Universidades en Venezuela víctimas de acoso y agresiones gubernamentales

Oriana Faoro (Correo del Caroní)

El informe: “El pensamiento bajo amenaza: Situación de libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela”, es una iniciativa inédita a nivel nacional e internacional, presentado este mes por la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos, bajo la dirección del centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Es un documento compilatorio de las violaciones al derecho a la educación y a la libertad de pensamiento dentro del sistema de educación superior venezolano, promovido desde el Ejecutivo nacional como herramienta para preservarse en el poder. La relatoría no solo destaca las vulneraciones a las universidades autónomas o la opresión a las universidades nacionales experimentales, sino que exalta los vicios generados a partir de la fundación de un sistema de educación paralelo a partir de la Misión Sucre, en 2003, dispuesto a ideologizar y sesgar los criterios de admisión usando al “socialismo”.

En la investigación participaron: la cátedra de Periodismo y Derechos Humanos de la UCAB Guayana; el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, su equivalente de la Universidad Metropolitana; la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia; el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes; y el Proyecto de Extensión, Visibilización y Educación en Derechos Humanos de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo. El director de la organización Cívilis, Derechos Humanos, Jo D’Elia, fue consultor del proyecto, que tomó como referente las líneas de la ONG internacional Scholars at Risk, pionera en la defensa de la libertad académica.

Inicios

En 2003 el Ejecutivo crea la Misión Sucre, con la que surge la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y, con ello, “el comienzo del desconocimiento y desmontaje progresivo del marco jurídico en el que sustentaba la autonomía universitaria y la libertad académica”.

El “sesgo ideológico explícito” que se documenta en el informe incluye la creación, en 2008, de los “Programas Nacionales de Formación” para los docentes, que empiezan a mezclar la academia con el I Plan Socialista 2007-2014. Los pasos siguientes fue reformar la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Universidades, bajo la misma premisa de fortalecer el aparato ideológico del Gobierno.

Creaciones de gremios paralelos a los tradicionales, para enfrentar a quienes protestaron en contra de las medidas impuestas por el Ejecutivo, fue el siguiente paso para golpear la autonomía del sector universitario. Así, frente a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), nació la Asociación de Rectores Bolivarianos (Arbol); frente a la Federación Nacional de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), nació la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Fetrauve). Con ello, el Estado pudo imponer contrataciones colectivas únicas condescendientes con los planes ministeriales y no con las demandas de docentes y empleados, que reclamaban mayor presupuesto para las universidades y salarios dignos.

Finalmente, en el II Plan Socialista de la Patria 2013 – 2019, se señala que “las universidades deben transformarse radicalmente a fin de servir para la profundización de la revolución bolivariana y señala expresamente que la investigación académica debe estar al servicio del socialismo”.

Persecución política y protestas universitarias

El documento explica que durante 2014 y 2017, los estudiantes universitarios fueron presa de detenciones arbitrarias durante las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Se institucionalizaron los términos de “golpistas”, “terroristas” y violentos hacia los jóvenes participantes, y “universidades de la derecha” o “fascistas” a las almas máter autónomas que además han hecho uso de su condición para mantener una posición crítica contra el autoritarismo.

Durante 2014, fueron reprimidas unas 40 manifestaciones en la Universidad de Los Andes (ULA), y 20 más entre 2015 y 2017, resultados sorprendentes incluso para una ciudad acostumbrada a protestas estudiantiles como Mérida. En 2014 fueron 12 las manifestaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que fueron atacadas por fuerzas militares y la cifra aumentó en el contexto de protestas este año.

En el estado Bolívar, el estudiante de Medicina de la Universidad de Oriente (UDO) Augusto Puga fue asesinado dentro de su casa de estudios durante una protesta juvenil que era reprimida con disparos por la Guardia Nacional (GNB) y la Policía del estado Bolívar (PEB). Fueron 23 los estudiantes que murieron protestando en contra de Maduro, de acuerdo con el documento.

En cuanto a los docentes, en 2013 comenzaron los asedios. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas persiguen a docentes investigadores que cuestionan políticas de Estado, como ocurrió hace cuatro años con los que opinaron sobre la crisis eléctrica venezolana, o con el profesor Santiago Guevara, de la Universidad de Carabobo, en marzo de este año, acusado de “traición a la patria” por un artículo de opinión.

Acosos al rector de la ULA en Mérida por grupos oficialistas, persecución a líderes estudiantiles de oposición en universidades no autónomas y daño al patrimonio universitario se suman al panorama que vive la educación superior que no es condescendiente con el régimen. Por ejemplo, en la sede de la Unefa, en Falcón, el estudiante Leonardo Isaac Lugo fue amonestado por portar una franela alusiva a dirigentes de oposición. Las autoridades adujeron que esta fue “una falta disciplinaria grave” dentro del campus, que es un “proyecto de Chávez”. En la Unefa Caracas se registró un despido masivo de 250 trabajadores después de las primarias de la oposición en 2012, luego de cotejar sus nombres en la lista de Tascón (base de datos de participantes de “El firmazo” contra el mandato de Hugo Chávez en 2004).

Recomendaciones

Expertos en derechos humanos de ocho universidades del país recomiendan al Estado que se revisen todas las normativas y sistemas que afianzan el sectarismo ideológico y que, incluso, cambiaron criterios académicos por socioeconómicos y territoriales a la hora de asignar cupos universitarios a los estudiantes. Además, recomienda que debe mejorar la dotación de los espacios educativos en universidades públicas e incrementar sustancialmente los presupuestos asignados a las casas de estudio, cuyos recursos se van en un 80 por ciento en saldar nómina.

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