Por: Oscar Medina
Publicado en Diario El Universal
Yendrick Sánchez es un
ejemplo de hasta dónde han llegado las cosas en el país. No por la tonta osadía
de infiltrarse en el entorno presidencial para darle ese tremendo susto al
novel mandatario ahí delante de todo el mundo durante su juramentación -el 19 de
abril- en la Asamblea Nacional. Lo es por las consecuencias del hecho: a
Sánchez le imputan delitos contemplados en la llamada Ley Antiterrorista,
también conocida en su momento como "ley sapo". Su alocada búsqueda
de fama le está resultando cara a él y a su primo Juan Salas Sierra.
La Fiscalía lo informó así:
"En la audiencia de presentación, la fiscal 20º nacional, Katherine
Harrington, imputó a Sánchez González, por la presunta comisión de los delitos
de ofensa agravada al jefe de Gobierno y asociación, de acuerdo con lo previsto
en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo".
"Le aplican la Ley
Antiterrorismo a un muchacho que no cometió ningún delito", advierte
Marino Alvarado, directivo de la organización defensora de derechos humanos
Provea: "Es el extremo de la mentalidad represiva. Y también es un caso de
incoherencia porque Nicolás Maduro dijo que hablaría con él, que lo iba a
escuchar y lo que hicieron fue mandarlo a la cárcel. Y también al primo, quien
no tenía nada que ver con el hecho".
No se trata de un caso único
ni aislado. Estamos, según Alvarado y el también activista de Provea, Rafael
Uzcátegui, ante la administración que ha estrenado la Ley Antiterrorista
publicada en Gaceta Oficial hace casi un año atrás: 30 de abril de 2012, número
39.912. "La propia Fiscal anunció el martes 16 de abril que se aplicaría
en los casos de las protestas recientes", alerta Guzmán: "Y es un
asunto muy delicado porque ahí se maneja una definición muy ambigua de lo que
es terrorismo".
Las advertencias contra esta
norma se hicieron apenas se empezó a discutir en la Asamblea. El 26 de febrero
de 2012 -por ejemplo- en esta misma sección, El Universal publicó un trabajo en el que
especialistas en derecho y activistas de ONG's hablaron sobre los riesgos de
una ley que apunta, entre otras cosas, a cerrar espacios a la protesta civil.
"Desde Provea también
alertamos que iba a ser usada contra la protesta porque define como acto
terrorista el cierre de calles y resulta que el cierre de calles es una de las
modalidades más efectivas que tienen los excluidos para hacer oír su voz",
explica Alvarado: "Y el cierre de calles es considerado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos como una forma legítima de ejercer la
libertad de expresión".
Alvarado asegura que fue
justamente esa ley la que se aplicó a algunos de los detenidos en el estado
Lara por las protestas de los días 15 y 16 de abril en las cercanías de la sede
regional del Consejo Nacional Electoral, una situación en la que hubo más de un
centenar de detenidos por la Guardia Nacional y que ya acumula importantes
denuncias por torturas y tratos vejatorios contra los detenidos quienes hoy
están sometidos a régimen de presentación con prohibición de participar en
manifestaciones. Es decir, un tribunal les suspendió derechos constitucionales
de un plumazo.
"La Ley Antiterrorismo
se empezó a usar ahora, ni Chávez lo había hecho", señaló Alvarado:
"El Gobierno de Maduro se inauguró utilizando la Ley Antiterrorismo contra
la protesta social".
Y el futuro inmediato no es
alentador: "Es previsible que aumente la cantidad de protestas de calle en
el país", señala Uzcátegui. Y ante un Gobierno que busca maneras de
reprimir hasta los cacerolazos, lo que se vislumbra en Provea es de cuidado:
"Vamos hacia el uso de esta ley y de la Ley de Seguridad de la Nación para
acallar las protestas de cualquier tipo. Con bastante seguridad, muy pronto se
las empezarán a aplicar a los sindicalistas de las empresas básicas de Guayana.
Los tribunales antiterrorismo se irán a llenar de luchadores sociales".
En Provea la calificaron en
su momento de "ley patriota criolla", en clara referencia a la
Patriot Act enarbolada por Estados Unidos para dar soporte jurídico a sus
acciones contra el terrorismo. Pero también le ven patrones similares a las de
leyes por estilo aprobadas Latinoamérica. "Se parecen mucho la venezolana,
la colombiana y la chilena", dice Alvarado: "En Chile se la han
aplicado a los indígenas mapuches y a los estudiantes, cosa que ha sido
rechazada de manera pública por voceros y sectores del chavismo. ¿Serán capaces
de levantar sus voces cuando se la apliquen aquí a estudiantes e indígenas
venezolanos? Los exhorto a ser coherentes: que levanten sus voces".
Uzcátegui aporta un dato que
revela la paradoja: "Esa norma está directamente influenciada por un
instructivo del Fondo Monetario Internacional para redactar leyes por el
estilo. Es una especie de manual sobre cómo redactar normas antiterrorismo que
se consigue en la web".
En efecto, ahí está: en el
sitio del FMI. Se titula "Represión del financiamiento del terrorismo.
Manual para la redacción de leyes" y fue elaborado por el departamento
jurídico del Fondo y publicado en el año 2003. "Y, claro, la intención de
este manual es asegurar los flujos de capitales", señala Uzcátegui.
"También debemos sumar
al escenario la reforma del Código Penal", dice: "Quienes apoyan
estas cosas parecen olvidar que esas leyes quedarán cuando ellos ya no estén en
el poder y que son normas que prohiben y obstaculizan las herramientas
históricas de protesta social".
Alvarado se permite un
recordatorio: "Tenemos a un ministro como Elías Jaua, que fue formado
politicamente en la protesta social radical. Jaua, además, fue pasante en
Provea. Y maduro fue una víctima atendida por Provea cuando lo despidieron del
Metro. Ellos dos tienen la responsabilidad de conducir a un Gobierno que tendrá
que manejarse en medio de altos niveles de protesta social y se inauguran
aplicando esa ley antiterrorista contra la gente".
Jueces de uniforme
Y no es lo único que se
confabula contra las manifestaciones de calle. Otro elemento irregular
registrado por Provea es el hecho de que civiles involucrados en protestas
están siendo juzgados por tribunales militares. Y hay más: "Se ha venido
aplicando la justicia militar a los civiles de forma inconstitucional, pero en
2012 se la aplicaron también a los indígenas".
Se refiere a los cuatro
líderes indígenas del Alto Paragua (Bolívar) que fueron detenidos en enero del
año pasado por órdenes de la Fiscalía Militar, tras su participación en la
protesta indígena -el 27 de octubre de 2011- que terminó con la retención de 23
soldados. "Estos indígenas se rebelaron contra la corrupción militar en la
explotación minera en una acción que fue efectuada por más de 600 personas y en
la que participaron hasta mujeres y niños. No se disparó, no hubo uso de la
fuerza. Fue una avalancha de gente y los militares no pudieron usar sus
armas", cuenta Alvarado: "Lo hicieron como último recurso para
denunciar la explotación ilegal de una mina de oro por parte de militares y
terminaron ellos juzgados".
Los "capitanes"
indígenas Norberto Pinto, Julio González, Ramón Mujica y Alexis Romero fueron
presentados ante el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad
Bolívar y terminaron recluidos en la cárcel de La Pica, en Monagas, de donde salieron
para ser enjuiciados en libertad con obligación de presentarse cada 15 días al
tribunal castrense.
El caso particular de Alexis
Romero es curioso. Estando en La Pica recibió, el 24 de enero de 2012, un
indulto presidencial y salió en libertad. "En términos jurídicos se trata
de algo asombroso", apunta Alvarado: "El indulto procede solo si hay
condena y en este caso ni siquiera había empezado el juicio. Y luego del
indulto le comunican que el proceso en su contra continúa y que está bajo
régimen de presentación".
En Provea no tienen registro
de que la Defensoría del Pueblo haya hecho algo al respecto. Y eso que dos años
atrás ellos mismos le entregaron a la titular de ese despacho un documento
sobre la aplicación de la justicia militar a civiles: "La Defensoría ha
sido complaciente. La justicia militar es solo para militares activos que
cometan delitos en sus funciones. Incluso los delitos comunes cometidos por
militares deben ser tratados por la justicia ordinaria".
El caso tiene la lectura de una contradicción: "El
Gobierno pregona la resistencia indígena y cuando la llevan a cabo la respuesta
es criminalizarlos y mandarlos a juicio militar. Ellos decidieron desarmar a
los soldados porque ya habían agotado todas las vías de denuncia formal. Y lo
peor es que la situación persiste, al punto de que lo volvieron a hacer en
febrero".
Provea ha hecho seguimiento
a más casos de civiles procesados por tribunales verde oliva. La misma receta
se ha estado aplicando a sindicalistas y uno de los ejemplos más claros de esto
ocurre en Táchira.
En agosto del año pasado un
grupo de trabajadores de la Misión Vivienda hizo una protesta pública para
exigir el pago de prestaciones sociales adeudados a 128 personas. Pero la
manifestación se hizo en los alrededores del Fuerte Murachí (Municipio Torbes),
donde está la obra. "Mandaron a llamar a cinco representantes sindicales
para conversar con un oficial dentro del fuerte", relata Alvarado: "Y
allí les llegó un fiscal militar y ordenó a la Policía Militar que los lleve
presos y los pasaron al Departamento de Procesados Militares de la cárcel de
Santa Ana. Los acusan por conspiración, violación a las zonas de seguridad,
ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada".
Luis Arturo González, José
Mora, William Torres, Ramiro Parada y Willander Oropeza hoy están en libertad
con régimen de presentación a la espera del juicio: "Pasamos 28 días
detenidos, pero al final le cancelaron los pagos a todos los
trabajadores", dice Ramiro Parada: "Nos toca presentarnos cada 15
días, pero no se ha hecho nada del juicio todavía. Y, bueno, no podemos salir
del Táchira ni participar en manifestaciones en la calle".
En Provea acuñaron una frase
para describir el momento que tanto se anunció y que ya estamos atravesando:
"Esta es la etapa superior de la criminalización de la protesta",
advierte Alvarado parafraseando a Lenin.
"El Gobierno está cerrando los espacios para la protesta pacífica y empujando a la sociedad hacia formas de protesta violentas", señala: "Y lo está haciendo en medio de un ambiente en el que lo correcto sería abrir canales para la manifestación pacífica y encontrar la forma de dar respuesta a los reclamos de la gente".
"El Gobierno está cerrando los espacios para la protesta pacífica y empujando a la sociedad hacia formas de protesta violentas", señala: "Y lo está haciendo en medio de un ambiente en el que lo correcto sería abrir canales para la manifestación pacífica y encontrar la forma de dar respuesta a los reclamos de la gente".
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