Por: Miguel Cabrera
Un nuevo capítulo en la crisis eléctrica comienza a
escribirse en contra de los trabajadores y el pueblo venezolano. Por orden
presidencial y sin ninguna justificación valedera, la industria eléctrica se
suma a la creciente militarización que desarrolla el gobierno en las empresas
del Estado y en la vida política nacional. Siempre el argumento para entregar a
funcionarios de las fuerzas armadas la dirección de las empresas o ministerios
ha sido la supuesta preservación del “orden público” por un lado y garantizar
“la eficiencia y la disciplina” por el otro. Pero las verdaderas motivaciones
son otras.
Detrás de la militarización se encuentran poderosas razones
económicas y políticas, resultantes del peso específico que las fuerzas armadas
han adquirido durante estos casi quince años de vida de la llamada Quinta
República. Es innegable que el compromiso y la lealtad que los uniformados le
ofrecen al gobierno y sus slogans políticos, no son de gratis. Todo tiene
precio, y para el caso concreto de las fuerzas armadas, el gobierno sabe que
debe dar en contraprestación mejores remuneraciones, prebendas y posibilidades
a la alta oficialidad de libre manejo de recursos del Estado, como garantía
para seguir contando con su fidelidad política. Esa es la verdad monda y lironda.
No por casualidad la cúpula militar goza de excelentes
sueldos, disfruta de todo tipo de privilegios y directamente tiene metidas las
manos en lucrativos negocios como la explotación minera en la CVG y en la CVA,
en la actividad portuaria, en la industria cementera, en la fabricación
naviera, en PDVSA, en el manejo de ministerios y gobernaciones con jugosos
presupuestos, amén de la industria militar que como todos sabemos maneja
toneladas de dinero para la fabricación, compra y reposición de equipos y
armamento, además de su mantenimiento.
Y a partir de este martes 23 de abril, según el noveno
decreto emitido por el recién posesionado Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, las fuerzas armadas compartirán el
lomito de la industria eléctrica, bajo la excusa de la Emergencia Eléctrica, de
la mano de Jesse Chacón, quien regresa a ocupar un alto cargo en el entramado
político del gobierno, luego de salir debido al desfalco bancario perpetrado
por su hermano Arné.
Emergencia eléctrica: ¿por qué y para qué?
No nos engañemos ni nos dejemos engañar. La Emergencia
Eléctrica, no obedece a una decisión coherente y planificada por parte del
gobierno nacional para atender la grave contingencia que vive el Sistema
Eléctrico Nacional. La causa de la grave crisis eléctrica nacional, nuestro
pueblo y especialmente los trabajadores de la industria eléctrica la conocen y
así la han denunciado en infinidad de oportunidades, y consiste en que una
manga de burócratas corruptos que le vienen jugando quiquirigüiqui al país, no
realizan las inversiones necesarias mientras sus allegados y contratistas se
llenan los bolsillos.
Ha costado una y parte de la otra, eliminar la abultada
carga de la nómina del tren ejecutivo de varias gerencias que se niegan a morir
luego de la estatización de toda la industria eléctrica nacional. Se han
malbaratado cerca de 60 mil millones de dólares destinados a la industria en la
última década, los cuales a duras penas han servido para tapar los agujeros
negros que tienen en sus bolsillos los altos funcionarios de la industria
eléctrica y las empresas contratistas. No hay una política seria de
mantenimiento, lo que conlleva a que diariamente millones de venezolanos
suframos los apagones en cualquier momento del día, que además afectan la vida
útil de nuestros electrodomésticos o aparatos utilizados para la producción de
bienes.
Frente a esta caótica situación, solo los obreros y
empleados son los que sacan la cara por la industria, llegando al extremo de
que sean ellos los que con sus salarios, sus sacrificios y su compromiso, hagan
milagros para sostener el sistema y el servicio, como es el caso de los
linieros quienes hacen proezas para parapetar los tendidos eléctricos, teniendo
que cubrir de sus propios bolsillos los gastos por desplazamientos, combustible
y mantenimiento de los vehículos de la compañía.
Molleja de negocio tienen estos burócratas, a quienes nunca
les alcanza el presupuesto para superar la deficitaria generación de 19 mil
megavatios, ni que decir de la nula destinación de recursos para atender los
costes por transmisión y distribución. Por supuesto, esta burocracia que no
hace nada y siempre se queja que no hay plata, sí tuvo la gran iniciativa de
imponer el perverso castigo al consumo, con lo que metió un aumento camuflado
en la factura eléctrica a muchas familias que, a pesar de hacer enormes
esfuerzos para mantenerse en la línea de consumo mínima, ya quedaron rayados y
nunca más lograron bajar el coste de la factura eléctrica.
Esta y no otra es la triste realidad del Sistema y Servicio
Eléctrico Nacional, la cual se pretende ocultar con campañas gubernamentales
para enfrentar supuestos planes de desestabilización y saboteo, que no son
otros que los que desarrollan a diario los altos funcionarios de la empresa en
estrecha conchupancia con el gobierno central. Complicidad que se puede
detectar con facilidad, porque el gobierno le ha negado al venezolano de a pie
el desastroso balance de las gestiones anteriores y especialmente de la de
Argenis Chávez en Corpoelec, que según promesa del fallecido Presidente, sería
el superador de la crisis eléctrica que se vive desde mediados de 2008.
La desgracia es que el decreto número 9 emitido este martes
23 de abril, es más de lo mismo. Promesas y un pote de humo, para facilitar que
durante 90 días Jesse Chacón pueda hacer y deshacer en materia de
contrataciones milmillonarias sin procesos de licitación pública, sin
contraloría ni control ciudadano. Ese es el verdadero contenido de la
declaración de emergencia eléctrica, un artificio jurídico-presupuestal para
manejar los recursos a su libre arbitrio, mientras los problemas siguen igual o
empeoran.
Persecución a los trabajadores
El plan del gobierno se complementa además con la
militarización de la vida interna en la industria, para meter miedo e impedir
que los trabajadores sigan haciendo la denuncia pública sobre las condiciones
en que laboran y continúen destapando las ollas podridas de la corrupción, que
son las que explican de fondo la crisis que vive el Sistema y Servicio
Eléctrico Nacional.
Es preciso denunciar con claridad esta patraña. Los
trabajadores no son saboteadores, por el contrario la nación está en deuda con
ellos no sólo porque no les reconoce a cabalidad el contrato colectivo que los
beneficia, sino también porque habría que erigirles a muchísimos de ellos un
monumento en reconocimiento a su entrega y tenacidad para hacer funcionar el
sistema muy a pesar de las ratas pelúas que manejan la industria.
La militarización de la industria eléctrica también pretende
controlar el brote de descontento que se vive a nivel de los trabajadores en
contra de la dirigencia sindical del Psuv, que se encuentra en una profunda
crisis y abrumada por las denuncias de corrupción y por su incapacidad para
ponerse al frente en la lucha por los derechos de los trabajadores. El reinado
de Ángel Navas y su séquito flaquea, y junto con ellos también la
fantasmagórica central sindical del gobierno. Esa burocracia acaba de perder abrumadoramente
las elecciones sindicales en Carabobo y era casi un hecho su derrota en las
elecciones nacionales que estaban pautadas para este 25 de abril, pero que
fueron postergadas.
No podemos obviar entonces que el decreto de emergencia
también tiene como propósito político servir de colchón a la burocracia
sindical para controlar la rebelión democrática que protagonizan los
trabajadores. Lo anterior, sumado a la ausencia de genuinos dirigentes
sindicales autónomos y combativos en Carabobo, ha generado una situación
caótica, que es urgente resolver en forma positiva, para impedir que algunas
figuras sindicales desgastadas y comprometidas con el gobierno o con los
empresarios, terminen por hacerle creer a los trabajadores de la industria
eléctrica y al país entero, que el Contrato Colectivo es inviable, y que hasta
es una de las causas de la crisis.
Este escenario le viene como anillo al dedo al gobierno,
porque querámoslo o no, el Presidente Maduro, Jesse Chacón, los militares, la
directiva de la empresa y la burocracia sindical del Psuv, están empeñados en
liquidar el contrato colectivo de trabajo, asestándole un duro golpe a los
trabajadores mientras se protege a los corruptos. Si alguien tiene dudas al
respecto, baste con reflexionar con la lapidaria afirmación hecha por el
Presidente Maduro quien aseguró que “varios trabajadores están presos y varios
gerentes han sido reubicados”. Garrote a los trabajadores y consideración para
los gerentes corruptos. Menudo socialismo.
Para mas información pueden consultar laclase.info y
deslinde2011
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