Por Alberto Acosta
Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia
reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en
muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa
riqueza en recursos naturales. Sobre todo parecen estar condenados al
subdesarrollo aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o
unos pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para
aquellas economías dependientes para su financiamiento fundamentalmente de
petróleo y minerales.
Estos países, entre los que se cuenta Ecuador, estarían
atrapados en la lógica perversa de la maldición de la abundancia”1. ¿Será que
son países pobres, porque son ricos en recursos naturales?, pregunta invitando
al debate Jürgen Schuldt [1].
ECUADOR EN LA TRAMPA PETROLERA
En los años setenta del siglo XX, como pocas veces en su
historia, el Ecuador entró de lleno en el mercado mundial. No porque se hubiera
producido un cambio cualitativo en su condición de país exportador de materias
primas (banano, cacao, café, etc.) sino más bien por el volumen de sus
exportaciones petroleras, que superó largamente los niveles de los anteriores
productos primarios que caracterizaron a la economía ecuatoriana. La explotación
de crudo constituyó el revitalizador de la economía, otorgándole a Ecuador la
imagen de “nuevo rico”.
Entonces el país se volvió atractivo para los bancos
extranjeros. Antes, la economía ecuatoriana había tenido una importancia
relativamente marginal para los capitales foráneos. Así las cosas, el Ecuador
petrolero consiguió los créditos que no había recibido el Ecuador bananero y
mucho menos el cacaotero. Pero la riqueza petrolera no fue el único detonante
de la carrera de endeudamiento externo. Hay que destacar que el masivo flujo de
recursos financieros hacia los países subdesarrollados en los años setenta del
siglo XX se debió, sobre todo, a la existencia de importantes volúmenes de
recursos financieros en el mercado mundial.
Esta situación de abundancia relativa de recursos
financieros permitió un manejo político de cierta tolerancia en medio de un
régimen dictatorial. El petróleo facilitó la postergación de algunos conflictos
estructurales. El Ecuador mantuvo el carácter de una economía extractivista
[2]. Tampoco se transformó la estructura de la propiedad, caracterizada por
niveles de elevada concentración. Esta bonanza motivada por el petróleo, que
apareció en forma masiva y relativamente inesperada, se acumuló sobre las
mismas estructuras anteriores y reprodujo, a una escala mayor, gran parte de
las antiguas tensiones. Así, en poco tiempo se cristalizó en “el mito del
desarrollo” [3].
Mientras duró el auge petrolero, el estado se constituyó,
por primera vez, en el actor principal del manejo de la economía. El estado
“petrolero” (más allá de las intenciones reformistas de la dictadura militar)
fue, una vez más, expresión del poder de los grupos dominantes.
Hay que mencionar, también, las distorsiones provocadas por
una mal entendida y peor aplicada estrategia de industrialización vía
sustitución de importaciones, cuya aplicación (errada e incluso incompleta)
terminó por consolidar las prácticas rentistas de amplios segmentos
empresariales.
Más tarde, cuando menguó la bonanza petrolera, empezó la
larga crisis de la deuda externa. Y desde entonces, empezó una marcha de
ajustes y desajustes interminables. El petróleo, que en un momento dado fue la
palanca para impulsar algunos procesos de industrialización, a pesar de la
caída de su cotización, se transformó en una herramienta fundamental para
tratar de pagar la enorme deuda externa acumulada en la época de la bonanza
petrolera.
Posteriormente, con una nueva caída de los precios del
petróleo y como consecuencia de otros factores exógenos y endógenos, Ecuador
concluyó el siglo XX con una de las mayores crisis de su historia. Entonces,
incluso como consecuencia de la imposición irresponsable de la dolarización en
el año 2000, se inició un proceso sostenido de emigración, cuya magnitud y
velocidad no tienen precedentes. En el ámbito político las cosas no anduvieron
mejor. Tres presidentes fueron derrocados por la presión popular, ante el
fracaso de su gestión.
Para sostener la dolarización, el petróleo se consolidó como
la fuente de divisas que ha permitido paliar las tensiones que provoca un
déficit comercial crónico en la cuenta de exportaciones e importaciones no
petroleras.
NEO-EXTRACTIVISMO, VERSIÓN CONTEMPORÁNEA DEL EXTRACTIVISMO
Desde inicios del 2007 se inauguró una nueva etapa llena de
esperanzas de cambio. Las políticas económicas del gobierno del presidente
Rafael Correa, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial,
empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin
embargo, este empeño no afecta para nada la esencia extractivista de la
modalidad de acumulación imperante desde la colonia.
Con los ingresos provenientes de la actividad extractivista,
sobre todo a través de los altos precios del petróleo, el gobierno atiende
muchas de las largamente postergadas demandas sociales. Para obtener aún más
recursos, este gobierno de la “revolución ciudadana” amplía la frontera
petrolera y abre la puerta a la minería metálica a gran escala, al tiempo que
ha reiniciado un proceso acelerado de endeudamiento externo proveniente
especialmente de China (país que aparece también como uno de los mayores
interesados en los yacimientos petroleros y mineros del Ecuador, así como en
construir las principales obras de infraestructura energética).
Cabe destacar algunos avances con relación al extractivismo
anterior, sobre todo por el lado del interés nacional; esta constatación, sin
embargo, no puede ocultar algunas aberraciones y contradicciones profundas en
el mismo ámbito petrolero [4]. Entre los puntos destacables aflora una mayor
presencia y un papel más activo del estado. Desde una postura nacionalista se
procura un mayor acceso y control por parte del estado sobre el petróleo.
También se busca una mayor tajada de la renta petrolera e incluso minera. Parte
significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años
anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la
deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales.
El actual gobierno ha desplegado una cuantitativamente
importante inversión social. Sin embargo, la esencia clientelar de esta acción
ahoga la consolidación de la ciudadanía, como se propuso al inicio de su
gestión. Inclusive, en base a leyes de los anteriores gobiernos oligárquicos,
especialmente para poder sostener el modelo extractivista, se recurre a la
criminalización de la protesta social persiguiendo por lo pronto a unos 200
líderes populares defensores de la vida y la naturaleza, a los que se acusa de
terrorismo y sabotaje. Mientras que, por otro lado, con políticas sociales
clientelares y amenazas de diversa índole se pretende dividir o al menos
debilitar a los movimientos sociales, particularmente indígenas. A esto se suma
un sostenido ataque político en contra de dichos movimientos. En este contexto
se consolida un poder cada vez más personalista y autoritario, en manos de un
caudillo, el presidente Correa.
Si bien el accionar gubernamental genera un extractivismo de
nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de
viejos y nuevos atributos, no hay cambios sustantivos en la estructura de
acumulación. Este neo-extractivismo sostiene una inserción internacional
subordinada y funcional a la globalización del capitalismo transnacional. Es
más, en estas condiciones se agravan los impactos sociales y ambientales de los
sectores extractivos. No le importa para nada a este gobierno que en el Ecuador
constitucionalmente la naturaleza sea sujeto de derechos. Es más, atropellando
los derechos colectivos de varias comunidades indígenas se pretende ampliar más
la frontera petrolera e imponer la megaminería metálica en el país [5].
Por otro lado, al mantenerse inalterada la lógica de
acumulación dominante desde hace muchos años, los grupos más acomodados de la
sociedad, que apenas han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”,
no dejan de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose justamente de este
renovado extractivismo. Mientras tanto los segmentos tradicionalmente
marginados de la población experimentan apenas una relativa mejoría gracias a
la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros, en tanto no se da
paso a una real redistribución de los ingresos y los activos. Superando el
estado mínimo del neoliberalismo, se intenta (con justificada razón)
reconstruir y ampliar la presencia y acción del estado. Empero, siendo
importante un mayor control por parte del estado de estas actividades
extractivistas, no es suficiente para cambiar la lógica subdesarrolladora de
esta modalidad de acumulación. En realidad, el real control de las
exportaciones nacionales está en manos de los países centrales y sus empresas.
Así, este neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce elementos clave
del extractivismo de raíces coloniales. El grueso de las ganancias se las lleva
las economías ricas, importadoras de Naturaleza. Los países exportadores de
bienes primarios, como el Ecuador, reciben una reducida participación real de
la renta minera o petrolera, pues les toca cargar con el peso de los pasivos
ambientales y sociales, que normalmente no son contabilizados en los proyectos
extractivistas.
De esta manera, de manera perversa, el extractivismo asegura
nuevas fuentes de legitimación social. Y combatir la pobreza. Del extractivismo
colonial se ha dado paso al extractivismo del siglo XXI o simplemente al
neoextractivismo. El deseo de dominar la naturaleza, para transformarla en
productos exportables, ha estado presente permanentemente en Ecuador, tanto
como la mayoría de países de la región. Desde la conquista y la colonia,
imbricada profundamente con el modelo de acumulación primario-exportador, se
consolidó una visión pasiva y sumisa de aceptación de este posicionamiento en
la división internacional del trabajo en muchos de nuestros países, ricos en
recursos naturales. Una y otra vez se ha visto a estas sociedades como pobres
sentadas en un saco de oro. Dicha aceptación se ha mantenido profundamente
enraizada en amplios segmentos de estas sociedades, como que se tratara de un
ADN insuperable. Para muchos gobernantes, incluso de aquellos considerados como
progresistas, les es casi imposible imaginarse una senda de liberación de esta
“maldición de la abundancia” de los recursos naturales.
MEGAMINERÍA EN LA SENDA DE LA MALDICIÓN
Ante la inevitable y cada vez más perceptible disminución de
las reservas petroleras, el gobierno del presidente Correa despliega todos los
esfuerzos posibles para introducir la actividad minera a gran escala. La
minería, sobre todo industrial, a diferencia del petróleo, hasta ahora no ha
sido un pilar importante para la economía nacional. Para hacer realidad esta
nueva fase extractivista, incluso a contrapelo de lo resuelto en la Asamblea Constituyente
(2007-2008), se introdujeron varias reformas legales. El gobierno, sin ninguna
capacidad para superar el modelo extractivista, a través del Plan Nacional de
Desarrollo del Sector Minero 2011-2015, promueve la imagen de “una minería
sustentable”. Promete generar “condiciones de desarrollo sustentable” en la actividad
minera a gran escala. Ofrece una “minería bien hecha”, lo que se lograría
empleando “prácticas metalúrgicas adecuadas y tecnologías ambientalmente
amigables”. Además, con el fin de demostrar preocupación por la participación
del estado en la renta minera, se habla de hacer “cumplir con el pago de
tributos contemplados en la Ley ,
para que el estado reinvierta en el desarrollo de los territorios”. Con todo
este paquete de ofrecimientos se quiere convertir a la actividad minera en “uno
de los pilares del desarrollo, económico, social y ambiental”, para que “con la
distribución equitativa de sus beneficios, [esta actividad] genere nuevas zonas
de desarrollo y contribuya al modelo del Buen Vivir”. ¿Es posible creer en la
realización de tal proyecto? ¿Será la minería metálica a gran escala la que
provoque el ansiado desarrollo y que se constituya en la senda para el Buen
Vivir? La realidad, la terca realidad, se encargará de contradecir este mensaje
oficial copiado de la propaganda de las empresas mineras transnacionales.
El examen de la minería industrial alrededor del planeta
evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la
naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la
destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito
económico la situación tampoco es mejor. Se ha visto hasta la saciedad que los
países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de recursos minerales o
petroleros son económicamente atrasados.
En síntesis, este gobierno de la “revolución ciudadana”,
transformado en el mayor promotor de la megaminería en el Ecuador, transitando
por una senda neodesarrollista, ha puesto en movimiento un proceso de
adaptación a las cambiantes circunstancias de la economía mundial, con el fin
de cristalizar uno de los procesos más profundos de modernización capitalista
experimentados en este país andino. Definitivamente, por la vía del
neoextractivismo no se encontrará la salida a este complejo dilema de
sociedades ricas en recursos naturales, pero a la vez empobrecidas.
Alberto Acosta
Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Fue Ministro
de Energía y Minas, Presidente de la Asamblea Constituyente
y asambleísta constituyente.
Este artículo ha
sido publicado en el nº 50 de Pueblos - Revista de Información y Debate, primer
trimestre de 2012
NOTAS:
[1] Schuldt, J. ¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos
naturales, tecnología y globalización, Fondo Editorial del Congreso del Perú,
Lima, 2005.
[2] “Se utiliza el rótulo de extractivismo en sentido amplio
para las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, que
no son procesados (o que lo son limitadamente), y pasan a ser exportados.” Ver
Eduardo Gudynas; “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y
demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, en varios autores;
Extractivismo, Política y Sociedad, CAAP, CLAES y Fundación Rosa Luxemburg,
Quito, 2009.
[3] Ver los aportes del autor de estas líneas en el libro de
varios autores; Ecuador: el mito del desarrollo (varias ediciones, 1982).
[4] A modo de ejemplo, el campo petrolero Sacha, uno de los
más grandes, fue entregado, sin que exista un marco jurídico para hacerlo, a la
empresa mixta Río Napo, conformada el 15 de julio del 2008 entre PDVSA (la
estatal venezolana) y Petroecuador. Los resultados obtenidos hasta ahora no son
para nada satisfactorios. Este tipo de operaciones eran consideradas por Rafael
Correa, antes de ser presidente, como “una traición a la patria y una estupidez
económica”.
[5] Para muestra un botón: se ha sacado a licitación el
Bloque Armadillo en donde evidencias ciertas de la presencia de pueblos no
contactados, una situación que prohíbe cualquier tipo de actividad
extractivista, tal como manda la Constitución del 2008.
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