Prensa OEP
El 24 de febrero de 2016 el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, emitió el decreto 2.248 (según consta en Gaceta Oficial N° 40.855) que oficializa la creación de la denominada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” del Arco Minero del Orinoco, un hito que marcaría una nueva etapa de profundización del extractivismo bajo una lógica de violencia neocolonial en Venezuela.
El proyecto avala la actividad minera en un área de 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar con presencia de minerales como oro, hierro, bauxita, coltán, diamante, manganeso y granito. La medida se dio en un contexto geopolítico de una marcada baja de los precios del petróleo, que afectó de manera abrupta el ingreso en divisas de la renta petrolera, ante lo cual se desató de manera acelerada y voraz la institucionalización de un aparato burocrático, para emprender la extracción masiva de recursos minerales que permitiera al gobierno sostener el sistema de gasto público que había instaurado.
El Arco Minero del Orinoco brevísima cronología de un megacrimen socioambiental
Si bien algunas críticas al megaproyecto de minería del Arco Minero del Orinoco han descargado la responsabilidad de la instauración del mismo al gobierno encabezado por Nicolás Maduro, el proyecto fue anunciado mucho tiempo antes por el propio Hugo Chávez, quien lo presentó bajo la retórica de un gran eje de desarrollo para el país, que el mandatario encadenaba al otro gran eje concebido como la Faja Petrolífera del Orinoco. Ambos megaproyectos estaban marcados además de por una naturaleza extractivista por un carácter neocolonial que buscaba captar de manera rápida divisas mediante la participación de empresas extranjeras interesadas en la extracción de recursos en Venezuela.
El 23 de agosto de 2011, Hugo Chávez describía en alocución presidencial sobre lo que presentó como el Arco Minero de Guayana
“…un gran eje de desarrollo agrícola, agroindustrial, pesquero y minero, de cerca de 100 mil km2, del lado sur del Orinoco, una zona, lo he llamado así, un arco, donde hay oro, bauxita, coltán, diamantes, toda esta área del sur del Orinoco y la zona del oro conforman un arco minero de Guayana, o arco minero del Orinoco, son grandes extensiones donde reside un gran potencial y un gran poderío económico, a esto sumémosle, el cinturón gasífero del Caribe… aquí está una estrategia… se nos ocurrió pensar cómo uniendo la faja petrolífera con el arco minero del Orinoco, en una sola estrategia de desarrollo, de lo petrolero con lo minero… generar un plan de acción en dos horizontes… geopolítico y estratégico…Voy a aprobar este punto de cuenta que contiene el Plan de Acción Estratégica conjunta de la Faja Petrolífera y del Arco Minero del Orinoco”.
En el año 2015, Nicolás Maduro relanzó el proyecto, como parte de la llamada “Agenda Económica Bolivariana” y la activación de los “Motores Productivos”, concibiendo al Arco Minero del Orinoco como un motor de motores.
Para el año 2016 de emitió el decreto que instala la «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” del Arco Minero del Orinoco y además se creó el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, un oxímoron que ha servido como cascarón burocrático para dar legalidad a acciones que han sido denunciadas como violatorias de la CRBV y además de los derechos humanos de comunidades enteras en la región.
Tanto la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, como la creación del MPPDME son muestra de la implementación del modelo de zonas económicas especiales, que luego se ha profundizado en el país, y que ha permitido justificar la violación de derechos humanos, políticos y sociales, así como el otorgamiento de libertades absolutas insconstitucionales a capitales trasnacionales para la extracción de recursos naturales. También en el año 2016 se crea una corporación militar de carácter empresarial, bajo la figura de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMINPEG), que fue uno de los primeros elementos evidentes del avance de la militarización del extractivismo en Venezuela.
Pese a que Maduro anunció en 2016 que cientos de empresas nacionales e internacionales estaban interesadas en el Arco Minero del Orinoco, finalmente se asociaron con el Estado pocas. En relación a la explotación del oro, hasta noviembre de 2019, se habían constituido cuatro empresas mixtas (Empresa Mixta Ecosocialista Siembra minera S.A, Empresa Mixta Ecosocialista Parguaza S.A, Empresa Mixta Ecosocialista Oro Azul S.A, y Empresa Mixta sociedad anónima Mineral Binacional Turquía Venenezual S.A). Sobre ellas ha reinado la misma opacidad que impera dentro del Ejecutivo nacional. No hay información pública oficial sobre los criterios de selección de los socios, el avance de los trabajos, ni el rendimiento de las operaciones.
En el año 2017 el gobierno nacional aprueba la denominada Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, un instrumento jurídico discutido y sancionado por la ya extinta Asamblea Nacional Constituyente, (publicada en Gaceta Oficial Nº 41.310), que ha permitido establecer acuerdos violatorios de la CRBV a favor de grandes capitales, por ejemplo, en el marco del AMO, bajo la premisa de que se trata de leyes de carácter constitucional que estarían por encima de la propia constitución.
En el 2018 se implementa el Registro Único Minero como un mecanismo para la legitimación de la actividad minera por parte del gobierno nacional, y que sin embargo es ignorado de manera sistemática por el propio Estado, mediante mecanismos como la recepción por parte de la empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela, C.A, (Minerven), adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), de oro proveniente de mineros ilegales no inscritos en el registro estatal.
En abril de 2020, a pocas semanas de haberse decretado una estricta cuarentena en Venezuela por el avance de la pandemia de Covid19, el gobierno de Nicolás Maduro promulgó en Gaceta Oficial N° 6.526 la Resolución N° 0010 que avalaba la actividad minera en ríos de la Amazonía, un documento de muy difícil acceso que fue mantenido en estricto silencio por parte del Estado venezolano. Con el mismo, o mayor secretismo el 9 de octubre el gobierno publicó una nueva resolución que dejaba sin efecto a la N° 0010.
En noviembre de 2020 el gobierno nacional aprobó, aún en funcionamiento de la ANC la Ley Antibloqueo que ha sido señalada como un instrumento jurídico a la carta de las necesidades el gobierno para legitimar medidas neoliberales, además de normalizar el extractivismo en Venezuela, prometiendo a capitales extranjeros la entrega de territorios vulnerables para su explotación en mega proyectos de extracción de diversa índole (turística, minera, de manera, entre otras).
La más reciente medida relacionada con el Arco Minero del Orinoco fue el decreto presidencial de diciembre de 2020 para la creación de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la altiplanicie o meseta de Nuria, entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, una zona cercana al territorio esequibo. Se desconoce la extensión territorial específica de esta zona especial militar, que será en el ente administrativo encargado de regir el área, pero la Gaceta indica que al menos una de las coordenadas está incluida dentro del bloque 4 del Arco Minero del Orinoco. La medida evidencia cómo ha avanzado la militarización del extractivismo en el país.
Algunos impactos del Arco Minero del Orinoco
Organizaciones y activistas hemos denunciado durante estos 5 años que el mega proyecto del AMO afecta a territorios y comunidades vulnerables, pues más del 70% del territorio del estado Bolívar y un 49% de Amazonas están protegidos bajo regímenes de administración especial (ABRAE), donde está terminantemente prohibida la minería, y que sin embargo están incluidos en el área avalada por el AMO para su explotación minera. Estas acciones impactan las vidas de los 19 indígenas que habitan esta zona, quienes denuncian constantes violaciones a sus derechos fundamentales que van desde la invasión de sus territorios, hasta crímenes como desapariciones forzosas, asesinatos selectivos, abuso sexual y explotación infantil, entre muchos otros que han sido constatados por instancias internacionales.
El megaproyecto que ya cumple 5 años de vigencia además implica una grave pérdida de biodiversidad, deforestación, y una enorme devastación de la capa vegetal en una de las biorregiones más delicadas y vitales del país y de la región amazónica. La severa contaminación con cianuro, arsénico y otras sustancias tóxicas de muchos de los ríos de la zona ocasiona la merma de la disponibilidad y calidad del agua fresca y potable y genera una afectación constante de los cauces de estos ríos que incluso amenaza con su desaparición.
El proyecto además genera un profundo impacto en la salud de las comunidades de la zona, lo que ha sido constatado recientemente en estudio dirigido por María Grillet, de la Universidad Central de Venezuela, que encontró una relación directa entre la actividad de minería ilegal que se desarrolla en la zona con el incremento de casos de malaria. También se ven afectados la salud y tejidos comunitarios de los que dependen las mujeres y niñas que son principalmente afectadas por la expansión voraz y violenta de la minería (prostitución, trata de mujeres y formas de violencias contra ellas).
En general, el modelo de negocio que se ha implementado en el Arco Minero del Orinoco ha generado una red de violencia y criminalidad en torno a la extracción minera, fuentes coinciden en que entre 70% y 90% del oro que se explota es sacado del país en operaciones ilegales en las que han sido involucrados militares y familiares cercanos al entorno presidencial.
[Tomado de https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/02/24/5-anos-del-decreto-que-instituyo-el-arco-minero-del-orinoco-en-venezuela.]
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