Entre la pared argentina y la espada española: notas sobre la expropiación de YPF

Por Florent Marcellesi

El conflicto diplomático abierto entre los gobiernos español y argentino por la expropiación de YPF tiene todos los ingredientes geopolíticos para convertirse en las “Malvinas de la energía”. Con argumentos ideológicos y estratégicos de diferentes índoles, ambos gobiernos recurren sin embargo a patrones patrióticos clásicos que, una vez más, esconden uno de los retos del futuro: superar la crisis energética y climática, es decir el final de la era del petróleo barato y abundante y el cada vez más irreversible cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, así como sus (retro)consecuencias sociales y económicas. Hagamos pues un repaso rápido de la situación y perspectivas.

El 16 de abril, tras meses de una táctica tradicional de acoso y derribo a Repsol-YPF (para que cayera el precio de sus acciones), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia la expropiación de YPF, filial de Repsol en Argentina, mediante la compra del 51% de su capital. 90 años después de la creación de YPF y 20 años después de su privatización a favor de la transnacional Repsol en la época de liberalización y ajustes estructurales en los países del Sur (apoyada, por cierto, por la pareja Kirchner), YPF vuelve (casi) a la casilla de salida.

El gobierno español no ha tardado en responder con vehemencia. El ministro de Industria, Manuel Soria, ha declarado ni más ni menos que “es una decisión contra España y los españoles, no solo contra Repsol”. Más allá de que Repsol tenga menos de un 50% de capital español y de que sea grotesco asimilar los intereses de la ciudadanía española con los de los accionistas de una empresa privada, el tono catastrófico empleado recurre al más clásico patriotismo económico tintado de neocolonialismo (el control del oro negro en los países del Sur para garantizar un crecimiento con seguridad en el Norte) y de neoliberalismo (la promoción de los intereses de una multinacional de régimen privado y aficionada a los paraísos fiscales como motor del interés general). Nada mejor en tiempo de crisis que el repliegue identitario y belicista para unirse contra un enemigo común y olvidar —por unos días— la austeridad y los recortes, lo que ha surtido efecto con el apoyo del PSOE, CCOO y UGT. Mientras tanto, los partidos nacionalistas han hecho prueba de su capacidad de contorsión según se traten de intereses de clase o nacionales: CiU y PNV han privilegiado los intereses del capital, mientras que la izquierda abertzale, que lo tenía más fácil en torno al doble eje nacional vasco y socialista, ha saludado de forma efusiva la soberanía e independencia del pueblo argentino.

Si bien llego a coincidir con IU y otros movimientos de izquierdas en que la decisión del gobierno argentino es legítima y que seguramente los recursos naturales no tendrían que estar en manos de intereses privados que solo buscan rentabilidad económica y han cometido una serie de injusticias sociales y ambientales, al mismo tiempo no podemos obviar varias crudas realidades. Como bien dice Ecologistas en Acción, que saluda la decisión como un paso necesario, las razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la nacionalización no son precisamente las ambientales. Argentina atraviesa una profunda crisis social y Fernández de Kirchner necesitaba también una medida fuerte para calmar los ánimos por los precios energéticos en el sector del transporte, garantizar divisas para pagar la deuda externa, bajar su factura energética y asentar su poder surfeandosobre la ola de la soberanía nacional que arrasa América Latina. Por el momento, es demasiado pronto para saber dónde recaerán los beneficios de esta re-nacionalización, si en el pueblo o en los oligarquías locales. Lo que está claro es que no marca ni mucho menos el fin del capitalismo (a lo mejor un empuje del capitalismo de Estado frente al capitalismo financiero), ya que el proyecto de ley de expropiación postula que la exploración y explotación (que seguramente necesitará una inversión de 25.000 millones de dólares en una década) se harán en base a “capitales públicos y privados, nacionales e internacionales”.

Pero sobre todo, no se nos tendría que escapar que detrás de esta estrategia se encuentra la voluntad no solo de controlar los recursos naturales sino de explotarlos con aún más determinación, abriendo más frentes para aumentar la capacidad de producción. Si nos fijamos de nuevo en el proyecto de ley de expropiación, además del bondadoso objetivo de “autoabastecimiento”, se trata de la explotación de “hidrocarburos convencionales y no convencionales”. Recordemos, y no es casualidad, que Repsol-YPF, descubrió el año pasado en la región argentina de Vaca Muerta el segundo mayor yacimiento de gas de pizarra (después de China) donde podrían ver la luz unos 2.000 pozos. Este gas requiere ni más ni menos que el mismo tipo de tecnología que hoy se propone utilizar en España y que ya está prohibido en Francia: el fracking o fractura hidraúlica. Como bien sabemos, gracias al trabajo de varias plataformas (Cantabria, Álava, etc.) o de documentales como Gas Land, esta técnica supone graves riesgos de contaminación del agua y del aire, de aumento del efecto invernadero así como de escapes de gas, terremotos locales y utilización masiva de químicos.

El gobierno argentino, siguiendo los pasos de otros gobiernos de América Latina como Brasil, inscribe su acción dentro del llamado extractivismo (de petróleo, gas, materias primas, etc.), particularmente agresivo con el medio ambiente y los pueblos originarios. Esta “izquierda marrón”, como la ha denominado Eduardo Gudynas, construye su estrategia de desarrollo y legitimidad a través de una apropiación brutal de los recursos naturales, su exportación en los mercados globales, con la redistribución in fine de parte de las riquezas mediante un Estado fuerte. Sin embargo, esta visión que, al fin y al cabo se parece bastante a la construcción histórica de nuestros Estados de Bienestar en el Norte, no se sostiene a largo plazo y aún menos de cara a la crisis climática y energética actual. Por experiencia y desde una perspectiva de justicia ambiental, no supone diferencia apreciable quién posea los medios de producción, si al mismo tiempo el proceso de producción en sí —ya sea público, privado o mixto— se fundamenta en suprimir las bases de su propia existencia. Como lo demuestra el pulso entre la izquierda progresista y extractivista en el poder institucional con los movimientos ecologistas, sociales e indígenas que reclaman otro modelo de desarrollo desde abajo y respetuoso de la Pacha Mama, constatamos que soberanía (estatal) y buen vivir (de las comunidades) no son por esencia sinónimos.

Más que nunca, la prosperidad, es decir nuestra capacidad de vivir felices dentro de los límites ecológicos del planeta, está entre la pared española del neocolonialismo neoliberal y la espada argentina del nacional-productivismo. Para salir de este callejón sin salida, tanto Argentina como España tendrán que emprender una transición pronunciada hacia una sociedad post-fosilista, plantear una “revolución energética” (según Greenpeace) o “caminar hacia un nuevo modelo energético sostenible y que no sea perjudicial para nuestro planeta y dejar atrás los conflictos comerciales y guerras por el oro negro, un recurso escaso y muy contaminante” (según Equo). Esta transformación socio-ecológica se basará, entre otras cosas, en dejar el oro negro y otros gases no convencionales en el subsuelo (como lo propone el proyecto Yasuní en Ecuador), reducir drásticamente nuestros consumos y huellas ecológicas, invertir en energías renovables, cambiar los patrones de producción (hacia la agroecología, ecología industrial, etc.), reruralizar y adaptar nuestras ciudades (véase las iniciativas en transición), y relocalizar urgentemente la economía para que sea baja en carbono, resiliente y gestionada democráticamente desde abajo. No es una cuestión de patriotismo: es una cuestión de supervivencia civilizada de la humanidad.