Inti Rodríguez (PROVEA)
En medio de un acelerado deterioro de la calidad de vida y de la extinción del Estado de Derecho, la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas. La tortura, como castigo “ejemplarizante”, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro.
En las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. En un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos, sino por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer el terror sobre la población.
En medio de un acelerado deterioro de la calidad de vida y de la extinción del Estado de Derecho, la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas. La tortura, como castigo “ejemplarizante”, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro.
En las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. En un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos, sino por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer el terror sobre la población.
El monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de 2019, reveló que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos. Esta alarmante cifra constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014. Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas. Por segundo año consecutivo, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo publicaron sus respectivos informes de gestión institucional.
La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. El 98,60% (566) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,87% (5) fueron de género femenino. En el restante 0,52% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género. Las edades de las víctimas identificadas oscilaron entre los 8 y los 60 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; patadas; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; violación; peinillazos; insultos, entre otras.
Del total de víctimas documentadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 426 (74,21%) fueron personas privadas de libertad procesadas y condenadas por la comisión de delitos comunes; 124 (21,60%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro; 22 personas (3,83%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y 2 (0,34%) víctimas se produjeron en otras circunstancias.
En tres casos que involucran a la DGCIM se agrupan 116 víctimas de torturas. Todas, militares detenidos acusados de conspiración, terrorismo y traición a la patria, y torturados en la sede del organismo en el sector Boleíta Norte, al noreste de Caracas. Otras 250 víctimas se agrupan en dos casos en los que el CICPC es señalado como responsable. 100 en un caso que involucra a Custodios del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP) y otras 30 víctimas en un caso que involucra a la GNB.
23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92%. 21 de las muertes registradas se produjeron en Centros de Detención Preventivos bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, policías regionales y municipales. Una muerte es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en Barquisimeto, estado Lara, y otra, en el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Los responsables de la tortura en Venezuela
Después de tres años, el CICPC vuelve a encabezar la penosa lista de torturadores en Venezuela. En 2013 y 2014, la Guardia Nacional lideró la estadística coincidiendo con dos períodos de alta conflictividad en los que ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvo un rol protagónico. Para 2015 el CICPC retomó su liderazgo histórico en el marco de la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) y del descenso de la conflictividad social en el país.
Para 2016 el Ejército estuvo al frente como el organismo más torturador al ser incorporado en la segunda fase del OLP. Para 2017 y 2018, la PNB y la DGCIM, respectivamente, acumularon la mayor cantidad de casos coincidiendo, el primero, con su actuación para aplastar la rebelión popular, y el segundo, con su papel en la persecución y hostigamiento contra militares señalados de formar parte de conspiraciones e intentos de golpe de Estado. El CICPC cerró 2019 con 10 denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 259 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable del 45,12% del total de casos registrados en el período.
Los responsables de la tortura en Venezuela
Después de tres años, el CICPC vuelve a encabezar la penosa lista de torturadores en Venezuela. En 2013 y 2014, la Guardia Nacional lideró la estadística coincidiendo con dos períodos de alta conflictividad en los que ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvo un rol protagónico. Para 2015 el CICPC retomó su liderazgo histórico en el marco de la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) y del descenso de la conflictividad social en el país.
Para 2016 el Ejército estuvo al frente como el organismo más torturador al ser incorporado en la segunda fase del OLP. Para 2017 y 2018, la PNB y la DGCIM, respectivamente, acumularon la mayor cantidad de casos coincidiendo, el primero, con su actuación para aplastar la rebelión popular, y el segundo, con su papel en la persecución y hostigamiento contra militares señalados de formar parte de conspiraciones e intentos de golpe de Estado. El CICPC cerró 2019 con 10 denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 259 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable del 45,12% del total de casos registrados en el período.
La DGCIM se ubicó en segundo lugar acumulando 10 casos que involucran a 124 víctimas de torturas (21,60%), un considerable incremento de 165% en el número de afectados ya que este cuerpo de seguridad registró 49 víctimas más que en 2018. La sede de la DGCIM se convirtió en el nuevo centro de torturas contra detenidos por razones políticas en el país. Al menos 199 casos se han registrado en ese recinto entre enero de 2018 y septiembre de 2019. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó una visita a dichos espacios para constatar las condiciones de reclusión y el trato brindado a los detenidos, pero la petición fue negada.
Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se ubicaron en tercer lugar con tres casos que involucraron a 115 víctimas (20,03%) en hechos ocurridos en la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en el estado Lara; la Cárcel Modelo de Barcelona en Anzoátegui; y el Centro Penitenciario de Occidente en Táchira. La Guardia Nacional Bolivariana fue señalada de haber torturado a 48 personas (8,36%), la mayoría de ellas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria “Fénix”.
En el estado Carabobo se concentró la mayor cantidad de víctimas con 201 personas torturadas (35,01%), la mayoría en la sede de la Subdelegación del CICPC de Valencia. Le sigue el estado Miranda con 183 víctimas (31,88%), 124 de ellas torturadas en la sede del DGCIM en Boleíta Norte. Anzoátegui ocupó el tercer lugar con 103 víctimas (17,94%), un gran número de ellas, torturadas en el Centro Penitenciario Agro productivo de Barcelona y la Subdelegación del CICPC en El Tigre.
Favoreciendo la impunidad
Tres situaciones ocurridas en 2019 ilustran la forma en la que la impunidad es favorecida en la Venezuela actual:
– La sede de la División Antiextorsión y Secuestro del CICPC, ubicada en El Hatillo, estado Miranda, fue noticia al menos en tres ocasiones en el primer semestre de 2019. El 21 de mayo los familiares de las personas recluidas en ese recinto acudieron a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, Caracas, para denunciar las torturas infligidas contra más de 50 presos. Al día siguiente, el 22 de mayo, el Director General del organismo, Douglas Rico, anunció la intervención de la División luego de divulgarse un vídeo en el que una detenida estaba siendo torturada en los patios de la comisaria. La mujer fue crucificada y colgada a una maquina multifuerza y fueron los otros privados de libertad quienes grabaron y difundieron el vídeo.
La máxima autoridad del CICPC calificó lo ocurrido como una “supuesta mala praxis policial”, y anunció que sería implacable con “todos aquellos que insulten y transgredan el buen hacer del CICPC”. Al relativizar lo ocurrido y no calificarlo como tortura, el alto funcionario favoreció la impunidad. Hasta el presente no se conoce la existencia de una investigación por parte del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo para sancionar a los responsables de los hechos denunciados.
La primera intervención de la División Antiextorsión y Secuestro se produjo el 22 de abril, luego de conocerse que funcionarios adscritos a esa dependencia habían detenido y torturado a tres funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, involucrados en la presunta extorsión de un comerciante. Los integrantes de las FAES, dos hombres y una mujer, fueron detenidos durante un procedimiento realizado por los agentes del CICPC, y durante su permanencia en los calabozos de El Hatillo fueron golpeados, electrocutados y objeto de abusos sexuales por parte de sus custodios. En esta ocasión, la investigación sí fue conducida por el Ministerio Público y el hecho fue calificado como un acto de tortura.
– Nicolás Maduro, en su gestión constitucional antes, y en su gobierno de facto ahora, ha enviado incansables mensajes de apoyo a quienes sostienen su dictadura mediante la represión y los abusos contra los derechos humanos. En mayo de este año Gustavo González López, un militar de línea dura -formado en la Escuela de Las Américas-, fue reasignado como jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). González López había sido removido del cargo luego del presunto asesinato por torturas del concejal opositor Fernando Albán, quien se encontraba bajo custodia de dicho cuerpo policial. Durante la primera gestión del militar al frente del organismo, se produjeron numerosos casos de torturas y al igual que Albán, los señores Rodolfo González y Carlos Andrés García murieron en las sedes del cuerpo policial de Plaza Venezuela, en Caracas, y San Fernando de Apure.
– El 24 de septiembre el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, condenó a los funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, a seis años y ocho meses de prisión, por su implicación en el asesinato del Capitán de Corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo. Los funcionarios habían sido imputados por el delito de homicidio preterintencional concausal y cumplirán su breve condena en la sede de la DGCIM.
La sentencia dictada es insuficiente y no establece responsabilidades directas relacionadas con la tortura y tratos crueles que sufrió Acosta Arévalo en el mes de junio. Con la decisión, el gobierno de facto intentó eludir su responsabilidad en otro caso de asesinato por torturas, delito sancionado con una pena que oscila entre los 15 y 25 años de cárcel de acuerdo a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde julio de 2013. La decisión del Tribunal 36 de Control, estimula la práctica de la tortura por parte de organismos policiales y militares y reafirma que en Venezuela se consolida una estructura institucional para favorecer el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.
En la Venezuela de Maduro, el poder del Estado es empleado para cometer violaciones de los derechos que este debe respetar y garantizar. La impunidad es favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas. La construcción de un marco jurídico que favorece la ejecución de crímenes contra los derechos humanos y el encubrimiento y absolución de los responsables, sumado al aliento simbólico y real que desde el alto poder se brinda a los perpetradores de dichos crímenes, mantienen encendida una interminable espiral de abusos que seguirá cobrando víctimas si no es detenida a tiempo.
[Versión resumida del "Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas", cuyo texto integral está disponible en https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-anual-2019-terrorismo-de-estado-genero-574-victimas-y-23-asesinados-bajo-torturas.]
Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se ubicaron en tercer lugar con tres casos que involucraron a 115 víctimas (20,03%) en hechos ocurridos en la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en el estado Lara; la Cárcel Modelo de Barcelona en Anzoátegui; y el Centro Penitenciario de Occidente en Táchira. La Guardia Nacional Bolivariana fue señalada de haber torturado a 48 personas (8,36%), la mayoría de ellas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria “Fénix”.
En el estado Carabobo se concentró la mayor cantidad de víctimas con 201 personas torturadas (35,01%), la mayoría en la sede de la Subdelegación del CICPC de Valencia. Le sigue el estado Miranda con 183 víctimas (31,88%), 124 de ellas torturadas en la sede del DGCIM en Boleíta Norte. Anzoátegui ocupó el tercer lugar con 103 víctimas (17,94%), un gran número de ellas, torturadas en el Centro Penitenciario Agro productivo de Barcelona y la Subdelegación del CICPC en El Tigre.
Favoreciendo la impunidad
Tres situaciones ocurridas en 2019 ilustran la forma en la que la impunidad es favorecida en la Venezuela actual:
– La sede de la División Antiextorsión y Secuestro del CICPC, ubicada en El Hatillo, estado Miranda, fue noticia al menos en tres ocasiones en el primer semestre de 2019. El 21 de mayo los familiares de las personas recluidas en ese recinto acudieron a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, Caracas, para denunciar las torturas infligidas contra más de 50 presos. Al día siguiente, el 22 de mayo, el Director General del organismo, Douglas Rico, anunció la intervención de la División luego de divulgarse un vídeo en el que una detenida estaba siendo torturada en los patios de la comisaria. La mujer fue crucificada y colgada a una maquina multifuerza y fueron los otros privados de libertad quienes grabaron y difundieron el vídeo.
La máxima autoridad del CICPC calificó lo ocurrido como una “supuesta mala praxis policial”, y anunció que sería implacable con “todos aquellos que insulten y transgredan el buen hacer del CICPC”. Al relativizar lo ocurrido y no calificarlo como tortura, el alto funcionario favoreció la impunidad. Hasta el presente no se conoce la existencia de una investigación por parte del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo para sancionar a los responsables de los hechos denunciados.
La primera intervención de la División Antiextorsión y Secuestro se produjo el 22 de abril, luego de conocerse que funcionarios adscritos a esa dependencia habían detenido y torturado a tres funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, involucrados en la presunta extorsión de un comerciante. Los integrantes de las FAES, dos hombres y una mujer, fueron detenidos durante un procedimiento realizado por los agentes del CICPC, y durante su permanencia en los calabozos de El Hatillo fueron golpeados, electrocutados y objeto de abusos sexuales por parte de sus custodios. En esta ocasión, la investigación sí fue conducida por el Ministerio Público y el hecho fue calificado como un acto de tortura.
– Nicolás Maduro, en su gestión constitucional antes, y en su gobierno de facto ahora, ha enviado incansables mensajes de apoyo a quienes sostienen su dictadura mediante la represión y los abusos contra los derechos humanos. En mayo de este año Gustavo González López, un militar de línea dura -formado en la Escuela de Las Américas-, fue reasignado como jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). González López había sido removido del cargo luego del presunto asesinato por torturas del concejal opositor Fernando Albán, quien se encontraba bajo custodia de dicho cuerpo policial. Durante la primera gestión del militar al frente del organismo, se produjeron numerosos casos de torturas y al igual que Albán, los señores Rodolfo González y Carlos Andrés García murieron en las sedes del cuerpo policial de Plaza Venezuela, en Caracas, y San Fernando de Apure.
– El 24 de septiembre el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, condenó a los funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zárate, a seis años y ocho meses de prisión, por su implicación en el asesinato del Capitán de Corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo. Los funcionarios habían sido imputados por el delito de homicidio preterintencional concausal y cumplirán su breve condena en la sede de la DGCIM.
La sentencia dictada es insuficiente y no establece responsabilidades directas relacionadas con la tortura y tratos crueles que sufrió Acosta Arévalo en el mes de junio. Con la decisión, el gobierno de facto intentó eludir su responsabilidad en otro caso de asesinato por torturas, delito sancionado con una pena que oscila entre los 15 y 25 años de cárcel de acuerdo a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde julio de 2013. La decisión del Tribunal 36 de Control, estimula la práctica de la tortura por parte de organismos policiales y militares y reafirma que en Venezuela se consolida una estructura institucional para favorecer el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.
En la Venezuela de Maduro, el poder del Estado es empleado para cometer violaciones de los derechos que este debe respetar y garantizar. La impunidad es favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas. La construcción de un marco jurídico que favorece la ejecución de crímenes contra los derechos humanos y el encubrimiento y absolución de los responsables, sumado al aliento simbólico y real que desde el alto poder se brinda a los perpetradores de dichos crímenes, mantienen encendida una interminable espiral de abusos que seguirá cobrando víctimas si no es detenida a tiempo.
[Versión resumida del "Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas", cuyo texto integral está disponible en https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-anual-2019-terrorismo-de-estado-genero-574-victimas-y-23-asesinados-bajo-torturas.]
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