Por Andrés Aristizábal
En Colombia en 2009 el gobierno de Álvaro Uribe anunció la
instalación de siete bases militares de Estados Unidos, en diferentes
instalaciones militares de las Fuerzas Militares colombianas, en las cuales
podrían amenazar y espiar a Venezuela, Ecuador, Brasil y el Caribe, Bajo la
excusa de apoyar la lucha contra las drogas y la guerrilla en el país. Para
ello el gobierno se valió de un acuerdo expedido en 1962 que establecía una
cooperación entre EEUU y Colombia para asuntos sociales. El anuncio produjo un
amplio repudio nacional y se constituyó un amplio movimiento: la Coalición
Colombia NO bases que hizo importantes movilizaciones en contra, sumando
diferente actores de la sociedad civil y de movimientos y partidos políticos.
También hubo un fuerte rechazo internacional, aumentó la tensión entre Colombia
y sus vecinos que se vio reflejada en las sesiones extraordinarias de UNASUR.
Unos meses después la Corte Constitucional declaró inconstitucional el convenio
con Estados Unidos y exigió que un asunto de tal magnitud debiera pasar por el
Congreso y la coalición de gobierno ante el revuelo creado decidió no someter
esto a consideración del Parlamento Colombiano.
Estos hechos podrían ser considerados un caso aislado o una
muestra del extremismo fundamentalista y belicoso de Álvaro Uribe, de no ser
porque el ministro de Defensa en esos momentos era el actual presidente de la
República Juan Manuel Santos. Los acontecimientos pusieron de relieve
nuevamente la estrecha relación de los gobiernos colombianos con el Pentágono y
la supeditación de las Fuerzas Armadas Colombianas a los intereses del
Pentágono y el alto grado de militarización del país. Esto se ha convertido en
un obstáculo para que América del Sur tenga una política militar autónoma y se
convierta en una región de paz.
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