Contabilizan más de 400 convenciones colectivas sin discutir

(EL UNIVERSAL)

La falta de discusión de contratos colectivos, criminalización de la protesta y persecución de la dirigencia sindical se han convertido en un “dolor de cabeza” para los sindicatos del país.

A la fecha, organizaciones como el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Sindicato y el Salario (Fadess) contabilizan más 400 contratos colectivos sin discutir, incluyendo el contrato marco de la administración pública paralizado desde 2006.

“320 contratos de alcaldías están pendientes, 20 de gobernaciones y los contratos marcos de los Ministerios, estamos hablando de 400 convenciones pendientes en el sector público incluyendo las empresas del Estado”, resaltó Froilán Barrios, vocero del Fadess. Precisó que dos millones 200 mil trabajadores del país están amparados por convenciones colectivas. De esa cantidad, un millón 500 mil está sin contrato.

Barrios resaltó que la demora en las discusiones corresponde a una política del Ejecutivo de solo discutir el aumento salarial y deslegitimar el movimiento sindical. A esto se suma el oficio institucional emanado en mayo de 2010 por el entonces vicepresidente de la República, Elías Jaua, que prohibía la firma de contratos en instituciones del Estado sin la autorización del expresidente Hugo Chávez.



Esta situación ha generado malestar en la clase obrera, al punto que Fadess registra más de dos mil conflictos sindicales desde 2008. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en febrero 2013 al menos 297 protestas, de las cuales 107 fueron laborales.

“Paralizaciones, concentraciones, cierres de calle y asambleas son las modalidades de protesta que más se observaron para exigir pago de deudas y salarios”, destacó la organización en su más reciente informe. Según Barrios, 90% de la conflictividad es en el sector público.

Advirtió que la situación tiende a empeorarse debido a la falta de respuesta de las autoridades a las necesidades laborales. De acuerdo a la Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo de 2012, este despacho solo procesó 38% de las 97.692 quejas laborales presentadas el año pasado.

Otro de los problemas que enfrentan los sindicatos del país tiene que ver con los procedimientos contra varios de sus dirigentes, prohibición de la protesta y la violencia sindical que ha cobrado la vida de 300 defensores de los derechos laborales en los últimos años, siendo 2012 uno de los más altos con 77 muertes de sindicalistas.