Contra la criminalización de la protesta en centros hospitalarios de Venezuela

Fran Tovar

Organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos universitarios expresan profunda preocupación ante la criminalización de la protesta en  los centros hospitalarios de las distintas regiones del país, donde universitarios y personal de la salud en general son víctimas de  ataques y represalias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y directivos del hospital, al momento de visibilizar la grave crisis existente dentro de las entidades de salud en Venezuela, las cuales afectan directamente el proceso formativo de profesionales del área de salud que cursan estudios de posgrado.

El 29 de junio de 2017, en el marco de la visita de una comisión de la Organización Panamericana de Salud (OPS), un grupo de médicos estudiantes de posgrado del Hospital Universitario de Maracaibo se encontraba protestando dentro del hospital  por la crisis de falta de insumos y las  condiciones críticas de la institución. Al tratar de interactuar con los miembros de la OPS, los directivos de la entidad hospitalaria les ordenaron su salida de las instalaciones del recinto so pena de tomar acciones disciplinarias en su contra.

Por otra parte,  el 10 de mayo de 2018 civiles armados irrumpieron en el Hospital José María Vargas en la ciudad de Caracas, con la finalidad de evitar que los médicos y enfermeras protestaran por la crisis y el desabastecimiento que se padece en esta institución. Simultáneamente, un grupo de motorizados llegó a la Maternidad Concepción Palacios, al oeste de la ciudad de Caracas, arremetiendo contra  los médicos que protestaban en la calle y entregaban panfletos.

En esta misma tónica, el 14 de mayo de 2018, efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia reprimieron una protestas contra la falta de insumos médicos y criticas condiciones hospitalarias, realizada por familiares y demás miembros del equipo de salud del Hospital Adolfo Pons de la Ciudad de Maracaibo del estado Zulia. Los funcionarios detuvieron arbitrariamente a Sergio Fuenmayor y Williams Ferrer, dos médicos estudiantes de posgrado de Medicina de la Universidad del Zulia  y dos trabajadores de la referida entidad de salud.

El 1 de junio, Diego Zerpa y Wolman Granado, médicos estudiantes de postgrado en la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (Chet), estado Carabobo, fueron detenidos arbitrariamente por cargar entre sus pertenencias insumos médicos por  el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y presentados ante un tribunal en el referido estado bajo el cargo de hurto de material médico quirúrgico, resultando afectados por una medida cautelar de régimen de presentación cada 30 días ante los tribunales. Debe destacarse que los insumos médicos fueron comprados con dinero de su propio peculio, como respuesta ante la crisis de escasez de insumos en el CHET y con la finalidad de poder atender a los pacientes.

Asimismo, el martes 5 de junio de 2018 ingresaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) al Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela, agrediendo de manera física y verbal al personal docente que se encontraba dictando clases de pasantías hospitalarias y a los estudiantes de postgrado. Durante la irrupción al recinto hospitalario fue detenido de forma arbitraria e ilegal el enfermero Alfonzo Román.

En la misma fecha, en la Región Andina, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron al Doctor Marcos Méndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes y al Director de la Corporación de Salud del estado Mérida, José María De Oliveira, quienes cumplían funciones propias de su cargo al trasladar medicamentos de un centro de salud a otro, catalogado por la PNB como “contrabando de medicamentos” la acción desarrollada por los médicos.

Aunado a lo anterior, debe destacarse el impacto negativo que produce en el proceso formativo de los médicos estudiantes de posgrado la  grave carencia en los hospitales de  medicamentos, equipos  especializados e incluso insumos médicos básicos para la atención de pacientes y desarrollo de actividades inherentes al estudio de su especialización.  Asimismo, la afectación a su derecho a la manifestación sobre estos temas se erige como otro indicador de la violación al derecho a la salud en Venezuela.

Los centros universitarios de derechos humanos y demás organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente comunicado condenan las situaciones expuestas,  las cuales constituyen una violación a la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación,  reflejando un patrón del Estado venezolano dirigido a criminalizar la protesta realizada por los universitarios y personal médico en general,  quienes buscan visibilizar la inacción por parte del Estado para atender la crisis humanitaria que aqueja la nación en la actualidad.

Más de 40 ONG’s manifiestan su preocupación ante la criminalización de la protesta de universitarios en los centros hospitalarios en Venezuela

El 3 de julio de 2018, Aula Abierta en conjunto con más de 40 organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos universitarios manifestaron su preocupación ante la criminalización de la protesta en los centros hospitalarios de las distintas regiones del país, donde universitarios y personal de la salud en general han sido víctimas de ataques y represalias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y directivos del hospital, al momento de visibilizar la grave crisis existente dentro de las entidades de salud en Venezuela, las cuales afectan directamente el proceso formativo de profesionales del área de salud que cursan estudios de posgrado.

En todas las protestas pacíficas llevadas a cabo en los distintos centros de salud referidos en el comunicado, se logra vislumbrar que la principal razón para dichas protestas es el grave desabastecimiento tanto en tecnología como en medicamentos e insumos médicos que padecen los hospitales y farmacias en el país.

El comunicado destaca el impacto negativo que produce en el proceso formativo de los médicos estudiantes de posgrado la grave carencia en los hospitales de medicamentos, equipos especializados e incluso insumos médicos básicos para la atención de pacientes y desarrollo de actividades inherentes al estudio de su especialización. Asimismo, la afectación a su derecho a la manifestación sobre estos temas se erige como otro indicador de la violación al derecho a la salud en Venezuela.

En este sentido, los centros universitarios de derechos humanos y demás organizaciones de la sociedad civil que suscriben el comunicado condenan situaciones que constituyen una violación a la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, reflejando un patrón del Estado venezolano dirigido a criminalizar la protesta realizada por los universitarios y personal médico en general, quienes buscan visibilizar la inacción por parte del Estado para atender la crisis humanitaria que aqueja la nación en la actualidad.

Es importante destacar que no es solo el sector salud el que se ve afectado por los factores anteriormente expuestos; si no que más bien esta crisis humanitaria se encuentra extendida a nivel nacional y en el momento en el que la población venezolana decide hacerla visible poniendo en ejercicio el derecho a la protesta pacífica son amedrentados por los cuerpos de seguridad del estado; lo que constituye un patrón evidente de criminalización a este derecho además de lesionar otros derechos como lo son la libertad de expresión, libertad académica, autonomía universitaria y acceso a una educación de calidad como lo ha venido denunciando Aula Abierta desde el 2014.

[Tomado de http://www.costadelsolfm.net/2018/07/04/sociedad-civil-alerta-ante-criminalizacion-de-la-protesta-pacifica.]