Comunicado en rechazo a la criminalización de la lucha contra el Arco Minero

Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco

 El pasado viernes 5 de agosto, pasando por encima de la constitución y de leyes macro de la república, el gobierno nacional firmó una serie de acuerdos y memorandos con empresas transnacionales para la exploración y explotación de minerales en el Arco Minero del Orinoco. Con este acto el gobierno incurre en desacato al desconocer la admisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, del recurso de nulidad del decreto 2.2248 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, por ilegalidad e inconstitucionalidad; dicho recurso fue introducido en el Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo de 2016, y fue admitido por la Sala Político-Administrativa del mismo ente el pasado 21 de junio bajo el expediente N°2016-0358/DA-JS [1]. Este recurso contempla como primera medida cautelar: “Que se ordene al Poder Ejecutivo la postergación de todos los actos, actividades, trabajos intelectuales o manuales o cualquier acción directa o indirecta que signifique un inicio, desarrollo o conclusión de faenas preliminares, parciales o de índole semejante, que conciernan a los espacios delimitados como Arco Minero del Orinoco”. Esto implica que, los contratos y memorandos suscritos el pasado viernes 05 de agosto por el presidente de la república y los ministros relacionados del área, tienen un carácter de nulidad.

Con estas acciones, el ejecutivo pasa por encima del Tribunal Supremo de Justicia y de forma autoritaria e ilegal omite un juicio de interés nacional, que toca temas sensibles como la soberanía, el equilibrio ecológico, la economía del país, derechos ambientales, sociales y políticos, de todos los venezolanos, por tratarse de un proyecto de gran escala y alto impacto socio-ambiental. Desesperado por la búsqueda frenética de recursos financieros destinados al pago de una deuda externa contraída arbitrariamente y mostrando una sumisión aberrante ante los organismos mafiosos del sistema financiero internacional, el gobierno ignora y pisotea las leyes y reglamentos que rigen el país, violando la constitución que apenas un día antes decía defender y conmemorar.

El decreto N°2248, no es un decreto ley, este se desprende de la ley de “zonas económicas especiales” (decreto con rango valor y fuerza de Ley N°1425), y al involucrar acuerdos internacionales de semejante magnitud debe pasar por el debate del poder legislativo como lo establece nuestra carta magna. El decreto y los acuerdos suscritos, debieron ser discutidos en plenaria en la Asamblea Nacional.

Por otra parte, para blindarse de los numerosos señalamientos honestos y comprometidos que muchas personas y organizaciones hemos hecho contra el Arco Minero, el presidente de la república ha optado por criminalizar la disidencia frente a su iniciativa de profundizar el rentismo y entregar la soberanía nacional, expresando en un tono insidiosamente acusatorio lo siguiente: “Detrás de algunos voceros que se oponen al arco minero, hay mucho dinero de mafias que controlan la minería. Yo le digo a esos traidores que el Arco Minero va”. Estos señalamientos atentan contra la libertad de expresión y la democracia participativa consagrada en la Constitución de la República Bolivariana del año 99 y concretamente, criminaliza a todos aquellos estudiantes, intelectuales, voceros indígenas, trabajadores, profesionales y dirigentes comunitarios que se han pronunciado en contra del proyecto Arco Minero del Orinoco, arriesgando al mismo tiempo nuestra seguridad jurídica y personal, atacando a la disidencia.

La lucha contra este proyecto megaminero ha sido acompañada, en todo momento, de argumentos y denuncias ampliamente razonadas y sustentados [2], incorporando propuestas concretas para una discusión amplia y de carácter nacional sobre los alcances de este proyecto. Pero en vez de socializar el debate públicamente ante el pueblo venezolano, único propietario con el máximo derecho de garantizar y decidir sobre la Soberanía Nacional, el gobierno opta por el camino de la descalificación y retaliación política.

Así mismo, buscando blindar un discurso flaco y sumamente débil, voceros del ejecutivo han expresado de la manera más cínica posible que a todo el plan se han incorporado más de 180 comunidades indígenas en arduas horas de discusión, cuando en el acto del 5 de agosto en el auditorio del Banco Central no había ni un solo dirigente indígena presente. Todas las “consultas y reuniones” con los pueblos originarios, de las que habla el ejecutivo, no han sido demostradas ni una sola vez. No solo criminaliza, si no que a manera de burla, oculta e ignora todos los pronunciamientos públicos de organizaciones indígenas en contra del “AMO” (arco minero del Orinoco) [3], como lo hizo anteriormente con la lucha de las comunidades Yukpa en contra de la explotación del carbón en la Sierra de Perijá.

Por todo lo planteado anteriormente, desde la “Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco” expresamos nuestro más profundo rechazo a todas las acciones que viene llevando a cabo el gobierno nacional en el tema de la explotación minera. Rechazamos la campaña de desprestigio y criminalización emprendida en contra de la lucha anti-minera y anti-extractivista. Condenamos la militarización y la violación de derechos constitucionales contempladas en la zona delimitada para el proyecto, en la que se le ha entregado el poder a una cúpula militar para que maneje las concesiones y acuerdos a través de la empresa CAMINPEG.

Desde la plataforma nos mantenemos en pie de lucha contra estas acciones. Continuaremos nuestra campaña de difusión nacional e internacional de esta atrocidad, que compromete el futuro de la nación y de la vida de todos/as los que habitamos en ella, acompañada de acciones de calle que permitan expresar nuestro rechazo público. La continuidad de la lucha ha venido incorporando diversos sectores de la sociedad a esta pelea, y la constancia nos permitirá seguir incorporando más sectores. Así, como hace pocos días el pueblo de Córdoba en Argentina sacó a la transnacional “Monsanto”, llegará el momento en que el pueblo venezolano derogue el Decreto N°2248 y saque a cualquier transnacional minera que pretenda seguir saqueando al país.

No a la violación de la constitución, No a la criminalización de la Lucha. No al ecocidio y etnocidio.

Notas

1] Admisión de la demanda de nulidad: http://www.aporrea.org/actualidad/n292679.html

[2] Recurso de nulidad introducido en el TSJ http://file:///C:/Users/andrea/Desktop/RECURSO%20DE%20Nulidad.%20Arco%20Minero.pdf

[3] En asambleas, las comunidades de los pueblos YE’KWANA, SANEMA, PEMON y E´Ñepa (por nombrar solo algunas) se han pronunciado en contra del proyecto del Arco Minero del Orinoco.

[Tomado de http://www.aporrea.org/poderpopular/n294991.html.]