamente el 15 de junio de 2005, nuestro contrato fue homologado por la Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Publico del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Hablamos de un hecho que ocurrió hace ocho (8) años...
Hoy es 16 de Junio de 2013 y hace unas horas, el II contrato colectivo tribunalicio cumplió años. Y es que el 9 de Junio de 2005, fue firmado en un acto efectuado en la sede de la DEM en Chacao, pero específicamente el 15 de junio de 2005, nuestro contrato fue homologado por la Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Publico del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Hablamos de un hecho que ocurrió hace ocho (8) años...
Para el
año 2005, había tres (3) organizaciones sindicales en el medio judicial. Una de
ellas, la más combativa y aún mayoritaria para el momento, fue creada al calor
de un hermoso y singular proceso de lucha tribunalicia, desarrollado entre
1985-86 y 1991, que continuó durante muchos años y con variados éxitos, avances
y retrocesos. Se trata del Sindicato Unitario Organizado Nacional de
Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ), hijo del
SINDEFUP-POJUC-ONTRAT y nieto de la ONTRAT.
SUONTRAJ era
heredero de un proceso hermoso por lo romántico, por lo valiente y lo fresco. Y
tenía en sus genes características singulares, por lo auténticamente clasista
que fueron sus postulados, por su respetuosa pluralidad y por su obstinado
empeño democrático-sindical.
Algunas
personas se preguntarán por el significado de tantas siglas y es necesario
hacer un alto en las primeras: ONTRAT, que significa Organización Nacional de
Trabajadores Tribunalicios, se apoyó en el exitoso trabajo colectivo de un
grupo de trabajadores y trabajadoras judiciales, cuyo eje de articulación fue
un instrumento para la denuncia. Es decir, un periódico que visibilizó las
pésimas condiciones laborales en que se desenvolvía la administración de justicia,
y las complicidades que con tal realidad tenía, para ese entonces, la
Federación de Trabajadores Tribunalicios (FENATRAT). El periódico se llamó
"La Voz del Tribunalicio", y se convirtió en el germen de un proceso
que duraría un poco más de 20 años.
La
respuesta de la dirección de FENATRAT a las justas exigencias de
democratización, fue la expulsión de sus filas, en 1987, de todo el equipo
editorial de “La Voz del Tribunalicio”. La razón fue pedir elecciones en
Caracas e introducir el debate sobre la importancia de lograr un contrato
colectivo, que superara el mecanismo de acta - convenio, modalidad de
regulación de las condiciones colectivas de trabajo, vigente en la época. Esa
expulsión permitió la relación entre la gente de Caracas y los dirigentes
tribunalicios del interior del país, ya que a partir de intentar los diferentes
recursos contra la expulsión, se abrió la posibilidad de profundizar el debate
sobre la inexistencia de la democracia interna y la evidente conciliación de
FENATRAT con las arbitrariedades del Consejo de la Judicatura, ente que
representaba al patrono en el Poder Judicial.
En los
años ochenta del siglo XX venezolano, no había derecho a la sindicalización en
el Poder Judicial. Tampoco podían sindicalizarse los trabajadores y
trabajadoras que laboraban en la mayor parte de los organismos del Estado, al
menos a nivel de empleados y funcionarios públicos. A pesar de esta limitación
legal, integrantes del equipo de "La Voz del Tribunalicio" en Caracas
y dirigentes de base de FENATRAT en el interior del país, empezaron a reunirse,
a intercambiar y encendieron la chispa de la acción reivindicativa colectiva,
que luego se convirtió en una gran llama de lucha sostenida durante décadas.
Fue de
ese encuentro entre luchadores y luchadoras que nació la primera organización
que irrumpió en el escenario laboral tribunalicio, con un método que combinó lo
combativo y lo democrático. Desde un principio su nombre expresaba su objetivo
y su razón de ser: una Organización Nacional de Trabajadores Tribunalicios
(ONTRAT). Se constituyó como asociación civil, con fines sindicales, y se
registró el 15 de marzo de 1988. Su mayor logro inicial fue alcanzar -unos
meses después de su fundación-, la homologación salarial respecto a los cargos
similares en funciones, ejercidos en la Administración Pública Nacional (APN).
Ello se hizo realidad a partir del mes de mayo de 1989, luego de ejercer
presión sobre el Consejo de la Judicatura, mediante una serie de paralizaciones
escalonadas en Lara, Yaracuy, Carabobo y Mérida, que desembocaron en una huelga
nacional que incorporó a los trabajadores y trabajadoras judiciales de toda
Caracas y de otros estados del país, donde no había sino la referencia televisiva
de las declaraciones que ofrecían noveles dirigentes de la ONTRAT.
“…El paro
convocado por el Comité Unificado de Conflicto de los Tribunales de la
República, para el 8 de mayo de 1989 y luego, el desarrollo de la huelga
general indefinida, tuvieron un éxito rotundo en Caracas. Con posterioridad,
progresivamente, en el interior del país se produjeron adhesiones espontáneas,
algunas promovidas por los mismos dirigentes de las organizaciones filiales a
FENATRAT, que no encontraban satisfacción alguna en las explicaciones de sus
directivos, ni razones para inhibirse de luchar por un aumento salarial
planteado bajo un esquema innovador. Otras adhesiones, se generaron desde las
mismas bases laborales que vieron en esta especial coyuntura de conflicto, la
posibilidad de romper con la tradicional dirección sindical y colocarse a la
vanguardia de un proceso que anunciaba un amanecer diferente en la forma de
concebir y ejercer el sindicalismo.”[1]
El 29 de
mayo de 1989, se selló ese triunfo con una marcha nacional hacia el Consejo de
la Judicatura. La victoria obtenida con el reconocimiento a la homologación fue
una de las razones que contribuyeron en 1990 a decretar el 29 de mayo, como día
del trabajador y trabajadora tribunalicia. Otro motivo para conmemorar esa
fecha, fue la importancia de reconocer un proceso de lucha realizado en el
sector judicial en 1975, donde hubo varias personas detenidas por exigir
mejoras laborales, y que también se produjo alrededor de un 29 demayo.
Pero
volviendo a los antecedentes de la contratación colectiva como derecho en el
Poder Judicial venezolano, es preciso señalar que una vez entró en vigencia
laLey Orgánica del Trabajo (LOT) el 1° de mayo de 1991, especialmente su
articulo 8, al personal tribunalicio se le posibilitó organizarse como
sindicato y discutir su convención colectiva. Aunque ya los estatutos de ONTRAT
habían sido reformados por primera vez en el Encuentro Nacional realizado en la
ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, el 5 de mayo de 1990, a casi un año de
haberse logrado la homologación, la meta de la asociación civil era avanzar y
convertirse en sindicato.[2]
La
personería jurídica que invistió de cualidad legal a la ONTRAT como sindicato,
deriva de los acuerdos del Consejo General que ratificó la reforma estatutaria
de Barquisimeto en 1990, erigiéndose en constituyente sindical, el 25 de mayo
de 1991, reunida en la Sala “ E ” de la Universidad Central de Venezuela, y
cuya acta fue registrada en la Inspectoría Nacional del Trabajo, el 16
deseptiembre de 1991, bajo el Nº 1, folio 3, tomo 1. Es pues éste el primer
sindicato nacional que nace con la LOT. Se llamó “SINDICATO NACIONAL DE
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL PODER JUDICIAL Y CONSEJO DELA JUDICATURA
(ORGANIZACION NACIONAL DE TRABAJADORES TRIBUNALICIOS)“, en lo adelante SINDEFUP
– POJUC – ONTRAT.
Así pues,
entre mayo y septiembre de 1991, y a pesar del duro golpe sufrido por el
despido de varios sus dirigentes en abril de ese año, la ONTRAT efectuó
asambleas generales de trabajadores y trabajadoras en todas sus organizaciones
de base en el país, logró el respaldo absoluto de su afiliación para su
conversión en sindicato nacional y recogió las firmas legalmente requeridas
para presentar sus documentos en el Ministerio del Trabajo. Algunas personas
que hoy refieren dificultades de disposición de tiempo y de finanzas,
impidiendo el rescate de una instancia tan importante como un sindicato
nacional, bien podrían beber de estas fuentes del accionar cuando la convicción
sobre la justeza de una lucha es lo más importante. Para quienes desarrollaron
aquellas acciones desde la ONTRAT, el compromiso por lograr y hacer respetar la
sindicalización, y conquistar el contrato colectivo como derecho de este sector
laboral, llegó a convertirse en proyecto vital...
Uno de los
primeros aciertos de la recién fundada organización sindical, SINDEFUP– POJUC –
ONTRAT, fue mantener la lucha por el reenganche de sus dirigentes despedidos
desde 1991. Unos fueron reincorporados, mediante un acuerdo puntual con el
Consejo de la Judicatura, en el marco de una huelga desarrollada durante el mes
de enero de 1992. Se trataba de los sindicalistas de Caracas, despedidos antes
de la vigencia de la LOT, a quienes la Judicatura alegó que no operaba la
figura del reenganche, sino la "reincorporación". Otro dirigente si
fue reenganchado, siendo el antecedente remoto del cumplimiento de una
providencia administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo (estado
Carabobo), porque reconoció la vigencia del fuero sindical en el sector.
Otro
triunfo del SINDEFUP-POJUC-ONTRAT fue su estrategia para alcanzar la firma de
un contrato colectivo. La idea consistió en organizar uno, dos, muchos paros
escalonados, marchas en Caracas y en diferentes regiones del país, tomas de
oficinas administrativas de Consejo de la Judicatura, tomas de Inspectorías del
Trabajo, plantones en las vías públicas, en las autopistas, alianza con
diferentes sectores laborales en lucha durante el convulsionado período 1992 –
1993. Se organizó el llamado “trancazo tribunalicio”, actividad que consistió
en impedir el tránsito en el puente sobre el río Orinoco, sobre el lago de
Maracaibo, en la autopista regional del centro, en la autopista de oriente, en
el puente binacional del Táchira.
En la
administración de justicia, estallaron dos huelgas generales, en abril y en
julio de 1993, respectivamente, combinadas con una huelga de hambre que se
inició en Caracas y se extendió a 10 estados del país, llegando a contar hasta
con 45 dirigentes sindicales en ayuno, en su mayoría mujeres... FENATRAT, que
aún existía, se integró unitariamente a la lucha por la contratación colectiva
y algunos de sus dirigentes participaron en la huelga de hambre.
Sunep-Judicatura, un sindicato de empleados administrativos del extinto Consejo
de la Judicatura, cuya dirección no compartía los métodos combativos del
SINDEFUP-POJUC-ONTRAT, fue forzado por su base a sumarse al conflicto.
En
1993, todas las centrales sindicales del país, incluyendo la CTV, fueron
solidarias con la huelga tribunalicia. Se expresaron a través de comunicados
conjuntos, declaraciones de prensa y el acompañamiento de sus dirigentes en las
acciones más radicales. Tal es el caso de Oscar Figuera, Secretario General de
la CUTV, hoy diputado del PCV por el estado Aragua, en la Asamblea Nacional,
quien se sumó a la huelga de hambre en Caracas. También José Beltrán Vallejo,
Secretario Ejecutivo de la CTV, incorporado a la mesa de discusiones instalada
en el Ministerio del Trabajo para enfrentar a la representación de la
Judicatura. Pero además contó con la presencia activa de prestigiosos
dirigentes sindicales del momento, que participaron de las acciones de
solidaridad con la huelga general, como Iván Espinoza, sindicalista de la
Electricidad de Caracas (luego viceMinistro de Seguridad Social del finado
Presidente Chávez). Otros se incorporaron a la huelga de hambre en Caracas,
como Rafael Riera, importante dirigente
sindical de la CANTV. La visita a las embajadas de España y Francia, llamadas
"tomas" y cuyo objetivo fue internacionalizar el conflicto, significó
una forma de lucha o iniciativa, inaugurada por ese sindicalismo tribunalicio
de los noventa.
En julio
de 1993, el SINDEFUP-POJUC-ONTRAT desacató la decisión del Juzgado Quinto de
Primera Instancia del Trabajo de Caracas, que declaró con lugar una solicitud
de amparo constitucional, planteada por el Consejo de la Judicatura y que
ordenó el cese de la huelga. El modo de instrumentar el desacato resultó
especialmente innovador para entonces: con un modelo de diligencia, los
trabajadores y trabajadoras acudieron al Tribunal que dictó la sentencia
ordenando la reincorporación y manifestaron, individualmente, su voluntad de
ejercer su derecho a la huelga. Sólo en Caracas fueron alrededor de2.000
desacatos. Las colas de las personas para introducir esta diligencia, duró días
enteros y las escaleras del edificio José María Vargas, sede de los tribunales
civiles de Caracas en la época, se veían abarrotadas de cientos de trabajadores
y trabajadoras que estoicamente esperaban con paciencia su turno para
desacatar. Algunos se saludaban entre ellos preguntando: “…y tú ¿ya
desacataste?”
Incumplir
una orden judicial que violaba un derecho constitucional, se asumió
colectivamente como la consecuencia lógica para enfrentar una arbitrariedad. En
el interior del país, las personas hicieron lo mismo y remitían sus escritos a
la capital de la República, a la sede del Juzgado. Por cierto, el titular de
aquel tribunal era hermano de un Magistrado del Consejo de la Judicatura
(tamaña imparcialidad). Por eso, cualquier parecido con la realidad que se vive
en 2013, es mera coincidencia… Quizás se llegó a unos 5.000 desacatos a aquel
mandamiento de amparo y de esta cifra, dígitos más, dígitos menos, lo
importante era la contundencia nacional con la que acudió la masa laboral a
expresarse. Fue como un gran referéndum respecto a la continuidad de la huelga.
Para quienes no conocen la consecuencia
de esta forma de desobediencia, el desacato de un amparo implica un arresto que
se materializa a través de un Tribunal Penal. En aquel entonces, no había forma
de arrestar a miles de personas simultáneamente. Ahora tampoco. Por eso, el
desacato se tradujo en una burla nacional hacia el desesperado recurso usado
por el extinto Consejo de la Judicatura, y la huelga siguió adelante. José
Beltrán Vallejo, sindicalista cetevista comprometido con la clase trabajadora,
ofreció en aquel entonces unas duras declaraciones a la prensa con motivo de la
decisión judicial del “coco” Reyes. El recurso de amparo contra el ejercicio
del derecho a la huelga, inaugurado por la Judicatura en 1993, pasó a ser uno
de los platos a la carta, que eventualmente solicitan tanto patronos como
esquiroles, para enfrentar justas luchas laborales en Venezuela.
La primera
fase de la huelga para lograr la contratación colectiva en el sector judicial,
se desarrolló con Carlos Andrés Pérez como Presidente, durante el mes de abril
de 1993. La segunda etapa enfrentó el interinato de Ramón J. Velásquez, entre
julio y agosto de 1993. La historia recuerda que en ese período también hubo
una larga huelga magisterial, casualmente combinada con una huelga de hambre,
extendida por varios estados del país. La espiral de protestas laborales se
había expandido ese año a varios sectores del Estado, especialmente en la salud
y las universidades. La especial conflictividad laboral de 1993, estuvo precedida
por el enfrentamiento al alzade la gasolina, con un paro cívico realizado en
agosto de 1992 en Caracas, que involucró a la telefónica y el sistema Metro. La
efervescencia social del momento estaba aliñada además por un valiente y
combativo movimiento estudiantil, que desplegaba iniciativas de lucha por el
respeto al derecho a la vida y a la integridad personal de sus integrantes, en
liceos, universidades e institutos de educación superior a lo largo y ancho de
la geografía nacional. El Presidente de la Federación de Centros de Estudiantes
de la UCV, Luis Figueroa, acompañó varias marchas tribunalicias en esos días y
junto con varios equipos de estudiantes, estuvo durante largas noches de
vigilia, en solidaridad con la huelga de hambre que se desarrolló en la planta
baja de "Pajaritos". El conocido Luis Fi llegó luego a ser Ministro de Vivienda en el
gobierno chavista.
Con ese
mar de fondo, la dirigencia sindical tribunalicia, sentada en la mesa de
negociaciones de 1993 en el Ministerio del Trabajo, no cedía. Tampoco cedía el
Consejo de la Judicatura. La huelga se prolongó durante 2 meses y el Ejecutivo
Nacional decidió, el mismo día que se lanzó la primera bomba atómica, es decir
el 6 de agosto, ordenar la reanudación de faenas y someter el conflicto a
arbitraje obligatorio. Este Decreto Presidencial fue el Nº 3098, que se publicó
en la Gaceta Oficial Nº 35.270, el 9 de agosto de 1993, día de la segunda bomba
atómica… Pero los trabajadores y trabajadoras judiciales, así como sus
dirigentes, con lágrimas en los ojos, expresaban su rabia e indignación. Muchos
de ellos, manifestaron que no deseaban volver a sus puestos de trabajo. Si bien
ya se habían decepcionado de la administración de justicia cuando desacataron
la sentencia del amparo, su frustración se elevó al constatar que el gobierno
de Velásquez mantenía la misma política del depuesto CAP. La gente sentía una
gran humillación. Días de asambleas, sobre todo en Caracas, fueron necesarios
para que la base trabajadora acatara la reanudación de faenas y se
reincorporara a trabajar. Cientos de expedientes administrativos disciplinarios
fueron abiertos placenteramente por las autoridades del Consejo de la
Judicatura y al menos dos decenas de trabajadores y trabajadoras, perdieron sus
puestos de trabajo en Caracas. Estas personas no pudieron volvera trabajar en
el Poder Judicial, a pesar de haber agotado los recursos legales pertinentes
[3]. En un acto de retaliación y venganza patronal, argumentando el
incumplimiento a la reanudación de faenas, fueron despedidas dos dirigentes
sindicales nacionales emblemáticas y una dirigente seccional del
SINDEFUP-POJUC-ONTRAT en Caracas. Igualmente resultaron despedidos 3 dirigentes
del mismo sindicato en el estado Miranda y un directivo de Sunep-Judicatura de
Caracas. El reenganche de estas personas sindicalistas, es parte de la historia
de la libertad sindical en el Poder Judicial y merece un trabajo especial en
otro momento. [4]
Ahora
bien, someter el conflicto laboral por la contratación colectiva, a un
arbitraje obligatorio, significó designar un representante por los
trabajadores, otro por la Judicatura y un tercero seleccionado por el
Ministerio del Trabajo, quienes decidieron la controversia. En ese orden,
fueron nombrados Juan Nepomuceno Garrido y José Rafael Tinoco, por los
trabajadores y por la Judicatura, respectivamente. Estos árbitros arbitradores,
pues tuvieron el poder para decidir sobre todo lo planteado en el conflicto, en
términos de los hechos y del derecho, publicaron en la Gaceta Oficial
extraordinaria N° 4.656 del 8 de diciembre de 1993, el laudo arbitral con la
primera convención colectiva del sector judicial venezolano. Prácticamente todo
lo que pidió el SINDEFUP-POJUC-ONTRAT en la mesa de negociaciones, es decir, la
razón de la huelga, fue aprobado en el laudo. De ello se puede constatar la
justeza de aquella huelga. Y es que sólo una diferencia porcentual, en cuanto
al monto del aumento salarial y la estabilidad del personal de Secretarios y
Alguaciles de Tribunal, no fue contemplado en la sentencia arbitral. El
incremento a las remuneraciones representó y con mucho, uno de los mayores
logros económicos posteriores al conflicto, así como el bono por mora en la
discusión, todo lo cual se canceló efectivamente el mismo año de 1993. Pero, la
victoria económica más trascendente, fue la indexación salarial y mantener la
homologación respecto a la Administración Pública Nacional, lograda desde 1989.
El laudo estuvo vigente durante 3 años y medio, cuando fue sustituido por la
primera convención colectiva, firmada el 12 de agosto de 1997. Este instrumento
fue reemplazado a su vez, por la II convención colectiva, firmada el 9 de junio
y homologada el 15 de junio de 2005.
Por su
parte, el SINDEFUP-POJUC-ONTRAJ cambió de denominación culminando el siglo
XX, para pasar a llamarse SINDICATO
UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ). En el período que va de 1998 hasta el año 2006, SUONTRAJ libró algunas luchas importantes por la
estabilidad del personal judicial ante la arremetida de las llamadas
declaratorias de "emergencia judicial", emanadas de la Asamblea
Nacional Constituyente (1999) y del Tribunal Supremo de Justicia (2000),
enfrentó las arbitrariedades de Magistrados como Roversi Thomas que pretendió
destituir a casi 2.000 personas en septiembre del año 2001 y mantuvo una
denuncia por violación a la libertad sindical ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), entre el año 1999 y 2004 que le permitió
alcanzar el reconocimiento del Ministerio del Trabajo para participar en las
discusiones de la II convenciónde condiciones de trabajo.
SUONTRAJ sufrió una importante
división entre 2002 y 2003, auspiciada por el sindicalismo oficialista
organizado en la llamada Fuerza Bolivariana de Trabajadores. Es herida mermó
sus fuerzas, aunque logró mantenerse. Uno de los ataques más dramáticos a los
que tuvo que enfrentarse fue a la arremetida desatada por el Magistrado Luis
Velásquez Alvaray, Director Ejecutivo de la Magistratura (DEM) que fue
denunciado por la dirigencia sindical debido a lo nefasto del proyecto de las
"Ciudades Judiciales". Luego, a partir del 2008 SUONTRAJ se enfrentó
a las arbitrariedades de Francisco Ramos e intentó impulsar una lucha por la
discusión de la III convención colectiva. Ramos, a la misma usanza de Velásquez
Alvaray, simplemente descabezó el sindicato. Actualmente, de su directiva no
queda prácticamente un hueso sano, ya que los dirigentes más honestos y
combativos fueron destituidos en su gran mayoría, otros fueron jubilados, y
quienes detentan cargos en su dirección nacional, no tienen capacidad de convocatoria
entre la base afiliada. De paso, la legitimidad de su representación está en
discusión porque no organizaron las elecciones. En el caso de Sunep-Judicatura
está desmantelado y FENATRAT no existe desde el año 2000.
SINTRAT,
organización surgida de la división de SUONTRAJ es la sobreviviente, y
prácticamente de manera incólume, de la razzia a la que fue sometido el
sindicalismo combativo del Poder Judicial por la DEM. Hoy, esa organización
mantiene una posición genuflexa y lamentable, sobre todo porque cuenta entre
sus filas con alguna gente que proviene de la historia de luchas de la ONTRAT,
del SINDEFUP-POJUC-ONTRAT, y del SUONTRAJ. Se trata de una dirigencia que está
profundamente entrampada entre su pegajoso compromiso con un gobierno al que
insisten en catalogar algunos como “socialista” y el miedo a enfrentarse a los
desmanes que se cometen día a día en los tribunales. Ocho (8) años trascurridos
desde la homologación del II contrato colectivo, la firma de una prórroga de
ese contrato en 2008 a cambio de un bono, aunada a la firma de otra extensión
en 2011, bajo la promesa de una discusión que no ha comenzado, y la engañosa
publicidad que hacen de un falso ajuste salarial en 2012-2013, que en realidad
es producto de la homologación e indexación contenidos en el mismo contrato de
2005, son prueba evidente de su falta de voluntad para luchar por un nuevo
contrato que recupere la capacidad adquisitiva y mejore la calidad de vida del
proletariado judicial.
Los largos períodos de duración del primero y segundo
contrato, han repercutido negativamente entre los trabajadores y trabajadoras
del Poder Judicial, generando la pérdida de poder adquisitivo de las
remuneraciones, en el caso del personal activo, así como el deterioro de las
pensiones o jubilaciones.
Entre 1997 y 2005, trascurrieron ampliamente 7 años y de
2005 hasta la presente fecha, llevamos 8 años.
Esta realidad clama ante los ojos de cualquiera que haya tan
siquiera tenido noticias de la combatividad de aquel movimiento sindical tribunalicio
venezolano y del talante represivo y arbitrario de las autoridades a las que se
enfrentó.
[1] Hermida M., María E. Huelga tras huelga:historia del
sindicalismo tribunalicio venezolano en el siglo XX. Tesis deGrado Escuela de
Historia UCV, 2003.
[2] Véanse los documentos signados bajo el Nº 28,Tomo 23,
Protocolo Primero, del 08 de agosto de 1990 en la Oficina Subalternadel Segundo
Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal.
[3]http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2003/agosto/025-21-03-0625-2003-2807.html
yhttp://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2009/junio/2109-2-05308-.html
[4] El Consejo de la Judicatura y luego laDirección
Ejecutiva de la Magistratura, intentaron eliminar el fuero sindicalbuscando la
nulidad judicial del Laudo Arbitral y de la cláusula 48 de laconvención
colectiva.http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2007/abril/2221-20-AH24-R-1999-000001-31.html
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