El Libertario frente a la coyuntura venezolana

Editorial Libertario 69

Los últimos días del presidente Chávez estuvieron protagonizados por dos eventos que resumen varias de las características del tipo de gobierno que presidió en Venezuela durante 14 años. El primero fue la Masacre dentro del penal de reclusión Uribana. El segundo fue el asesinato del líder indígena Sabino Romero.

La situación penitenciaria durante el gobierno bolivariano es, simplemen-te, una metáfora de las expectativas, demagogias y frustraciones difundidas en el país en los últimos años. Se creó un plan de nombre grandielocuente, llamado “humanización penitenciaria”, mediante el cual prometió transformar “revolucionariamente” las condiciones de vida de los presos y presas. Para ello se fundó una nueva burocracia, un ministerio de prisiones, que protagonizaba los avisos publicitarios. La situación de humillación, tortura y degradación de los encarcelados no solamente se mantuvo, sino que empeoró. Las cárceles siguieron llenándose de gente pobre y la cantidad de presos, en  apenas unos años, se incrementó de 20.000 a 50.000 personas.  Hacinamiento, retardo procesal y las muertes de 400 internos al año por violencia eran la realidad tras el eufemismo de “humanización”. La Guardia Nacional Bolivariana se enriquecía traficando todo lo traficable dentro de los recintos, humillando sistemáticamente a los familiares. Las autoridades toleraban el control intramuros por parte de la jerarquía liderizada por los pranes con un doble objetivo: Compartir sus negocios delictivos extramuros y controlar, con mínimo esfuerzo, al resto de los reclusos. Este es el contexto en el que el Estado realiza la masacre de 60 prisioneros –aunque los familiares aseguran que son muchos más- en uno de sus presidios.

El segundo evento fue el asesinato del cacique yukpa Sabino Romero, obligado a defender los territorios indígenas tras el anuncio presidencial, realizado en el año 2003, de triplicar la explotación de carbón en la Sierra de Perijá. Sabino liderizó ocupaciones de fincas ganaderas, acción directa para obligar al gobierno a cumplir con su promesa, del año 1999, en demarcar y entregar los territorios indígenas a sus verdaderos propietarios. La burguesía bolivariana coincidió con sus supuestos enemigos en criminalizar su lucha, y junto a los medios de comunicación privados y los ganaderos zulianos, lograron encarcelar a Sabino durante 18 meses para intentar doblegarlo. Y el plan para asesinarlo, que tantas veces denunció, fue realizado precisamente cuando el estado es controlado por un militar “líder del proceso”. Sabino se une a la lista de luchadores populares asesinados por sicariato durante el gobierno bolivariano: Joe Castillo, Mijaíl Martínez, Luis Hernández, Richard Gallardo y Carlos Requena, doblemente eliminados por la impunidad, política de Estado para todos estos casos. El sicariato ha sido parte de la estrategia gubernamental para enfrentar y criminalizar la protesta, la cual ha incluido leyes para prohibir las herramientas históricas de movilización del movimiento popular, entre ellas una ley antiterrorista clonada de una de Washington, las amenazas de cárcel para los luchadores, el uso de grupos parapoliciales y delatores, así como la realización de campañas sistemáticas de desprestigio a través de los medios de comunicación estatales. Todas y cada una de las protestas que lograban superar los diques institucionales y el carisma del presidente Chávez fueron reprimidas como siempre.

Tras la desaparición del presidente venezolano y la relegitimación electoral de la cúpula bolivariana, encabezada por Nicolás Maduro, asistiremos a la hegemonía del llamado “Proceso” por parte de la denominada “derecha endógena”, encabezada por el militar y empresario Diosdado Cabello, la burocracia del PSUV y los militares. Una nueva desilusión espera a quienes sostienen que el gobierno bolivariano, ahora sí, “profundizará la revolución”. La cúpula psuvista continuará aplicando el paquete de medidas económicas, negociando la entrega de recursos mineros y petroleros a la globalización económica, reprimiendo las protestas populares y neutralizando toda iniciativa que amenace desbordar los canales institucionales estatales.

A mediano plazo el aumento de la conflictividad social es inevitable. El papel de los anarquistas es participar, como uno más, dentro de los movimientos sociales para aumentar sus niveles de autonomía, construyendo lazos de solidaridad horizontal entre las diferentes luchas y difundiendo que la única polarización posible es la que separa explotadores de explotados, víctimas y victimarios. Enfrentando a la burocracia bolivariana con todas nuestras fuerzas y, por otro lado, impidiendo la recomposición de los partidos políticos que hasta ahora han integrado la llamada oposición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para la construcción de una alternativa social libertaria. Por ello, en el nuevo proceso electoral, rechazamos el llamado de las jerarquías a votar por nuevos o renovados amos que seguirán decidiendo sobre nuestra vida. Negras tormentas agitan los aires: A desmoronar el autoritarismo y la demagogia.