Desde mediados de febrero de este año, en el marco de la llamada Agenda Económica Bolivariana y la activación de los “Motores Productivos”, el gobierno nacional ha decidido poner definitivamente en marcha la megaminería en Venezuela, a una escala nunca antes vista.
Uno de los proyectos bandera de esta nueva expansión del extractivismo es el Arco Minero del Orinoco, anunciándose con orgullo un proyecto que implica la apertura a unas 150 compañías internacionales, de un vasto territorio de más de 111.000 kms2, el doble de la superficie correspondiente a la Faja Petrolífera del Orinoco y con una extensión equivalente a todo el territorio de Cuba o de Bulgaria.
Bajo acuerdos muy flexibles y favorables para las compañías transnacionales, y basado en la liberalización y desregulación de zonas completas contempladas como “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional”, se está impulsando la megaminería a cielo abierto de oro, diamantes, coltán, entre otros, en una zona caracterizada por un delicado equilibrio ecológico, de gran importancia para el desempeño integral de la vida en el país.
La minería a cielo abierto y el uso de cianuro que ella supone han sido prohibidas en varios países y regiones del mundo, dado que es una de las actividades industriales más agresivas y letales, en términos ambientales, sociales y culturales. Eso lo ha reconocido el propio Ministerio del Ambiente venezolano cuando se le revocó la concesión a la minera canadiense Gold Reserve Inc. en el año 2009. EN LOS ANTECEDENTES DE ESTE TIPO DE EXPLOTACIONES NO FIGURAN CASOS EN LOS QUE NO SE HAYAN CAUSADO SEVEROS DAÑOS SOCIOAMBIENTALES IRREVERSIBLES. NO EXISTE LA MEGAMINERÍA “AMIGABLE CON EL AMBIENTE”.
La enorme remoción de la capa superficial de tierra que provoca esta minería, amenaza con una severa depredación de importantes y delicadas áreas naturales, como por ejemplo las Reservas Forestales del Imataca o del Caura. Las cantidades de agua dulce usadas para obtener solo un gramo de oro superan con creces a otras actividades industriales y agroindustriales. Son conocidos los crecientes problemas de contaminación y acceso al agua de la región norte de Venezuela, que junto a la creciente situación de inestabilidad climática y vulnerabilidad energética, como la que atraviesa la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en estos momentos, se verían agravados por el incremento de la minería.
El Arco Minero, cuyos impactos se sumarían a los del proyecto de la Faja Petrolífera del Orinoco, se desarrollaría en el medio de la cuenca hidrográfica más importante del país, amenazando con secar en una gran proporción y contaminar aún más fuentes de agua vitales para el sostenimiento del ecosistema y la vida humana.
De llevarse a cabo lo acordado por el gobierno para el Arco Minero, varios pueblos indígenas se verían seriamente vulnerados. En la actualidad, los ye´kuana y sanemá en la cuenca del río Caura, o los waraoen el Delta del Orinoco, por mencionar sólo algunos, padecen los efectos de la contaminación con mercurio, enfermedades y agresiones por parte de diversos actores, producto de la minería ilegal. También se ven afectados los e’ñepa, kari’ña, pemón, mapoyo, wotjüja, y yabarana entre otros.Una escala mayor de actividad minera podría generar la destrucción de sus bases materiales de vida, su desarraigo, la violación de sus derechos humanos y, en última instancia, su desaparición. Por ello consideramos la necesidad de difundir un alerta al respecto.
La vida en Venezuela, incluso en las ciudades, es posible gracias a sus fuentes de agua, a sus ciclos hídricos, a su biodiversidady a su complejo y delicado entramado ecológico. La enorme devastación ambiental que conlleva el proyecto del Arco Minero del Orinoco tendría un impacto tremendo sobre ella.
La imposición de este enorme sacrificio sobre la vida social y natural se plantea en nombre de la “estabilización económica”, el “desarrollo” y la “diversificación” de la economía. Sin embargo, este proyecto refuerza el carácter rentista y extractivista de la economía venezolana, incrementando sus niveles de dependencia y vulnerabilidad, nuestra sumisión al capital foráneo, y alejándonos de la construcción de un modelo de economía sostenible, inclusivo y centrado en la vida.
Esta declaración es un llamado de atención y una convocatoria ante el peligro que se cierne sobre nuestro país derivado de los planes de expansión minera. Estamos ante una oleada sin precedentes de mercantilización de la naturaleza. NOS MANIFESTAMOS EN CONTRA DE ESTE PROYECTO ECOCIDA Y ETNOCIDA.
Adherimos a lo ya expresado por algunas personalidades y organizaciones populares en el sentido de realizar todas las acciones conducentes a la INTRODUCCIÓN DE UN RECURSO DE AMPARO PARA DETENER ESTE PROCESO DE ACTIVACIÓN DEL ARCO MINERO DEL ORINOCO.Exhortamos a la demarcación de tierras de todos los pueblos indígenas del país, como lo consagra la constitución, y clamamos por el respeto de las figuras existentes de protección de áreas naturales en las cuales se ESTABLECE UNA PROHIBICIÓN PERMANENTE DE LA MINERIA.
Exigimos a las autoridades que se saquen a la luz pública los contenidos de los convenios mineros firmados o por firmar.
Apoyamos y exhortamos a la difusión y despliegue de una campaña de información a toda la población venezolana para que esta conozca las particularidades, riesgos y consecuencias de la megaminería.
Invitamos a la organización y movilización de la ciudadanía en torno a las exigencias y compromisos de participación democrática y protagonismo que deben acompañar la construcción de consensos sociales sobre las conveniencias y/o inconveniencias de la opción minera.
Apoyamos la promoción de un Foro Nacional sobre minería y nos manifestamos a favor de la multiplicación y difusión de amplios debates sobre el modelo de sociedad que queremos, así como la sistematización de propuestas y alternativas que existen, y que están vinculadas a políticas públicas de estímulo a la agricultura en diversas escalas, usos diferentes de las reservas naturales, como el turismo sustentable, proyectos de energías sostenibles, o una nueva arquitectura de distribución de las rentas que reconozca la diversidad cultural y que tenga un sentido de justicia social y ambiental, entre varias propuestas más.
La defensa de la vida y el ambiente son una obligación de Estado, y es un derecho y un deber de todas y todos los venezolanos, consagrado en la Constitución de la República (arts. 127, 128 y 129).
Decimos ¡NO AL ARCO MINERO!
¡SI A LA VIDA, NO A LA MINERÍA!
¡EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO!
PARA SUSCRIBIR
aguasiorono@gmail.com
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La enorme remoción de la capa superficial de tierra que provoca esta minería, amenaza con una severa depredación de importantes y delicadas áreas naturales, como por ejemplo las Reservas Forestales del Imataca o del Caura. Las cantidades de agua dulce usadas para obtener solo un gramo de oro superan con creces a otras actividades industriales y agroindustriales. Son conocidos los crecientes problemas de contaminación y acceso al agua de la región norte de Venezuela, que junto a la creciente situación de inestabilidad climática y vulnerabilidad energética, como la que atraviesa la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en estos momentos, se verían agravados por el incremento de la minería.
El Arco Minero, cuyos impactos se sumarían a los del proyecto de la Faja Petrolífera del Orinoco, se desarrollaría en el medio de la cuenca hidrográfica más importante del país, amenazando con secar en una gran proporción y contaminar aún más fuentes de agua vitales para el sostenimiento del ecosistema y la vida humana.
De llevarse a cabo lo acordado por el gobierno para el Arco Minero, varios pueblos indígenas se verían seriamente vulnerados. En la actualidad, los ye´kuana y sanemá en la cuenca del río Caura, o los waraoen el Delta del Orinoco, por mencionar sólo algunos, padecen los efectos de la contaminación con mercurio, enfermedades y agresiones por parte de diversos actores, producto de la minería ilegal. También se ven afectados los e’ñepa, kari’ña, pemón, mapoyo, wotjüja, y yabarana entre otros.Una escala mayor de actividad minera podría generar la destrucción de sus bases materiales de vida, su desarraigo, la violación de sus derechos humanos y, en última instancia, su desaparición. Por ello consideramos la necesidad de difundir un alerta al respecto.
La vida en Venezuela, incluso en las ciudades, es posible gracias a sus fuentes de agua, a sus ciclos hídricos, a su biodiversidady a su complejo y delicado entramado ecológico. La enorme devastación ambiental que conlleva el proyecto del Arco Minero del Orinoco tendría un impacto tremendo sobre ella.
La imposición de este enorme sacrificio sobre la vida social y natural se plantea en nombre de la “estabilización económica”, el “desarrollo” y la “diversificación” de la economía. Sin embargo, este proyecto refuerza el carácter rentista y extractivista de la economía venezolana, incrementando sus niveles de dependencia y vulnerabilidad, nuestra sumisión al capital foráneo, y alejándonos de la construcción de un modelo de economía sostenible, inclusivo y centrado en la vida.
Esta declaración es un llamado de atención y una convocatoria ante el peligro que se cierne sobre nuestro país derivado de los planes de expansión minera. Estamos ante una oleada sin precedentes de mercantilización de la naturaleza. NOS MANIFESTAMOS EN CONTRA DE ESTE PROYECTO ECOCIDA Y ETNOCIDA.
Adherimos a lo ya expresado por algunas personalidades y organizaciones populares en el sentido de realizar todas las acciones conducentes a la INTRODUCCIÓN DE UN RECURSO DE AMPARO PARA DETENER ESTE PROCESO DE ACTIVACIÓN DEL ARCO MINERO DEL ORINOCO.Exhortamos a la demarcación de tierras de todos los pueblos indígenas del país, como lo consagra la constitución, y clamamos por el respeto de las figuras existentes de protección de áreas naturales en las cuales se ESTABLECE UNA PROHIBICIÓN PERMANENTE DE LA MINERIA.
Exigimos a las autoridades que se saquen a la luz pública los contenidos de los convenios mineros firmados o por firmar.
Apoyamos y exhortamos a la difusión y despliegue de una campaña de información a toda la población venezolana para que esta conozca las particularidades, riesgos y consecuencias de la megaminería.
Invitamos a la organización y movilización de la ciudadanía en torno a las exigencias y compromisos de participación democrática y protagonismo que deben acompañar la construcción de consensos sociales sobre las conveniencias y/o inconveniencias de la opción minera.
Apoyamos la promoción de un Foro Nacional sobre minería y nos manifestamos a favor de la multiplicación y difusión de amplios debates sobre el modelo de sociedad que queremos, así como la sistematización de propuestas y alternativas que existen, y que están vinculadas a políticas públicas de estímulo a la agricultura en diversas escalas, usos diferentes de las reservas naturales, como el turismo sustentable, proyectos de energías sostenibles, o una nueva arquitectura de distribución de las rentas que reconozca la diversidad cultural y que tenga un sentido de justicia social y ambiental, entre varias propuestas más.
La defensa de la vida y el ambiente son una obligación de Estado, y es un derecho y un deber de todas y todos los venezolanos, consagrado en la Constitución de la República (arts. 127, 128 y 129).
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