Demarcación de tierras, fraude constituyente y derechos de los pueblos indígenas

José Quintero Weir

Con un evidente fraudulento proceso de votación y, sobre todo, la farsa en la presentación de resultados por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciando la “elección” de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, para la elaboración de un nuevo texto constitucional con el que el gobierno pretende sustituir la Constitución de 1999 (la de Chávez).

El régimen ha sustentado e impuesto este fraude en virtud de una supuesta “apertura al diálogo” y  “a la paz”, aunque en los hechos concretos, el “diálogo” se tradujo en unos 120 muertos en las calles, asesinados por la Guardia Nacional o por los colectivos armados por el gobierno y, “la paz”, ha sido la de los sepulcros de todos los caídos en las protestas.

Sin embargo, para todo el país (incluyendo a los chavistas y maduristas), las verdaderas razones para imponer a troche y moche esta Asamblea Nacional Constituyente se corresponde, más bien, a la necesidad de torcer a fuerza las formas establecidas en la Constitución de 1999 que, de alguna manera, impiden al Ejecutivo Nacional negociar y acordar endeudamientos del Estado sin que antes éstos sean aprobados por la Asamblea Nacional. Esto, durante todo el mandato de Chávez nunca fue un obstáculo dado que Chávez siempre contó con una mayoría parlamentaria que, además, le otorgó poderes especiales con los que prácticamente gobernó por decreto, como un “rey”. Tal absolutismo fenece con la elección de diputados en la que la oposición obtiene una mayoría calificada que le permitiría, no sólo controlar por primera vez al Ejecutivo, sino también, cambiar las reglas impuestas por la supremacía autoritaria chavista.

Es importante señalar, que esta fue la primera victoria electoral que de forma contundente la oposición obtenía frente a lo que todavía algunos ideólogos intentan sostener como “proceso revolucionario”; vale decir, en ese momento no le fue posible al CNE manipular los resultados electorales regateando cifras, pues, el hecho es que más de 14 millones de personas ciertamente votaron en esa oportunidad y la oposición obtuvo las dos terceras partes de las curules en el parlamento, cosa que nunca antes había ocurrido, planteando así, un nuevo escenario en la lucha política en el país.

Como respuesta a su evidente derrota, el régimen optó por cerrar cualquier camino de transición en beneficio de una población que ya en el momento de la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, estaba harta de una camarilla mafiosa y corrupta que les ha condenado al hambre y la miseria. En este sentido, la intelectualidad de “izquierda” en América Latina y Europa (especialmente en España), justifica todos los podridos actos de Diosdado Cabello, quien, como el demoníaco personaje de la novela Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, dirige y ejecuta cualquier atrocidad en función de impedir el libre ejercicio de la nueva Asamblea, ahora, totalmente contraria a las disposiciones del gobierno.

Es interesante el hecho que, aún sabiendo que la jugada de nombrar casi en navidad a un montón de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (algunos de ellos con prontuario criminal y, la mayoría, sin las credenciales apropiadas a los cargos que aspiraban), tratándose de un evidente bloqueo anticipado a cualquier acción legislativa de la nueva Asamblea electa con un descomunal voto mayoritario, los elementos reconocidos (o autoproclamados) como pertenecientes al “pensamiento crítico”, no sólo no cuestionaron tal acción sino que, jamás se han preguntado, ni menos explicado, el hecho de que en ese momento la oposición ganara esas elecciones, aún, por encima del CNE.

¿Por qué perdió el chavismo? ¿Por qué un pueblo, supuestamente feliz y en revolución, decidió otorgar a la oposición una mayoría calificada en la Asamblea Nacional y, por esta vía, controlar al Ejecutivo y provocar cambios en la sociedad por la vía de la institucionalidad creada por Chávez con la Constitución de 1999? La única respuesta posible a estas interrogantes es la de que la “izquierda” (como la otra mano de la derecha), también sabe callar y mentir. El hecho es que luego de esa contundente derrota del chavismo, todo lo que hasta el momento presente vivimos, incluyendo el evidente fraude en la votación y resultados de la reciente Asamblea Constituyente, parece poner sobre el tapete varias cosas:

1) Todas las victorias electorales de Chávez (a excepción de su triunfo de 1998), deben ser puestas en severa duda, y, sobre todo, la supuesta victoria por “mínimo margen” de Maduro sobre Capriles Radomski quien, dicho sea de paso, se negó a defender su supuesto triunfo en las calles, tal como le pidieron muchos de sus simpatizantes. El culillo no tiene propiedad privada.

2) Una “revolución” (tal como importantes intelectuales todavía insisten en calificar al proceso iniciado por Chávez), nada tiene que ver con “programas sociales”, “ayudas” o el simple reconocimiento de los pobres sino, sobre todo, con un verdadero proceso de transformación de las condiciones de vida que, supone, el establecimiento de nuevas relaciones sociales y de poder al interior de la sociedad en la que la autonomía económica y política de pueblos y comunidades es, ciertamente, determinante al proceso de liberación desde el sentipensar de las comunidades. De tal manera que, la derrota electoral del régimen en las elecciones parlamentarias demostraba que la sola auto-proclamación como “revolucionarios” o de “izquierdas”, apenas funcionó para justificar las calistenias intelectuales de elementos nacionales e internacionales que nunca se han jugado la vida en una partida sino que, su modo de vida siempre depende de mantener los términos de una partida en la que siempre juegan desde fuera y sin compromiso alguno con quien gana o pierde la partida.

3) El paso entre el Estado de bienestar, en el que se sustentaron todos nuestros Estados-gobiernos latinoamericanos en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, al Estado-corporativo exigido por el nuevo proceso de acumulación capitalista impuesto a partir de 1973 en todo el mundo, entre otras cosas, imponía un reordenamiento territorial global de todos los países en sus estructuras de poder y de la capacidad de negociación corporativa de esos mismos Estados con los grandes capitales por encima y en contra de las poblaciones, esto es, “nuevas Constituciones”, “nuevas repúblicas” y, por supuesto, “nuevos líderes” que, dicho sea de paso, a las grandes corporaciones energéticas o del capital financiero les valía madres si en sus discursos mediáticos resonaban como más a la “izquierda” que a la “derecha”, pues, había certeza que tales “líderes” respondían a su catalogación como elementos que, de palabra, siempre “dan por hecho lo que está por verse”.

4) Sin embargo, este mismo proceso generaría diferentes formas de “integración” (o desintegración) de los Estados-nacionales al nuevo proceso de acumulación y, por ello, diferentes han sido las reacciones y respuestas políticas de pueblos y comunidades al nuevo esquema de sometimiento. Para decirlo más claramente, más de un líder de algún partido como Acción Democrática o el Partido Social Cristiano en Venezuela, quienes por cuarenta años gobernaron bajo el discurso de la Sustitución de Importaciones, una controlada Reforma Agraria y, sobre todo, un esquema de asistencia social de acuerdo a los parámetros establecidos por la Alianza para el Progreso como vía que nos permitiría salir de la condición de país sub-desarrollado y avanzar hacia el desarrollo.

5)  Así, términos como, “subdesarrollo”-”desarrollo”; “tercer o primer mundo”; “centro-periferia”, fueron convertidos por la intelectualidad crítica de izquierda en América Latina y Europa, como epicentros conceptuales que, no sólo explicaban nuestras circunstancias de pueblos sometidos, sino que determinaban nuestro dominio como naturalmente dado. En este sentido, tanto para la derecha o la “izquierda”, nosotros, lo de abajo, sólo requeríamos de algunas políticas de asistencia pública, algunos programas de subsidio que nos permitieran sobrevivir hasta la próxima elección y, votar a favor de quien nos alargaba la vida. Nunca independencia, nunca recuperación de nuestra autonomía aunque miles de años antes del dominio colonial nos había construido como Pueblos, como Naciones.

En fin, si en verdad se quiere comprender, no sólo lo que está pasando en Venezuela, sino hace rato en toda América Latina/Abya Yala, no puede ser visto sólo como un problema de “izquierdas” o  “derechas”, lo que ya de por sí es una asunción conceptual colonial del debate político de la Europa republicana; pero los indios de este continente nada tenemos que ver con eso y, he allí, el lugar de ver que proponemos para un otro pensamiento crítico y una otra forma de resolver nuestra existencia.

Estado de Bienestar y Pueblos Indígenas en Venezuela

No vamos a echar el cuento de nuestros pueblos antes de la conquista y colonización europea, no porque no sea importante, sino porque bien claro tenemos y, sobre todo, sabemos, que todas las disciplinas “científicas” creadas por la colonialidad del saber deben su origen al sustento del espíritu de conquistadores/colonizadores que sólo embadurnando del lenguaje supuestamente inocuo de una  “ciencia sin espíritu”, pueden lograr justificar todos los crímenes que fueron capaces de cometer o de los que, en su presencia y hasta con su aprobación, otros cometieron.

Quiero decir sin ambages, que la colonialidad del poder siempre dio por hecho que la implantación colonial europea en los territorios de América/Abya Yala daba por muertos a todos los pueblos indígenas en sus esencias territoriales, esto es, en sus territorialidades. Dicho de otra manera, dieron por hecho lo que aún estaba por verse…

Fue sobre estas bases que Rómulo Betancourt, el orejón Prieto Figueroa y otros miembros de la llamada Generación del 28, dieron por hecho que la sociedad venezolana estaba en el umbral del camino que nos llevaría del “subdesarrollo al desarrollo económico”; sobre todo, porque los Estados Unidos, nuestro “principal aliado”, apenas acababa de salir militarmente triunfante de la Segunda Guerra Mundial y, además, proponía a los estados vencidos como Italia, Alemania y Japón, una vía de re-composición del mercado que, no sólo permitiría a los vencidos la posibilidad de recuperar su autonomía económica y política (siempre bajo tutela del vencedor), sino que permitiría al sistema de producción norteamericano un flujo comercial que haría posible la colocación de sus mercancías.

Fue a este proceso de re-composición del mercado capitalista mundial al que se conoció como Estado de Bienestar, pues, este implicaba, no sólo el financiamiento desde los Estados-nacionales a la inversión en infraestructuras (vías comerciales y carreteras), que permitieran el flujo de mercancías; sino que además, esto implicaba el despojo del poder de las viejas oligarquías oriundas del proceso preindependentista de España y su incorporación a los nuevos procesos de dominación económica-política y cultural desde una otra geopolítica. En este sentido, no es mera coincidencia que el derrocamiento de Isaías Medina Angarita la generan los  adecos en octubre de 1945 mediante lo que ellos denominaron como: La Revolución de Octubre, y, por supuesto, esto ameritó la sustitución del texto constitucional, esta vez, de acuerdo a las aspiraciones democráticas de los revolucionarios que hicieron posible su instauración política.

Este cambio constitucional era fundamental para las grandes empresas petroleras y, sobre todo, para el Departamento de Estado Norteamericano, pues, no sólo se trataba del momento de la definitiva sustitución de un Estado dominado por el “padrote” de una familia y que en esos mismos términos manejaba la hacienda pública, las directrices políticas de gobierno y, sobre todo, las negociaciones comerciales con las empresas petroleras, la mayoría de ellas, inglesas y holandesas.
Pero, el hecho es que para 1945, el gran victorioso militar es el Estado norteamericano y, la Inglaterra y la Holanda, dueñas de casi el 90 % de las concesiones de exploración y explotación de yacimientos  petroleros en Venezuela, no estaban en capacidad financiera de asumir los riesgos de las prospecciones previas y, mucho menos, la inversión en todo lo que se refiere a la puesta en explotación comercial de los yacimientos. Esto es importante decirlo, pues, se trata de que de manera efectiva, la presencia norteamericana y su dominio en el proceso de explotación petrolera en Venezuela se produce con contundencia, exactamente, después de 1945, puesto que en sus inicios (1898-1902), y durante casi todo el gobierno de Juan Vicente Gómez, las grandes concesiones estaban en manos de Ingleses y Holandeses; no de balde, en sus reflexiones políticas, Rómulo Betancourt recrimina a los norteamericanos por su tardía incorporación al proceso de explotación petrolera en Venezuela. Tal recriminación de Betancourt debe ser interpretada no sólo como vinculada a la cuestión de la industria petrolera en sí misma, sino sobre todo, a la complaciente actitud del Departamento de Estado Norteamericano con respecto a las violaciones a los derechos civiles y humanitarios que la dictadura de Gómez ejecutaba día a día en contra de sus detractores que, evidentemente, se encontraban más próximos a la nueva coyuntura económico-política mundial que la ya casi por fenecer dictadura militar-familiar de Gómez.

Así, a la muerte del dictador, ninguno de sus herederos (Eleazar López Contreras o Isaías Medina Angarita), pudo sostener el poder de un Estado-gobierno que, dado el nuevo contexto y dada su histórica procedencia, ninguno de ellos estaba en capacidad de mantener la memoria del dictador. Tal vez, comprendiendo este dilema, el General Medina Angarita se mostró más amplio y permitió la legalización de partidos políticos, entre ellos, el Partido Comunista; pero, tal apertura fue más un gesto obligado en función de la persistencia de los poderes, especialmente petroleros, con el que el Benemérito Gómez había dotado a sus familiares como propietarios de los yacimientos petroleros detectados por ingleses y holandeses en nuestro territorio nacional.

Dicho de otra manera, luego del “Otoño del Patriarca”, el cambio político en Venezuela no sólo debe ser comprendido como originado por la muerte del dictador, sino que el triunfo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial impone el modelo económico y la hoja de ruta del mismo, para lo cual, en América Latina, poco importaba al Departamento de Estado si quien lo imponía en su respectivo país era un gendarme militar o un civil electo por votación. En todo caso, el seguimiento del recetario marcado por una política de sustitución de importaciones que implicaba una industrialización  dependiente y fundamentalmente ensambladora, una reforma agraria dirigida al desarrollo de una agroindustria orientada al mercado internacional, y una reforma educativa que permitiera el proceso de formación de la mano de obra necesaria a tal modelo económico, era lo exigido políticamente por el imperialismo norteamericano a todos los gobiernos.

En el caso venezolano, esto ameritó cambios constitucionales que, luego de la última dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, resultó en la Constitución de 1961 impuesta por Acción Democrática, la verdad sea dicha, con un amplio respaldo popular. No obstante, la Constitución del 61, llamada también del “periodo democrático”, mantuvo aspectos impuestos por el Benemérito Juan Vicente Gómez, especialmente, los referidos al proceso de exploración petrolera y minera en los espacios territoriales indígenas; para ello, Gómez no sólo desconoció a los pueblos indígenas, sino que les calificó “legalmente”, como reductos salvajes al igual que las tierras que ocupaban; por eso, su Ley de Tierras Salvajes y Baldíos, permitía a cualquier ciudadano criollo o empresa petrolera, penetrar y colonizar, aún sometiendo a la fuerza a los “salvajes” habitantes de estos espacios territoriales del Estado venezolano.

La Constitución del 61 o marco constitucional del Estado de bienestar no se atrevió a tanto; sin embargo, mantuvo el criterio de que los pueblos indígenas representaban un reducto del pasado a ser superado, es decir, una humanidad salvaje que debía ser “civilizada” e “integrada a la sociedad nacional”, para ello, el Estado-gobierno de ese momento, dotó a las Misiones Religiosas Capuchinas de una casi absoluta autoridad sobre estos espacios y sus poblaciones en una especie de neo-encomienda colonial por la que sacerdotes capuchinos, compañías petroleras y científicos antropólogos, podían actuar de la mano para agenciar una ocupación “pacífica” o, por mejor decir, ejecutar pacíficamente el despojo y desterritorialización de los pueblos indígenas. Vale decir, la Constitución de 1961 sólo agregó a la Ley gomecista de Tierras Salvajes y Baldíos, la Ley de Misiones con la que aspiraba a ejecutar , “menos sanguinariamente”, el proceso de desintegración territorial de los pueblos indígenas en las zonas de prospección petrolera.

Podemos decir, que durante todo este proceso que abarca todo el periodo de la dictadura de Gómez, la Revolución de Octubre de los adecos, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la instauración de la llamada Democracia Representativa y su Constitución de 1961, es decir, casi un siglo (70 años); por sólo mencionar la entrega de soberanía y pérdida territorial, los pueblos indígenas previos a la existencia del Estado venezolano fueron despojados territorialmente; por sólo mencionar a dos de ellos, el pueblo añuu perdió el control territorial total de las aguas del gran lago de Maracaibo; y el pueblo barí de la Sierra de Perijá, a pesar de mantener una guerra contra las fuerzas militares del Estado-gobierno, las transnacionales petroleras y los colonos criollos hasta 1968, terminó perdiendo cerca del 70 % del total de su territorio antes de la llegada de los blancos europeos y de la República de los blancos.  Así, mientras los blancos-criollos desde los Estados-gobiernos entregaban el territorio nacional a las transnacionales petroleras inglesas, holandesas y norteamericanas los añuu y los barí, al defender sus territorios defendían lo que ahora llaman “soberanía nacional” para lo que, supuestamente, ha sido dotada militarmente la Fuerza Armada Nacional.      
III. Modelo Neo-liberal,  Reordenamiento territorial y pueblos indígenas.

El final del Estado de Bienestar y su promesa de “salida del Subdesarrollo de los países de América Latina” se establece, precisamente, con el golpe militar que derrocó al Presidente Salvador Allende de Chile, en  1973. Al parecer de los centros de poder mundial y, sobre todo, de los grandes capitales financieros, las condiciones para el re-establecimiento de los principios fundamentales del liberalismo económico en el mundo estaban dadas dado que, luego del Plan Marshall Europa había logrado restaurar su capacidad de producción y toda su infraestructura económica; al mismo tiempo, era  evidente la crisis del llamado “socialismo real”, y del poder imperial de la URSS por sobre países como Polonia, Checoeslovaquia, Hungría y la República Federal de Alemania, hasta ese momento sometidos a su bloque. De hecho, una década más adelante todos atestiguamos el reventón de la perestroika y la posterior caída del Muro de Berlín que sentenció el final del “bloque socialista” y su “promesa” de una revolución mundial y un hombre nuevo en todo el mundo.

En todo caso, para 1989, en medio de la crisis de la deuda externa adquirida por los países de América Latina, precisamente, durante la aplicación del recetario del llamado Estado de Bienestar; ahora, nos encontrábamos con que el gran poder financiero mundial nos anunciaba el fin de la Guerra Fría y “la necesidad de abrir caminos a nuevas inversiones que hicieran posible un sostenido crecimiento económico capaz de generar riquezas que nuestros Estados nacionales reformados administrarían o distribuirían, por supuesto, tomando en cuenta las necesidades de los más desfavorecidos”.

Tal cambio en la hoja de ruta, ciertamente, descalabra institucionalmente a todos los Estados-gobiernos dependientes de América Latina; por lo que, en su riesgo calculado, los grandes factores de poder sabían que enfrentarían sacudimientos sociales que, en el caso de América Latina, se manifestaron en la rebelión de febrero de 1989 en Caracas; pero también en otras regiones de Sur-América donde reaparecieron, no sólo como reacción al nuevo modelo, sino proponiendo un otro rumbo en busca de un otro destino, los pueblos indígenas de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y, sobre todo, en México con los hermanos zapatistas.
En todo caso, el “nuevo” modelo de acumulación” capitalista implicaba un re-ordenamiento territorial y una nueva re-distribución internacional del trabajo, pues, el desarrollo tecnológico, ciertamente, había establecido nuevas formas de producción y, en consecuencia, nuevos elementos materiales para la producción que, en efecto, sepultaban al modelo fordista de producción industrial, pero sobre todo, el uso de nuevas materias primas minerales y biológicas que, en el caso de Venezuela y América Latina se encuentran en el subsuelo de espacios territoriales ocupados por pueblos originarios.

Así, pensar que los grandes factores de poder no calcularan el hecho de que al desechar el modelo impuesto como Estado de bienestar e imponer el nuevo modelo “neo-liberal” produciría un sismo institucional de los Estados-gobiernos nacionales que antes, ellos mismos habían contribuido a crear y fortalecer, no sólo sería un error de ingenuidad política imperdonable, sino también, expresión de  la disposición a mantener la continuidad de la visión colonial y de la naturalización de toda colonialidad en contra de los pueblos originarios que ahora, se mostraba en lucha en las calles y montañas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y México, dispuestos a negar con su inesperado re-surgir, la posibilidad real de vida de todos en todo el continente.

Por este camino, que las viejas familias oligarcas de Ecuador o de Bolívia aceptaran un levantamiento indígena con cierre de las principales carreteras que llevan a Quito o a La Paz, poniendo en jaque al gobierno de los Estados de Ecuador o de Bolivia, resultaba realmente impensable y, más aún, que esta fuerza indígena fuera capaz de empujar a la definitiva caída de gobiernos en esos dos países era del todo mucho más impensable todavía.

Nos referirnos al hecho de que a comienzos de los años noventa, en medio de la instauración del recetario del Consenso de Washington, ni la derecha ni la “izquierda” daba por cierta la posibilidad de que unos indios, muy antes dados por muertos, aparecieran de pronto, no sólo vivos, sino dispuestos a luchar como si del tiempo de enfrentar a los primeros conquistadores europeos se tratara. Es decir, como un hecho de emergencia dada la posibilidad de su ausencia definitiva, los pueblos indígenas de toda Abya Yala pusieron el acento en la necesidad de una verdadera transformación social en todo el continente.

Sin embargo, en palabras de Zitarrosa: “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”; así que muy a pesar de lo que desde el poder tanto la derecha o la “izquierda” dieron como un hecho la desaparición de los pueblos indígenas, ya por su olímpico desconocimiento o por su liquidación material, para lo que no importaba si quien estaba en la presidencia era oriundo del Partido Socialista de Chile o del mismo Pinochet, de la “izquierda” o de la Triple A del “Peronismo” en Argentina, en fin, que poblaciones culturalmente insoportables al poder de los blancos criollos, justamente hoy, en medio de la crisis de poder del Estado-gobierno criollo, se erijan como camino alternativo para la reconstrucción de todos como un sólo nosotros resulta, a su parecer, anti-histórico y, por lo tanto, inaceptable.

Por otro lado, el cambio tecnológico y la necesidad de abrir espacios al flujo de los capitales en áreas y regiones territoriales no consideradas en el contexto de la producción industrial del periodo del Estado de bienestar, resultaba hoy fundamental a la nueva etapa de acumulación capitalista; por ello, la necesidad de reformas y cambios constitucionales era una política fundamental al nuevo proceso. Por ello, a lo largo de todo el continente y durante toda la década que va de 1989 a 1999, se producen en casi la totalidad de países de Suramérica cambios constitucionales unas veces empujados por la acción política de movimientos sociales; pero también, respondiendo a la solicitud de garantías jurídico-políticas de los grandes capitales financieros.

Venezuela es el último de los países en cambiar su Constitución Nacional, lo que ocurre posterior a la victoria indiscutible de Chávez en 1998; la misma fue aprobada en referendo en 1999 y, tal vez, lo más importante del texto de la misma lo constituye el hecho de que, todo un capítulo de la misma está dedicado al reconocimiento de los “pueblos” indígenas lo que, ciertamente, ponía en evidencia la diferencia del contexto político al que respondía esta Constitución con respecto a la orientación de la Constitución de 1961 a la que sustituía. Esto es importante tenerlo claro, pues, en efecto, a diferencia de Bolívia, Ecuador, Brasil e incluso, Colombia, la población indígena de Venezuela, por casi más de 400 años había sido negada en su existencia real, pues, a lo sumo representa hoy del 8 al 10% de la población total del país, como para que todo un capítulo de la nueva Constitución Nacional fuera dedicada a establecer sus derechos.

Por ello, este novedoso capítulo constitucional fue motivo de grandes debates en la Asamblea Constituyente de ese entonces; discusiones en las que muchas máscaras cayeron dejando al descubierto los rostros verdaderos de los supuestos revolucionarios que acompañaban a Chávez en su “gesta”; pero también, dejaban en claro los verdaderos propósitos de la supuesta “revolución” en marcha. De hecho, al momento de la definición constitucional de las 26 naciones indígenas que en territorio venezolano existen, el constituyente, atendiendo a la oposición de elementos como el General Visconti (jefe del levantamiento militar del 27 de Noviembre de 1992), quien se oponía a otorgar tal reconocimiento a “los indios”; coincidiendo en esto con los únicos tres diputados constituyentes pertenecientes a fuerzas opositoras a Chávez como el Editor Jorge Olavarría, el ex-adeco Claudio Fermín, y otro más que ha desaparecido de mi memoria, pues, a su parecer, la condición de pueblo otorgaba a los indígenas derechos políticos  por encima de su número poblacional.

Así, la Constitución Nacional Bolivariana de Chávez, en un saludo a la bandera, termina por reconocer la existencia de 26 “pueblos” indígenas en Venezuela; sin embargo, el mismo texto constitucional deja en claro que el término “pueblo” asumido en la misma es ajeno a las obligaciones políticas del Estado en relación a los derechos políticos y territoriales que le son inherentes a la categoría “pueblo” en el contexto internacional. Así, con esta mera acotación constitucional, Chávez despojaba de un sólo plumazo a los pueblos indígenas de todos sus derechos territoriales y, al mismo tiempo, cerraba el camino a una posible reconstrucción del Estado venezolano de acuerdo a la teoría de Boaventura de Sousa, esto es, desde una perspectiva del sur.

Sin embargo, la necesidad de re-ordenar el territorio en función de la intervención de capitales sobre espacios territoriales, especialmente dotados de importantes elementos minerales para el nuevo proceso de acumulación capitalista que, en términos económico-políticos, para Chávez significaba el dominio de una renta capaz de financiar su estabilidad en el poder; pero que también, ante la demanda de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas en torno a la propiedad de la tierra, condujo a establecer en la Constitución Bolivariana como ordenamiento número ocho, la necesidad de: “demarcar todos los hábitats y tierras indígenas de todos los “pueblos” originarios existentes en nuestro país”; para ello, comisionó al Ministerio del Ambiente (en condición de Presidente de toda una Comisión Presidencial de Demarcación) para que, en el término de un máximo de dos (2) años, finiquitara tal demarcación, una vez fuera aprobada en referendo la Nueva Constitución.

Hoy día, último cuatrimestre del año 2017, ese mandato constitucional no sólo no se cumplió sino que, está a punto de ser definitivamente defenestrado por la nueva y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente impuesta por los herederos de Chávez, ahora dueños absolutos del poder político nacional. De hecho, el más importante intelectual e “insigne” asesor de “izquierda” del gobierno, Luis Britto García, anuncia que todo el capítulo de la Constitución Bolivariana dedicado a los “Pueblos Indígenas” debe ser absolutamente revisado y transformado en razón de hacer posible la liberación de las inversiones que, la mafia rusa y china están en la disposición de generar como posesión territorial en contra del imperio norteamericano pero que hoy se presentan vedados constitucionalmente a su codicia.

Si a la verdad nos remitimos, tal capítulo no constituye de fondo una visión radicalmente opuesta a la colonialidad del poder; sin embargo, si permite resquicios en los que líderes indígenas como el indio Karibe-Yukpa Sabino Romero afincó su lucha de recuperación territorial que, finalmente, le costó la vida. Ahora que, es importante decir, mucho antes del asesinato de Sabino otros líderes indígenas pemones fueron asesinados por fuerzas militares del gobierno o por elementos del hampa común que, actuando como sicarios del Cartel de drogas de los Soles pertenecientes al Alto Mando Militar que hoy día sostiene al Estado-gobierno de Maduro en el poder y que, ya por sí o por fa  involucra a casi toda la oficialidad de las llamadas fuerzas armadas de Venezuela.

Por mejor decir, lo que de población venezolana queda en este Ex-país, entre quienes nos incluimos, esperamos resistir hasta el último momento en contra de los sicarios de la “revolución de Maduro y Cabello” apoyados teóricamente por una intelectualidad europea colonialista que no ve en nosotros si no elementos a ser orientados y sometidos desde sus propias teorías y conceptos que, permitan a nuestros gorilas decidir que es tiempo de nuestra liquidación como pensantes. Por mejor decir, las justificaciones teóricas que importantes intelectuales crean para sostener su propio espíritu, son utilizadas por narco-criminales como Diosdado Cabello para justificar todos sus crímenes como parte de una “revolución” que la izquierda bendice, pero que Diosdado sólo usa sin tener nada que ver con la “izquierda” en este territorio de Abya Yala. No tenemos miedo en decirlo tan directamente, pues, ni pensamos, ni podemos huir, pues, tal como dijera en algunos de sus contestatarios poemas nuestro hermano Chino Valera Mora: soy uno de esos muertos que “no viajan tranquilos, y deciden volver / a dilucidar  el asunto que los vistió de ausencia”…  

[Tomado de http://www.ruptura.info/general/demarcacion-de-tierras-fraude-constituyente-y-derechos-de-los-pueblos-indigenas-jose-angel-quintero-weir.]