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viernes, 17 de febrero de 2017

México: La solidaridad internacional como arma contra la prisión política



Javier Sánchez (Relaciones Internacionales; CGT ibérica)

Las cárceles son centros de exterminio del espíritu humano. Centros de confinamiento para quienes el sistema quiere aislar y contener. Son espacios que representan la quintaesencia del autoritarismo, donde los reclusos llevan una vida de sometimiento y represión constante. Son instituciones que no se preocupan de atender las causas sociales económicas de un delito, solo de castigar las acciones que se salen de los márgenes de lo que el sistema cree aceptable. O en algunos casos, para reprimir a las minorías, criminalizarlas, y apartarlas de la vida pública y del resto de la sociedad.

Es por ello que el movimiento libertario desde sus inicios, no ahorró en críticas hacia la prisión y lo que conllevaba. Denunció las condiciones de las presas y presos, la mayoría pobres y de clase trabajadora y sobre todo, señaló las verdaderas intenciones que hay tras esa superestructura esclavista. Sean políticos o sociales, las cárceles se llenan de desheredadas suya existencia disgusta al Estado.

En Chiapas, México, por poner un ejemplo, la mayoría de presos son indígenas. Muchos acusados de delitos menores, o con crímenes prefabricados, y que cumplen condenas en condiciones durísimas de vida. La mayoría son juzgados en lengua castellana, desconocida para muchos, y sus confesiones son obtenidas mediante presiones y torturas.

Fue el caso de Roberto Paciencia, indígena chiapaneco del municipio de San Pedro Polhó. Le cayó del cielo una acusación de secuestro. La víctima era el hijo de un político local que ya había fingido su secuestro anteriormente para conseguir dinero a través de su rescate. Roberto fue torturado hasta que confesó. Pasó 3 años y 4 meses preso hasta que fue liberado el 24 de noviembre de 2016. Ahora el ministerio público ha interpuesto un recurso contra su sentencia absolutoria. No le perdonan que se politizase y defendiese sus derechos y los de los demás presos durante el tiempo que duró su encierro. Lo hizo de la mano de Alejandro Díaz Sántiz, quien también fue acusado sin pruebas, torturado y encerrado. Alejandro se unió a “Los Solidarios de la Voz del Amate” un grupo de presos que se adhirió a la Sexta del EZLN y trabajó denunciando los abusos de poder dentro la prisión. A Alejandro le castigaron llevándole a un penal de máxima seguridad donde no puede tener contacto con otros presos. Temen que contagie su rebeldía.

El caso de la prisión política es especialmente cruel, ya que no siempre se castigan actos o delitos. En la mayoría de casos, se castiga el mero hecho de pensar y expresar de forma distinta al poder. Se persigue el extirpar de la sociedad los brotes de pensamiento disidente o de autoorganización. Para la derecha y la izquierda bien portada, la prisión política se acaba con el fin de las dictaduras en su sentido estético. La llegada de las democracias de estilo occidental se presupone acompañada del derecho a la libertad de expresión. La disidencia, al menos en su versión verbal, está permitida, y por lo tanto nadie está preso por sus ideas, ni por expresarlas. Pero en la práctica, las “leyes mordaza” y demás aparatos legales han construido una serie de acotamientos legales a la libertad de pensar y expresar. Y todas ellas cuidadosamente redactadas para que ni por un segundo quepa la duda de la democrática necesidad de limitar la libertad. Desde leyes antiterroristas destinadas a eliminar de un plumazo las garantías judiciales de un acusado, hasta sentencias por “apología del...” que dependen de la arbitrariedad de los jueces.

En México la práctica de la prisión política es un habitual método de contrainsurgencia Cualquier señal de pensamiento propio, de acciones de rebeldía o insumisión o de movimientos en pro de la organización y la autonomía, es susceptible de acabar encarcelado. No es necesario haber cometido un delito. Los delitos pueden fabricarse con la misma facilidad con la que se fabrican los discursos que convierten a un joven manifestante o a la portavoz de un movimiento social en un peligro para la convivencia.

Esos discursos son los que convierten a un joven como Luis Fernando Sotelo, quien se manifestó en solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa, en un criminal violento. Tal es la amenaza que supone para la sociedad, que el Estado hace malabares judiciales para poder encarcelarlo y condenarlo a 33 años de prisión, por la supuesta (ni hay pruebas ni las habrá de su culpabilidad) quema de un autobús.

Miguel Peralta es uno de los 12 presos indígenas integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, comunidad indígena mazateca. Su prisión y la de sus compañeras es el castigo por denunciar el despojo que su comunidad sufre a manos del gobierno de Oaxaca. Le detuvieron junto a las demás, acusado de asesinato. Quienes lo apresaron no llevaban uniformes ni órdenes de aprehensión. Su encarcelamiento ocurrió antes de que se le presentase ante un juez.

Álvaro Sebastián Ramírez está preso en Oaxaca desde hace veinte años. Un grupo armado atacó el pueblo de Santa Cruz Huatulco y murieron varios policías y militares. Este ataque sirvió de excusa para detener a Álvaro, quien siempre denunció las corrupciones e injusticias en la región Loxicha de Oaxaca. Se le acusó de formar parte de este grupo y condenado a prisión. No hubo pruebas en su contra, sufrió tortura e irregularidades judiciales.

Los jóvenes Fernando Bárcenas y Abraham Cortés en Ciudad de México, Santiago Moreno, Esteban Gómez y Emilio Jiménez de San Sebastián Bachajón en Chiapas, son algunos nombres más de la larga lista de presos por luchar en México.

Uno de los objetivos de la prisión política es aislar y neutralizar a quienes la sufren. Alejarles de sus comunidades, de sus compañeras y compañeros de lucha y de sus familias. Es por ello que es vital que quienes luchamos desde fuera de las prisiones, dinamitemos en la medida de lo posible sus muros, creemos grietas por donde puedan colarse la esperanza y el ánimo de lucha.

Nadie que levante la voz está a salvo de la prisión. Basta una opinión en las redes sociales, el hacerse visible en una protesta, ejercer el derecho a huelga o ayudar a los refugiados que huyen de la guerra. Es precisamente la arbitrariedad del sistema judicial lo que le hace tan peligroso. Cualquiera puede ser, nadie está a salvo. No hay precauciones que nos garanticen no ser víctima de este nivel de represión. Y debemos aprender a solidarizarnos con las y los nuestros, estén a un lado u otro de los muros. No olvidarlas. Evitar que, en definitiva, las rejas cumplan su función aisladora.

Por eso animamos a las compañeras y compañeros, afiliadas, militantes, simpatizantes, a que permanezcan atentas y atentos a la situación que viven las y los presos políticos del mundo. Es importante que no sientan abandono ninguno, que creemos una red que sostenga a quienes por luchar han perdido su libertad.

Desde el equipo de trabajo para México llevamos tiempo trabajando esto. Manteniendo correspondencia con los presos, visibilizando sus casos y dando apoyo económico puntual. Creemos, no obstante, que esta labor debería ser ampliada y que necesitamos el apoyo de toda la militancia. Pedimos que estéis atentas a las futuras campañas, que os animéis a enviar cartas a las y los presos o que organicéis actos que visibilicen su causa. En definitiva, que echemos abajo los muros de las prisiones, aunque sea de forma simbólica y desde la distancia geográfica.

[Publicado originalmente en el periódico Rojo y Negro # 309, Madrid, febrero 2017. Número completo accesible en http://rojoynegro.info/sites/default/files/ryn%20(1).pdf.]


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