Desde hace algunos años, el gobierno revolucionario en Venezuela se ha promocionado como defensor innato de los pueblos indígenas, prometiendo tierras, beneficios y “desarrollo endógeno”. Pero también ha sembrado el odio y resentimiento alrededor de los sensibles territorios fronterizos. Ha creado una ley y un ministerio Para los Pueblos Indígenas hasta ahora incapaz de velar por los derechos de estas personas, o de defender el modo de vida de etnias olvidadas. Todo este andamiaje legal ha mostrado su ineficiencia por ejemplo para declarar una emergencia sanitaria que pueda frenar lo que según testigos es uno de los mayores etnocidios de la era moderna en la zona de la Sierra de Perijá, en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Jacobo González, doctor en Epidemiología y presidente del Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Sierra de Perijá, ha estudiado por años la situación que vive esta etnia nómada, cuya precaria existencia transcurre en los estribos de la montaña que forma la frontera entre Venezuela y Colombia. González asegura que no hay cifras actualizadas de mortalidad, natalidad, letalidad infantil y mortalidad materna en los últimos tres años. Considera que en promedio, los pocos sobrevivientes de la etnia no son conscientes de la gravedad del caso de salud pública que los afecta. “Nadie en el país ni fuera de nuestras fronteras está consciente de lo que ocurre con esta etnia originaria. Nadie lleva un censo ni cifras de las pérdidas humanas de este abandono. Se están muriendo y nadie hace nada, que cada quien le coloque el nombre que quiera a esta situación, pero se están muriendo”, dice el doctor González.
Los japreria son descendientes de los caribes que confrontaron a los españoles durante la Conquista, a principios del siglo XVI. Después de 518 años de la irrupción de Europa en lo que hoy es Venezuela, se extinguen irremediablemente, en buena medida por la ineptitud de un gobierno que canceló todos los programas sociales e ignora la aparición de enfermedades como el VIH, hepatitis B, C y Delta. También son diezmados por brotes de tuberculosis, paludismo y malaria, agravados con la desnutrición y el hambre que azota al país, especialmente a estos grupos más vulnerables.
La directora del programa de control de Hepatitis y de Asuntos Indígenas del gobierno local del Zulia, María Monzón de Alcalá, ha sido la primera en alertar que en cualquier momento podría desatarse una epidemia similar a la que hubo en 1976, cuando murieron 1.400 indígenas de los 2.500 que integraban las comunidades japreria en aquél entonces. “Hay 400 casos de hepatitis B y C con agente Delta en la Sierra de Perijá que están latentes. Aún estamos controlando para que no se desarrolle, pero eso debe tener continuidad, porque si los portadores crónicos no son tratados puede iniciarse una grave epidemia definitiva que terminaría con una raza originaria”, alerta desde finales del 2016 la doctora Monzón de Alcalá, experta epidemióloga e investigadora que conoce como nadie la población indígena del estado Zulia. Estas 400 personas sobreviven con los síntomas de hepatitis D, una variante de la enfermedad que se desarrolla en pacientes que ya presentan hepatitis B y que puede producir serias complicaciones en el hígado. Sus síntomas más frecuentes son cansancio, ictericia, dolores en articulaciones y abdomen, vómitos y falta de apetito, explica la especialista.
En los japreiras la situación es más complicada por el aumento de casos de VIH. La totalidad de la población contagiada dejó de recibir tratamiento ante la desaparición de las políticas de salud del Estado y por la falta de medicamentos. El tratamiento para la Hepatitis –con interferón alfa- no elimina la enfermedad pero ayuda a una mejor evolución de la lesión hepática. Lo más sencillo, como en tantos otros asuntos de salud, es prevenir vacunando contra la Hepatitis B.
Sin asistencia
Desde hace cuatro años el equipo de epidemiología de la región solicitó al gobierno nacional la entrega de los tratamientos que son de alto costo. La respuesta ha sido escueta y a cuentagotas. El programa Barrio Adentro y el Programa Nacional de Hepatitis fueron presentados como prioritarios para la comunidad japreria, incluso decretado por los tres niveles de gobierno: nacional, regional y municipal -los tres de tendencia chavista- pero ninguno ofrece una respuesta concreta sobre los resultados o estatus del problema epidemiológico. Se desconoce incluso si tales programas están fuera de ejecución ante la desaparición por ejemplo de las jornadas de vacunación o entrega de medicinas, según testimonios aportados por los propios indígenas.
Ante la pregunta sobre la preocupación latente por las enfermedades que padecen, María González, cacica principal de la etnia japreria, considera más alarmante la falta de alimentos que está matando en lo inmediato a miembros de la tribu por desnutrición, que la propia asistencia médica que les niegan. “Antes se acercaban para vacunarnos y cortarle el pelo a los muchachos, traían bolsas con ropa y comida, pero hace tiempo que por aquí no se acerca nadie. Los muchachos cuando crecen se van porque aquí ya no hay nada que comer”, dice González.
Desde hace varios años viven en sus ranchos de tabla y lata alrededor de un complejo de pequeñas habitaciones sin concluir y en la que permanecen hacinados. La contratista de la Misión Vivienda levantó también una escuela y un dispensario que lucen abandonados, junto a los tractores y los camiones cisternas que dejaron como monumento a la desidia y el abandono. Denuncian que desde el último año no llega ningún tipo de medicamento a la zona. Mucho menos ven llegar un operativo con bolsas Clap (paquetes de alimentos racionados por el gobierno federal). Comen de los pequeños animales que cazan y del ñame y la batata que consiguen en la sierra.
Indígenas sin derechos
El profesor universitario e indígena de la etnia añú, Manuel Palmar, sostiene que los pueblos étnicos están viviendo una de las peores situaciones de su historia desde la época de la conquista española. Sus territorios se encuentran fragmentados ante el incumplimiento de las demarcaciones que alguna vez prometió el líder del proyecto revolucionario, el difunto Hugo Chávez Frías. “Si la pobreza se ha agudizado en las zonas urbanas, en los pueblos indígenas la miseria está matando a los indígenas de hambre, literalmente”, se lamenta Palmar.
El diputado indígena en la Asamblea Nacional, Virgilio Ferrer, señaló que el extinto presidente Chávez nunca fue un real abanderado de la resistencia indígena, a pesar de que inventó el término para intentar cambiar la historia sobre el encuentro violento de ambas culturas en un ensayo de reivindicación meramente discursiva. Ferrer considera que las etnias carecen de todo tipo de derechos bajo el actual modelo político. “Chávez utilizó la miseria y el nombre de los indígenas para llegar a los sectores populares que ahora se encuentran más abandonados que nunca. El gobierno venezolano dinamitó la resistencia indígena”, dijo el diputado.
El representante de los indígenas en el parlamento nacional venezolano denunció que mientras en la población yukpa aumentó la morbimortalidad materna e infantil, entre los japrerias resurgieron de nuevos estas enfermedades mortales por la falta de políticas sanitarias y de planificación de la medicina preventiva como las vacunas, el control y el cerco epidemiológico. “No hay interés en preservar los grupos indígenas, por el contrario pretenden desaparecer a las etnias más pobres y marginales. Como jefe del gobierno Maduro es el responsable directo de la desaparición de estos indígenas porque hace caso omiso al llamado de atención por las muertes que allí ocurren”, afirmó.
El alcalde del municipio Machiques, Alfonso Toto Márquez, hizo un llamado al gobierno nacional para que decrete una emergencia de salud pública en la zona fronteriza ante la crítica e inmanejable situación de hambre, miseria y enfermedades. “Estamos a las puertas de un etnocidio que tarde o temprano pesará en la conciencia de los venezolanos”, dijo. “Hay que activar la emergencia sanitaria, mejorar la salud y la educación. Hay que combatir los índices de desnutrición que son alarmantes”, es el llamado de atención del alcalde fronterizo de Machiques de Perijá, región donde están asentados los últimos japrerias.
Entre Castillete y la parte baja de la Sierra de Perijá quedan bajo la lupa la dolorosa destrucción de fincas productivas, la instauración de un largo estado de excepción con muertes y persecuciones y la creación de una burbuja como zona de distensión para los grupos insurgentes colombianos que conviven bajo la solidaridad de las autoridades. Para sobrevivir los más fuertes deben convertirse en contrabandistas de combustible o ingresar al narcotráfico muy lejos de su entorno. Los que se quedan terminan relegados al olvido y deben luchar por su vida en un país que los ha invisibilizado.
Según el último informe publicado por el ministerio para la Salud, en 2014 se notificaron 135.332 casos de VIH/Sida entre los venezolanos, 76 % de los cuales eran del sexo masculino. Desde el 2013 la población indígena es identificada como zonas con gran riesgo de contraer infecciones de VIH. Para 2015 cifras de la Fundación Azul Positivo estimaban 7.400 zulianos viviendo con VIH en Maracaibo, San Francisco y Cabimas, pero manifestaron su preocupación por los repuntes de la enfermedad en las zonas indígenas ubicadas en Mara, Guajira y Sierra de Perijá. Johan León Reyes, coordinador de Azul Positivo asegura que según reportes médicos, la zona más afectada por el alto índice de VIH y hepatitis D que se transmite por vías sexuales, corresponde a los japrerias.
[Tomado de http://elestimulo.com/blog/hambre-y-hepatitis-matan-a-los-ultimos-indigenas-japreira-en-zulia.]
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