Colombia: Pilar de Estados Unidos en América Latina

Por Andrés Aristizábal

En Colombia en 2009 el gobierno de Álvaro Uribe anunció la instalación de siete bases militares de Estados Unidos, en diferentes instalaciones militares de las Fuerzas Militares colombianas, en las cuales podrían amenazar y espiar a Venezuela, Ecuador, Brasil y el Caribe, Bajo la excusa de apoyar la lucha contra las drogas y la guerrilla en el país. Para ello el gobierno se valió de un acuerdo expedido en 1962 que establecía una cooperación entre EEUU y Colombia para asuntos sociales. El anuncio produjo un amplio repudio nacional y se constituyó un amplio movimiento: la Coalición Colombia NO bases que hizo importantes movilizaciones en contra, sumando diferente actores de la sociedad civil y de movimientos y partidos políticos. También hubo un fuerte rechazo internacional, aumentó la tensión entre Colombia y sus vecinos que se vio reflejada en las sesiones extraordinarias de UNASUR. Unos meses después la Corte Constitucional declaró inconstitucional el convenio con Estados Unidos y exigió que un asunto de tal magnitud debiera pasar por el Congreso y la coalición de gobierno ante el revuelo creado decidió no someter esto a consideración del Parlamento Colombiano.

Estos hechos podrían ser considerados un caso aislado o una muestra del extremismo fundamentalista y belicoso de Álvaro Uribe, de no ser porque el ministro de Defensa en esos momentos era el actual presidente de la República Juan Manuel Santos. Los acontecimientos pusieron de relieve nuevamente la estrecha relación de los gobiernos colombianos con el Pentágono y la supeditación de las Fuerzas Armadas Colombianas a los intereses del Pentágono y el alto grado de militarización del país. Esto se ha convertido en un obstáculo para que América del Sur tenga una política militar autónoma y se convierta en una región de paz.

Durante la pasada Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena en abril de 2012, el presidente Obama señaló “hemos seguido invirtiendo en programas como el Plan Colombia, pero ahora estamos trabajando con Colombia, considerando sus mejores prácticas alrededor de cuestiones como la seguridad de sus ciudadanos, para que no sólo los Estados Unidos sino también Colombia proporcionen asistencia y capacitación técnica a países de Centroamérica y el Caribe para encontrar maneras en que puedan duplicar parte del éxito que hemos visto en Colombia”1. En este sentido ha dado recursos específicos para que una parte del trabajo de asesoramiento a ejércitos de otros países lo realice el gobierno de Colombia. En febrero de 2012 el ministro de defensa de Colombia Juan Carlos Pinzón sostuvo una reunión de alto nivel en Washington, que fue calificada como un tipo de reuniones que Estados Unidos solo sostiene con países como Corea del Sur o el Reino Unido y fue dirigida a preparar una estrategia post Plan Colombia. En abril durante una visita a Colombia de León Paneta, ex secretario de defensa de EE.UU, se reveló que Colombia había entrenado a miles de soldados de Centroamérica y México y en el tercer Dialogo de alto nivel realizado el 26 y 27 de noviembre en Bogotá El asesor presidencial para asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, dijo que la reunión tiene el propósito de "hablar sobre el futuro de nuestra cooperación en seguridad, porque el enfoque ha sido por muchos años en la situación interna colombiana, pero ahora es más global y regional" y añadió Ahora Colombia está jugando un papel más amplio que antes, colaborando en la región, con México, con Centroamérica y el Caribe en el combate al crimen organizado”2.

Todo esto ha servido para llenar de elogios a Colombia la cual fue calificada por Obama como un caso exitoso de lucha contra la delincuencia organizada y digna de exportar su experiencia. Justamente cuando se acentúa esta cooperación militar, en Colombia se vivieron los años más tenebrosos de violaciones a los derechos humanos. El asesinato de miles de inermes ciudadanos presentados como guerrilleros para obtener recompensas, la generalización de ejércitos paramilitares, la expulsión de miles de campesinos de sus tierras, los asesinatos selectivos entre muchos otros aspectos. Pero también el aumento de la inversión extranjera directa y las industrias extractivas, particularmente la gran minería. El Plan Colombia que implicó el desembolso de cerca de 4 mil millones de dólares en 10 años fue simultáneo a todo esto  y no implicó una disminución en la producción y tráfico de drogas.

Al comienzo del Plan Colombia, el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) fue calculado en $2.4 mil millones. En 2011, la IED en Colombia sumó $14.4 mil millones, la tasa de crecimiento más rápida en América Latina. El petróleo y el gas constituyen una parte cada vez más importante de la IED, al sobrepasar alrededor de una décima a mediados de los 90 a casi un tercio en 2010, cuando alcanzó los $ 4.3 mil millones.

En 2008, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se jactó de que “el despegue económico de Colombia después de 2003 no ocurrió por casualidad.” Cincuenta y dos áreas del sistema económico de Colombia fueron objeto de reforma, y bajo el Plan Colombia, “USAID proporcionó asistencia técnica para ayudar a diseñar e implementar políticas que van desde la reforma fiscal hasta el fortalecimiento del sector financiero y mejorar el entorno para las pequeñas empresas, y muchos otros.”3

Esto se logró mediante una combinación de reformas legales e incentivos fiscales, la firma de nuevos acuerdos de libre comercio (entre Colombia y los Estados Unidos, así como entre Colombia y Canadá) y la militarización de la industria extractiva. EE.UU. entrenó “batallones de energía” para proteger oleoductos, carreteras y otros proyectos de infraestructura.

Los bien documentados casos de la bananera Chiquita Brands, la minera Drummond, y el gigante del petróleo BP, han examinado vínculos entre grupos paramilitares y empresas transnacionales de Estados Unidos. En marzo de 2007 en una corte de  Washington, DC, representantes de Chiquita Brands se declararon culpables por haber efectuado pagos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Chiquita realizó más de 100 pagos a las AUC con un valor de más de $ 1.7 millones,” según el Departamento de Justicia de EE.UU. “Chiquita Brands pagó dinero manchado de sangre a los terroristas como Carlos Castaño para proteger sus propios intereses financieros,” según la firma de abogados que representa a las víctimas.

Por eso el abandono del convenio para la instalación de bases militares en Colombia no puede llamar a engaños acerca de la estrategia estadounidense para la región y del papel que quiere jugar el gobierno colombiano. Claro que para la opinión internacional pasar del belicoso Uribe al diplomático Santos, es todo un salto. Pero Santos es el presidente que cuando Cristina Kitchner anunció la expropiación del 51% de Repsol, en un foro empresarial con Mariano Rajoy en Bogotá dijo “aquí no expropiamos”.

Estados Unidos como se puede observar asocia en forma estrecha ayuda militar y guerra al narcotráfico a la implementación de un modelo económico depredador y a la suscripción de TLC. LOS TLC DE LA UE, CHILE, COLOMBIA MEXICO Y PERU. Por ello llama la atención la importancia que está dando en materia de cooperación militar a los países del Acuerdo del Pacifico. México, Colombia, Perú y Chile en primer lugar pero también a Haití y República Dominicana en el Caribe y a Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala en Centroamérica.

En el último año hemos visto la implementación de la base en Concón en Chile, en Piura en Perú, nuevas bases militares en Panamá,  Honduras cinco, en Puebla en México. Lo que sobresale es que inmediatamente después del golpe de Porfirio Lobo, Colombia suscribió con Honduras un pacto de cooperación en materia de seguridad y en el último año ha suscrito acuerdos similares con Perú, Chile y México

Finalmente y no menos despreciable es que Colombia afina su colaboración con aparatos armados del mundo como es el reciente acuerdo que se firmó con la OTAN, Una organización militar que interviene en todo el mundo bajo los intereses de Estados Unidos y las potencias europeas, solo basta recordar los casos de Belgrado, Afganistán, Libia y actualmente Siria. Meter a Colombia en el club guerrerista más grande del mundo es una vergüenza para Colombia, además de ser un desafío a procesos de integración en la región que buscaban independencia de Estados Unidos en las relaciones políticas, económicas y militares en el continente. La declaración de Santos ha, generado desconfianza e inseguridad en los países latinoamericanos quienes ya empezaban avanzar en la consolidación de una doctrina de seguridad y defensa propia que no tuviera a Estados Unidos de referencia y que el gobierno de Santos siempre trato de dilatar y obstaculizar, evidenciando la alianza entre Washington y Bogotá cuyo gran agente es el gobierno colombiano en cabeza de su presidente.

Andrés Aristizábal es un miembro de la Coalición Colombia No Bases