Clavel Rangel (Correo del Caroní)
Al menos cuatro casos de asesinatos han sido denunciados al diputado Américo De Grazia en julio, uno de ellos sobre la existencia de una fosa, tal como ocurrió en Tumeremo. El legislador por los municipios del sur del estado Bolívar atribuye estos operativos para “limpiar la zona” y así facilitar la entrada las trasnacionales. Los organismos de seguridad no han querido confirmar las muertes.
Al menos cuatro casos de asesinatos han sido denunciados al diputado Américo De Grazia en julio, uno de ellos sobre la existencia de una fosa, tal como ocurrió en Tumeremo. El legislador por los municipios del sur del estado Bolívar atribuye estos operativos para “limpiar la zona” y así facilitar la entrada las trasnacionales. Los organismos de seguridad no han querido confirmar las muertes.
Habitantes del poblado de Santa María, en el municipio Piar del estado Bolívar, trancaron este sábado la troncal 10 -que comunica al país con los municipios del sur de la entidad- exigiendo el cese de atropellos en los que, aseguran, incurrió la Operación Liberación del Pueblo (OLP), el plan más reciente del Gobierno para combatir el crimen en Venezuela. La manifestación se produjo luego de que este viernes, mineros denunciaron la persecución y asesinato de mineros por parte de efectivos identificados con la OLP, informó Americo De Grazia diputado a la Asamblea Nacional.
En la incursión, ocurrida en la mina Cummis entre el municipio Piar y Pedro Padre Chien, testigos aseguran que fueron asesinados más de cuatro mineros. De Grazia indicó que uno de los protestantes le contó que los funcionarios se presentaron preguntando con nombre y apellido, para luego disparar. De acuerdo con el diario regional El Progreso, los familiares llegaron al Hospital Gervasio Vera Custodio –en Upata - desesperados en búsqueda de los mineros heridos en el tiroteo. Aunque en la morgue solo se reportó el cuerpo de Luis David Flores, de 22 años de edad, con tiros en la cara, y José Gregorio Sotillo Marcano, de 20 años, con tiros en el pecho, consejos comunales y vecinos en protesta aseguran que fueron más los masacrados.
El cierre de la troncal comenzó pasadas las 3:00 de la tarde y terminó a las 8:00 de la noche de este sábado, sin que ninguna autoridad se presentara. De Grazia señaló que los manifestantes prometen regresar este domingo pues exigen que aparezcan el resto de los cadáveres y que haya justicia.
Semana cruenta
En julio ha repuntado la violencia en las minas del estado Bolívar. Los primeros asesinatos ocurrieron el pasado 4 de julio, en El Playón en el Alto Caura, municipio Sucre. En el hecho asesinaron a Ivette Castillo Castro, de 39 años y a su pareja, Pablo Iborguen Murillo, de 37, pero testigos aseguran que más de ocho personas fueron masacradas.
Para investigar el caso, el Ministerio Público comisionó a los fiscales 4° y auxiliar del 1° circuito judicial del estado Bolívar, Daniel Lanz y María Pérez, respectivamente. Según la comunicación del Ministerio Público, Castillo e Iborguen iniciaron una discusión en la cual la mujer resultó herida con un arma blanca cerca del cuello, lo que ocasionó su muerte. Minutos más tarde, un hombre presuntamente interceptó a Iborguen y lo hirió en varias oportunidades con un arma de fuego, por lo que falleció en el lugar.
Otra fosa
El segundo caso ocurrió el pasado sábado 9 de julio. De acuerdo con el diputado De Grazia, se supo de la existencia de una fosa por una llamada de Danielsy Henrique, viuda de José Adalberto Romero Silva. Según el testimonio de Danielsy, residente de Upata, se trasladó hasta el sitio inmediatamente supo de un tiroteo en el kilómetro 27 de Las Claritas, en el municipio Sifontes. Todos los días se comunicaba con su esposo, y al no lograr comunicación ese sábado, no dudo en movilizarse hasta la montaña.
Una vez en el sitio, le contó a De Grazia, los jefes de la mina le dijeron que se regresara porque José Adalberto – de 25 años y con dos hijos - ya estaba muerto. Con un acuerdo, logró sacar el cadáver. La llevaron a una fosa y del lugar sacaron al menos tres cuerpos antes de hallar el de su esposo. “El viacrucis de Danielsy no terminó allí. Tuvo que trasladar el cuerpo de su esposo en un camión 350 hasta el Cicpc (policía científica) de Tumeremo, luego a San Félix (tres horas) para que le pudieran hacer una autopsia”, contó el asambleísta De Grazia.
El diputado señaló que directamente se comunicó con el fiscal superior del estado Bolívar, Israel Pérez, quien agilizó la biopsia en la morgue del Cicpc. Cinco días después, este jueves, Danielsy pudo darle sepultura a su esposo. “Esto nos da una idea de cómo están actuando: el Gobierno necesita limpiar la zona para facilitar la entrada de las transnacionales”, denunció vía telefónica.
Dos hechos similares, indicó, han ocurrido en territorio que el Gobierno comprometió con una carta de intención con la transnacional Gold Reserve y aunque no hay pruebas de la vinculación, desde la masacre de Tumeremo– donde fueron asesinados al menos 17 personas con tiros en la cabeza y tirados en una fosa el 4 de marzo – los pueblos del sur vinculan la razia con el desarrollo del Decreto Arco Minero prometido por el Gobierno como solución a la anarquía.
Desaparecidos
Esta semana una comisión de diputados se reunirá para abordar el caso de 12 desaparecidos en las minas. De Grazia indicó que son familiares que buscan el cadáver de sus familiares después de haber conocido de la existencia de fosas y presuntos enfrentamientos en las minas. En los últimos meses la migración a los yacimientos auríferos se ha multiplicado. Aunque no hay cifras del éxodo, pobladores atribuyen el reciente boom de la minería al desempleo, la hiperinflación y la acentuada escasez en otras regiones, factores que los hacen arriesgar sus vidas a cambio de unas cuantas gramas de oro que multiplican hasta por 10 el salario mínimo nacional.
Desde la masacre de Tumeremo, el pasado 4 de marzo, el Gobierno ha acentuado los controles pero eso no se ha traducido en paz. El pueblo de Tumeremo solo consiguió atención luego de seis días de cierre de la troncal 10, pues el Gobierno negaba la masacre denunciada por la comunidad. La presión obligó que tanto la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, como el defensor del pueblo, Tareck William Saab se movilizaran hasta el lugar. Ambos prometieron llegar hasta las últimas consecuencias.
En el desarrollo de las investigaciones fue abatido por la FAN El Topo, uno de los líderes de bandas acusados del control de los territorios mineros al sur del estado Bolívar. Posteriormente han aumentado las violaciones incurridas por funcionarios de las OLP, en territorio que pretende ser entregado a transnacionales bajo el paraguas del Decreto del Arco Minero, con el cual el Gobierno promete desarrollar la minería a gran escala.
Las OLP han sido cuestionadas por organizaciones que defienden derechos humanos como Provea, que lo han calificado como “razia contra los pobres”, “Las razias son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener – salvo en hipótesis de flagrancia- y de la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad”, señala la sentencia sobre el Caso Servellon García y otros vs. Honduras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Criminalización y voluntad
Recientemente, el director de Defensa Integral Ambiental y Delitos Ambientales del Ministerio Público a nivel nacional, Abigaíl Rodríguez Jiménez, enfatizó que la Fiscalía “ha sido un ente preocupado por el combate frontal en contra de la minería, y este año en el mes de marzo se ratificó la solicitud de medidas pre-cautelativas ambientales ante el órgano jurisdiccional, donde una vez más se prohíbe la minería ilegal en distintas zonas del estado Bolívar”. Por ello reiteró “la facultad que tiene la FAN de destruir todos los campamentos mineros que, sin duda alguna, están causando impactos negativos en el ambiente”, al igual que la incautación de maquinarias terrestres y fluviales.
En ese contexto, otras comunidades mineras como El Perú, en El Callao, han denunciado la incursión de la OLP destruyendo campamentos, persiguiendo a la comunidad y robando a los pobladores. En mayo, el mayor general Clíver Alcalá Cordones, excomandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana, aseveró que el Estado perdió el control del sector minero por falta de voluntad política para acabar con las mafias. “Perdimos la soberanía en ese sector porque no hay ejercicio del poder y cuando se ejerce se hace muy limitadamente (…). No hay voluntad política", reseñó.
[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/47328-trancan-carretera-que-conecta-con-el-sur-de-bolivar-ante-nueva-masacre-en-una-mina.]
En la incursión, ocurrida en la mina Cummis entre el municipio Piar y Pedro Padre Chien, testigos aseguran que fueron asesinados más de cuatro mineros. De Grazia indicó que uno de los protestantes le contó que los funcionarios se presentaron preguntando con nombre y apellido, para luego disparar. De acuerdo con el diario regional El Progreso, los familiares llegaron al Hospital Gervasio Vera Custodio –en Upata - desesperados en búsqueda de los mineros heridos en el tiroteo. Aunque en la morgue solo se reportó el cuerpo de Luis David Flores, de 22 años de edad, con tiros en la cara, y José Gregorio Sotillo Marcano, de 20 años, con tiros en el pecho, consejos comunales y vecinos en protesta aseguran que fueron más los masacrados.
El cierre de la troncal comenzó pasadas las 3:00 de la tarde y terminó a las 8:00 de la noche de este sábado, sin que ninguna autoridad se presentara. De Grazia señaló que los manifestantes prometen regresar este domingo pues exigen que aparezcan el resto de los cadáveres y que haya justicia.
Semana cruenta
En julio ha repuntado la violencia en las minas del estado Bolívar. Los primeros asesinatos ocurrieron el pasado 4 de julio, en El Playón en el Alto Caura, municipio Sucre. En el hecho asesinaron a Ivette Castillo Castro, de 39 años y a su pareja, Pablo Iborguen Murillo, de 37, pero testigos aseguran que más de ocho personas fueron masacradas.
Para investigar el caso, el Ministerio Público comisionó a los fiscales 4° y auxiliar del 1° circuito judicial del estado Bolívar, Daniel Lanz y María Pérez, respectivamente. Según la comunicación del Ministerio Público, Castillo e Iborguen iniciaron una discusión en la cual la mujer resultó herida con un arma blanca cerca del cuello, lo que ocasionó su muerte. Minutos más tarde, un hombre presuntamente interceptó a Iborguen y lo hirió en varias oportunidades con un arma de fuego, por lo que falleció en el lugar.
Otra fosa
El segundo caso ocurrió el pasado sábado 9 de julio. De acuerdo con el diputado De Grazia, se supo de la existencia de una fosa por una llamada de Danielsy Henrique, viuda de José Adalberto Romero Silva. Según el testimonio de Danielsy, residente de Upata, se trasladó hasta el sitio inmediatamente supo de un tiroteo en el kilómetro 27 de Las Claritas, en el municipio Sifontes. Todos los días se comunicaba con su esposo, y al no lograr comunicación ese sábado, no dudo en movilizarse hasta la montaña.
Una vez en el sitio, le contó a De Grazia, los jefes de la mina le dijeron que se regresara porque José Adalberto – de 25 años y con dos hijos - ya estaba muerto. Con un acuerdo, logró sacar el cadáver. La llevaron a una fosa y del lugar sacaron al menos tres cuerpos antes de hallar el de su esposo. “El viacrucis de Danielsy no terminó allí. Tuvo que trasladar el cuerpo de su esposo en un camión 350 hasta el Cicpc (policía científica) de Tumeremo, luego a San Félix (tres horas) para que le pudieran hacer una autopsia”, contó el asambleísta De Grazia.
El diputado señaló que directamente se comunicó con el fiscal superior del estado Bolívar, Israel Pérez, quien agilizó la biopsia en la morgue del Cicpc. Cinco días después, este jueves, Danielsy pudo darle sepultura a su esposo. “Esto nos da una idea de cómo están actuando: el Gobierno necesita limpiar la zona para facilitar la entrada de las transnacionales”, denunció vía telefónica.
Dos hechos similares, indicó, han ocurrido en territorio que el Gobierno comprometió con una carta de intención con la transnacional Gold Reserve y aunque no hay pruebas de la vinculación, desde la masacre de Tumeremo– donde fueron asesinados al menos 17 personas con tiros en la cabeza y tirados en una fosa el 4 de marzo – los pueblos del sur vinculan la razia con el desarrollo del Decreto Arco Minero prometido por el Gobierno como solución a la anarquía.
Desaparecidos
Esta semana una comisión de diputados se reunirá para abordar el caso de 12 desaparecidos en las minas. De Grazia indicó que son familiares que buscan el cadáver de sus familiares después de haber conocido de la existencia de fosas y presuntos enfrentamientos en las minas. En los últimos meses la migración a los yacimientos auríferos se ha multiplicado. Aunque no hay cifras del éxodo, pobladores atribuyen el reciente boom de la minería al desempleo, la hiperinflación y la acentuada escasez en otras regiones, factores que los hacen arriesgar sus vidas a cambio de unas cuantas gramas de oro que multiplican hasta por 10 el salario mínimo nacional.
Desde la masacre de Tumeremo, el pasado 4 de marzo, el Gobierno ha acentuado los controles pero eso no se ha traducido en paz. El pueblo de Tumeremo solo consiguió atención luego de seis días de cierre de la troncal 10, pues el Gobierno negaba la masacre denunciada por la comunidad. La presión obligó que tanto la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, como el defensor del pueblo, Tareck William Saab se movilizaran hasta el lugar. Ambos prometieron llegar hasta las últimas consecuencias.
En el desarrollo de las investigaciones fue abatido por la FAN El Topo, uno de los líderes de bandas acusados del control de los territorios mineros al sur del estado Bolívar. Posteriormente han aumentado las violaciones incurridas por funcionarios de las OLP, en territorio que pretende ser entregado a transnacionales bajo el paraguas del Decreto del Arco Minero, con el cual el Gobierno promete desarrollar la minería a gran escala.
Las OLP han sido cuestionadas por organizaciones que defienden derechos humanos como Provea, que lo han calificado como “razia contra los pobres”, “Las razias son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener – salvo en hipótesis de flagrancia- y de la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad”, señala la sentencia sobre el Caso Servellon García y otros vs. Honduras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Criminalización y voluntad
Recientemente, el director de Defensa Integral Ambiental y Delitos Ambientales del Ministerio Público a nivel nacional, Abigaíl Rodríguez Jiménez, enfatizó que la Fiscalía “ha sido un ente preocupado por el combate frontal en contra de la minería, y este año en el mes de marzo se ratificó la solicitud de medidas pre-cautelativas ambientales ante el órgano jurisdiccional, donde una vez más se prohíbe la minería ilegal en distintas zonas del estado Bolívar”. Por ello reiteró “la facultad que tiene la FAN de destruir todos los campamentos mineros que, sin duda alguna, están causando impactos negativos en el ambiente”, al igual que la incautación de maquinarias terrestres y fluviales.
En ese contexto, otras comunidades mineras como El Perú, en El Callao, han denunciado la incursión de la OLP destruyendo campamentos, persiguiendo a la comunidad y robando a los pobladores. En mayo, el mayor general Clíver Alcalá Cordones, excomandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana, aseveró que el Estado perdió el control del sector minero por falta de voluntad política para acabar con las mafias. “Perdimos la soberanía en ese sector porque no hay ejercicio del poder y cuando se ejerce se hace muy limitadamente (…). No hay voluntad política", reseñó.
[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/47328-trancan-carretera-que-conecta-con-el-sur-de-bolivar-ante-nueva-masacre-en-una-mina.]
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