¡Por un ferrocarril ecológico y social!

Trabajador@s y usuari@s de ferrocarril (participantes en la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas)

Nuestras organizaciones, reunidas en El Escorial del 25 al 28 de enero de 2018 en el marco del Encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas quieren expresar, en primer lugar, la más grande solidaridad con los ferroviarios y las ferroviarias italianas y con los pasajeros y las pasajeras que han sufrido el terrible descarrilamiento del tren de la línea Cremona-Milán el pasado jueves 25 de enero de 2018.

Reafirmamos la importancia de tener un sistema ferroviario seguro y condenamos las políticas nacionales e internacionales que privatizan todas las infraestructuras ferroviarias, ya que son responsables de las catástrofes ferroviarias. El deterioro de la seguridad en las vías de tren —en 2017 se produjeron graves accidentes en Italia, en Grecia, en India, en Canadá, en España, en Francia, en Bélgica, en Egipto, en Senegal...— muestra la obligación y la urgencia de disponer de un servicio público de ferrocarriles en nuestros países y en tener empresas únicas más seguras y más eficaces, en lugar de múltiples empresas privadas, cada una con protocolos propios de seguridad diferentes.

Frente a la automatización: ¡mantengamos los empleos!

Los patrones del sector ferroviario están suprimiendo decenas de miles de empleos a través de una política de supresión de toda presencia humana. Todos los oficios del sector ferroviario se están viendo afectados por esta política de automatización y deshumanización en la conducción, las estaciones, los trenes, la supervisión de las infraestructuras, la gestión de la circulación, etc. Esta política se hace en contra de nuestros empleos, de la calidad del servicio a los usuarios y las usuarias, de la seguridad en los ferrocarriles y de la capacidad de las personas que trabajan en este sector para hacerlo funcionar por sí mismas.

Igualdad de derechos para todas para evitar el dumping social

El servicio público ferroviario incluye también la reparación de los trenes, la limpieza de los vagones y de las estaciones, todos los servicios de atención a las personas usuarias o el mantenimiento de las vías y las instalaciones. No existe razón alguna para que las personas que trabajan en estos ámbitos no tengan los mismos derechos sociales que el resto de las personas que trabajan en otros ámbitos del sector. Reivindicamos igualdad de derechos para todas las personas del sector ferroviario, basados en el Estatuto del Sector Ferroviario de la empresa pública.

Condenamos la represión antisindical que, en función de los países y de las empresas, se traduce en despidos, traslados arbitrarios, degradaciones disciplinarias, el estancamiento de la promoción profesional, etc. La combatimos y organizamos expresiones de solidaridad con aquellas de nuestras camaradas que se han visto atacadas por los patrones y los gobiernos. Nos oponemos a los ataques al derecho de huelga en todos los países, ya que entrañan una merma democrática.

¡Paremos la privatización del transporte de pasajeros y de mercancías!

En la actualidad, los gobiernos y los patrones intentan privatizar las actividades rentables para entregárselas al accionariado. Este dogma liberal no permite que el tráfico ferroviario se desarrolle. ¡Al contrario! En lugar de cooperar entre ellas, las empresas públicas de cada país hacen todo lo posible para organizar la privatización de sus vecinas. Sólo se coordinan entre ellas para crear nuevas empresas en las que las personas que trabajan en el sector ferroviario no disfrutan de las mismas condiciones.

Luchamos en todas partes contra los cierres de líneas y de estaciones. Apoyamos a nuestras camaradas de Malí y Senegal, que se encuentran en una situación de gran precariedad como consecuencia de la falta de voluntad política para mantener el tren entre Dakar y Bamako. Los ciudadanos y las ciudadanas de todos nuestros países necesitan trenes que se correspondan con las necesidades de la población y que no prioricen la alta velocidad. Se deben priorizar las redes, viajeros y viajeras y mercancías que resulten más útiles para la población, en lugar de aquellas que lo sean solo para los intereses financieros extranjeros en contra del bien común. El desarrollo del tráfico ferroviario es una necesidad social y ecológica. Es un servicio público y debe estar garantizado por empresas públicas. ¡Debemos abrir en nuestros países un debate sobre el balance de las privatizaciones, sobre su verdadero coste social, económico y medioambiental para la sociedad!

¡Otro sistema ferroviario y otra sociedad son posibles!

Los ataques contra los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo tienen su origen en las políticas económicas elaboradas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Éstas determinan las políticas sociales y de empleo en todo el planeta, como lo atestiguan los numerosos planes de “ajuste”. Estas políticas tienen por objeto, fundamentalmente, la desregulación de los servicios públicos mediante la derogación de los marcos legales existentes (derecho del trabajo, derechos sindicales, protección al medioambiente, sanidad pública, educación pública, servicios sociales para las más desfavorecidas, etc.) y su privatización. Todo ello ocurre con la complicidad de los Estados.

La privatización se corresponde con las necesidades actuales del sistema capitalista para sobrevivir, desarrollarse e imponer su modelo. Se trata de elecciones políticas, no de elecciones neutras que respondan a criterios “técnicos” o de eficacia. Dado que no es posible “reformar” este sistema, la defensa eficaz de los ferrocarriles públicos necesita luchar contra el capitalismo y tener la capacidad de proponer alternativas al servicio del interés colectivo.

Las ventajas del ferrocarril deben ser reconocidas y se deben tener en cuenta los costes sociales: el respeto al medioambiente, una ocupación menor del suelo, el servicio ofrecido a la comunidad, un consumo energético menor, una menor dependencia del petróleo, el desarrollo de la ordenación del territorio y, sobre todo, un menor riesgo de accidentes. Es necesario facilitar el acceso a los ferrocarriles, sobre todo para las personas con pocos recursos y aquellas que tienen una movilidad reducida.

El ferrocarril debe ser de propiedad pública, porque es la sociedad la que ha permitido su construcción, su desarrollo y su mantenimiento. La privatización es un desvío de un bien público en beneficio de los intereses financieros de una minoría. Estamos convencidos de que los trabajadores y las trabajadoras, así como los usuarios y las usuarias de los ferrocarriles deben gestionar directamente los ferrocarriles al servicio del interés colectivo, excluyendo de ello a los intereses capitalistas y tecnocráticos.

Ferroviarios y ferroviarias, usuarios y usuarias de Europa, África, las Américas y Asia: ¡Reforcémonos mutuamente, actuemos conjuntamente!

[Publicado originalmente en el periódico Rojo y Negro # 320, Madrid, febrero 2018. Número completo accesible en http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/rojoynegro%20320%20febrero.pdf.]