102 toneladas de droga se le "extraviaron" al Estado venezolano entre 2010 y 2018

Cristina González (Efecto Cocuyo)

El Estado venezolano asegura grandes logros en materia de incautación de drogas, como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero la custodia legal no evita el retorno de sustancias ilegales al mercado. Al menos 102 toneladas de drogas incautadas entre 2010 y 2018 no fueron destruidas por el sistema de administración de justicia, lo cual implica una violación a la ley. En un país identificado como “puente” de tráfico internacional de drogas, la infraestructura creada hace una década para impedir el reciclaje de estupefacientes está desmantelada.

La Unidad de Investigación de Efecto Cocuyo elaboró una base de datos con registros oficiales emitidos por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Ministerio Público, sobre incautación e incineración de drogas. Los resultados permiten determinar que 102.752,84 kilogramos de drogas incautadas entre 2010 y 2018 no han sido destruidas, a pesar del plazo máximo de 30 días para hacerlo que establece la legislación nacional.

En 2011, 2013 y 2016, el Ministerio Público reportó cifras de incineraciones superiores, en una y dos toneladas, al total de drogas incautadas en esos años. Esta destrucción adicional no alcanza a compensar las cantidades que han quedado sin incinerar en 2010, 2012, 2015 y 2018. La mayor disparidad corresponde a los reportes de 2015, el año en que la ONA se ufanó de un aumento de 61% en las incautaciones en Venezuela, por el decomiso de 79.568,45 kilogramos de drogas, entre cocaína, marihuana, crack, heroína y basuco. Un total de 11 centros de incineración de drogas fue instalado por la ONA, entre 2009 y 2014, en los estados del país con mayores índices de incautación. Uno de los objetivos era disminuir los riesgos de reciclaje asociados al traslado de la droga incautada desde los lugares de custodia temporal hasta los lugares de destrucción.

El plan 2019-2025 de la ONA  tiene tres metas: diseñar un programa de fortalecimiento para el funcionamiento de los hornos incineradores, elaborar un manual que regule el uso y funcionamiento de los hornos, y capacitar al personal para el manejo y mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. Los objetivos coinciden con promesas del plan anterior (2015-2019), el cual también había previsto diseñar y aplicar un plan de supervisión y mantenimiento para los hornos, y así incrementar la operatividad de este sistema de destrucción de drogas.

LAS CONTRADICCIONES ENTRE LA ONA Y LA FISCALÍA

La maleza rodea la estructura ubicada dentro de la sede de la policía científica en San Cristóbal, capital del estado Táchira, en el extremo oeste de Venezuela. La chimenea que atraviesa el techo ya no expulsa humo cada fin de mes. La puerta no ha sido abierta en los últimos años; de hecho los policías no tienen llave. Los funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) no aclaran la suerte de esta construcción y lo que esconde en su interior. La instalación concebida para destruir la droga incautada en la frontera con Colombia, y evitar que regrese a otros cauces del narcotráfico, permanece clausurada indefinidamente.

En septiembre de 2009, cuando se inauguró este centro de destrucción de drogas, las autoridades aseguraban que Venezuela entraba a la vanguardia de la lucha contra el narcotráfico, como “primer país del mundo con capacidad de incineración de drogas ilícitas”, afirmó Néstor Reverol, entonces presidente de la ONA. Un primer centro de incineración de drogas operaba desde julio de 2009 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, en el estado Vargas, la principal salida aérea del territorio nacional, ubicada en la región central del país. La instalación de un horno incinerador en Táchira era el segundo paso del nuevo plan antidrogas, debido a su vecindad con Colombia, el primer productor de drogas del mundo. En teoría, el objetivo era romper "el puente" del narcotráfico internacional en que se ha convertido Venezuela; es decir, truncar la ruta que comienza en Colombia, atraviesa Venezuela y prosigue hacia los mercados de las islas del Caribe, Estados Unidos y Europa.

En 2011, 2013 y 2016, el Ministerio Público reportó cifras de incineraciones superiores, en una y dos toneladas, al total de drogas incautadas en esos años. Esta destrucción adicional no alcanza a compensar las cantidades que han quedado sin incinerar en 2010, 2012, 2015 y 2018. La mayor disparidad corresponde a los reportes de 2015, el año en que la ONA se ufanó de un aumento de 61% en las incautaciones en Venezuela, por el decomiso de 79.568,45 kilogramos de drogas, entre cocaína, marihuana, crack, heroína y basuco. “Esto refleja el incremento de las labores de patrullaje, procedimientos y operativos en el territorio nacional”, se destacó en esa oportunidad. El dato también figura en la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al cual pertenece la ONA.

El supuesto éxito solo quedó en la incautación: la fiscal general Luisa Ortega Díaz reportó en su informe anual de 2015, así como en su presentación ante la Asamblea Nacional a principios de 2016, una de las cifras anuales de incineración de drogas más bajas desde 2010: 35.009 kilogramos destruidos ese año bajo la supervisión del Ministerio Público, es decir, menos de la mitad de lo incautado por cuerpos policiales y militares. La gestión de su sucesor en el cargo, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, igualmente presenta una labor de destrucción de drogas con tendencia a la baja: el Plan Nacional Antidrogas actual evidencia que en 2018 se incautaron 42 toneladas de drogas, de las cuales se destruyeron 19.

Los retos del plan 2019-2025 de la ONA incluyen constituir el Sistema Nacional de Incineración de Drogas, mediante tres metas: diseñar un programa de fortalecimiento para el funcionamiento de los hornos incineradores, elaborar un manual que regule el uso y funcionamiento de los hornos, y capacitar al personal para el manejo y mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. Los objetivos coinciden con promesas del plan anterior (2015-2019), el cual también había previsto diseñar y aplicar un plan de supervisión y mantenimiento para los hornos, y así incrementar la operatividad de este sistema de destrucción de drogas. Mientras tanto, funcionarios consultados descartan cualquier fuga de droga durante la custodia oficial. “No hay forma ni manera de que existan tales diferencias entre los números estadísticos (de incautación e incineración) porque la droga siempre lleva su cadena de custodia, el resguardo que tiene que tener en el procedimiento, una vez que tú incautas la droga, y es la misma que tú tienes que llevar con su precinto de seguridad al momento en que ellos te indican que hay una incineración, en el lugar específico que la Fiscalía ordene”, explicó la comisaria Jennifer Blanco, jefa de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El comisario Wilmer Uribe, jefe de la Delegación Estadal del Cicpc en Táchira, también niega la posibilidad de que la droga incautada se extravíe o recicle, a pesar de que el centro de incineración ubicado en su sede se encuentre inactivo. “Me informan que la ONA está esperando repuestos chinos, pero que no se sabe cuándo llegan”, precisó una funcionaria a su cargo. Fuentes del Ministerio Público de Táchira igualmente confirmaron la inoperatividad del centro de incineración y —tras solicitar la reserva de su identidad— expusieron los motivos: “El horno solo está diseñado para quemar droga, pero en los actos de incineración también se metieron ropas y cualquier objeto, excepto vehículos por supuesto, que hubiese tenido contacto con la droga”. La ONA no cumplió con labores de mantenimiento técnico necesarias, según funcionarios vinculados a la operación de los hornos incineradores. Policías y fiscales consultados para este reportaje afirman que a pesar de lo anterior, toda la droga que el Estado incauta es destruida, aunque con métodos alternativos.

UN PROYECTO ANTINARCÓTICOS EN DECLIVE

Es martes a las 10:00 de la mañana en la avenida 5 de la ciudad de San Francisco, en el estado Zulia, al noroeste del país. Las aceras y los árboles de la vía lucen limpios este 22 de octubre de 2019, a diferencia de hace dos años, cuando las operaciones de la fábrica de cemento Planta Mara dejaban toda la zona cubierta de polvo gris. Las instalaciones —varias tuberías gigantescas, tanques, chimeneas, depósitos— no presentan ruidos ni movimientos. Empleados en el lugar confirmaron que Planta Mara, adscrita a la corporación estatal Venezolana de Cementos, presta sus espacios y hornos para incinerar drogas. Medios regionales han reseñado procedimientos de este tipo, encabezados por la ONA, en varias cementeras del Estado.

Al otro lado de la avenida donde se ubica Planta Mara se encuentran el Consejo Municipal de San Francisco, un taller mecánico, el Parque Mara, una farmacia. A pocos kilómetros, también hay un local de McDonald's, un local de Arturo's, una gasolinera y el terminal Simón Bolívar del municipio San Francisco. Para más información sobre las medidas ambientales y de seguridad que se aplican en la fábrica cuando se incineran drogas, se entregó una solicitud de entrevista dirigida al ingeniero Ernesto Añez, director de Operaciones de Planta Mara. Hasta la fecha de la publicación de este reportaje no ha habido respuesta.

En Venezuela no existe una regulación específica para los procedimientos de destrucción de drogas. La “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988” plantea que los Estados pueden adoptar medidas necesarias para destruir las sustancias lo más pronto posible o disponer de ellas de acuerdo a la Ley. En Venezuela, la Ley Orgánica de Drogas —vigente desde 2010— establece que las sustancias incautadas, con excepción de aquellas solicitadas por el Ministerio de Salud para fines médicos, deben ser destruidas preferiblemente por incineración, en un plazo máximo de un mes desde el momento de la incautación.

Este lapso estaba incluso previsto en la legislación nacional antidrogas de principios de los noventa, pero el Ministerio Público registra en sus notas de prensa que en 2001 ordenó incinerar dos toneladas de droga almacenadas desde 1999 en las oficinas de la División de Toxicología Forense del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial. “Dado el problema de hacinamiento y de insalubridad que ello significaba, el Ministerio Público se abocó a buscar solución al problema”, declaró entonces el fiscal Leoncio Guerra, quien atribuyó el retardo a que los jueces no autorizaban de forma oportuna la destrucción de las sustancias, las cuales fueron incineradas en los hornos de la empresa Fospuca, dedicada a la recolección de basura.

La resistencia de los jueces en aquella oportunidad se debía al cambio de las reglas que implicaba la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal y la sustitución del sistema de justicia penal inquisitivo de ese entonces por el actual sistema acusatorio: el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, lo cual incluye garantizar el cumplimiento de las normas sobre custodia y destrucción de drogas.

Un reporte del Ministerio Público del 11 de octubre de 2001 estableció lo siguiente: “A partir de ahora se harán procedimientos de incineración en forma periódica, dependiendo de la cantidad de incautaciones que se produzcan, a fin de evitar que se repita este problema”. Para cumplir esto, la ONA instaló la red de hornos incineradores en el marco del Plan Nacional Antidrogas 2008-2013 bajo tres objetivos: eliminar eficientemente la droga con tecnología específica para ello, evitar el hacinamiento de las salas de evidencias y proteger al medio ambiente. Pero un cuarto objetivo parecía tener la mayor trascendencia: evitar el reciclaje de drogas. “De esta forma, se evita que la droga incautada en estos operativos quede depositada en las salas de evidencia de los cuerpos de seguridad y pasen meses sin incinerarlas, y puedan ser aprovechadas por funcionarios corruptos para su comercialización”, explicó Reverol durante la inauguración del primer horno.

Los primeros cuatro centros de incineración de drogas se instalaron en 2009, en los estados Vargas (julio de 2009), Táchira (septiembre de 2009), Anzoátegui y Zulia (diciembre de 2009), “en función de la frecuencia de incautaciones en estos estados y para la atención de todas las regiones del país”, según informes de la ONA. En los años siguientes, se procedió a la construcción de otros seis centros en Carabobo, Lara, Falcón, Guárico, Mérida y Nueva Esparta, para un total de cuatro centros en la región occidental, uno en los andes, uno en los llanos, dos en la región central y otros dos en la región oriental. El proceso para la cremación de droga se ejecutaría sobre un área de 167 metros cuadrados, que comprende cuatro fases que se cumplen en el laboratorio y en el espacio donde se encuentra el horno pirolítico. Las dos primeras etapas consisten en verificar el peso y tipo de droga proveniente de los depósitos de evidencias de los cuerpos de seguridad, para chequear y certificar que las sustancias a incinerar se correspondan con lo previamente incautado. La tercera y cuarta etapas implican la activación del sistema y uso del horno pirolítico, modelo Incol PY-125, con capacidad de incinerar una tonelada en una jornada de ocho horas (125 kilogramos por hora).

El Balance Anual 2009 de la ONA reporta que este sistema es exclusivo de la tecnología Incol, un grupo empresarial británico-argentino dedicado desde hace más de 20 años a la fabricación de plantas de incineración, de cremación de humanos y mascotas, de monitoreo y depuración de gases, así como también de tratamiento de residuos industriales, hospitalarios, entre otros. De acuerdo con una ficha técnica de este modelo, las unidades son metálicas, reforzadas con perfiles de hierro y cubiertas con anticorrosivos y pintura resistente a altas temperaturas. Las autoridades de la ONA y del Ministerio Público han explicado que las incineraciones se realizan en todo el país a finales de cada mes en los hornos especiales.

Una recopilación de imágenes sobre actos de incineración de drogas, sin embargo, expone otros métodos de quema de drogas empleados en años recientes por los organismos oficiales: incineraciones en pipotes, hornos artesanales, hornos de fábricas de cemento, hornos alfareros y en fogatas al aire libre. Estas incineraciones han ocurrido en los estados Apure, Barinas, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia, a pesar de que seis de ellos tienen hornos pirolíticos de la ONA. La información oficial apuntaba, además, a que los hornos importados también serían usados por los estados aledaños en cada región. El centro de incineración más nuevo, instalado en 2014, se ubica en Barinas, estado donde el Cicpc reportó un acto de incineración al aire libre en la ciudad de Socopó, a finales de septiembre de 2017.

La página web del proveedor no precisa la vida útil de estos equipos, instalados en Venezuela entre 2009 y 2014. Sin embargo, un estudio de impacto ambiental, publicado en Argentina, indica que se estima una vida útil de 10 años para este modelo de horno incinerador, por razones de obsolescencia tecnológica, pero que puede operar indefinidamente con un mantenimiento adecuado. Entre las rendiciones de cuentas del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz ante el Parlamento nacional —la última fue en 2015—, la alusión más reciente al tema aparece en el informe de gestión de 2013, con un presupuesto de 1.184.935,09 bolívares —equivalentes a 104.862 dólares, al cambio oficial de entonces— para el mantenimiento de los hornos pirolíticos de la ONA.

“Aquí el mantenimiento no se hacía. Por eso se hizo un hueco en la chimenea y el brazo mecánico no funcionaba; botaba una brea, que ya no era droga pero sí una sustancia que sigue siendo tóxica. Un día incluso se saturó el horno y había humo por todas partes”, describe una fuente del Comando de Zona 11 de la Guardia Nacional Bolivariana en la ciudad de Maracaibo, ciudad capital del estado Zulia. El funcionario militar, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias, explica que el horno pirolítico comenzó a presentar fallas desde 2014, lo cual comprometía la salud de los presentes en el acto: fiscales, operadores del horno, toxicólogos. “Tras cada incineración, el horno debía tener un reposo de 48 horas para luego recibir mantenimiento, pero los funcionarios de la ONA se iban y sólo se acordaban del horno cuando tocaba la siguiente incineración”.

El poblamiento alrededor del comando militar ha crecido desde que se inauguró el centro incinerador: hay nuevos complejos residenciales, restaurantes y el parque Aquaventura Park. Por otro lado, el horno pirolítico había dejado de ser amigable con el ambiente con el pasar de los años, porque las piezas encargadas de evitar la contaminación se deterioraron. El dispositivo representó, entonces, un peligro para la comunidad y la ONA cerró sus puertas. “Nosotros como Estado podemos depender de las empresas del Estado”, indica la fuente del Comando de Zona 11, en referencia a las incineraciones alternativas en cementeras públicas. La oferta industrial del Estado no parece suficiente para paliar la paralización de los hornos de la ONA. Los anuncios de autoridades antidrogas y cuerpos de seguridad exponen el uso de hornos de empresas privadas, como “Cementos Catatumbo” en Zulia y “Laminados de Venezuela” en Táchira, para quemar drogas.

Un documento de las Naciones Unidas sobre “Directrices para el manejo y eliminación seguros de los productos químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas”, publicado en 2012, avala la variedad de métodos para eliminar drogas —encapsulación en fosas, quemas al aire libre, incineración en plantas industriales existentes— pero en Venezuela eso implica un retroceso. No ha habido anuncios o reportes públicos sobre el estatus de la red de centros de incineración o sobre la reactivación de los hornos. “El director de la ONA debe explicarle al país qué rumbo toman las incautaciones de droga en Venezuela si los hornos incineradores no están funcionando”, enfatiza el diputado José Luis Pirela, quien preside la subcomisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada del Parlamento Nacional. Pirela, diputado electo por Zulia para el periodo 2016-2021, alerta sobre los riesgos de una custodia inadecuada de las drogas: “Si los hornos no funcionan, ¿qué están haciendo?, ¿la están quemando de manera silvestre?, ¿o sencillamente hay unos esquemas parciales de que se quema una parte sí y otra parte no?, ¿dónde está el rumbo, dónde está el destino? Es obligatorio que lo expliquen o estaremos en la necesidad de presentar una denuncia ante instancias internacionales en materia de lucha antinarcóticos”.

El “PUENTE” SE MANTIENE A PESAR DE LA EXPULSIÓN DE LA DEA

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza una vez más, la práctica inmoral e intervencionista de la élite dominante de los Estados Unidos de América”, indicó la cancillería venezolana a través de un comunicado, el 10 de agosto de 2019. “En esta ocasión, Estados Unidos ha incluido a Venezuela en su hipócrita lista de principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas, cuando es ampliamente sabido que el flagelo del narcotráfico tiene como principal impulso el desenfrenado nivel de consumo y comercialización de las sustancias ilícitas dentro de los Estados Unidos”. El día anterior, 9 de agosto, el gobierno de Donald Trump reprobó a Venezuela y a Bolivia en su evaluación anual de actuaciones en el mundo contra el narcotráfico. El presidente estadounidense consideró que en los últimos 12 meses no cumplieron con obligaciones internacionales contra el tráfico de estupefacientes.

Las pautas internacionales para combatir el problema de las drogas están establecidas en tres tratados: la Convención sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada en 1972), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. A más de 30 años de las regulaciones, la eficiencia del enfoque prohibicionista y su respeto a los derechos humanos están en discusión.

La consolidación de Estados Unidos como potencia tras la Segunda Guerra Mundial favoreció su liderazgo —entre otros asuntos— en el tema de las drogas, y la directriz apuntó a restringir su uso a fines médicos y terapéuticos. La demanda de las drogas ilegalizadas, sin embargo, aumentó en los países desarrollados y en respuesta surgió un negocio multimillonario de grupos delictivos, conocidos como ‘cárteles’, para satisfacer esa demanda. El esquema criminal se desarrolló bajo operaciones de producción y transporte ilícitos de drogas, desde países donde se cultivaban tradicionalmente las plantas de las que se extraen los estupefacientes. La rápida expansión del narcotráfico llevó en 1971 al presidente estadounidense Richard Nixon a declarar (y acuñar el término de) la ‘guerra contra las drogas’, la política represiva que perdura en el mundo actual.

Bajo el mandato de Nixon, el Departamento de Justicia de Estados Unidos creó la Administración para el Control de Drogas —mejor conocida como DEA, por sus siglas en inglés— como agencia encargada de las labores de inteligencia antidrogas a escala nacional y en el extranjero. La DEA tiene oficinas en más de sesenta países para investigar y desmantelar operaciones de contrabando de drogas. “No es imprescindible”, dijo en 2005 el presidente Hugo Chávez cuando expulsó de Venezuela a la representación de la DEA por presunto espionaje. “La DEA estaba utilizando como máscara la lucha contra el narcotráfico para incluso apoyar al narcotráfico, para hacer inteligencia en Venezuela contra el gobierno”, afirmó el mandatario. Las autoridades de Estados Unidos atribuyeron la decisión a falta de interés en combatir el narcotráfico y, desde entonces, las acusaciones mutuas entre ambos gobiernos sobre el tema no han cesado.

El gobierno asegura mayores logros de lucha contra el narcotráfico en Venezuela desde la expulsión de la DEA. El indicador más celebrado consiste en las incautaciones de droga en territorio nacional: los reportes oficiales distinguen los periodos con y sin la DEA para destacar el incremento de los decomisos en los últimos años. “La DEA hasta 2005, cuando operaba aquí, solo decomisó 43 toneladas de droga promedio al año. Luego de la DEA, logramos duplicar la cifra de incautación de distintas drogas en el territorio nacional, lo elevamos luego de que ellos cesaran sus funciones acá”, declaró Tareck El Aissami, actual vicepresidente del Área Económica de Venezuela, incluido desde julio de 2019 en la lista de los fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), por presuntos delitos de narcotráfico.

El Aissami estaba a cargo del Ministerio de Interior y Justicia cuando en Venezuela se creó la red de centros de incineración con los hornos pirolíticos. Los planes oficiales siguientes, no obstante, implicaban retos institucionales para garantizar la efectiva destrucción de lo decomisado: “Es necesario implementar mecanismos para fortalecer los dispositivos que se ejecutan en el ámbito judicial, con especial énfasis al destino de las sustancias incautadas (drogas o precursores químicos), fundamentalmente en el seguimiento y control de la cadena de custodia, hasta su incineración en el caso de drogas”, registra el Plan Nacional Antidrogas 2015-2019.

En 2015, año en que la ONA celebró un récord en sus incautaciones, altos funcionarios de Estados Unidos identificaban a Venezuela como el primer trecho de la ruta de las drogas procedentes de Colombia: “Sabemos que hay mucha cocaína saliendo de ese territorio hacia el mercado mundial”, dijo en junio de ese año John F. Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, durante la XXII Conferencia Internacional contra las Drogas. “Más de la mitad del producto ilícito de Colombia pasa por el territorio de ese país vecino (…) Los narcotraficantes han decidido que es la ruta más económica y eficiente”, declaró luego en noviembre William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, al diario El Tiempo de Colombia.

La cancillería venezolana emitió un comunicado el 4 de junio de 2015 para rechazar los cuestionamientos estadounidenses hacia la gestión nacional antidrogas, e insistió en afirmar que la presencia de la DEA en Venezuela no era necesaria: “Venezuela ha logrado incautar un promedio de 55,7 toneladas de droga al año (…) Esta estadística configura un aumento del 60 por ciento en la efectividad de la incautación promedio por año en comparación al momento en que la DEA mantenía las operaciones en nuestro país”.

El récord de incautación anunciado en 2015 (de 79.685,45 kilogramos de drogas) mermó en las estadísticas oficiales más recientes de la ONA. El Plan Nacional Antidrogas 2019-2025, aprobado en Gaceta Oficial en julio de 2019, indica que en el año 2015 se incautaron 34.658 kilogramos de drogas. Ello significa que al menos 45 toneladas —el diferencial no incinerado en 2015— desaparecen de la custodia oficial reportada por los organismos de seguridad. Hasta la fecha no hay respuesta a solicitudes de entrevista dirigidas el pasado 13 de noviembre al general de brigada Alberto Matheus, jefe de la ONA, al coronel Ramón Astudillo, director de Reducción de la Oferta del mismo organismo, y al fiscal general William Saab.

“Si no hay una aclaratoria sobre esta materia, hay razones para pensar que esas incautaciones vuelven al mercado, lo cual es una irregularidad muy grave. El director de la ONA tiene que pronunciarse”, señala el diputado Macario González, electo por el estado Lara para el periodo 2016-2021 y miembro de la subcomisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional. “No solo la ONA debe dar respuesta. El Ministerio Público debe emitir un pronunciamiento en relación con la incineración de la droga”, emplaza también el diputado Pirela, quien preside la subcomisión.

La Contraloría General de la República no aborda el caso de los centros de incineración de drogas y hornos pirolíticos en los informes anuales publicados en su página web hasta 2017. La Superintendencia de Bienes Públicos tampoco menciona una fiscalización de este tipo en los informes trimestrales de 2018, únicos reportes publicados en su portal digital, a pesar de que los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos —aprobada en 2014— establecen que las propiedades de la nación no deben permanecer inactivas o privadas de su destino útil, y que deben ser preservadas con el debido mantenimiento preventivo y correctivo de forma sistemática.

El más reciente balance oficial antidrogas presume de un nuevo récord: 76 toneladas incautadas durante 2019, según declaraciones del fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el 26 de noviembre. En una rueda de prensa anterior, a mediados de este mismo año, aseguró: “La justicia venezolana ha hecho en los últimos tiempos una labor valiente y gallarda que demuestra que Venezuela va a convertirse poco a poco en un territorio libre de este tipo de flagelo”. La contención absoluta de estas sustancias en Venezuela, sin embargo, no está garantizada. .

[Tomado de http://102toneladasdedroga.efectococuyo.com.]