Iniciativa por un Comité contra la criminalización de la protesta y por las libertades democráticas
El gobierno de Nicolás Maduro, da continuidad a la política de criminalización de las protestas, iniciadas en el gobierno de Hugo Chávez. Su único afán ha sido imponer el "Programa de crecimiento, recuperación y prosperidad económica" anunciado a finales del 2018 y que tiene como objeto, dejar en los hombros de lxs trabajadorxs y de los pueblos todo el peso de la crisis por ellos creada y que la pérdida de los beneficios y derechos laborales a nivel nacional, drenen en forma de capital al servicio de los empresarios públicos y privados.
El gobierno de Nicolás Maduro, da continuidad a la política de criminalización de las protestas, iniciadas en el gobierno de Hugo Chávez. Su único afán ha sido imponer el "Programa de crecimiento, recuperación y prosperidad económica" anunciado a finales del 2018 y que tiene como objeto, dejar en los hombros de lxs trabajadorxs y de los pueblos todo el peso de la crisis por ellos creada y que la pérdida de los beneficios y derechos laborales a nivel nacional, drenen en forma de capital al servicio de los empresarios públicos y privados.
El documento más expreso en esta política del gobierno de Maduro es el memorándum 2792, rubricado por el ministro del trabajo Eduardo Piñate en octubre 2018, y que unifica a la empresa privada y al patrón gobierno contra todas las conquistas y derechos de lxs trabajadorxs, alcanzados en cien años de luchas.
En la criminalización de las protestas, el gobierno ha contado con el apoyo sostenido de la burocracia sindical, dentro y fuera de la CSBT, quienes ya eran artífices en la destrucción del salario, las convenciones colectivas, la degeneración de los sindicatos como útil herramienta para defender nuestras conquistas y derechos, convirtiéndolos en apéndices de la corrupción y putrefacción de mafias con intereses que tocan toda la estructura del Estado y del PSUV.
La entrega de los recursos de la Faja Petrolífera del Orinoco y la conformación de empresas mixtas con capital trasnacional y el desarrollo de la minería de extracción en la faja sur del Orinoco en el Arco Minero, han sido lucrativos negocios de una variada burguesía Chavista que ha crecido al amparo del Estado y la renta petrolera, y que ahora con el argumento de la renta minera, para los que no vale cuarentena, saquean los recursos del país.
En Guayana, nuestrxs hermanxs en cada una de las empresas fueron testigos de la destrucción de sus fuentes de trabajo, de la desinversión y creciente corrupción. Del robo de los recursos y la falta de mantenimiento. De la intervención y la imposición de una gerencia vestidos de verde, sin experticia de los procesos productivos. Su único objetivo, intimidar e impedir las luchas de lxs trabajadorxs y participar de la cuota de poder y corrupción a cambio del sostén del gobierno. Así también fue, en Corpoelec y las hidrológicas, PDVSA y el Metro de Ccs.
Durante estos veinte años, lxs trabajadorxs venezolanxs dieron y siguen dando grandes e importantes luchas. Pero la burocracia sindical, sus infiltrados y esquiroles, amarraban al gobierno lo que debían ser genuinas y autónomas luchas. Wills Rangel en petróleo, los Melenderos en Sidor, Gil en Alcasa, Sponer y Maican en Ferrominera, y muchos otros siguen haciendo labores de esquirolaje y dividiendo y atomizando los esfuerzos organizativos.
En las luchas populares, por agua, electricidad, por comida, suministros médicos, los cuerpos represivos también actúan. Las comunidades indígenas, desde el Perijá, hasta el Amazonas, han sido víctimas de la agresión policial y de grupos irregulares y criminales que caminan de la mano del gobierno al más alto nivel. Y la juventud en la rebelión del 2017, dejó un saldo trágico de víctimas que constituyen crímenes de estado que aún permanecen en la más absoluta impunidad.
Esta iniciativa contra la criminalización de la protesta y por las libertades democráticas, denuncia que en Venezuela existen trabajadorxs presxs, ciudadanos, indígenas y campesinxs asesinadxs y jóvenes detenidxs. En la mayor parte de los casos el Estado no ha observado la legalidad procesal mínima en garantía de los derechos de lxs detenidxs, incluso ha fraguado escenarios y falseado pruebas que hace que las detenciones sean arbitrarias y acciones de fuerzas claramente violatorias de los ddhh.
Que la acción de persecución y hostigamiento, no cesa por la cuarentena. Iniciada esta, fueron detenidos en sus casas los trabajadores Tania Rodríguez y Elio Mendoza, de Ferrominera Orinoco y Sidor respectivamente. El profesor de la UDO, Nva Esparta, Javier Vivas Santana y el periodista Darvinson Rojas, también fueron detenidos. Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba de PDVSA, están detenidos por negarse a firmar un documento con dudosos señalamientos. Josue Ortega, joven activista de Valles del Tuy también fue detenido. Los trabajadores de la salud Rubén Duarte, del Táchira, y Carlos Carmona, Julio Molina y Magalys Mendoza del estado Monagas, fueron detenidos por denunciar el estado de crisis de los centros hospitalarios. Pero las detenciones varían en sus motivos. Lxs trabajadorxs larenses: Roger González, Eugenio Montes, Luis Rivas y Miguel Álvarez, a finales del pasado año, por defender sus derechos a tener un sindicato que exigiera un salario igual a la canasta básica, fueron detenidos y tiempo después se les dio casa por cárcel. Al cierre de este material, fueron detenidos los periodistas: Eduardo Galindo Peña, Arnaldo Sumoza.
Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera Orinoco, preso por más de ocho años, señalado por las mafias sindicales y políticos del PSUV, como el responsable del asesinato de un trabajador, del que nunca se ha demostrado su autoría, y en el que las pruebas apuntan como responsable a un conocido sindicalista y militante de dicho partido. Su inocencia es legítima y su libertad inmediata ha sido exigida desde la OIT junto a la de otrxs trabajadorxs.
Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera Orinoco, preso por más de un año, se le sigue un juicio militar, violándoseles todos sus derechos y desconociéndole su condición de salud.
En Venezuela se violan los ddhh. En Venezuela, no se respeta el derecho a la protesta y esta se criminaliza. El modelo de control social que se ha impuesto es claramente supresor de las diversidades y usurpador de cualquier representación y participación política verdadera. No acepta interlocutorxs genuinxs de ningún sector, lxs criminaliza, lxs persigue y lxs sustituye. Los decretos de organización económica territorial, apuntan a suprimir y prohíbir cualquier disención al modelo de saqueo extractivista, a la corrupción y otros crímenes que este modelo supone.
Debemos lograr la articulación de los que no tenemos voz para luchar contra la criminalización de la protesta y por las libertades democráticas. Iniciativas creadoras coordinadas y en diálogo, dónde sindicatos, grupos barriales, educadores, artistas, exijan inicialmente la libertad de sus presos y por la defensa de los derechos de todos y todas, y progresivamente que consolidemos juntos la defensa del derecho a la protesta, a la organización y cuestionando desde las experiencias de lucha El modelo de control criminal y el modelo económico de saqueo extractivista que lo requiere. Que unifique a los oprimidxs por la defensa de sus derechos.
Libertad para Rodney Álvarez y Rubén González
Libertad para Elio Mendoza y Javier Vivaz Santana
Libertad para Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba
Libertad para Eduardo Galindo Peña y Arnaldo Sumoza
Libertad para todos los periodistas presos y respeto al ejercicio del periodismo
Libertad para todos los trabajadores de la salud detenidos
Libertad plena, no más régimen de presentación ni casa por cárcel
[Tomado de http://www.facebook.com/LibertadParaRodneyAlvarez.]
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