Alejandro
Torrús
(diario Público)
Madrugada del 16 de diciembre de 2014.
Exactamente 5:30 a.m. Cientos de agentes de los Mossos d'Esquadra (alrededor de
500) se despliegan en 14 locales y casas de Barcelona, Manresa y Sabadell. Los
registros también llegan a un domicilio de Madrid. La operación está dirigida
por la División de Información de los Mossos y está coordinada por la Audiencia
Nacional. Es la Operación Pandora I. Once personas son detenidas y siete de
ellas entran rápidamente en prisión incondicional. Los cargos son durísimos.
El magistrado de la Audiencia Nacional
Gómez Bérmudez les atribuye la comisión de delitos de constitución, promoción,
dirección y pertenencia a organización terrorista en relación con delitos de
tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y daños y estragos con
finalidad terrorista. La nota de prensa que los Mossos d'Esquadra remiten a los
medios hablan de la desarticulación de "una organización terrorista de
cariz anarquista a la que se le atribuyen varios atentados con artefactos
explosivos”.
Se trata de la primera operación a gran
escala contra este presunto terrorismo anarquista implantado en España. Después
vendrá la Operación Piñata, en la que serán detenidas 15 personas y cinco
entrarán en prisión; y la Operación Pandora II, en la que serán detenidas otras
nueve personas. Los cargos y la base de la acusación son prácticamente
idénticos: pertenencia a organización terrorista, daños y tenencia ilícita de
armas para uso terrorista.
En total, 33 personas fueron detenidas y
12 encarceladas en apenas un año acusadas, en su mayoría, de participar de uno
u otro modo en una presunta organización terrorista a la que se acusa de ser el
brazo operativo en España de la FAI-FRI (Federación Anarquista Informal-Frente
Revolucionario Internacional) y actuar bajo el nombre de Grupos Anarquistas
Coordinados (G.A.C.).
Esta organización terrorista tendría,
según describe el auto de la Operación Piñata que envía a prisión a cinco
personas, unos 17 miembros activos aunque habría muchos más en su órbita y
sería una especie de coordinadora de células terroristas que habrían actuado ya
en explosiones como las que tuvieron lugar en la catedral de la Almudena de
Madrid y en la basílica del Pilar (Zaragoza) en 2013.
Estas células -describe el auto-
estudiaron "ejecutar un acto delictivo con finalidad terrorista en las
fechas próximas al Acto de Coronación de Felipe VI. Asimismo, se señala que
estas organizaciones están movidas por "motivos puramente
ideológicos" y pueden "atacar todo lo que representa al Estado
español, así como a símbolos religiosos o financieros (empresas, entidades
bancarias), y con ello, ejecutar los hechos con el afán de subvertir el orden
constitucional instaurado en España". Una clara muestra de ello, dice el
auto, es la lectura de la obra Contra la democracia.
En noviembre de 2015, además, llegará
otra operación relacionada con las dos anteriores. Arrestan en Madrid a seis
jóvenes acusados de formar un peculiar grupo terrorista anarquista y vegano,
que rechazaba las drogas y el alcohol, llamado Straight Edge. Uno de los
jóvenes, de hecho, pasó hasta 14 meses en prisión de máxima seguridad con la
acusación de haber participado en la quema de cajeros.
Las operaciones policiales ponían fin a
una larga lista de advertencias de las autoridades. Apenas unos meses antes,
algunos de los principales responsables del país en materia de seguridad
advertían de los peligros del anarquismo. El que era director general de la
Policía, Ignacio Cosidó, anunciaba que "el terrorismo anarquista se había
implantado en España" y que había "riesgo de atentados",
mientras que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, culpaba a
los anarquistas de los disturbios de Gamonal. Incluso el diario El País publicó
por aquellos tiempos unos informes policiales que señalaban que "el
terrorismo ácrata" había copiado (aunque "a otro nivel") la
forma de actuar y organizarse de Al Qaeda. El diario de Prisa, de hecho, tituló
la información así: El terrorismo anarquista copia a Al Qaeda.
El auto habla de "posibles ilícitos
penales relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes o
psicotrópicas"; sabotajes bancarios o de la colocación de explosivos en
templos religiosos con la finalidad de alterar gravemente la paz pública. La
alarma policial se dejó ver en los medios de comunicación. La palabra
anarquismo se situó entre las principales noticias del día cada vez que hubo
novedades en los casos y siempre asociada a la idea de violencia y terrorismo.
Ningún
condenado
Dos años y medio después del inicio de
estas operaciones, absolutamente ninguno de los acusados e investigados ha sido
condenado por estas acusaciones. Muy al contrario, la Audiencia Nacional ha
dado serios varapalos a las operaciones y a las tesis policiales. En junio de
2016 fue sobreseída la Operación Pandora II y hace apenas una semana sucedió lo
propio Pandora I. En los dos autos se especificaba que "pese al tiempo
transcurrido no se han averiguado hechos nuevos que puedan ser estimados como
indicios suficientes".
Asimismo, la última persona encarcelada
por la Operación Piñata, por la que entraron en la cárcel 11 activistas
anarquistas, fue liberada en mayo de 2015. El auto de puesta en libertad,
además, fue muy duro con las medidas de prisión provisional decretadas
anteriormente. Así, el documento critica que la decisión de encarcelar a cinco
de los detenidos se realizó sin reflejar en el texto "indicios racionales
de la comisión de una acción delictiva" ni "la "comisión de
acciones terroristas de ningún tipo, y en concreto con el GAC, no constando esos
supuestos ataques indiscriminados ni se ha producido una situación de grave
alteración".
El auto además resaltaba que ninguno de
estos presuntos ataques, además, había imposibilitado la normal convivencia de
los ciudadanos ni había provocado una grave alteración de la paz pública.
"La escasa intensidad de los hechos atribuidos por la Policía impide
hablar de la existencia de una organización terrorista ya que no existe un
grupo coordinado, jerarquizado y estructurado; ni las acciones que se les atribuyen
tienen finalidad terrorista, sino que, normalmente, suelen responder a
protestas concretas", queda reflejado en el documento.
Por otro lado, no deja de ser curioso
que el manual Contra la democracia, descrito en los autos prácticamente como un
manual terrorista, no dice nada de nada relacionado con el terrorismo. "El
texto contiene la palabra “violencia” 9 veces y en ninguna de ellas haciendo un
llamamiento expreso a la misma sino que reflexiona sobre la violencia del
Estado o la no-violencia del ciudadano medio o para reflexionar si existiría
violencia o no en caso de desaparecer los ejércitos del mundo. La palabra
“armada” aparece 3 veces: una para referirse a la Armada Invencible, otra para
los zapatistas y otra sobre “la época en que había más lucha armada”. En ningún
momento se refieren a acciones violentas o lucha armada. “Sabotaje” no aparece
ni una sola vez", señala el abogado Daniel Amelang.
Asimismo, el auto también ataca la
presunta integración de estas personas en una organización terrorista. "La
vinculación que se lleva a cabo de estos grupos es absolutamente gratuita.
(...) No se ha acreditado la existencia de tales grupos (GAC) y mucho menos la
pertenencia a los mismos del ahora recurrente. Sus actividades eran
absolutamente legales y no tenía nada que ocultar, como lo demuestra el hecho
de que conocía que eran objeto de investigación policial", prosigue.
Una
película de ficción con el GAC
¿Pero cómo es posible que hayan pasado
por prisión cautelar sin fianza varias personas acusadas de terrorismo y que la
Justicia no haya encontrada nada contra ellas? ¿Qué buscaba la Policía? La
tesis policial consiste en que los G.A.C. son la rama española de FAI-FRI,
organización que sí que está reconocida como terrorista por las autoridades
europeas, y que diferentes grupos anarquistas del Estado español sin una
relación formal entre sí, sin conocerse, sin adiestramiento previo de ningún
tipo, aprendiendo cada uno por su cuenta, sin consignas y sin jerarquías
integran esta organización siendo todos ellos responsables de las acciones de
los otros.
¿Cómo comenzó esta historia? Las
operaciones policiales contra el anarquismo nacen en el año 2013 tras la
explosión de dos artefactos pirotécnicos en La Almudena y la basílica del
Pilar. Los dos ataques fueron reivindicados por el autodenominado Comando
Insurrecionalista Mateo Morral y dos ciudadanos chilenos fueron detenidos como
responsables de estos hechos: Franscisco Javier Solar y Mónica Andrea
Caballero.
A partir de ahí, la Policía comienza una
labor de seguimiento de las personas que los visitan en prisión y con los que
han podido mantener lazos o compartir información. La tesis es que este Comando
Insurrecionalista Mateo Morral junto con el resto de organizaciones o
colectivos anarquistas con los que tienen relación forman parte de una misma
organización terrorista que tiene como fin la "subversión del orden
constitucional". La única prueba es que sus miembros mantenían relación
entre ellos, establecían contactos y, de vez en cuando, realizaban acciones
conjuntas.
La Audiencia Nacional dicta el fin
La película de ficción de los servicios
de inteligencia de la Policía duró hasta que la Audiencia Nacional, en una
sentencia ratificada por el Supremo, condenó a los dos ciudadanos chilenos en
marzo de 2016 por sendos delitos de lesiones terroristas y daños terroristas,
pero los absolvió del delito de integración en banda armada.
La Justicia estableció que la
descripción que la Policía hacía de los GAC y de los FAI/FRI no encajaba en ni
uno solo de los requisitos establecidos en el Código Penal español para que
alguien sea condenado por integración en organización terrorista ni para que la
organización descrita, los GAC, pueda ser considerada como terrorista.
"Si se considerase a la FAI/FRI-GAC
organizaciones terroristas, serían tan defectuosas, incapaces y objetivamente
disfuncionales que ni siquiera tendrían relevancia penal. Y es que una
organización horizontal no es una organización", establece la sentencia de
la Audiencia Nacional, que también recrimina que "no se ha practicado
prueba alguna tendente a acreditar que los procesados (...) estuvieran
integrados en alguno de los llamados grupos de afinidad de FAI/FRI-GAC",
dicta la sentencia.
Con esta sentencia, los cargos contra
los anarquistas comienzan a diluirse cual azucarillo en vaso de agua. Los
acusados van saliendo de prisión y las operaciones Pandora I y Pandora II ya
han sido cerradas. Los que ayer eran una amenaza real para el terrorismo en
España, hoy están en la calle.
¿Pero
cómo es posible?
Fuentes de la Audiencia Nacional,
consultadas por Público, sobre esta sentencia explican de la siguiente manera
las razones por las que pudo ocurrir el extraño caso de una organización
terrorista sin organización ni terroristas:
"Hay varias causas explicativas.
Una, las categorías imprecisas de la ley que propician la intervención
anticipada y sin actos, basta la personalidad o peligrosidad de los sospechosos.
Dos, la existencia de aparatos burocráticos entrenados en la persecución de
delitos de terrorismo local o doméstico, el de ETA, que se han quedado
inactivos. Tres, la voluntad de presencia de esos aparatos. Cuatro, el carácter
paranoicos propio de los investigadores, que les lleva a construir una realidad
desde prejuicios o conjeturas de partida: existe el anarquismo con tendencia a
la práctica del terror".
El abogado Eduardo Gómez Cuadrado, que
defendió a parte de los acusados de la Operación Piñata, ofrece una explicación
alternativa:
"No parece baladí que esta 'causa
general' contra el movimiento anarquista haya comenzado su andadura tras unas
elecciones europeas que quebraron el bipartidismo y continúe a escasos meses de
un nuevo periodo electoral que parece acentuar esa tendencia. Tampoco parece
descabellado pensar que se hayan decidió rescatar el viejo fantasma del
'terrorismo anarquista' en un ciclo político como el que estamos viviendo en un
Estado español que viene marcado en los últimos cuatro años por un rechazo
frontal a la "cultura de la Transición", un cuestionamiento radical
de las estructuras políticas tradicionales y de una constatación incuestionable
de que vivimos desde hace décadas, si no en un Estado fallido, si al menos en uno
útil sólo para una minoría instalada en la corruptocracia".
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