Arco Minero del Orinoco y “africanización” de los territorios indígenas en Venezuela

PROVEA

En Venezuela a pesar de la propaganda gubernamental no se han realizado procesos de consulta previa libre e informada, y menos en el caso del Arco Minero del Orinoco (AMO), donde aún y por reconocimiento del Estado no existen estudios de impactos ambientales ni culturales.

 

En enero de 2018 el MINPPI [MinPoPo de Pueblos Indígenas] informó la realización de un encuentro sobre el AMO con siete pueblos indígenas del estado Bolívar: Pemón, Akawayo, Arawako, Ye’kwana, Shiriana, Wouttöja y Kariña, un total de 26 comunidades, entre ellas Kamariak, San Francisco de Utamo, San Flaviano Kilómetro 16, Sororopán, San Antonio de Roscio, San Martín de Turumbán, Pawarupay, Araimötüpü, San Luis de Morichal, San Juan de Venamo, Patawaparu, Apanao, Kamarata, Las Bombitas, Isla Karatal, Yuwapi-Merú, Amanaima, Musukpa, Kavaimaken, San Francisco de Las Babas, Camurica, Warumapatte, San José Kilómetro 16, Canaima y Parupa [88]. No fue un proceso de consulta previa libre e informada sino, tal como lo explicó la ministra Aloha Núñez, un proceso para transmitir orientaciones a los pueblos indígenas.

“El presidente Nicolás Maduro siempre nos ha instruido escuchar a las comunidades indígenas y hoy estamos aquí para traer su mensaje en relación al Motor Minero [...] aquí estamos como un solo gobierno brindándole a nuestros hermanos indígenas todas las orientaciones posibles para fortalecer la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco en bienestar de la nación; los pueblos indígenas de Bolívar apoyan rotundamente las medidas implementadas por nuestro Presidente para el fortalecimiento del Motor Minero porque sus opiniones han sido respetadas en las fases de exploración y aprovechamiento minero” [89].

Desplazamiento, amenazas, secuestro y asesinato de indígenas

Desde la aprobación en febrero de 2016 del Decreto N° 2.248, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco [90], hasta 2019 se ha tenido conocimiento de al menos 17 masacres en el estado Bolívar en el contexto de la explotación minera. Así lo denunció la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). Esto no incluye otros asesinatos a una o dos personas relacionadas con la actividad minera. Los culpables de tales asesinatos más señalados por familiares y testigos incluyen: grupos delictivos conocidos como “sindicatos” [91], Guardia Nacional Bolivariana (GNB), FANB y ELN. El diputado a la AN por el estado Bolívar, Américo De Grazia, lo atribuye a la necesidad del Gobierno de tener “despejadas las minas para entregárselas a las transnacionales del Arco Minero. Esa es la razón de fondo de las masacres” [92].

Indígenas en Bolívar y Amazonas ―quienes por seguridad pidieron mantener el anonimato― certifican a Provea la relación de connivencia entre fuerzas de seguridad del Estado, policías, militares y los grupos de mafias armadas denominados “sindicatos”, así como las guerrillas colombianas del ELN y la FARC para actuaciones de despeje, extracción y sobre todo “limpieza” para manejo controlado de la minería ilegal en ambos estados. Mediante la imposición del miedo y la impunidad controlan territorios junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), estableciendo una sociedad comercial con suministro de protección, gasolina, alimentos, contrabando, drogas, prostitución, traslado de maquinarias, desvío de aguas, a cambio de gramas de oro y otros bienes. Toda una estructura criminal que genera violencia, enfermedades, contaminación y desplazamiento forzado.

Para 2016 [93], Consejos de Caciques Generales del Pueblo Pemón (CCGPP) y comunitarios de la Gran Sabana tuvieron que acordar normas para el control de la actividad minera en la cuenca del río Caroní. Por esta razón fue creada, ese mismo año, la Guardia Territorial Pemón (GTP), a las órdenes del CCGPP en “defensa y control del territorio”, para evitar ingreso de terceros con antecedentes penales, de alcohol en exceso, de drogas y de dinero procedente del narcotráfico para la compra de oro. Se estableció sancionar a caciques e indígenas relacionados con la delincuencia organizada.

En su Informe Anual 2017 [94] Provea tituló: “Pueblo Pemón. Una tragedia prevenible y anunciada”. Allí se pormenorizó los antecedentes que hacían del territorio Gran Sabana un punto focal para las posibles violaciones graves a derechos indígenas. Lamentablemente, en 2018, indígenas comenzaron a aparecer entre las víctimas de esa estructura criminal del Estado y grupos armados irregulares delincuenciales o de guerrilla para el control de territorio indígena, extracción de minerales, control de minas artesanales ―por años de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas― en condiciones de esclavitud o el desplazamiento forzoso de sus tierras. Penosamente sabemos que es un subregistro, dado el miedo a denunciar y lo difícil de acceder a información en las zonas.

El primer caso registrado fue el 30.06.17. Pemones denunciaron el asesinato en la comunidad San Luis de Morichal, municipio Sifontes, estado Bolívar, del indígena Domingo Cabrera por parte de un grupo armado denominado “Banda de Favio”, uno de los principales “sindicatos” de El Dorado.

Indígenas pemones de San Luis de Morichal denunciaron que el sindicato dirigido por alias “Favio” sostuvo una reunión a principios de 2018 con la comunidad y el cacique Omar Meya, garantizando la entrega de oro como retribución a la explotación minera, a lo cual indígenas se habrían negado. “A partir de ese momento, la violencia se incrementó” [95]. Denunciaron que el 03.03.18 este grupo delictivo habría secuestrado en el puerto El Dorado a dos jóvenes indígenas (no mencionan nombres) que luego fueron liberados tras someterlos a torturas.“

Desde el asesinato de Domingo Cabrera la comunidad ha puesto la denuncia ante el Ministerio Público, presentó un informe ante el Ministerio Indígena con atención a Aloha Núñez, también el director de la Fiscalía Indígena sabe de estas amenazas, y hay silencio [...] se debe a que militares con alto rango están implicados en estas operaciones ilegales, y auspician a los grupos criminales”.

El 03.03.18 el indígena pemón Óscar Eliezer Meya Lambos, quien lideró los debates contra la organización criminal del “Favio” en San Luis de Morichal, hermano del capitán Omar Meya, fue secuestrado junto a otro indígena, quien fue posteriormente liberado y denunció que habían sido torturados. El 17.03.18 la comunidad Pemón de San Luis de Morichal realizó una protesta pacífica trancando la vía fluvial Río Chicanan y el paso a la Gran Sabana a la altura del Km 34, entre San Antonio y San Francisco de Yuruani, para exigir la entrega de Óscar Meya [96]: “Hemos acudido a las autoridades y no hay respuesta, es por eso que salimos a trancar las vías” [97]. El 18.03.18 el CCGPP emitió un pronunciamiento98 informando el asesinato de Óscar Meya, repudiando y rechazando las acciones de las bandas delictivas armadas que amedrentan y asesinan a indígenas y líderes.

El 06.04.18 diversas organizaciones indígenas y aliadas de los pueblos indígenas del país emitieron un comunicado sumándose al reclamo del pueblo pemón de San Luis de Morichal contra la presencia y violencia de grupos armados que organizan y controlan la minería ilegal en territorios indígenas. “La ausencia del estado de derecho condiciona todo un escenario de violencia, criminalidad y violación de derechos humanos donde se impone la ley del más fuerte”. También denunciaron los supuestos vínculos del gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, con la minería ilegal y exigieron una investigación por presuntas maquinarias para minería perteneciente a funcionarios de organismos de seguridad en la mina El Chiguao [99]. A la fecha el cuerpo de Óscar Meya sigue desaparecido y no hay detenidos ni culpables por este hecho.

El 08.05.18 [100] indígenas de la comunidad San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar, denunciaron que alrededor de 60 hombres armados, del sindicato dirigido por alias “Favio”, los mantenían secuestrados como medida de presión para que desalojaran sus tierras con el objeto de iniciar la explotación ilegal minera. Jhonny Ramos, dirigente indígena, denunció que 400 indígenas corrían peligro al intentar salir de la comunidad. El grupo irregular sería el mismo señalado de asesinar a Domingo Cabrera en 2017 y a Óscar Eliezer Meya Lambos. Esta denuncia fue corroborada directamente por Provea. El secuestro se había iniciado el 04.05.18 y se habría extendido por una semana.

El 07.06.18 el diputado De Grazia denunció vía Twitter [101] que a las 9:21 pm la carretera troncal 10 que comunica Venezuela con Brasil se encontraba cerrada en San Luis de Morichal, Km 33, por una protesta de indígenas Pemón debido a la supuesta masacre de cinco dirigentes indígenas del alto Chicanan, conocidos como los hermanos Valdez, quienes habrían sido asesinados por el grupo irregular armado colombiano ELN el 04.06.18. Previo a la denuncia del diputado, Juvencio Gómez, líder indígena Pemón, en entrevista telefónica para radio Fe y Alegría [102] afirmó que “el grupo se dirigía a El Dorado a realizar compras y les hicieron una emboscada” [103]. En otro contacto telefónico, Gómez afirmó:

“Llegaron tres lanchas al lugar con personas armadas que se movilizan con el consentimiento de oficiales de la GNB, estos explotan ilegalmente las minas de oro en la zona, imponiendo el control en los territorios” [104].

En una entrevista [105] el dirigente del PSUV y exdiputado del Consejo Legislativo del Estado Bolívar (CLEB), Aldrin Torres, negó la denuncia:

Ni en San Luis de Morichal ni en sectores cercanos hubo tal asesinato [...] es imposible que alguien pueda entrar y matar indígenas sin que las Fuerzas Armadas actúen” [106].

Durante junio y julio de 2018 Torres había estado denunciando a las mafias mineras que operan al sur del estado Bolívar, la actuación de autoridades en el llamado Arco Minero y el abandono de Minerven en su capacidad operativa para la extracción de oro. El 01.08.18 fue secuestrado junto a su esposa Rebeca Núñez por sujetos desconocidos en una moto y en un Mitsubishi Signo [107]. El 14.08.18 ambos fueron encontrados sin vida en el kilómetro 37 de la autopista Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz. A la fecha no hay detenidos por el caso y se desconoce los autores materiales e intelectuales.

Para cuando esto se escribe no existe información oficial sobre los supuestos pemones asesinados en San Luis de Morichal; sin embargo, habitantes de la comunidad que pidieron por razones de seguridad permanecer en el anonimato, aseguran que sí ocurrió: dos serían indígenas y los otros dos no indígenas, todos vinculados a la minería ilegal en la zona.

Otra situación de violencia contra los pemones lo ejemplifica el asesinato de José Vásquez, comandante de la Guardia Territorial Pemón (GTP).

Como antecedente importante del asesinato resalta la criminalización contra la GTP. La más evidente el 23.03.18 [108], cuando el general del Ejército de la Reserva Activa, Roberto González Cárdenas, participó en el programa “Dossier” transmitido a través del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV) y acusó al pueblo Pemón de un plan secesionista. Allí mismo hostigó a la reconocida líder indígena pemón Lisa Henrito, de la GTP. Denunció que en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar se desarrolla un plan del Departamento de Estado estadounidense y de las Iglesias que adoctrinan a indígenas para crear la nación Pemón. Y señaló:

“...ayer un GNB atropella en forma accidental a un nativo, a un pemón; lamentablemente pierde la vida. No está en su comando, no lo tiene la Fiscalía ni está retenido como debe ser, como dice la ley. Está retenido en lo que se llama el Consejo Federal de Caciques que tomó la decisión de retenerlo, un GNB bajo custodia de la GTP. Prácticamente estamos a punto que ellos declaren la gran nación Pemón”.

El CCGPP emitió un comunicado109 el 25.03.18 condenando las palabras del general González Cárdenas, y aclarando que la lucha del movimiento indígena Pemón era antimperialista y que su nacionalidad es la venezolana. Negaron las acusaciones de promover una nación Pemón y de mantener un movimiento secesionista, y denunciaron la presencia de grupos irregulares armados colombianos al sur del país en total conocimiento del general González Cárdenas. Alertaron a Nicolás Maduro de la complicidad de la FANB en la región “con el sistema de pranato de dominación que se traduce en el paramilitarismo colombiano, que tiene el control de las zonas de yacimientos auríferos en El Dorado, 88, El Callao, Tumeremo y San Martín de Turumbang”.

El 26.09.18, en el municipio Gran Sabana, fue asesinado el comandante de la GTP, indígena pemón José Vásquez. En un primer momento funcionarios del Estado informaron que había tenido una caída accidental en el Mirador del Oso, pasando Pacheco, en la Gran Sabana. El cuerpo fue trasladado al hospital Rosario Vera Zurita, de Santa Elena de Uairén, donde falleció. Ricardo Delgado, exalcalde indígena de Gran Sabana, denunció a través de su cuenta Twitter: “Lo venían siguiendo por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hasta que lograron su objetivo: eliminarlo”. Posteriormente en una entrevista aseguró que “se trató de un asesinato coordinado por Contrainteligencia desde hace meses”.

A Provea, indígenas Pemón le aseguraron que el “comandante Vásquez” había logrado mantener la seguridad en territorios indígenas a su cargo, reduciendo la delincuencia. En 2016, cuando se creó la GTP, los indígenas sacaron a mafias y expulsaron a la Policía del estado Bolívar por ser cómplice de los grupos delictivos. Testimonios coinciden en que Vásquez había recibido amenazas contra su integridad y vida. Aseguran que los cuerpos de seguridad DGCIM, Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) y Zonas de Defensa Integral (ZODI) habrían comenzado a seguirlo y elaborado un informe por su relación con el alcalde Emilio González, solicitando al CCGPP su destitución, lo que trajo desacuerdos y no ocurrió.

El 01.10.18, en un comunicado oficial110, el CCGPP reconoció y denunció que el 26.09.18 a las 3:30 pm asesinaron a José Vásquez, comandante de la GTP en el Comando Guaicaipuro, ubicado en la comunidad de Turasen. Testigos de los hechos señalaron como presunto autor material a Edward Frederick Curuma, no indígena, exmilitar de FANB, quien fungía de escolta. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvo al sospechoso trasladándolo a Puerto Ordaz, estado Bolívar, para ser presentado al Tribunal Tercero de Control. A la fecha se desconoce el desarrollo del proceso judicial.

El 08.12.18 la DGCIM realizó una incursión armada en el municipio Canaima, asesinando al pemón Charlie Peñaloza Rivas (21) y dejando otros dos heridos: Carlos Peñaloza Rivas y César Sandoval. Los pemones lograron capturar a tres funcionarios presuntamente responsables y los entregaron a las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público (MP).

El 08.12.18, en sesión extraordinaria, el CCGPP emitió un comunicado [111] sobre lo ocurrido en la comunidad indígena de Kanaimó. Allí responsabilizaron al Estado por el asesinato con arma de fuego de Charlie Peñaloza Rivas, tras la incursión armada y con la complicidad de órganos de seguridad, por lo cual declararon siete días de duelo en el municipio Gran Sabana y solicitaron el esclarecimiento de los hechos. Decretaron la suspensión de las elecciones municipales en toda la Gran Sabana, exigiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) la reprogramación de los comicios. Y convocaron a un paro general indefinido tomando las vías de acceso, carreteras, puertos y aeropuertos.

En un segundo comunicado [112], el 11.12.18 informaron que tras la evaluación realizada por la jurisdicción indígena, se reiteraba que la responsabilidad por el asesinato de Charlie Peñaloza recaía “en el Estado venezolano, a través del Ejecutivo Nacional” al efectuar una operación militar encubierta con la misión de inutilizar equipos mineros en el río Carrao. Con actuación de la DGCIM a cargo del general Hernández Lagar, el mayor Barrios alias “El Indio”, mayor Alexander Granco alias “Talibán”, y primer teniente Fernández, junto con 21 efectivos de tropa y oficiales expertos en explosivos.

El CCGPP aclaró que no fue un enfrentamiento y que ninguno de los heridos, ni el indígena asesinado, portaba armas de fuego. Aseguraron que los ministros habrían incumplido los acuerdos de la mesa que se realizó en octubre, donde se comprometieron a solucionar necesidades sociales y económicas del pueblo Pemón para el cese de la minería; “la opción militar no es la solución para disminuir los impactos de la minería en todo el Parque Nacional Canaima”. Solicitaron que el gobierno cese y retire la operación militar en el sector Wonken (Iraumata), Uriman (Aripichi). Solicitaron que los detenidos sean condenados y sancionados por jurisdicción especial indígena, y que el Estado deberá reconocer la decisión; solicitaron al DGCIM acceso a los detenidos para su interrogatorio. También declararon persona non grata a la periodista Valentina Quintero.

El 11.12.18 general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva y en compañía del almirante en jefe (A/J) Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEO-FANB), dio declaraciones sobre los sucesos y aceptó que la acción era parte del Plan Tepuy Protector [113]:

 “Con el CEO-FANB se elaboró un plan de carácter integral que ha venido funcionando, porque no es un tema de carácter militar, es un tema de carácter integral, y ese Plan Tepuy Protector tiene sus fines, sus metas y sus objetivos [...] en esa operación hubo un enfrentamiento, se hicieron armas contra los efectivos que conducían esta operación, y de este enfrentamiento que se originó en este sector resultaron cuatro heridos, lamentablemente falleció uno de esos cuatro heridos, lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón, se trata del joven de 21 años, Charlie Peñaloza”.

El 21.12.18, el CCGPP emitió un tercer comunicado oficial [114] ratificando que la responsabilidad política de las acciones era del Gobierno. Solicitaron al MP que, siendo no indígenas los culpables, emitiera orden de aprehensión y continuara un proceso de justicia mixto a través de la creación de una comisión conjunta. Exigieron una disculpa al ministro de la Defensa y hacer presencia en territorio Pemón. A la fecha se desconoce el inicio de la comisión mixta y el ministro Padrino López no viajó a territorio Pemón.

Otras muertes presuntamente vinculadas a la minería ilegal

El 12.05.17 fue asesinado en la ciudad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, el indígena Freddy Menare, dirigente del pueblo Wotjuja y perteneciente a la Organización Indígena del Pueblo Piaroa de Sipapo (OIPUS). Según alegaron indígenas, fue por la labor de denuncia sobre la presencia del ELN en territorios indígenas de Amazonas en labores de control y de extracción minera. A la fecha se desconocen las investigaciones y no se han señalado posibles culpables.

El 22.08.18 se produjo un enfrentamiento armado presuntamente por el control de la mina El Silencio [115], ubicada en la desembocadura del río Matu, en Maripa, municipio Cedeño del estado Bolívar. Según testimonios, el grupo armado denominado “Sindicato de El Silencio” se alió con un grupo indígena Samená para tomar control de la mina. Ese día el capitán jivi Misael Julio Ramírez (45) y su hijo Milson Ramírez acudieron a una reunión con ambas agrupaciones. El primero fue asesinado y el segundo desaparecido; según el CICPC, se desconoce su paradero. Presuntos integrantes del grupo Jivi regresaron y asesinaron a cuatro integrantes del sindicato [116]. A la fecha se desconoce si hay detenciones y los resultados de las investigaciones.

Notas:

89. MINPPI: Op. cit. N° 48. Enero 2018 [en línea] http://www.MINPPI.gob.ve/assets/pdf/periodicos/2018/periodico_2018_01.pdf Consulta del 24.02.19.

90. Gaceta Oficial N° 40.855 del 24.02.16 [en línea] https://www.juris-line.com.ve/data/files/3311.pdf Consulta del 18.02.19.

91. Se les conoce así porque algunos sindicalistas en el estado Bolívar, principalmente del sector construcción, derivaron en delincuentes dedicados a realizar negocios ilegales en el ámbito minero. En amplio estudio de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) se aprecia cómo estas bandas, comúnmente conocidas como “sindicatos” ―y sin relación alguna con las organizaciones de defensa de derechos laborales―, son órganos paraestatales con estructura delincuencial que administran de facto las zonas de la minería ilegal. Bajo un orden impuesto con violencia, muerte y terror, los “sindicatos” han ganado extensos territorios en su dominio en variante relación con el Estado.

92. Crónica Uno: “De Grazia denunció nueva masacre minera en Tumeremo” [en línea] http://cronica.uno/de-grazia-denuncio-nueva-masacre-minera-en-tumeremo/ Consulta del 18.02.19

93. PROVEA: Derecho de los Pueblos Indígenas [en línea] https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosInd%C3%ADgenas-4.pdf Consulta del 14.01.19.

94. Ídem.

95. Radio Fe y Alegría: “Hombres armados mantienen secuestrados a más de 400 indígenas en el estado Bolívar” [en línea] http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/hombres-armados-mantienen-secuestrados-a-mas-de-400-indigenas-en-el-estado-bolivar/regiones/ Consulta del 06.02.19.

96. Punto de Corte: “Pemones trancaron tránsito terrestre y fluvial” [en línea] http://puntodecorte.com/pemones-trancaron-transito-terrestre-y-fluvial Consulta del 16.02.19.

96: “Hemos acudido a las autoridades y no hay respuesta, es por eso que salimos a trancar las vías”

97. Aporrea: “Pemones trancaron tránsito terrestre y fluvial hacia la Gran Sabana exigiendo que ‘sindicatos’ entreguen restos de Oscar Meya” [en línea] >https://www.aporrea.org/actualidad/n322555.html> Consulta del 18.02.19.

98. Aporrea: “Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón” [en línea] https://www.aporrea.org/actualidad/n322573.ml?fbclid= IwAR0AXy78NeyMfKIVl8lVRtpGjVU5jTPSBAGAjfx0MgrQQDd2UrnFBevPkUE Consulta del 09.02.19.

99. Correo del Orinoco: “Pueblos indígenas rechazan cualquier negociación para la actividad minera” [en línea] https://www.elcorreodelorinoco.com/pueblos-indigenas-rechazan-cualquier-negociacion-para-la-actividad-minera/ Consulta del 14.02.19.

100. Radio Fe y Alegría: “Hombres armados mantienen secuestrados a más de 400 indígenas en el estado Bolívar” [en línea] http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/hombres-armados-mantienen-secuestrados-a-mas-de-400-indigenas-en-el-estado-bolivar/regiones/ Consulta del 06.02.19.

101. Américo De Grazia: @AmericoDeGraziahttps://twitter.com/AmericoDeGrazia/status/1004911187270754306  Consulta del 17.02.19.

102. Radio Fe y Alegría: “Reportan 5 asesinatos de pemones por grupos armados en Bolívar” [en línea] http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/reportan-5-asesinatos-de-pemones-por-grupos-armados-en-bolivar/red-indigena/ Consulta del 17.02.19.

103. Aporrea: “Pemones de San Luis de Morichal claman por atención de las autoridades” [en línea] https://www.aporrea.org/actualidad/n326277.html Consulta del 11.01.19.

104. Efecto Cocuyo: “Denuncian homicidio de cinco pemones a manos de grupos armados en Bolívar” [en línea] http://efectococuyo.com/sucesos/denuncian-homicidio-de-cinco-pemones-a-manos-de-grupos-armados-en-bolivar/ Consulta del 19.02.19.

105. Correo del Caroní: “Denuncian matanza de cinco pemones en el sur del estado Bolívar” [en línea] https://twitter.com/CorreodelCaroni/status/1005469568909938689 Consulta del 17.02.19.

106. Venezuela Awareness: “Denuncian matanza de cinco pemones en el sur de Bolívar” [en línea] http://www.venezuelaawareness.com/2018/06/denuncian-matanza-de-cinco-pemones-en-el-sur-de-bolivar/ Consulta del 13.02.19.

107. Punto de Corte: “Reportan desaparición en Bolívar del exdiputado del PSUV Aldrín Torres y su esposa” [en línea] http://puntodecorte.com/reportan-desaparicion-en-bolivar-del-ex-diputado-del-psuv-aldrin-torres-y-su-esposa/ Consulta del 11.02.19.

108. Fundación Nativo (audio): Declaraciones del general Roberto González Cárdenas en TV [en línea] https://soundcloud.com/user-821735407/declaraciones-del-general-roberto-gonzalez-cardenas-en-tv?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR11eQXvMfuQZi48nO4NUJNjN04Vpm-Qx77qIFg-FmWA63VMTjX5ZqSZna4 Consulta del 17.02.19.

109. CONSEJO DE CACIQUES GENERALES DEL PUEBLO PEMÓN (CCGPP): Comunicado Oficial del Pueblo Pemón [en línea] https://caciques-generales.blogspot.com/2018/07/comunicado-oficial-del-pueblo-pemon .ml?spref=fb&fbclid= IwAR0RPI0d9mPUuRczC9fCqkfq7NgFJft88zuQHtSv82bx7opQZtUjrATyRp4 Consulta del 17.02.19.* Solicitaron no ser identificados por razones de seguridad.

110. CCGPP: INFORME DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA. Caso de homicidio intencional del comandante de la Guardia Territorial Pemón, José Andrade Vázquez Hernández [en línea] https://www.facebook.com/cccgpp/posts/729063137451803 Consulta del 14.01.19.

111. CCGPP: Comunicado [en línea] https://www.facebook.com/cccgpp Consulta del 30.01.19.

112. CCGPP: Comunicado [en línea] https://www.facebook.com/cccgpp/posts/769377300087053 Consulta del 24.02.19.

113. Despacho de la Presidencia: “Ministro para la Defensa exhorta a la comunidad indígena Pemón a no dejarse manipular por dirigentes exógenos” [en línea] http://presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=12296 Consulta del 27.02.19.

114. CCGPP:Comunicado [en línea] https://www.facebook.com/cccgpp/posts/774256392932477 Consulta del 27.01.19.

115. Prensa Guayana: “Son cinco los muertos y un desaparecido en la mina El Silencio” [en línea] https://prensaguayanes.wordpress.com/2018/08/24/son-cinco-los-muertos-y-un-desaparecido-en-la-mina-el-silencio/ Consulta del 22.02.19.

116. Efecto Cocuyo: “Ascienden a seis los fallecidos en enfrentamiento por control de mina en Bolívar” [en línea] http://efectococuyo.com/sucesos/ascienden-a-seis-los-fallecidos-en-enfrentamiento-por-control-de-mina-en-bolivar/ Consulta del 19.02.19.

[Tomado de la sección “Derechos de los Pueblos Indígenas” del Informe Anual 2018, accesible en extenso en https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/08PueblosInd%C3%ADgenas-5.pdf.]