Minería, "sindicatos" mafiosos y Arco Minero del Orinoco, combinación mortal para los indígenas del Caura

Minerva Vitti (Correo del Caroní)

Es sábado por la noche en El Playón. Los yekuanas y sánema reunidos debajo del Öttö, casa comunal de forma circular, esperan a los representantes del Gobierno. Estos indígenas provenientes de 24 comunidades, de las 49 que se ubican en el Caura, han sido convocados a la 20º Asamblea de la Organización Kuyujani, y ya tienen casi cuatro días discutiendo sobre las distintas problemáticas que los afectan en su territorio ancestral. Pero, sin duda, lo que más les preocupa es la potencial amenaza que implica la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, que comprende una superficie de 111.843,70 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 12% del territorio nacional.

Para llegar a El Playón, lugar donde los yekuana y sánema están desarrollando su asamblea anual, es preciso salir de Ciudad Bolívar a Maripa, un pueblo que ha crecido por la minería, en un recorrido de aproximadamente tres horas por carretera, y luego navegar 220 kilómetros contracorriente por el río Caura en latón, una curiara de metal, aproximadamente once horas, dependiendo de la potencia del motor, el nivel del agua y la carga. Al principio solo es vegetación de lado y lado de este río de aguas oscuras por los ácidos húmicos de la selva. Una de las primeras comunidades que aparece es Aripao, un poblado de cimarrones, donde predomina la plantación de sarrapia, un árbol que sirve para realizar remedios, perfumes y jabones. Después de aproximadamente una hora y media y del primer punto de control en Jabillal, el ambiente comienza a cambiar. Del agua emergen rocas y entre ellas aparecen los raudales, corrientes más fuertes que forman pequeños remolinos de agua. Su bravura y espuma acompañan por un buen rato el recorrido sinuoso del latón. Toda la velocidad está en el agua, que lleva a su ritmo. Pronto las mariposas amarillas comienzan a salir de los bosques. Dos horas y media después, en el raudal cinco mil, emerge una piedra enorme con una estampa en su superficie rugosa: Amelia, alcaldesa del municipio Sucre. La Serranía de Maigualida también se presenta imponente y azul a la distancia. “Dicen que ahí están las FARC”, suelta uno de los yekuana que va en el latón.

A lo largo del recorrido por el tercer río más importante de Venezuela -por su caudal- y el segundo principal tributario del río Orinoco, aparecen comunidades criollas, yekuana, sanema, piapoco, kurripaco, pemón, jivi o guajibo, en poblados como Payaraima, Puerto Cabello, Las Trincheras, La Poncha, La Ceiba, La Fortuna, Boca de Ninchare, y Surapire. También se observan pequeñas excavaciones en la orilla del río y distintas personas, indígenas y no indígenas, con sus bateas removiendo trozos de tierra y agua para ver si encuentran alguna grama de oro. “Toda el agua del Caura está contaminada”, dice Saúl López, comunicador indígena y miembro de la Organización Kuyujani, y luego hace referencia a los altos niveles de mercurio que encontraron en mujeres yekuana en un estudio realizado entre 2011 y 2012 por la Fundación La Salle y la Universidad de Oriente, con el apoyo de esta organización indígena.

Si llega la noche y aún estás en el latón aparecen insectos atraídos por la luz de la linterna que buscan entrar por oídos, boca, o nariz. Finalmente, luego del segundo punto de control en Pie de Salto, está El Playón, la última comunidad del bajo Caura a la que se accede por vía fluvial. Desde ahí se debe caminar aproximadamente seis kilómetros hasta Las Pavas (Kuyuwi), lugar donde nuevamente zarpan las curiaras hacia el resto de las comunidades del medio Caura, Erebato, y alto Caura, que pueden estar hasta a dos semanas de recorrido. Dada las distancias es de esperarse que muchos de los caciques de las comunidades más remotas apenas se estén enterando este 23 de abril de 2016 del decreto 2.248, publicado en la Gaceta Oficial el 24 de febrero, que amenaza de manera directa la existencia de los pueblos originarios que habitan en estos territorios, y la de todos los venezolanos, al atentar contra las principales fuentes de agua potable, destruir los ecosistemas, y disminuir el potencial hidroeléctrico generado naturalmente por estos cursos de agua.

Territorio prestado a la minería

La cuenca del Caura está localizada en la región de Guayana, en los municipios Sucre y Cedeño, y limita con los ríos Orinoco, Aro y Cuchivero. Su superficie, 45.336 kilómetros cuadrados, representa el 5% del territorio nacional. Conjuntamente con el agua, el valor de este territorio radica en la diversidad de ecosistemas boscosos y recursos biológicos. La flora incluye 17% de las especies conocidas en el país, más de 32% de la fauna reportada en Venezuela y 88,3% de las plantas endémicas de la Guayana venezolana, es decir que están restringidas a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta ubicación no se encuentra en otra parte. Además, es una zona que tiene en su ordenamiento territorial vigente diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), incluyendo el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal el Caura, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y Zona Protectora Sur del estado Bolívar.

Una de las primeras amenazas a esta zona surgió a finales de la década de los años noventa, cuando se propuso el trasvase del río Caura al río Paragua, lo que produjo una alarma a nivel nacional por las severas consecuencias que este plan tendría para las comunidades indígenas y en la biodiversidad de la región. “Afortunadamente dicho plan fue desdeñado y surgió la autodemarcación de la cuenca del río Caura, como hábitat de comunidades indígenas, a fin de garantizar tanto la protección del medio ambiente como el reconocimiento y protección a las culturas autóctonas que allí viven. Este proyecto sirvió de inspiración para la realización de autodemarcaciones a nivel nacional y el reconocimiento territorial indígena en la Constitución del 99”, señala Nalúa Silva, coordinadora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la UNEG, en su artículo titulado Sobre el Arco Minero y los Pueblos Indígenas (http://revistasic.gumilla.org/2016/sobre-el-arco-minero-y-los-pueblos-indigenas).

Pese a todas estas figuras de protección y a las luchas, una de las cuatro áreas del Arco Minero del Orinoco -el área dos-, ubicada entre el río Cuchivero y el río Aro, con una extensión de 17.246,16 kilómetros cuadrados, pasará por varias de las comunidades de los indígenas de la cuenca del río Caura; y de acuerdo al decreto lo que se explotaría en esta zona sería hierro y oro. La preocupación crece aún más en un contexto plagado por la minería ilegal que comenzó en 2002 pero que se agudizó en el 2006. “Los mineros comenzaron a migrar de Sifontes y El Dorado al Caura. La minería actual está en el Saltó Pará. En Maripa comenzaron a perseguir a los líderes indígenas por denunciar la situación”, asegura Mayraleno Cortés, coordinador de la Organización Kuyujani.

En un primer momento esta organización pidió apoyo al Gobierno pensando que este podía ayudar, y se crean dos proyectos: la reconversión minera, para que los mineros se dedicaran a otros oficios; y el Plan Caura, implementado en el 2010 por el Gobierno nacional para detener la devastación ambiental generada por la minería ilegal en la cuenca del río Caura, y concebido para actuar de manera integral en lo social, político y militar. Con esta política vinieron tres puntos de control, Javillal, Pie de Salto y Las Pavas (Kuyuwi), que se convirtieron en un negocio y generó problemas para los indígenas pues tenían que pagar vacuna, los amedrentaban y les quitaban cualquier cosa que llevaban para su comunidad. “Si no pagan, no pasan”, decían los militares. Para ellos todos los que pasaban por el río Caura eran mineros y mientras más controlaban, más avanzaba la minería. Ya en aquel momento se decía que para la total recuperación de este río se necesitarán más de doscientos años.

En febrero de 2015 los yekuanas de las comunidades del alto Caura, en el municipio Sucre, retuvieron contra su voluntad al comandante del Ejército en Maripa, Gianfranco Giordani Leal y a nueve soldados, por los constantes abusos y recortes en el suministro de combustible a las comunidades desde octubre de 2014: “Te voy a contar lo que pasó ahí. El comandante Giordani Leal que está en Maripa cometió un grave error, pensó que como somos un pueblo pacífico nos podía atropellar. Tuvimos que agarrarlo en la base, Pie de Salto. Y lo primero que dijimos fue que se fueran de ahí porque son gente que están robando y atracando gente, y con fusil que tienen ahí. ¿Cómo es posible que un oficial le falte el respeto al pueblo indígena, quemándole las tablas que están ahí para construir unas casas, diciendo que está cumpliendo la ley? Vinieron algunos representantes del Gobierno, incluso la misma ministra que en aquel momento era Aloha Núñez, y le dijimos si usted no saca a esta gente, ni usted ni ese helicóptero salen de aquí, porque ya basta que nos atropellen”, rememora Fabián Rodríguez, coordinador de la Seguridad Indígena, organización creada por los yekuana del Caura.

El resultado de esta retención de militares fue que quitaron el punto de control de Las Pavas (Kuyuwi), pero aún permanecen dos alcabalas que cobran vacuna, como por ejemplo los diez mil bolívares que solicitan a los mineros por cada saco de comida que pasan en las embarcaciones, o incluso 300 mil bolívares por todos los alimentos que ingresan a las minas. Otro yekuana, que prefirió mantener su identidad en secreto, cuenta que ni los propios tenientes pueden hacer algo para detener la minería ya que incluso están metidos los propios capitanes. Por ejemplo, a él le quitaron su guía para el combustible y ahora para poder obtener gasolina debe hacerlo en el mercado negro: su nueva autorización es el dinero. Paga a los militares para poder pasar a su comunidad.

Pero aquel febrero de 2015 en el Caura no era la primera vez que los indígenas del estado Bolívar retenían a los militares. El caso más sonado ocurrió en 2011 cuando pemones de Musukpa atraparon a una veintena de funcionarios explotando una mina de oro. El segundo caso de este tipo fue en febrero de 2013, en la comunidad de Urimán, donde nuevamente el pueblo pemón atrapó a castrenses a quienes acusaban de atropellos.

“Yo como cacique no he dado permiso para que trabajen en la minería. Ahora viene el gobierno con el Arco Minero. Wanadi nos dijo que vivamos como yekuana y algunos nos hemos corrompido. La minería no es nuestro trabajo. Wanadi nos está viendo desde arriba, estamos haciendo maldad, maltratando a nuestros compañeros. Yo no puedo maltratar mi tierra porque eso pertenece a mis nietos. Ellos van a sufrir”, dice Cayetano Pérez, cacique general de los pueblos yekuana y sanema, y deja clara su posición con respecto a los indígenas que practican la minería. Actualmente las minas están en Fijiriña y Yuruani, donde las comunidades más cercanas son El Playón, Kuyuwi y Entre Ríos. En estos lugares hay equipo hidráulico y bombas de 13 HP de potencia, que son de gasolina. Para abril de 2016 la grama de oro estaba en 26 mil bolívares, en El Playón.

"Sindicatos" mafiososs ejercen control en la zona

Los sindicatos también llegaron de forma inesperada. Entraron con los mineros y a los indígenas del Caura los tomó por sorpresa. La situación es compleja porque son bandas criminales que controlan la actividad minera, y la denominación de sindicatos no tiene relación alguna con la figura que los trabajadores crean para la defensa de sus intereses. Hay temor de denunciar esto fuera de las comunidades por las represalias que pueden tomar hacia ellos: “Ya lo han hecho con los criollos”, dice un yekuana.

El sindicato está a quinientos metros de la comunidad de El Playón, y a solo diez minutos de la alcabala militar Pie de Salto. Una vez los yekuanas se reunieron con el teniente y este les dijo que eso lo sabía todo el mundo y que él no podía hacer nada porque no conocía qué había detrás de eso. “Si hay dos alcabalas cómo llegan las armas y el sindicato hasta El Playón”, se pregunta otro yekuana. Lo cierto es que los indígenas no permitieron que estas personas se instalaran dentro de su comunidad. El sindicato puede verse sin mayor dificultad cuando pasa la embarcación. Ahí entre unos árboles hicieron una estructura de madera donde está su campamento. En una oportunidad la Organización Kuyujani se reunió con ellos y les dijeron que tenían que respetar a las comunidades indígenas y no atropellar. Los miembros del sindicato dijeron que si la comunidad decidía que salieran, ellos lo harían.

“Ellos son otro grupo. A nosotros nos respetan y nosotros los respetamos. Nosotros no nos metemos con nadie. Somos un pueblo pacífico. Ellos no trabajan en Fijiriña sino hacia otra zona. Hasta ahora no ha habido conflicto. Ni el mismo Estado puede entonces ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Hay que controlarlos porque tampoco los vamos a dejar libremente. Imagínate tú, hay dos alcabalas aquí, que es un organismo que debería vigilar eso”, dice Fabián Rodríguez, coordinador de la Seguridad Indígena.

Sin embargo, algunos habitantes de la comunidad reportaron que en abril un miembro del sindicato le disparó a una mujer yekuana y que los mismos irregulares la trasladaron hasta Maripa para que fuese atendida. “Allá los detuvieron y les prohibieron el paso, pero igual entraron, incluso se la pasan bebiendo con los militares. A mi primo le dispararon y le entró el tiro por la barriga y le salió por la espalda”, dice un yekuana. Los indígenas cuentan que cuando el miembro del sindicato comete este tipo de faltas es asesinado o herido en alguna parte de su cuerpo por la misma banda criminal.

En julio, algunos indígenas informaron sobre el asesinato de una pareja que quería salir de la mina, ubicada en Kuyuwi, a seis kilómetros de El Playón, sin pagar vacuna al sindicato. Ese mismo mes el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, denunció que al menos ocho personas han sido asesinadas en tres municipios de la entidad cuyos territorios pertenecen al Arco Minero. Lo que ensombrece aún más el panorama tras los hechos conocidos como la masacre de Tumeremo donde fueron presuntamente asesinados 28 mineros. Los miembros del sindicato también cobran a los mineros. Por ejemplo, si la gente tiene 200 gramas, 100 son para el jefe de este grupo y el restante se divide entre los mineros y los miembros del sindicato. Incluso esconden las pimpinas vacías dentro de la comunidad de El Playón para luego recargarlas con gasolina. “Aquí el cacique no vale, tienes que hablar con el sindicato. ¿Por qué tengo que hablar con el sindicato si tengo a mi capitán aquí? A él es que debo informar qué es lo que voy hacer y qué es lo que me está pasando. Yo no reconozco al sindicato como mi autoridad. ¿Qué son ellos y para qué son ellos, necesito saberlo?”, dice Julio Sosa, indígena pemón que trabaja como operador turístico en el río Caura.

 El Arco Minero entra al ruedo

Al Öttö llegan Indira Fernández, indígena añu y viceministra del área socioproductiva, hábitat y vivienda del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi), y su comitiva. Son casi las 8:00 de la noche. Luego de agradecer la invitación, dice que viene a escuchar las propuestas y demandas de los indígenas para articular con todos los ministerios. El primero en hablar es Alberto Aray, jefe de área administrativa Nº 2 de la cuenca del río Caura del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, que funge como asesor en la asamblea indígena. Ha sido invitado por la Organización Kuyujani para que le explique a los presentes en qué consiste el decreto 2.248 para la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO).

Es importante señalar que una de las primeras denuncias contra el Arco Minero del Orinoco la hizo la coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (Coiam) en junio de 2013. En aquel momento doce líderes indígenas viajaron a Caracas para reunirse con el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, y manifestarle su profunda preocupación por la implementación del Arco Minero del Orinoco, el Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China que incluía: el desarrollo de actividades de exploración y explotación de minerales en la región Guayana, y el Acuerdo entre el Gobierno venezolano, a través del Instituto de Geología y Minas (Ingeomin), y la empresa transnacional China Citic Group para desarrollar un mapa minero para la certificación y cuantificación de las reservas minerales de todo el país.

Aray empieza por explicar que el anuncio surge por una necesidad puntual por las bajas de los precios de petróleo y prosigue con la identificación de las cuatro áreas que conforman el Arco Minero del Orinoco. Es un hecho, el Caura está dentro del área... a churuata está llena de gente. Los ojos están fijos en cada una de las diapositivas que va pasando el asesor. Para muchos es la primera vez que escuchan esta información, que ya tiene dos meses circulando. El ingeniero explica el artículo 10 del decreto que indica que el desarrollo del plan se hará en un lapso de seis meses a partir de la fecha de publicación del decreto y los quince ministerios que desarrollarán las áreas específicas del plan. No obstante, el artículo 25, que versa sobre la prevalencia del interés general sobre intereses particulares, es quizás el más preocupante a la luz de esta asamblea indígena. En este se señala que: “Ningún interés particular, gremial, sindical de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido del presente decreto. Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la zona de desarrollo estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.Los organismos de seguridad del Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo”. Nadie habla. Solo se escucha el ruido de la planta y algunos sapos celebrando la lluvia de hace un momento.

Aray aclara que el segundo decreto 2.265, publicado el 10 de marzo de 2016, que anuncia la creación de la Comisión presidencial de desarrollo ecosocialista y salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas en la actividad minera, con carácter permanente, como órgano consultivo y asesor multidisciplinario e interinstitucional de alto nivel busca equilibrar el primer decreto (2.248) en cuanto a la presencia de comunidades indígenas que están en el AMO. Dicha comisión, encabezada por el vicepresidente Jorge Arreaza, se reunió el 5 de abril con los indígenas mapoyo en Los Pijiguaos, donde supuestamente obtuvo el respaldo de las 54 comunidades indígenas y los ocho pueblos que hacen vida en este territorio. Las comunidades se encuentran dentro del área 1 del AMO. El funcionario le dijo a los indígenas que no iban a imponer un plan en sus tierras, ni a meter empresas transnacionales.

Finalmente, el ingeniero presenta una serie de propuestas para hacer frente al AMO: 1. Realizar una reunión con la Comisión presidencial de desarrollo ecosocialista y salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas en la actividad minera. 2. Solicitar a la comisión un mapa de la zona dos del Arco Minero para determinar con exactitud las zonas del Caura que están dentro de dicho sector. 3. Elaborar una propuesta sobre la participación del pueblo yekuana-sanema en la actividad minera y presentarla a la mencionada comisión, que garantice los derechos ambientales y sociales de los pueblos indígenas. 4. Solicitar la presencia permanente de representantes indígenas del sector dentro de la comisión. 5. Revisar las leyes que hablan sobre los proyectos en pueblos indígenas y los estudios de impacto ambiental y sociocultural: Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (artículos 119, 120, 127, 129), Ley Orgánica del Ambiente (2007) (artículos 42, 48, 77, 80), Ley Penal del Ambiente (2012) y Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci). También le aclara a los indígenas un detalle básico en el marco legal, pero no por eso menos importante: el decreto del AMO, en cuanto a rango, está por debajo de la Constitución, los tratados internacionales e incluso la Lopci, todas leyes que protegen a los indígenas y sus formas de existencia. Termina la presentación y es el momento que los presentes hagan sus planteamientos.

La voz de Ramón Tomedes, líder indígena de la Organización Medewadi, es la primera en escucharse: “¿Por qué no se nos consultó ese decreto? Es un punto grave no haber hecho una consulta. Sabemos que nuestro territorio sufre una emergencia económica. Creo yo que los indígenas no podemos pagar las consecuencias de eso. Es algo como que existen nuestras riquezas y vamos a acabar todo. Será que este decreto aunará más nuestros problemas, aquí en el Caura existe la minería ilegal, este decreto la legalizará. Esto es un peligro para nosotros. Desde el 2006 no se ha logrado parar la minería. Esto ha ocurrido por el mismo Estado y me atrevo a decirlo delante de la representación del Gobierno. Esto aumentará la invasión minera en nuestro territorio”. Tomedes recuerda que en este mismo espacio le pidieron apoyo a Nohelí Pocaterra y al Gobierno para sacar a los mineros, sin obtener respuesta. “Con este decreto se legaliza la minería ilegal en el Caura. Ahora sí nos van a matar. ¿Por qué no resolver primero el problema de la minería ilegal para hacer otro proyecto? ¿Qué es lo que va a pasar con eso?”, se pregunta Asdrúbal Sarmiento, miembro de seguridad indígena de la comunidad de Las Pavas.

Luego de varias intervenciones la viceministra toma la palabra: “Nosotros hemos tenido la gran bendición de Dios y nuestros ancestros que donde vivimos los indígenas tenemos unas tierras ricas en producción y minería. Con respecto al Arco Minero tenemos que asumir una responsabilidad como Estado, que no hemos llegado hasta acá […] Pero es bueno aclarar que sin el conocimiento ni la consulta de los pueblos indígenas, el Estado no va a entrar a invadir e irrumpir con las Fuerzas Armadas y hacerse dueño. Aquí va estar una comisión de las Fuerzas Armadas pero acompañada ¿por quién? por cada uno de ustedes. En muchos países las explotaciones tienen un daño ambiental, porque todo, y el ingeniero que me corrija, hasta respirar a veces causa un daño ambiental. Como Estado lo que debemos hacer es que este sea mínimo. ¿Cómo? Con los conocimientos indígenas y algunas maquinarias que el Estado tendrá que hacer”.

Los indígenas permanecen reunidos en círculo y escuchan atentos lo que la viceministra les dice. Mientras Fernández habla las mariposas oscuras vuelan por todo el lugar y algunas atraídas por la luz artificial, encuentran su destino final en un avance suicida. Lo mismo pasa con las palabras de la funcionaria, pero esta vez los presentes no se dejan hechizar.

“¿Ustedes se acuerdan cuando Obama dijo que Venezuela era una amenaza? Ahora cuando sale el decreto Obama vuelve a decir que Venezuela es una amenaza, porque a Estados Unidos le interesa las riquezas que están en los pueblos indígenas. Siento que a lo mejor hay mucha duda de que ustedes se van a parar mañana o en un mes y van a ver que ya llegaron a echar químicos, a meter las máquinas. No, así no va ser. Si el Arco Minero no está acompañado de los conocimientos ancestrales, de las autoridades legítimas y del poder popular, ni el Estado ni las Fuerzas Armadas tienen la potestad de entrar a las comunidades indígenas […] Lo primero es la potencialidad y el desarrollo de las comunidades indígenas y que sean los voceros de las comunidades indígenas los patrones, los jefes, los dueños, los líderes, de este potencial que era ilegal y que ahora puede ser legal con la garantía de que eso que ustedes extraigan para su beneficio, también quede para el Estado y no se vaya para otros países”, prosigue la viceministra. En todo su discurso Fernández no menciona que el Gobierno no puede promover proyectos de minería sin realizar procesos de consulta previa, libre e informada, con las comunidades indígenas, como lo indica el artículo 120 de la CRBV y los artículos 11 y 59 de la Lopci; y que no se ha hecho un estudio de impacto ambiental y sociocultural. Tampoco nombra a las 150 empresas nacionales e internacionales que explotarán los recursos en territorios indígenas, ni menciona que dos semanas antes del decreto 2.248, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con atribuciones de amplio espectro para dedicarse sin limitación alguna a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. En cualquier caso, las Fuerzas Armadas no representarán el interés general en la zona, sino que tendrán un interés económico directo para que las actividades mineras no tengan ningún tipo de obstáculo.

Durante los días de la asamblea Julio Sosa, pemón y dueño del campamento turístico Las Cocuizas, ubicado sobre el río Caura, también ha manifestado su preocupación ya que su comunidad, La Poncha, está justo en los linderos del AMO. Otros poblados como Soledad y Colonial también están en riesgo, al igual que otros pueblos indígenas como los guajibos y los piapocos. “Nosotros quedamos dentro de este decreto pero se podría extender. Todavía hay respeto hacia la parte alta del Caura, allá están los indígenas y eso es caca. Ha llegado el momento de demostrar nuestra unión como líderes. Nosotros en La Poncha no podemos reclamar solos porque no va a tener validez”.

Para José Domínguez el decreto traerá transculturización y la muerte porque los militares vendrán armados. “Van a entrar 150 empresas extranjeras y eso se traduce en una depredación a nuestro ambiente. Si está cerca aumentará el paludismo. Al decir no, estamos defendiendo a otros pueblos, nuestra alimentación y nuestra economía”. Inmediatamente se unen más voces en rechazo al AMO, una de estas es la de Alberto González, yekuana de Santa María de Erebato: “Con este proyecto del Gobierno vamos a tener tres colonizaciones: la conquista de los españoles, Tomás Funes y ahora el mismo venezolano, atropellándonos a nosotros los indígenas. Con este proyecto van a entrar muchos mineros, no solo las trasnacionales, porque muchos dirán yo también tengo mi maquinita”. Lo que sucede aquella noche es un no rotundo al Arco Minero del Orinoco. A la viceministra solo le queda escuchar y los convoca a la mañana siguiente para hablar de otras demandas que tienen los pueblos indígenas.

Amanecerá y los indígenas le hablarán a la viceministra sobre la demarcación de sus territorios, el estado de los ambulatorios, la falta de personal médico, los altos índices de paludismo, el apoyo para la alimentación de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Indígena, la deserción escolar, la falta de incentivos para el turismo en la zona, la construcción arbitraria de viviendas con materiales no propios de la cultura indígena, la minería ilegal, e insistirán en su desacuerdo a la ejecución del Arco Minero del Orinoco en sus territorios… “Ustedes tenían que venir disfrazados de mineros para ver qué le iban a decir los militares. Todavía está el punto de control de Pie de Salto y eso tenía que salir porque está dentro del territorio indígena, todavía están cobrando el pase, echando broma, registrando nuestras cosas. La mafia existe ahí en los militares”, le dice Asdrúbal Sarmiento a la viceministra y a su comitiva. Y entre tanta indignación Fabián Rodríguez, jefe de la seguridad indígena, recuerda nuevamente la demanda que tiene ya dos décadas esperando por una respuesta: “Nosotros estamos luchando por la solicitud de nuestro territorio. El objetivo principal es el territorio”.

Veinte años esperando la titulación

Una de las demarcaciones colectivas más importantes tramitadas por la Comisión Nacional de Demarcación fue la de los yekuana y sánema del alto Caura. El proceso de autodemarcación tomó casi tres años. Ramón Tomedes señala que en este período “los indígenas capacitados hicieron el levantamiento topográfico usando el GPS, recorriendo todo el territorio tal y como lo hiciese el héroe mítico Kuyujani. En el año 2001 se terminó la autodemarcación y el proyecto entró en la fase oficial de demarcación…” El territorio autodemarcado contemplaba cuatro millones de hectáreas para 52 comunidades y fue aceptado en todas las etapas del proceso, con informe a favor de la Comisión Nacional de Demarcación y el visto bueno del Ministerio del Ambiente, pero fue negada en 2006 por el presidente de la República, Hugo Chávez, en consejo de ministros, argumentando que los pueblos indígenas no podían aspirar a una extensión de tierra tan elevada.

Sin embargo, la lucha de los pueblos yekuana y sanema por la titulación de sus territorios viene desde 1996 cuando crearon la Organización Kuyujani. “Ya tenemos veinte años esperando la respuesta del Gobierno. Nosotros rechazamos el Arco Minero, deben darnos titularidad de nuestro territorio. Ya los indígenas no estamos chiquitos, hay leyes, todavía existe la discriminación, estamos en la colonización. Vamos a luchar con el Gobierno o sin el Gobierno, con el título o sin el título, porque todavía sentimos que tenemos armonía y nos identificamos con nuestra identidad cultural”, dice Asdrúbal Sarmiento, miembro de seguridad indígena de la comunidad de Las Pavas. José Domínguez, concejal indígena del municipio Sucre y habitante de la comunidad de Anadekeña, recuerda que cuando Nicia Maldonado y Aloha Núñez fueron a Saisoriña se les preguntó por qué no habían entregado el título de demarcación. Ambas dijeron que lo que frenaba era el tema de la minería y que no había respuesta de parte de la Comisión Nacional de Demarcación. “Cuando voy a las reuniones no te responden con documentos, sino que te dicen al oído: Si ustedes quieren luchar por su territorio deben dejar la minería. El Gobierno no nos va dar título porque tiene un proyecto en territorio indígena. El Gobierno nos reconoce institucionalmente pero no nos toma en cuenta para el Arco Minero del Orinoco. Tampoco tenemos respaldo en la Asamblea Nacional. Hemos hecho reuniones con el bloque parlamentario y concejales de Oriente y tampoco han obtenido respuestas. Las dos excusas son: minería y que el territorio solicitado es demasiado extenso”. Ramón Tomedes agrega que en un momento les dijeron que había que ser rojo rojito para que les entregaran el título, viajaron a Caracas y nada se hizo. “Si el Gobierno no cumple las leyes, nosotros estamos abandonados, nadie nos atiende. Ahora Raúl (jivi) está como coordinador regional en el Minpi y no sabemos qué va hacer”. E inmediatamente Juan Núñez, de la comunidad de Dakudakuña, añade: “Yo me pregunto. Si no hay reconocimiento de territorio, ¿continuamos apoyando al Gobierno?”.

“Resistir en nuestros territorios”

Daniel Torres, cacique de El Playón, dice que los indígenas históricamente han sido humillados por ese pensamiento colonial y que la idea es que ellos estudien y conozcan su propia cultura porque es la única manera de defenderse como pueblo. “Nuestro territorio es el sitio estratégico donde hay minerales, el Gobierno lo sabe y por eso nos está mirando. Nosotros estamos en nuestro territorio ancestral, propio, la historia nuestra dice así. ¿Cómo convivimos culturalmente con occidente? Si dejamos que los criollos hagan daño a nuestros territorios eso atenta con nuestras vidas. La idea es que haya una relación simétrica y de respeto. ¿Cómo relacionarnos sin dejar nuestra cultura? ¿Cómo relacionarnos sin que la otra cultura nos dañe? Si nos dividimos se debilita la lucha y el que viene de afuera, con su pensamiento colonial, nos hará daño”.

Al respecto Cayetano Pérez, cacique general de los pueblos yekuana y sanema, advierte que hay que detener a algunos indígenas que tienen máquinas y que están en la mina, “nos estamos acostumbrando demasiado, también hay que parar a los comerciantes yekuana. Nosotros tenemos estatutos sociales que están enfocados en la preservación y conservación del ambiente. Si practicamos minería nos estamos violando nosotros mismos”. Ramón Tomedes también está convencido que solo conservando a sus comunidades culturalmente es como podrán resistir y mantenerse en sus territorios. Asegura que si migran su proyecto puede fracasar. “Yaajö Sawedi, nos dijo que cuidáramos a Atukaadoda (hierro), Adeumoiyana (agua), Enuujukuñamana (aire) como él los cuidó. La tierra es fundamental para el pueblo Ye ́kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones”, dice el pronunciamiento que surgió de la 20º Asamblea de la Organización Kuyujani.

Una amenaza latente

La viceministra Indira Fernández prometió que enviarían la comisión lo más rápido posible; pero a la fecha los capitanes indígenas del Caura, que están dentro del área 2 del decreto, aún esperan esa reunión. Pese a que el artículo 10 de este decreto dice que “el plan de desarrollo específico de la zona deberá ser elaborado en un lapso de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto”, lo cual se cumple en agosto. Distintas organizaciones se han pronunciado en contra de este decreto que afectará de forma directa a los pueblos Warao, E’Ñepa, Hoti, Pumé, Mapoyo, Akawayo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye’kwana y Sanemá. Incluso un grupo de ciudadanos creó un espacio de articulación y lucha llamado Plataforma por la nulidad del decreto del AMO, que introdujo ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad, con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el decreto 2.248. La demanda fue interpuesta a finales de mayo por la exministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio; el excomandante de la Región de Defensa Integral de Guayana (REDI), general (r.) Clíver Alcalá Cordones; el exministro de Educación, Héctor Navarro, entre otros.

El 14 de junio la Asamblea Nacional también acordó rechazar este decreto y negar al Ejecutivo la autorización constitucional para la explotación minera de esta zona del país. El 21 de junio el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda de nulidad y ordenó notificar a los ministros “a fin de que emitan su opinión en la presente controversia”. Pese a todas las presiones que se han hecho desde las organizaciones indígenas y no indígenas, el 3 de agosto el vicepresidente Jorge Arreaza informó que un total de 181 comunidades indígenas se incorporarán a los proyectos productivos que se impulsarán en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.Y el 5 de agosto el presidente Nicolás Maduro firmó contratos valorados en 4.500 millones de dólares con compañías transnacionales: “El Arco Minero es ya una realidad”, sentenció. Pasando por encima de la consulta previa a los pueblos indígenas y del pronunciamiento en contra de la Asamblea Nacional.

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/item/48295-arco-minero.]