Los falsos positivos del régimen chavomadurista

J.R. López Padrino

El escándalo de los falsos positivos estremeció la vida política de la República de Colombia a finales del 2008. Con ese nombre es como se conoce a las revelaciones que involucraron a miembros del ejército colombiano en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del enfrentamiento a grupos insurgentes en el hermano país.
 

Cientos de inocentes labriegos que nada tenían que ver con los grupos insurgentes fueron asesinados a sangre fría como parte de la tristemente célebre política de Seguridad Democrática aplicada entre otros por el hoy general retirado y convicto Mario Montoya. Dicha política no fue otra más que el asesinar a humildes campesinos residentes en zonas de conflicto (cerca de 1,000 en el lapso 2002-2008 según datos de la Fiscalía colombiana), los cuales una vez ajusticiados eran presentados como combatientes de la guerrilla -muertos en combates- a fin de demostrar lo eficiente y exitoso de las operaciones de contra-insurgencia llevadas por el ejército colombiano. Entre muchos otros ajusticiamientos a manos de soldados colombianos se conocen los de Soacha, Antioquia, Boyacá, Huila y Sucre. Hoy en Colombia hay cerca de 3.000 uniformados detenidos involucrados en la política macabra del “body count”, de los cuales 815 ya han sido condenados, contándose entre ellos oficiales superiores (generales), medios suboficiales y soldados. Algo que no deben de olvidar los milicos bolivarianos.

Pero el régimen de facto del iletrado Maduro también tiene a sus Montoyas y sus falsos positivos. Chafarotes practicantes de la política macabra del “body count” y que en nombre de la seguridad ciudadana -la misma excusa de sus colegas colombianos y los milicos de la IV República*- han asesinado a humildes moradores en las barriadas populares de las principales ciudades del país. La concepción represiva de las viejas razias policiales de los gobiernos adeco-copeyanos fue adaptada al esquema de seguridad interna facho-bolivariano dando surgimiento a los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP). Estos funestos operativos iniciados por el general Gustavo González (insigne egresado de la Escuela de las Américas) y continuados por el narco-general Néstor Reverol se han transformados en operativos de exterminio, en los cuales decenas de personas han sido aniquiladas a manos de agentes de los cuerpos de seguridad (funcionarios del Cicpc, de la PNB, y SEBIN) e integrantes de la Guardia Nacional en circunstancias un tanto extrañas.

Tanto el milico represor del modelo “matemático aritmético”, así como el narcogeneral responsable de abusos cometidos contra manifestantes (2013 y 2014), en sus “partes de guerra” siempre hablan de “enfrentamientos o resistencia a la autoridad con armas de fuego”. Esto contrasta con las continuas denuncias de familiares y testigos que aseveran que los fallecidos fueron detenidos sin que hubiesen hecho resistencia alguna y luego han aparecido en las morgues con signos de haber sido asesinados por disparos a corta distancia (quemarropa). Además, llama la atención el elevado número de “delincuentes abatidos” sin que ningún funcionario policial o militar haya resultado herido o fallecido en el desarrollo de dichas razias. Definitivamente, estamos en presencia de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un Estado forajido las cuales han sido institucionalizadas por el régimen espurio y represor de Maduro.

Más de 700 venezolanos han sido asesinados desde el inicio de estos operativos. Cientos de venezolanos inocentes, incluyendo algunos menores edad constituyen los falsos positivos del régimen presentados ante la opinión pública como peligrosos azotes de barrios. Y aunque así lo fueran en Venezuela no existe legislación que contemple la pena de muerte y muchos menos las ejecuciones extrajudiciales. Han sido asesinatos cometidos con el fin de presentar resultados con bajas (“body count”) y no detenciones en la lucha ante los altos índices de violencia. No olvidemos que en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana los cuerpos de seguridad disponen de licencia para matar como parte de su “labor patriótica”.

El régimen criminaliza a la pobreza e impone el terror en las zonas populares ante el descontento social. La militarización de la seguridad pública como eslabón fundamental de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana busca imponer una visión cuartelaría y autoritaria frente a los conflictos propios de una sociedad en crisis. Todo ello ante la complicidad del Defensor del Pueblo, a quien le preocupa más el desarrollo de su masa muscular que cumplir sus funciones como garante de los derechos de los venezolanos.
El cinismo y el descaro fachomadurista no tiene parangón en nuestra historia republicana. Pregonan el humanismo bolivariano pero sus cuerpos policiales practican operativos de exterminio -OLP- contra indefensos ciudadanos en las zonas populares. Son unos verdaderos farsantes y asesinos.

Es evidente que la profunda crisis económica, política y social del país le ha menguando al régimen y sus acólitos la capacidad de maniobra. Sin apoyo popular Maduro trata de evitar cualquier confrontación electoral (RR, elecciones regionales) y por ello recurre a la represión y a la violencia.

El fachomadurismo representa una verdadera montonera de delincuentes disfrazados de militantes revolucionarios que viven de la mentira y el engaño, la corrupción y el narcotráfico, y que “desgobiernan” al país gracias al hamponato con toga del TSJ y el ADN represivo de la pestilente bota militar.

* Hoy 29 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la masacre de El Amparo donde fueron asesinados 14 pescadores (falsos positivos) por funcionarios policiales y militares del Comando “José Antonio Páez”, durante el gobierno de Jaime Lusinchi. El Amparo fue una de las tantas operaciones de exterminio contra humildes pobladores del campo cometidas por la mafia militar conjuntamente con los organismos de seguridad durante la IV República. Los autores intelectuales y organizadores esta masacre fueron: Humberto Antonio Camejo Arias, General de División del Ejército, Comandante de la Segunda División del Ejército, asignado al CEJAP. Henry Lopez Sisco, jefe nacional de operaciones de la DISIP, quien se desempeñó años más tarde como jefe de seguridad del gobierno regional del Zulia presidido por Manuel Rosales. Enrique Vivas Qintero, Coronel del Ejército, Jefe de la Guarnición de zona donde ocurrieron los hechos. Fue el encargado de presentar los “falsos positivos” y confundir al Ministerio Público. Ramón Rodríguez Chacín capitán de navío, oficial operativo del CEJAP. Ministro del Interior y Justicia en dos oportunidades (2002 y 2008) durante los gobiernos de Chávez, Gobernador del Estado Guárico (2012) electo con el apoyo del PSUV y los partidos del Polo Patriótico.