J.R. López Padrino
La
respuesta del régimen a la profunda crisis política y económica que afecta al
país ha sido una represión despiadada (44 asesinados, 823 heridos y cientos de
detenidos) y la convocatoria de una fraudulenta y corporativista constituyente
comunal. Maduro y su proyecto fachobolivariano están acorralados, no sólo por
la pérdida mayoritaria del apoyo popular, sino por el rechazo que tiene en
todos los espacios de la sociedad venezolana, así como en los escenarios
internacionales. Ante esta nueva realidad, el iletrado ha recurrido a convocar
a una "constituyente corporativa" (a su medida) que no solamente le
arrebata al pueblo venezolano el derecho a la convocatoria a una Asamblea
Constituyente, sino que además falazmente ofrece solucionar los problemas que
afectan a los venezolanos como la inflación, la carestía de alimentos y
medicinas, y garantizar la paz de la República.
Hay
que enfatizar primeramente que la "constituyente corporativa"
convocada por el régimen es inconstitucional, ya que esa figura no está contemplada
en la Constitución Nacional. Además, Maduro no puede conculcar la facultad, que
le corresponde constitucionalmente al pueblo, "depositario del poder
constituyente originario" según reza en la Carta Magna, en su artículo
347. El ignorante de Miraflores pretende convocar a una constituyente sin la
consulta expresa al pueblo que, debe expresar su decisión de "transformar
el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva
Constitución", como establece el Artículo 347. Solo el pueblo tiene en sus
manos ese poder y debe expresarlo en un referendo, a los fines de que se
materialice la convocatoria. En todo caso, lo único que le atribuye la Carta
Magna al iletrado del Palacio de Misia Jacinta, es la iniciativa para la
convocatoria (Art. 348), al igual que también la tiene la Asamblea Nacional,
mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos
Municipales mediante el voto de las dos terceras de los mismos; o el 15% de los
electores inscritos en el registro civil y electoral.
En
esta convocatoria inconstitucional se utiliza el mal llamado poder comunal como
excusa para corporativizar la conformación de la nueva constituyente. Para
nadie es un secreto la impronta fascista del proyecto bolivariano y que el tan
cacareado poder comunal ha derivado en perversas correas de transmisión de las
políticas del régimen, así como en delatores (patriotas cooperantes) al
servicio de los cuerpos policiales. El poder popular lejos de ser instancias de
la soberanía popular representa estructuras minoritarias del PSUV cuyos
objetivos políticos no son otros que el sustituir el Poder Legislativo, los
partidos políticos, las alcaldías y gobernaciones, así como la propia Asamblea
Nacional. Maduro al corporativizar la conformación de la Asamblea Constituyente
pretende imponer a 250 de los 500 integrantes de la misma, es decir lograr una
mayoría constituyente a pesar de ser una minoría electoral.
Hoy
el fachochavismo a través de su llamado a la constituyente corporativista
reedita las políticas del Partido Nacional Fascista (PNF) de Benito Mussolini
quien consolidó la fascistización del Estado Italiano mediante la creación de
la Cámara de los Fascios y de las Corporaciones (1939) en sustitución de la
antigua Cámara de Diputados. Dentro del nuevo Estado corporativo facho, la
Cámara de los Fascios y de las Corporaciones se integró con representantes de
corporaciones sindicales, femeninas, culturales, familiares, municipales,
militares, docentes, deportistas, etc. designados por cancerberos del Duce para
evitar la "incomoda y no patriótica" representación de los partidos
políticos electos por la vía electoral universal, directa y secreta.
La
descabellada y fraudulenta constituyente madurista ha contado con el rechazo de
la Asamblea Nacional, de los partidos de la MUD, de la mayoría de los
ciudadanos y de la comunidad internacional. Además, de dirigentes del chavismo
como Eustoquio Contreras, y del chavismo no madurista -Nicmar Evans, Héctor
Navarro, Miguel Rodríguez Torres, Gonzalo Gómez y Toby Valderrama, entre muchos
otros-.
Al
margen de la retórica Goebbeliana del régimen, el mal llamado socialismo del
siglo XXI (entiéndase corporativismo bolivariano) persigue establecer un Estado
corporativista que impone una disciplina autoritaria a las fuerzas productivas,
borra la pluralidad política, militariza a la sociedad, impone un terrorismo de
Estado, diviniza la figura del insepulto de Sabaneta y aspira a transformar la
sociedad venezolana en un ente homogéneo y armónico, silencioso y obediente al proyecto
hegemónico bolivariano.
La
constituyente corporativa refleja el talante antidemocrático, populachero,
oscuro y falaz del fascismo tropical bolivariano. Es un paso más orientado a la
fascistización de la sociedad, a la imposición de un pensamiento militar
jerarquizado que obviamente le cerrará las puertas a la pluralidad ideológica y
a la vida democrática del país.
El
Estado corporativista bolivariano nos retrotrae a las dolorosas experiencias de
la Italia fascista del siglo XX.
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