Si bien, como han reiterado algunos analistas, el tema de la ineficiencia estatal forma parte de las causas que originaron el vencimiento de alimentos que debían ser distribuidos por la red PDVAL, el problema de fondo de esta situación, desde una perspectiva del derecho a la alimentación, es la ausencia de una política coherente para garantizar la soberanía alimentaria en el país.
Precisamente las recientes declaraciones del ministro de Alimentación, Felix Osorio, intentaron responder las acusaciones sobre mal manejo de los alimentos suministrando cifras que ratifican la alta dependencia de Venezuela de la compra de productos de la cesta básica nutricional fuera de nuestras fronteras. Según los datos que suministró, un 70% de los alimentos que consumen los venezolanos son importados.
En primer lugar esta situación genera interrogantes acerca del impacto de las políticas de redistribución de la tierra, de la presunta lucha contra el latifundio y de impulso de la agricultura adelantadas por el Ejecutivo Nacional, la cual teóricamente deberían haber aumentado la producción de alimentos en el país. Sin embargo los datos apuntan en otra dirección. Según los números de la CEPAL Venezuela habría incluso reducido su cantidad de hectáreas cultivadas, pues en el año 1990 habría registrado 21.860 hectáreas, las cuales se redujeron para el año 2005 a 21.690.