J.R. López Padrino
Con la aprobación de la resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo (Gaceta Oficial N° 40.950 del 22/07/2016) el chavomadurismo arremete de nuevo contra los trabajadores venezolanos. Dicha resolución establece un régimen de trabajo de carácter obligatorio que conculca la libertad laboral y cercena las conquistas laborales de los trabajadores. Constituye una modalidad de trabajo forzoso, de esclavitud laboral ya que se le exige al trabajador realizar una labor impuesta por el Estado para la cual no se ha ofrecido voluntariamente.
Esta deplorable resolución ha sido aprobada bajo el pretexto de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población, promover y proteger el aparato productivo agroalimentario. Utilizaron como base jurídica el decreto de Estado de excepción y de emergencia económica, el cual fue rechazado por la mayoría de la Asamblea Nacional, pero aprobado por los hampones con toga del Tribunal Supremo de Justicia. La resolución establece específicamente un “régimen especial de carácter obligatorio y estratégico para todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas. de propiedad social y mixtas que contribuya con el reimpulso productivo del sector agroalimentario. estableciendo mecanismos de inserción temporal de trabajadores y trabajadoras en aquellas entidades objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción”. Además, se estipula que los trabajadores requeridos deberán prestar sus servicios por el lapso de 60 días, prorrogables por igual tiempo si las circunstancias lo ameritan. Con la aprobación de este nuevo decreto el régimen “obrerista” de Maduro le proporciona el marco jurídico al reclutamiento coercitivo de trabajadores por parte del Estado, reeditándose el vergonzante trabajo forzoso en marco de una revolución que afirma defender paradójicamente a los más humildes.
Esta resolución constituye una violación flagrante a la Constitución de la República, a la Ley Orgánica del Trabajo, al Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo, a los contratos colectivos, pero además representa una peligrosa medida de corte militarista y dictatorial, al otorgarle a un Estado militarizado la potestad -sin restricción alguna- de institucionalizar un régimen laboral esclavista. Implica la imposición forzosa de la disciplina y la obediencia sin límites, execrables principios destinados a crear una sociedad cuartelaria tutelada por la pestilente bota militar. Una sociedad donde exista un orden social y político absolutamente armónico, excluyente, opresor sujeto a un pensamiento único de corte fascista.
Esta funesta e inútil resolución del ex-discípulo de Sai Baba constituye además una loa al cinismo y a la desvergüenza. Pretender resolver el problema de la escasez de alimentos, medicinas y demás productos de primera necesidad mediante el reclutamiento forzoso de trabajadores es una muestra más del primitivismo intelectual que priva en la nomenklatura bolivariana.
Resoluciones como la 9.855 nos recuerda las conversiones forzadas de la población camboyana en cultivadores rurales impulsadas por el sanguinario Pol Pot (1975), o los “traslados productivos” de los regímenes de Corea del Norte, y Uzbekistán. Estamos ante la presencia de reclutamientos forzosos de trabajadores al mejor estilo de los regímenes barbáricos del siglo pasado y del presente.
Sin embargo, este nuevo atropello no nos deben de sorprender dado el carácter fascista del régimen en el poder. Basta recordar que durante el ejercicio de gobierno del ya fallecido tte coronel se penalizó el derecho a la huelga (Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, 6/09/2002), se criminalizó la protesta de los trabajadores y se les reprimió violentamente con “gas del bueno”, se promocionó la eliminación de la autonomía sindical e intromisión del Estado en la vida de los sindicatos, así como el sicariato (abolición de toda disidencia) y la proliferación de sindicatos y federaciones paralelas sumisas al “proceso”. Ello sin olvidar la negativa del Estado en discutir las nuevas contrataciones colectivas del sector público y la infausta afirmación antisindical del propio comandante galáctico en su show dominical: "En la revolución bolivariana los sindicatos deben desaparecer" (24/3/2007). Lamentablemente todas estas políticas antiobreras han contado y cuentan con la complicidad de los sindicaleros patronales del PSUV, emasculados defensores de un estatismo explotador de cuño Schmittiano, y mecenas de los sindicatos verticales al servicio del monárquico de Miraflores.
Para el chavomadurismo la militarización de Venezuela ha sido y sigue siendo una meta por alcanzar. Es parte de una estrategia destinada a la construcción de una sociedad totalitaria, sin contradicciones, ni conflictos sociales, no porque los mismos hayan sido superados mediante cambios en las estructuras políticas y económicas reinantes en el país, sino por la implantación de un régimen autocrático, represivo y absolutista. La utopía socialfascista bolivariana se reduce a una sociedad con una sola voz, pero excluyente, con una sola voluntad, pero no basada en un consenso de las mayorías, con un solo interés, pero que únicamente refleja el proyecto político fachobolivariano, que representa un engendro militarista y opresor que no tan solo ha quebrantado los derechos de los trabajadores sino que ahora los somete a la esclavitud laboral.
Con la aprobación de la resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo (Gaceta Oficial N° 40.950 del 22/07/2016) el chavomadurismo arremete de nuevo contra los trabajadores venezolanos. Dicha resolución establece un régimen de trabajo de carácter obligatorio que conculca la libertad laboral y cercena las conquistas laborales de los trabajadores. Constituye una modalidad de trabajo forzoso, de esclavitud laboral ya que se le exige al trabajador realizar una labor impuesta por el Estado para la cual no se ha ofrecido voluntariamente.
Esta deplorable resolución ha sido aprobada bajo el pretexto de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población, promover y proteger el aparato productivo agroalimentario. Utilizaron como base jurídica el decreto de Estado de excepción y de emergencia económica, el cual fue rechazado por la mayoría de la Asamblea Nacional, pero aprobado por los hampones con toga del Tribunal Supremo de Justicia. La resolución establece específicamente un “régimen especial de carácter obligatorio y estratégico para todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas. de propiedad social y mixtas que contribuya con el reimpulso productivo del sector agroalimentario. estableciendo mecanismos de inserción temporal de trabajadores y trabajadoras en aquellas entidades objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción”. Además, se estipula que los trabajadores requeridos deberán prestar sus servicios por el lapso de 60 días, prorrogables por igual tiempo si las circunstancias lo ameritan. Con la aprobación de este nuevo decreto el régimen “obrerista” de Maduro le proporciona el marco jurídico al reclutamiento coercitivo de trabajadores por parte del Estado, reeditándose el vergonzante trabajo forzoso en marco de una revolución que afirma defender paradójicamente a los más humildes.
Esta resolución constituye una violación flagrante a la Constitución de la República, a la Ley Orgánica del Trabajo, al Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo, a los contratos colectivos, pero además representa una peligrosa medida de corte militarista y dictatorial, al otorgarle a un Estado militarizado la potestad -sin restricción alguna- de institucionalizar un régimen laboral esclavista. Implica la imposición forzosa de la disciplina y la obediencia sin límites, execrables principios destinados a crear una sociedad cuartelaria tutelada por la pestilente bota militar. Una sociedad donde exista un orden social y político absolutamente armónico, excluyente, opresor sujeto a un pensamiento único de corte fascista.
Esta funesta e inútil resolución del ex-discípulo de Sai Baba constituye además una loa al cinismo y a la desvergüenza. Pretender resolver el problema de la escasez de alimentos, medicinas y demás productos de primera necesidad mediante el reclutamiento forzoso de trabajadores es una muestra más del primitivismo intelectual que priva en la nomenklatura bolivariana.
Resoluciones como la 9.855 nos recuerda las conversiones forzadas de la población camboyana en cultivadores rurales impulsadas por el sanguinario Pol Pot (1975), o los “traslados productivos” de los regímenes de Corea del Norte, y Uzbekistán. Estamos ante la presencia de reclutamientos forzosos de trabajadores al mejor estilo de los regímenes barbáricos del siglo pasado y del presente.
Sin embargo, este nuevo atropello no nos deben de sorprender dado el carácter fascista del régimen en el poder. Basta recordar que durante el ejercicio de gobierno del ya fallecido tte coronel se penalizó el derecho a la huelga (Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, 6/09/2002), se criminalizó la protesta de los trabajadores y se les reprimió violentamente con “gas del bueno”, se promocionó la eliminación de la autonomía sindical e intromisión del Estado en la vida de los sindicatos, así como el sicariato (abolición de toda disidencia) y la proliferación de sindicatos y federaciones paralelas sumisas al “proceso”. Ello sin olvidar la negativa del Estado en discutir las nuevas contrataciones colectivas del sector público y la infausta afirmación antisindical del propio comandante galáctico en su show dominical: "En la revolución bolivariana los sindicatos deben desaparecer" (24/3/2007). Lamentablemente todas estas políticas antiobreras han contado y cuentan con la complicidad de los sindicaleros patronales del PSUV, emasculados defensores de un estatismo explotador de cuño Schmittiano, y mecenas de los sindicatos verticales al servicio del monárquico de Miraflores.
Para el chavomadurismo la militarización de Venezuela ha sido y sigue siendo una meta por alcanzar. Es parte de una estrategia destinada a la construcción de una sociedad totalitaria, sin contradicciones, ni conflictos sociales, no porque los mismos hayan sido superados mediante cambios en las estructuras políticas y económicas reinantes en el país, sino por la implantación de un régimen autocrático, represivo y absolutista. La utopía socialfascista bolivariana se reduce a una sociedad con una sola voz, pero excluyente, con una sola voluntad, pero no basada en un consenso de las mayorías, con un solo interés, pero que únicamente refleja el proyecto político fachobolivariano, que representa un engendro militarista y opresor que no tan solo ha quebrantado los derechos de los trabajadores sino que ahora los somete a la esclavitud laboral.
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