Vzla: Torturas y otras malas prácticas policiales

Por Rafael Uzcátegui

En su último Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Provea reconocía que diferentes indicadores sensibles (como casos de violación al derecho a la vida, libertad e integridad personal) hayan disminuido respecto al año anterior. En su diagnóstico, la ONG señalaba que era una consecuencia del proceso de reforma policial adelantado en el país. Sin embargo, es una afirmación que debe ser matizada. En primer lugar porque a pesar de la reducción de casos con respecto al período anterior, la conclusión es diferente si analizamos el comportamiento de las cifras durante la última década. En segundo, porque la recurrencia de casos y ejemplos de pésimas prácticas policiales demuestra que el esfuerzo sigue siendo, a todas luces, insuficiente.

No queremos ejemplificar con el caso más sonado de los últimos días, el asesinato de la hija del Cónsul chileno a manos de funcionarios del CICPC, sino otros menos visibles, pero igual de graves. El pasado 12 de marzo activistas populares de la ciudad de Barquisimeto denunciaron la detención de varios integrantes del Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes (FRIO), por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. La denuncia asegura que uno de sus líderes, Carlos Sieveres, ha recibido torturas y malos tratos que han incluido descargas eléctricas. Hay que recordar que estos activistas apoyan el proceso liderizado por el presidente Chávez, por lo que se descarta la acusación fácil de “matriz mediática” con que se intenta deslegitimar este tipo de denuncias. Estos activistas han sido recluidos en el Centro Penitenciario de Uribana, tristemente famoso por su violencia, por lo que las autoridades no pueden garantizar su integridad. Esta situación contra Sieveres demuestra que la tortura está lejos de erradicarse en el país, y que además se utiliza indistintamente de las preferencias políticas o condición social de los privados de libertad.

Entre los meses de octubre 2010 y septiembre 2011 se registraron por lo menos 20 casos de torturas en el país, una cifra menor a la de 30 casos detectados para el período anterior. Sin embargo estos 20 casos siguen siendo mayores a los registrados para los años 2009 (15 casos), 2008 (13 casos) y 2007 (11 casos). El comportamiento de este indicador ha sido oscilante, pues para el año 2005 se registraron 31 casos, para el año 2004 la cifra de 58 casos y para el año anterior, el 2003, de nuevo la cifra se ubicó en 30 casos.

En otro hecho ocurrido días después, el sábado 17 de marzo, un grupo de organizaciones sindicales convocaron a una manifestación pacífica en la ciudad de Caracas para defender las condiciones laborales y la libertad sindical en las empresas básicas de Guayana, así como para expresar su rechazo por la reforma patronal de la Ley Orgánica del Trabajo sin la participación de los trabajadores y trabajadoras del país. Funcionarios de la Policía de Caracas se encontraban en el lugar portando armas de fuego de calibre 9 mm, violando la Constitución, la cual establece expresamente en su artículo 68: Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas (…)”. El Coordinador General de Provea se acercó a los funcionarios policiales para expresarles que estaban violando la ley, tras lo cual uno, sin identificación, le insultó con la frase “Eres un rolo de m…”.

Los funcionarios de la Policía de Caracas no sólo violaron la propia Constitución, sino también las “Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, aparecida en Gaceta Oficial 39658 del pasado 28.04.11. Esta normativa no ha cumplido un año de promulgación cuando es desconocida por los funcionarios y funcionarias. En su artículo 20 numeral 3 se expresa que es una obligación el “Realizar la inspección detallada de los funcionarios y funcionarias policiales que se encuentran seleccionados y seleccionadas para intervenir en la reunión pública y manifestación de que se trate, para asegurar que no portan ni ocultan equipos y materiales que se encuentran prohibidos”. Además, en el artículo 21 numeral 9 se ratifica que “No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas ni manifestaciones pacíficas”.

A pesar de todos los discursos Venezuela continúa siendo un país de privilegios. Decenas de víctimas de abuso policial y sus familiares, en todo el país, envidian la celeridad procesal implementada en el trágico caso de la hija del cónsul, así como las atenciones que a su resolución han puesto las diferentes instituciones, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Aun falta mucha presión, movilización y organización para que el disfrute de los derechos humanos sea una realidad en el país.