Laura Clisánchez (Correo del Caroní)
* El sindicalista de Ferrominera Orinoco fue condenado -el 13 de agosto de 2019- a 5 años y 9 meses de cárcel por un tribunal militar, por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas. Su vida peligra, mientras organizaciones nacionales e internacionales reclaman su libertad.
Rubén González trabajó 28 años en Ferrominera Orinoco como técnico soldador. Actualmente es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) y coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), roles que no puede ejercer, pues acumula 17 meses encarcelado en el ala de procesados militares del Internado Judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica.
El sindicalista nació en Barcelona, estado Anzoátegui, el 17 de marzo de 1959. Llegó a Guayana en 1977. En su lucha por el respeto de los contratos colectivos y las tablas salariales de los trabajadores, ha sido detenido y encarcelado tres veces. En 2009 fue apresado por promover una protesta frente a los portones de Ferrominera y 17 meses después, en 2011, fue sentenciado a siete años de prisión y dos meses por los cargos de instigación a delinquir, violación de zona de seguridad, agavillamiento y coacción a la libertad de trabajo, resultado de dos días de protesta por exigencias laborales. Al día siguiente, en una medida sorpresiva, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia.
Hoy, González está encarcelado en el centro penitenciario de La Pica en el estado Monagas desde el 1 de diciembre de 2018. Allí permanece desde hace 17 meses. Fue apresado el 29 de noviembre de 2018 en el estado Anzoátegui, cuando regresaba de una protesta en Caracas organizada por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Llevaba tres meses participando en protestas de calle por la violación de los contratos colectivos y el aplanamiento de los tabuladores salariales, según su abogado Jorge Machuca.
Dos días antes, nueve trabajadores de Ferrominera fueron arrestados, pues la estatal del hierro tenía más de un mes en paro laboral, según declaró el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia.
El 13 de agosto de 2019 fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, estado Monagas, por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas. La defensa introdujo una apelación a la sentencia, cuya audiencia tendría lugar el 17 de marzo. Sin embargo, se pospuso por la cuarentena y hasta ahora no ha habido más pronunciamientos al respecto.
Su abogado informó que se comprobó que no hubo elemento de convicción claro en las pruebas presentadas en el juicio, además de ilogicidad en la motivación de la sentencia. La defensa y sus familiares denunciaron que el día de la presentación fueron evacuados sólo los testigos militares a favor de la Fiscalía.
En enero de 2020, Amnistía Internacional declaró a González como preso de conciencia, pues es uno de los más de 100 trabajadores que han sido reprimidos mientras ejercen su derecho a la manifestación: el autoproclamado gobierno obrerista criminaliza las manifestaciones y suprime el fuero sindical.
Parientes de González han acudido a instancias como Provea, comisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y comisiones de la Organización Internacional del Trabajo. Estos organismos han exigido su libertad plena y el acceso a atención médica el tiempo que permanezca recluido, pues padece de hipertensión arterial y de los riñones.
Su hija Yarudid González informó que desde la cuarentena no ha podido verlo y que incluso los guardias custodios del lugar han manifestado preocupación y temor por su vida. Del lugar de residencia de la familia en Ciudad Guayana hasta la cárcel en Maturín hay al menos 400 kilómetros de distancia. El miércoles 15 de abril tuvo la crisis hipertensiva más reciente, fue diagnosticado con un problema congénito renal y amerita una cirugía de los conductos urinarios.
A lo largo de su ejercicio sindical, el activista de 61 años ha sido víctima de acoso laboral: cambios de turnos, paralización de las clasificaciones, cambios de áreas de trabajo, la suspensión de la jornada de turnos rotativos, la suspensión del pago de su salario y la última arremetida: la prohibición del ejercicio sindical.
Eso quiere decir que tiene prohibida la realización de asambleas informativas en los portones de la empresa, realizar reclamos contractuales, y el acceso a determinadas áreas de la estatal.
[Versión de nota informativa originalmente publicada en http://www.correodelcaroni.com/especiales/5163-ruben-gonzalez-17-meses-encarcelado-injustamente-en-una-prision-militar.]
* El sindicalista de Ferrominera Orinoco fue condenado -el 13 de agosto de 2019- a 5 años y 9 meses de cárcel por un tribunal militar, por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas. Su vida peligra, mientras organizaciones nacionales e internacionales reclaman su libertad.
Rubén González trabajó 28 años en Ferrominera Orinoco como técnico soldador. Actualmente es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) y coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), roles que no puede ejercer, pues acumula 17 meses encarcelado en el ala de procesados militares del Internado Judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica.
El sindicalista nació en Barcelona, estado Anzoátegui, el 17 de marzo de 1959. Llegó a Guayana en 1977. En su lucha por el respeto de los contratos colectivos y las tablas salariales de los trabajadores, ha sido detenido y encarcelado tres veces. En 2009 fue apresado por promover una protesta frente a los portones de Ferrominera y 17 meses después, en 2011, fue sentenciado a siete años de prisión y dos meses por los cargos de instigación a delinquir, violación de zona de seguridad, agavillamiento y coacción a la libertad de trabajo, resultado de dos días de protesta por exigencias laborales. Al día siguiente, en una medida sorpresiva, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia.
Hoy, González está encarcelado en el centro penitenciario de La Pica en el estado Monagas desde el 1 de diciembre de 2018. Allí permanece desde hace 17 meses. Fue apresado el 29 de noviembre de 2018 en el estado Anzoátegui, cuando regresaba de una protesta en Caracas organizada por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Llevaba tres meses participando en protestas de calle por la violación de los contratos colectivos y el aplanamiento de los tabuladores salariales, según su abogado Jorge Machuca.
Dos días antes, nueve trabajadores de Ferrominera fueron arrestados, pues la estatal del hierro tenía más de un mes en paro laboral, según declaró el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia.
El 13 de agosto de 2019 fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, estado Monagas, por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas. La defensa introdujo una apelación a la sentencia, cuya audiencia tendría lugar el 17 de marzo. Sin embargo, se pospuso por la cuarentena y hasta ahora no ha habido más pronunciamientos al respecto.
Su abogado informó que se comprobó que no hubo elemento de convicción claro en las pruebas presentadas en el juicio, además de ilogicidad en la motivación de la sentencia. La defensa y sus familiares denunciaron que el día de la presentación fueron evacuados sólo los testigos militares a favor de la Fiscalía.
En enero de 2020, Amnistía Internacional declaró a González como preso de conciencia, pues es uno de los más de 100 trabajadores que han sido reprimidos mientras ejercen su derecho a la manifestación: el autoproclamado gobierno obrerista criminaliza las manifestaciones y suprime el fuero sindical.
Parientes de González han acudido a instancias como Provea, comisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y comisiones de la Organización Internacional del Trabajo. Estos organismos han exigido su libertad plena y el acceso a atención médica el tiempo que permanezca recluido, pues padece de hipertensión arterial y de los riñones.
Su hija Yarudid González informó que desde la cuarentena no ha podido verlo y que incluso los guardias custodios del lugar han manifestado preocupación y temor por su vida. Del lugar de residencia de la familia en Ciudad Guayana hasta la cárcel en Maturín hay al menos 400 kilómetros de distancia. El miércoles 15 de abril tuvo la crisis hipertensiva más reciente, fue diagnosticado con un problema congénito renal y amerita una cirugía de los conductos urinarios.
A lo largo de su ejercicio sindical, el activista de 61 años ha sido víctima de acoso laboral: cambios de turnos, paralización de las clasificaciones, cambios de áreas de trabajo, la suspensión de la jornada de turnos rotativos, la suspensión del pago de su salario y la última arremetida: la prohibición del ejercicio sindical.
Eso quiere decir que tiene prohibida la realización de asambleas informativas en los portones de la empresa, realizar reclamos contractuales, y el acceso a determinadas áreas de la estatal.
[Versión de nota informativa originalmente publicada en http://www.correodelcaroni.com/especiales/5163-ruben-gonzalez-17-meses-encarcelado-injustamente-en-una-prision-militar.]
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