Prensa
PROVEA
1.
Militarización de la seguridad ciudadana
El artículo 332 de la Constitución
establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. La
decisión de militarizar la seguridad ciudadana es absolutamente contraria a lo
consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los
estándares internacionales sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y a
la Carta Magna y las regulaciones nacionales en materia de actuación policial.
Históricamente Provea, y el resto de las organizaciones de derechos humanos del
país, han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de
seguridad ciudadana y de control del orden público. La sentencia contra
Venezuela por el caso “El Caracazo”, dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares
solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los
cuerpos policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados
para realizar labores de seguridad ciudadana. Al contrario, están entrenados
física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que
perciben como “enemigo”.
Fortalecer la visión militarista y las
prácticas de “mano dura”, debilitan el concepto de seguridad ciudadana y
obstruyen los necesarios consensos democráticos para avanzar en la adopción de políticas
públicas, que ayuden a superar los altos índices de violencia y criminalidad en
el país. El gobierno insiste en amplificar la visión del enemigo externo e
interno -propia de la doctrina de seguridad nacional- y en reforzar la lógica
belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales,
para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios
policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la
primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos.
Esta militarización de la seguridad ciudadana amparada en la doctrina de
seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales toda
vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa”
contra un “enemigo interno” que resulta
ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos
delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o
cualquier otro.
Según ha dicho la CIDH “Los gobiernos
autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las
últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados
en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una
situación de permanente reproducción de la violencia”. El concepto de seguridad
ciudadana, desde una visión democrática y respetuosa de los derechos humanos,
es la superación de la visión autoritaria y militarista que marcó la actuación
de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya
actuación –durante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad
nacional. Continuar el camino del autoritarismo, erosionará aún más el Estado
de Derecho y generará más violaciones de derechos humanos y sufrimientos a la
ciudadanía.
2.
Aliento a la comisión de abusos
“A la violencia y el terrorismo se le
debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe
preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos,
antes de que actúen los terroristas…”. Estas palabras fueron pronunciadas por
el Presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el acto de juramentación
de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista” del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), realizado el 25 de agosto de 2016 en
Barlovento, estado Miranda, el Presidente Nicolás Maduro extendió una
felicitación vía telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a
la comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios
del referido cuerpo policial.
[Video con la voz de Nicolás Maduro
alentando a las fuerzas represivas para que cometan abusos en https://youtu.be/QnaLYuf0WzE.]
El artículo 2 de la Constitución Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela consagra al país como un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, en el que se propugnan como
“valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos,
la ética y el pluralismo político”. Asimismo, el artículo 43 de la CRBV
consagra la inviolabilidad del derecho a la vida, estableciendo además que “(…)
Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”.
Por su parte el artículo 55 de la Carta Magna establece el deber de los cuerpos
de seguridad del Estado de respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas
las personas”. El presidente de la República y los altos funcionarios del
Estado han estimulado la violación del derecho a la vida por parte de los
agentes de la fuerza pública, bajo la excusa de la lucha contra la “violencia
terrorista”.
3.
Impunidad
En Venezuela, junto a la pobreza, la
impunidad es la mayor violación de derechos humanos. Provea ha afirmado
numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural. La propia Fiscal
General de la República Luisa Ortega Díaz ha reconocido que la cifra de
impunidad en materia de delitos comunes alcanza el 92% de los casos y en
violaciones de derechos humanos, se sitúa en 98%. El irregular funcionamiento
del Sistema de Administración de Justicia y el copamiento de la
institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la
mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se
generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son
sancionados. Esta situación afecta especialmente a los más pobres.
En noviembre pasado, durante la
interposición de la denuncia contra Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López,
Néstor Reverol, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres, ante la
Corte Penal Internacional por su presunta comisión de delitos de Lesa
Humanidad, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que de
acuerdo a la data levantada por el Ministerio Público venezolano, 8.291
personas habría sido asesinadas por agentes de la fuerza pública entre enero de
2015 y junio de 2017. La Fiscal detalló que en 2015 habrían sido asesinadas
1.777 personas por funcionarios militares y policiales, en 2016 el número de
asesinatos ascendió a 4.667 personas, y hasta junio de 2017 unas 1.847 personas
habrían sido asesinadas por agentes de la fuerza pública, según dijo la Fiscal
en el marco de “un plan que persigue el gobierno de limpieza social”. Ortega
Díaz también reiteró la información suministrada en el Informe Anual del
Ministerio Público de 2016 en el que se señaló que desde el inicio del
Operativo de Liberación del Pueblo en junio de 2015, hasta diciembre de 2016,
512 personas fueron asesinadas por funcionarios policiales y militares, la
mayoría de dichas muertes se habría producido bajo la figura de ejecuciones
extrajudiciales que posteriormente fueron presentadas ante la opinión pública
como “muertes por enfrentamiento”.
4.
Asunción del terrorismo de Estado
La dictadura de Maduro ha asumido
abiertamente practicas de terrorismo de Estado para infundir temor en la
población e inhibirla de expresar su malestar ante la grave situación que vive
el país. La extinción del Estado de Derecho mediante la ampliación de un cerco
jurídico que restringe los derechos de manifestación, asociación y libre
expresión; la respuesta cada vez más autoritaria a la conflictividad social
mediante la criminalización y represión a manifestantes y disidentes políticos;
y la abolición de la Constitución Nacional mediante la construcción de una
“legalidad” e “institucionalidad” alterna, han allanado el camino para que la
dictadura aplique más fuerza para someter al pueblo a condiciones dramáticas de
subsistencia. Allanamientos ilegales, detenciones masivas y arbitrarias,
desapariciones forzadas temporales de detenidos, aplicación de justicia
militar, uso excesivo de la fuerza en la gestión de manifestaciones, entre
otras prácticas, forman parte del repertorio represivo de la dictadura en materia
de seguridad ciudadana y control del orden público.
Nada ha cambiado en “revolución”. Por el
contrario, se repiten las prácticas represivas de la llamada “IV República”,
con el agravante de que la crisis económica y social que padecen los
venezolanos es la más grave de nuestra historia, y lo más penoso, se registra
luego de un largo período de ingresos económicos sin precedentes en el país.
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