Situación de la minería en Venezuela en tiempos de COVID-19

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Venezuela atraviesa actualmente la peor crisis de su historia, y una de las peores de América Latina. El dramático colapso de la industria y de la renta petrolera, así como del Petro-Estado, junto a la descomunal corrupción, las tensiones políticas internas y los efectos de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos (principalmente desde 2017), han fragmentado el extractivismo en el país, promoviendo una multiplicación de operaciones de extracción y despojo, en las cuales prevalece la minería como una actividad fundamental para la reproducción de estructuras de poder local y nacional [1].

En este escenario, donde prevalece la desestructuración institucional y las economías ilícitas, la minería es un ámbito de disputas (las más violentas principalmente en torno al oro y los diamantes, ubicados en la Amazonía venezolana) en la cual participan actores de diverso tipo, tales como:
- Grupos armados irregulares y criminales de carácter nacional e internacional;
- Grupos de la esfera estatal (en sus diferentes facciones), muchos de ellos envueltos en tramas de corrupción;
- Comunidades indígenas y pobladores de localidades, muchos de ellos en resistencia ante las lógicas de expoliación y despojo imperantes;
- Grupos políticos de oposición, que buscan posicionarse en la gobernanza de los recursos a través de la disputa por el control del Estado y políticas particulares de contrapeso al Gobierno nacional (como lo hace la Asamblea Nacional); y
- Potencias internacionales de gran y mediana escala, que inciden en la dinámica geopolítica.

Este conjunto de disputas han configurado en el país un extractivismo de carácter predatorio.

A pesar de este complejo entramado de actores y disputas, el Estado sostiene una política que se configura como un régimen de apropiación/extracción, gobernabilidad y territorialización basado en un estado de excepción (jurídico y de facto) de perfil primordialmente militar, que se organiza en torno a seis factores:
- Reformismo neoliberal autoritario
- Violencia exacerbada
- Des-territorializaciones
- Minerías (como base económica de poderes territoriales y centrales)
- Despojo generalizado
- Administración de la precariedad.

El Gobierno de Maduro se refugia en la minería como la supuesta vía para ‘salir de la crisis’ y ‘diversificar la economía’. Dicha opción, que en un principio se orientaba al mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, se presenta en la actualidad como un más amplio y definido mapa minero (extracción metálica y no metálica), que ofrece al expolio prácticamente todo el territorio nacional. Sobre esto destaca la presentación en junio de 2019 del ‘Plan Minero Nacional 2019-2025’ [2], que sistematiza, como nunca, la meta de recuperar y aumentar la “producción” a su ‘máxima capacidad’ de cuanto emprendimiento minero haya disponible en el país (oro, diamante, hierro, carbón, níquel, coltán, fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito, caliza, entre otros).

Dicho plan minero cuenta con un marco normativo favorable a las inversiones de capital y de protección a las empresas (Zonas Económicas Especiales, exención de impuestos, Ley de Protección a la Inversión Extranjera, etc). Por otro lado, numerosos de los emprendimientos que surgen (relanzamiento de viejos proyectos o nuevas extracciones) se producen para fortalecer poderes locales (militares, gobernadores, funcionarios estatales) y surgen de maneras arbitrarias, irregulares, atravesadas por la corrupción, el pillaje y la ilegalidad. Areneras que tienen a pobladores locales bajo amenaza; militares sacando carbón vegetal para su comercialización; total complicidad e incluso direccionalidad de funcionarios del Estado en la extracción ilegal de oro en la región Guayana; emprendimientos devastadores y sin ningún control, como el de la minería de arenas en el río Turbio; u otros que emergen bajo las sombras y en el secretismo y que generan conflictos con las poblaciones locales, como el ya conocido caso de las iniciativas de minería de cal y feldespato en el Cerro La Vieja. Son apenas ejemplos de una oleada extractiva que apunta a convertir a Venezuela en una mina.

Tenemos entonces un perfil minero en Venezuela que, por un lado, se descentraliza en la medida en la que se feudaliza la minería [3] (las gobernaciones se convierten en enclaves militares mineros de diverso tipo, metálico y no metálico) y responde a una articulación con el gobierno central; y por el otro, tiene un carácter eminentemente criminal, con grupos vinculados al narcotráfico, mega-bandas y a grupos armados insurgentes [4]. Estos pueden actuar en consonancia y articulación con actores y prácticas corruptas del Estado, aunque también pueden ser combatidos por las fuerzas de seguridad oficial.

Las resistencias que se producen están también muy marcadas por la crisis actual. Presenciamos un mosaico variado de expresiones de este tipo, en las cuáles es posible conseguir a comunidades organizadas buscando detener el avance de la minería en sus territorios, aunque buena parte de las luchas en el país están determinadas por la sobrevivencia, siendo arrinconadas por la falta de alternativas, la violencia y la precariedad de la vida [5]. Se reportan operaciones de coerción social que incluyen amenazas a las comunidades locales, coordinación para estas actividades con instituciones y organismos oficiales y la toma ilegal del territorio con consecuencias devastadoras.

Conclusiones

Los hechos, datos y análisis presentados evidencian escenarios que podrían agudizarse a medida que la curva de la contagio por la COVID-19 sube. El estado de impunidad y violación de derechos humanos (y de la naturaleza) se intensifica durante la pandemia y habita la dinámica social del cotidiano, haciendo parte de los conflictos socio-ambientales que se derivan de la minería. El entorno se hace cada vez más hostil para la población, mientras que los emprendimientos mineros y las minas mantienen de una u otra forma operación. Esto hace de los territorios básicamente enclaves de extracción donde, además de los recursos obtenidos, todo lo demás va perdiendo valor, siendo además que la salud se va precarizando aún más. Esto es así especialmente para poblaciones vulnerables, como las comunidades indígenas y las mujeres en los territorios, siendo que esta minería caracterizada por su nomenclatura criminal, agrava su situación. Del mismo modo, la profunda crisis sociopolítica y económica que precedía la pandemia también se ve afectada con la persistencia de los factores que la provocaron. Las re-existencias diversas, aun en contextos precarizados, siguen denunciando y activando mecanismos que les permitan visibilizar las afectaciones de diversa índole.

Notas

[1] Teran Mantovani, Emiliano (2020). "Venezuela: extractivismo predatorio y política del saqueo" https://www.alainet.org/es/articulo/201603

[2] (VIDEO) "Presidente Maduro aprobó el Plan Sectorial Minero 2019-2025".

[3] Ver: "Maduro aprueba entregar una mina de oro a gobernaciones bolivarianas" https://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/10/16/maduro-aprueba-entregar-una-mina-oro-gobernacion-bolivariana/

[4] Ver: "Oro, cocaína y control: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la minería ilegal del estado Amazonas" https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/13/oro-cocaina-y-control-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-en-la-mineria-ilegal-del-estado-amazonas/

[5] "Venezuela: la geo-ecopolítica del oro" https://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/06/09/venezuela-la-geo-ecopolitica-del-oro/

[Versión resumida de reporte que en su texto original completo es accesible en https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/08/19/reporte-situacion-de-la-mineria-en-venezuela-en-tiempos-de-covid-19-agosto-2020.]