Eduardo Gudynas
En los últimos meses ha quedado en evidencia que en
América del Sur, varias de las grandes aventuras extractivistas quedaron
envueltas en tramas de corrupción. Casos como los de Petrobras en Brasil o la
minera SQM en Chile, treparon hasta los titulares de la prensa y desencadenaron
serias consecuencias políticas dentro de cada país.
Inmediatamente surgen todo tipo de preguntas:
¿cuáles son las relaciones entre los distintos extractivismos y la corrupción?
¿cómo se organizan esas redes de corrupción? ¿quiénes son los principales
participantes? ¿cuáles son las consecuencias más destacadas?
Un análisis de este tipo se aborda en el libro Extractivismos y Corrupción, que se acaba de presentar en Lima. Entre los
resultados de esa investigación se destaca que se han encontrado casos de
corrupción en todas las variedades de extractivismos, cubriendo todas sus
posibles manifestaciones (mineros, petroleros, agrícolas, forestales,
pesqueros, etc.). Ningún tipo de aprovechamiento de recurso natural parece
estar a salvo.
De la misma manera, existen casos en todos los
países sudamericanos sin excepción, incluyendo aquellos que muestran los
mejores indicadores frente a la corrupción. Es la situación de Chile, que posee
muy buenos registros de transparencia y fortaleza institucional, pero que en
los últimos años ha vivido muy serios casos de corrupción alrededor de los
extractivismos (incluyendo pagos ilegales de mineras a congresistas de todos
los partidos, tráfico de influencias en la reforma de las regalías,
irregularidades con la ley de pesca, y escandalosos manejos en el fondo del
cobre controlado por los militares).
Estos y otros hallazgos se ilustran en el libro
“Extractivismos y Corrupción”, que sigue una metodología que respeta distintos
criterios. Por un lado, sólo se tomaron en cuenta los casos confirmados por
procesos judiciales o que cuentan con clara evidencia de respaldo, para no
entrar en las controversias sobre denuncias en marcha. Por otro lado, el acento
no está puesto en individualizar culpables, sino en entender cómo funciona esa
relación entre extractivismos y corrupción. Aquí se comparten algunos de los
resultados en esta obra.
Los ámbitos, los involucrados y las dinámicas
En los extractivismos se encuentran distintas
prácticas de corrupción, como por ejemplo, sobornos para acceder a concesiones
a yacimientos mineros o petroleros; el cohecho en modificar una evaluación de
impacto ambiental; abuso de funciones para ocultar los impactos ecológicos; o
tráfico de influencias que ampara la violencia contra las comunidades locales.
Sin duda que no todos los emprendimientos
extractivos están envueltos en la corrupción, pero tampoco puede negarse que se
pueden señalar muchos ejemplos. En efecto, existen casos a lo largo de todas
las fases de los extractivismos, desde las primeras etapas de exploración y
prospección, pasando a la explotación del recurso natural, hasta los momentos
finales de abandono. De la misma manera, se registran casos en los propios
enclaves extractivos, como de las obras de infraestructura que son necesarias
(como sucede con la corrupción en los contratos de rutas y caminos), así como
en el manejo de los dineros que resultan de ese tipo de aprovechamiento de los
recursos naturales.
Asimismo, se encuentran casos de corrupción
extractivistas bajo los más diversos tipos de acceso a los recursos naturales y
propiedad empresarial, tanto en las privadas como en las estatales, mixtas e
incluso cooperativas. Por ello, es un problema que golpea tanto a gobiernos
conservadores como progresistas.
La corrupción en los extractivismos opera tanto en
el terreno de la ilegalidad, sin duda el más evidente, pero también en las
llamadas alegalidades. Este es un concepto importante y útil, ya que ilustra
los casos donde se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan
sus vacíos o limitaciones para lograr beneficios que tienen consecuencias en
contra del sentido de esa norma. Los ejemplos más conocidos son las empresas
que sacan ventajas de esas limitaciones para pagar pocos impuestos o evadirlos.
Algo similar se observa en el terreno ambiental, ya que hay emprendimientos
extractivos que atienden las formalidades pero aprovechan, por ejemplo,
ausencia de reglamentos adecuados, con lo cual persisten impactos ambientales
que supuestamente la ley esperaba controlar. La investigación muestra que la
corrupción parecería operar para ampliar el campo de las alegalidades.
Se puede señalar que es común que la corrupción en
los extractivismos se organiza en redes, donde pueden actuar muy diversos
actores, y que entre ellos fluye no sólo dinero, sino también información y
relaciones de poder. Como en algunos sectores extractivos las inversiones y las
ganancias son enormes, ese dinero es un botín jugoso para los interesados en
prácticas corruptas.
Algunas de esas redes pueden alcanzar una gran
complejidad, como muestra el caso Petrobras en Brasil. En esa empresa, el
dinero de los sobreprecios se encaminaba por distintas gerencias que
correspondía a distintos partidos políticos, revelándose como mecanismos de
recaudación. La arquitectura financiera era muy complicada pero precisa; por
ejemplo, la articulación de la petrolera con Odebrecht incluía cinco
subsidiarias que enviaban el dinero a través de 14 compañías intermediarias que
operaban en al menos siete países, involucrando a centenares de personas. Las
reglas estaban muy claras, todos sabían los porcentajes que recibían los
intermediarios, los operadores y los partidos. Todo esto se mantuvo funcionando
por años, lo que muestra que contaba con una importante cobertura política.
Cuando se examinan los actores participantes en
distintos casos de corrupción en todo el continente, aparece una enorme
diversidad. Se cuentan directivos y gerentes de empresas, políticos (tanto los
que ocupan puestos dentro de un gobierno o en empresas estatales, como los que
son legisladores). Hay redes donde actúan, por ejemplo, periodistas que
trafican con la información, académicos que distorsionan estudios de impacto
ambiental u ordenamiento territorial, policías y fuerzas de seguridad que están
involucradas en la represión con violencia, y hasta integrantes de
organizaciones ciudadanas.
En efecto, posiblemente uno de los resultados más
preocupantes de la investigación fue encontrar casos de corrupción en los
extractivismos que involucraron a líderes campesinos o indígenas. Algunos de
ellos son muy conocidos (como el pedido de “lentejas” para manipular la
protesta ciudadana ante el proyecto Tía María), y otros lo son menos, pero tal
vez más graves, como el desbarranco en Bolivia del “Fondo Indígena”. Este
repartía dineros obtenidos de los hidrocarburos administrado directamente por
delegados de organizaciones campesinas e indígenas, y que terminó en un
escándalo, con dos ministros y dirigentes encarcelados, sin saberse el destino
o el uso de aproximadamente US$ 150 millones, aunque hay casos que evidencias
su destino con fines electorales.
Erosionando la democracia, comprometiendo los
derechos
Esas y otras dinámicas muestran que la corrupción
en los extractivismos penetra en distintos ámbitos de la vida política y
social. Los análisis convencionales ponen el acento en sus impactos económicos,
tales como los tributos que no se pagan o la pérdida de eficiencia. Pero esta
investigación también deja en claro que la corrupción impacta en otros ámbitos,
como los mecanismos democráticos esenciales, desde impedir el acceso a la
información a anular la igualdad entre los partidos que compiten en las
elecciones. Hay también pérdidas ecológicas y fragmentación territorial que se
amparan en la corrupción. Todos estos ejemplos muestran que al final de cuentas
lo que se deterioran son las políticas públicas.
La situación más alarmante está allí donde la
corrupción en los extractivismos incluso golpea a los derechos humanos. Hay
casos que muestran que se apela a ella por ejemplo para amparar la
criminalización de las disputas ciudadanas ante los extractivismos, mientras
otros casos señalan al tráfico de influencias para dar impunidad a fuerzas de
seguridad que asesinaron manifestantes.
El libro concluye con un mensaje de alarma. Los
extractivismos, especialmente aquellos de tercera y cuarta generación (como la
megaminería, el fracking o la explotación petrolera en áreas tropicales), por
su propia naturaleza, ofrecen muchos flancos a la corrupción, en especial
aquella donde se articulan ventajas empresariales e intereses
político-partidarios. Con ello, lo que está en riesgo sin duda son esas
pérdidas ecológicas y en las condiciones de vida, así como la fortaleza de las
políticas públicas, pero también se arriesga la calidad de nuestras democracias
y la salvaguarda de los derechos humanos.
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