Así va la farsa ecosocialista de la dictadura ante derrame de hidrocarburos en costas de los Edos. Carabobo y Falcón

Clima21 –Ambiente y Derechos Humanos

Presentamos el siguiente recuento de información disponible sobre el derrame de hidrocarburos que actualmente está afectando las costas de Carabobo y Falcón:

1. El derrame se originó probablemente en la Refinería de El Palito entre los días 19 al 22 de julio pasados. Esta información es la conclusión que surge de un trabajo realizado por el Dr. Eduardo Klein usando modelos de dispersión e información satelital. La misma contrasta con un supuesto derrame proveniente de un barco a la deriva. Versión esta última que surgió de fuentes internas anónimas de PDVSA y cuentas de Twitter (una de las cuales se desmintió posteriormente).

2. Para el 31 de julio, la mancha visible del contaminante ya contaba con una extensión de 55 kilómetros de longitud y un área de 68 kilómetros cuadrados.

3. A pesar de ello, hasta el momento no existe información oficial sobre este evento por parte de PDVSA operadora de la planta, ni ningún otro ente competente en materia ambiental o de petróleo. Por ello se desconocen la fecha exacta del accidente, sus causas, magnitud del derrame y las características del hidrocarburo derramado. Igualmente se ignora sí se implementó algún plan de contingencia desde el momento del inicio del derrame.

4. Sólo fue hasta los primeros días de agosto que Organizaciones de la Sociedad Civil que actúan en la zona, así como organizaciones científicas comenzaron a alertar sobre la presencia de una gran mancha de hidrocarburos que estaba afectando las costas de los estados Carabobo y Falcón entre la zona de Boca de Aroa y Tucacas.

5. La situación fue reconocida públicamente por funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo el 4 de agosto. Para esta fecha ya varios medios de comunicación tanto regionales como nacionales habían publicado denuncias realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y pobladores locales sobre el gran impacto que estaba teniendo el derrame en toda esa costa y amenazaba con llegar al Parque Nacional Morrocoy.

6. Según la información disponible en prensa, esa semana se iniciaron algunas acciones dirigidas a recoger los restos de hidrocarburos que llegaron a las playas afectadas, labores que supuestamente contarían con un número alto de personas participantes.El comunicado posteriormente publicado por el Ministerio de Ecosocialismo indica que en ella participaron funcionarios del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, PDVSA, Gobernación del Estado Falcón, INPARQUES, SEBIN, Guardia Nacional y Guardacostas. En contraste, ONGs que laboran en la zona denunciaron que las labores de limpieza habían sido realizadas por milicianos y voluntarios del gremio hotelero y posaderos del estado Falcón, así como residentes de la zona. Por otra parte, en ninguna de las informaciones oficiales se reconoce la acción de las organizaciones de la sociedad civil que han estado actuando en las labores de limpieza y coordinando la labor de los voluntarios.

7. En las fotos publicadas en redes sociales oficiales y reproducidas en los medios de comunicación se observan personas recogiendo arena manchada con hidrocarburos. En ninguno de los casos se puede distinguir que se estén usando algún tipo de trajes o equipos de protección personal. Tampoco se hace mención de la cantidad de contaminantes recogida, ni de la forma en que se realizaría la disposición final de este tipo de desechos con potencial de convertirse en tóxicos.

8. Según la información oficial también se recogieron muestras de agua y arena contaminadas con el fin de realizar el “respectivo análisis” sin que hasta el momento se tenga información sobre los resultados de los mismos.

9. El día 4 el ministro de Ecosocialismo informó que las investigaciones sobre el caso “se encuentran en manos de los cuerpos de seguridad, pero hasta el momento no existe información pública sobre ninguna investigación que haya sido abierta para determinar las responsabilidades existentes de acuerdo a las leyes nacionales.

10 .Al menos desde el fin de semana del 8 y 9 de agosto pasado el derrame comenzó a afectar las zonas de manglares en el Parque Nacional Morrocoy15en el estado Falcón16.

11. El 8 de agosto Josué Lorca, Viceministro de Ecosocialismo, realizó las siguientes declaraciones: “luego de 8 días de intenso saneamiento podemos decir que 90% de las costas del parque Nacional Morrocoy y el Golfo Triste están saneados con la participación de 1200 voluntarios”. No existe ninguna manera de verificar ese supuesto logro.

12. El 9 de agosto Samuel Narciso dirigente de la ONG FUDENA denunció que se le había prohibido ingresar al Parque Nacional Morrocoy a realizar una inspección de los daños existentes en el sector de Cayo Borracho.Asimismo, algunas organizaciones regionales han denunciado la militarización de la zona.

13. El 10 de agosto el ministro de Ecosocialismo en su cuenta de Twitter informó que: “Gracias al apoyo del equipo de Buceo Caribe, se realizó una inmersión en los cayos afectados. Se verificó que no hubo afectación en las barreras de corales y el lecho marino se encuentra en perfecto estado...”. No existe información sobre la experiencia científica y tipo de protocolos de medición de daños que le haya permitido a este grupo llegar a esta conclusión. En contraste, el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (Sunep) de Inparques en su cuenta de Twitter publicó fotos que evidencian manchas de hidrocarburos en las costas de Cayo Borracho. Esta zona es considerada zona de protección integral en el Parque Nacional Morrocoy.

14. Aun cuando se divulgó información sobre el uso de barreras utilizadas para rodear y contener los hidrocarburos derramados y evitar su llegada a puntos sensibles, no se tiene información de la eficacia lograda con este método.

En función de la información conocida es posible extraer las siguientes conclusiones:

1. El gobierno no cumplió con su obligación de informar a la ciudadanía sobre la ocurrencia del derrame y sus características desde el momento de su inicio, de tal manera de lograr una respuesta colectiva y articulada entre la ciudadanía en conjunto con los organismos estatales frente al accidente. Esta omisión dificulta alcanzar el propósito de proteger las vidas humanas, minimizar los impactos ambientales y defender los derechos de todas las personas y comunidades involucradas. Ello parece ser parte de la política de opacidad en la gestión gubernamental y negación al derecho a la información que ha sido una de las características del actual régimen.

2.Tampoco parece haber implementado un plan de contingencia desde el inicio del evento. Sólo parece haberse iniciado alguna acción cuando la situación era inocultable y la mancha de hidrocarburos derramada se había expandido y desplazado en dirección al Parque Nacional Morrocoy. Por ello la reacción frente al mismo fue tardía y las medidas implementadas resultan insuficientes y en muchos casos ineficaces.

3. Asimismo, las acciones realizadas como respuesta al siniestro parecen estar más dirigidas a crear la ilusión de que se está actuando más que a efectivamente mitigar y corregir los daños que el derrame esté causando, tal como ha sido señalado por ONG locales. Esto último sólo pudiera ocurrir a través del uso de procedimientos basados en estándares internacionales en estos eventos, el uso del conocimiento científico sobre la gestión de estos desastres en ecosistemas marinos tropicales, así como en los tiempos necesarios para lograr estos procesos. Igualmente, las declaraciones de las autoridades se contradicen al dar información sobre los kilómetros de playas “saneadas” y zonas limpiadas.Tampoco es posible comprender cómo se pudo realizar “el saneamiento” en tiempos record en ecosistemas sensibles y complejos como bosques de manglares y costas con presencia de arrecifes coralinos.

4. Resulta preocupante, que al igual que en eventos anteriores de derrames petroleros, no se estén tomando las medidas de protección de las personas que están participando en las labores de limpieza de las zonas contaminadas.

5. Consideramos totalmente inadecuado que funcionarios del gobierno emitan opiniones sin fundamento técnico, aparentemente en un intento de ocultar los daños que puedan haber ocurrido. La evaluación de los impactos ambientales luego de un derrame petrolero es un tema complejo que necesita de personal profesional y protocolos de investigación rigurosos. En contraste, los expertos convocados por la Sociedad Venezolana de Ecología en el Foro realizado el pasado 7 de agosto recalcaron la necesidad de realizar análisis detallados con técnicas adaptadas a cada uno de los distintos ecosistemas afectados, para conocer los impactos diferenciados en cada uno de ellos. Asimismo, los especialistas advirtieron que la contaminación por hidrocarburos tendrá efectos negativos sobre estos ecosistemas a corto, mediano y largo plazo.

6. Por las anteriores razones, el Gobierno Nacional parece no estar realizando las acciones necesarias para garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, ni a su obligación a garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, ni mucho menos a proteger los Parques Nacionales, tal como determina la Constitución Nacional en su artículo 127.

7. Consideramos negativo que se excluya o relegue a personas u organizaciones que pueden aportar elementos importantes para cumplir con los objetivos de protección humana y ambiental planteados. Esta situación entra en contradicción con el marco Constitucional que establece una sociedad democrática y participativa.

8.Es preocupante el aparente desinterés de las instituciones competentes en materia de investigación penal en iniciar las pesquisas necesarias para determinar las posibles responsabilidades que pueda haber en esta ocasión de acuerdo a la normativa legal venezolana. Ello promoverá el aumento de la impunidad en delitos ambientales.

9 .Estas situaciones, tal como el actual derrame, ocurren en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país. Estas crisis siempre son de origen político y resultan de largos períodos de deterioro de las instituciones y el Estado de Derecho de los países que las padecen. En tales circunstancias, la industria petrolera nacional se ha visto profundamente afectada tanto en su operatividad como en su capacidad para generar beneficios. Un elemento que surge como consecuencia de su desmantelamiento, es su alta tasa de siniestralidad. En tal sentido, según la ONG de Derechos Humanos Provea entre el año 2010 y hasta el 2016(período en el cual ya no hay más información) PDVSA fue responsable de 46.820 derrames de crudo y otras sustancias contaminantes del ambiente, con un total de 856.722,85 barriles de crudo derramados. 30.674 de esos derrames afectaron cuerpos de agua. Igualmente, la ONG AEPA Falcón ha documentado 237 derrames de hidrocarburos en los últimos 12 años en las refinerías de Cardón y Amuay.

En función de estas conclusiones Clima21 –Ambiente y Derechos Humanos considera necesario:

° Exigir a las autoridades nacionales:

1. Que informe debidamente sobre el origen y severidad del derrame de tal manera que toda la ciudadanía pueda participar de manera adecuada en las acciones de mitigación y protección frente a este evento.

2. Que implemente de manera urgente acciones efectivas técnicamente fundamentadas de acuerdo a normas y procedimientos reconocidos y recomendados internacionalmente para actuar frente a este tipo de accidentes. Asimismo, en el caso de no contar con los recursos materiales o personal adecuado para estas labores, solicite asistencia internacional para la realización de las mismas.

3. Que reconozca y fortalezca el derecho a la participación a todas las personas que puedan aportar criterios y recursos importantes para las labores de mitigación. En particular, es necesario que el Estado venezolano pueda establecer políticas de participación efectiva que permita articular la información y experiencia de los científicos nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales en conjunto con los organismos del Estado.

4. Que se realice una auditoría técnica en PDVSA que permita establecer el estado actual de los planes de contingencia frente a este tipo de siniestros y pueda recomendar acciones para actualizar, optimizar o diseñar nuevos planes, si fuese necesario. Ello contando con asesoría tanto de expertos nacionales como internacionales.

5. Que se inicie lo antes posible una investigación administrativa y penal que permita establecer las responsabilidades que puedan existir en este caso y generar las acciones de reparación necesarias.

6.Que cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos de las comunidades locales frente a los impactos tanto ambientales, a la salud, economía y otros aspectos que pueda generar este evento.

° Asimismo exhorta a las organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales e instituciones científicas:

1. A mantener su acción de contraloría social y de exigencia a las autoridades de cumplir con sus obligaciones legales en materia de protección ambiental y de derechos humanos.

2. A apoyar toda acción dirigida a investigar las responsabilidades penales y/o administrativas que puedan derivarse de esta situación y exigir a las autoridades que se inicien lo antes posible.

3. A emprender, sí esto fuese considerado necesario, acciones frente a organismos internacionales para denunciar las situaciones que están ocurriendo en el país.

4. A establecer procesos de seguimiento y documentación de estas situaciones de tal manera de comprender las tendencias y situaciones que pueden aumentar los riesgos y vulnerabilidades existentes en Venezuela como consecuencia de la gestión de industrias de riesgo como la petrolera.

5. A promover la articulación entre diferentes actores sociales para aumentar la capacidad de monitoreo y gestión social de estas situaciones.

° Solicitar a la ciudadanía:

1.A seguir apoyando las acciones de las organizaciones de la sociedad civil e incorporarse a las labores que estas están realizando de tal manera de lograr un mayor impacto en sus labores de seguimiento, denuncia, educación y participación en acciones directas en los procesos de mitigación y protección que sean necesarios.

° A los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los Relatores Especiales en los temas involucrados en estos temas.

1.A hacer seguimiento de las situaciones que están ocurriendo en el país como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja y sus efectos sobre la industria petrolera los cuales pueden en grave peligro derechos humanos tales como el derecho a la vida, la salud, trabajo digno, alimentación y a un ambiente sano, entre muchos otros.

[Tomado de https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/08/Comunicado-Derrame-Agosto-2020-final_compressed.pdf.]