María P.
García Guadilla
En la reunión de la CMNUCC (Bonn, Alemania: 1/06/2015), Venezuela
junto con los otros países del ALBA exportadores de hidrocarburos, señalaron
que debían “ser contempladas medidas
alternativas y de respuesta al cambio climático para los países cuyas economías
dependen de la mono-exportación de hidrocarburos” añadiendo que tales
medidas no podían “comprometer el derecho
al bienestar de sus poblaciones y su desarrollo”. Ello implica que si bien la
preocupación de la comunidad internacional son las emisiones de gases del
efecto invernadero (GEI), para estos países el problema ambiental fundamental,
es la pobreza. Sin embargo el énfasis en
“la resolución de la pobreza” o más bien, el señalamiento que la pobreza es el
principal “problema ambiental” hecho
por los “Socialismos extractivistas
latinoamericanos”a lo largo de las discusiones de la COP, introduce una aparente
contradicción entre “reducción de
pobreza-reducción de GEI”,difícil de resolver dentro de la lógica del
Socialismo del Siglo XX.
De manera
semejante a Ecuador y Bolivia, en Venezuela, lo “ambiental” juega un rol secundario y subordinado en las políticas
del gobierno a pesar que la Constitución Bolivariana de 1999 e incluso los planes de desarrollo que fundamentan el
Socialismo del Siglo XXI, contienen enunciados en materia ambiental que se consideran entre los más avanzados del
mundo. La Ministra de
Relaciones Exteriores venezolana propuso en las reuniones preliminares de la
COP 21 “la necesidad de un nuevo Modelo Ecosocialista para salvar a la Humanidad” el cual debería desplazar al modelo capitalista al que
se culpa de todos los males ambientales. Sin embargo, los tres planes de
desarrollo económico y social de la Nación
que se han elaborado desde la llegada de Hugo Chávez al poder y que cubren el
periodo 2001-2019 así como la estrategia propuesta para lograr “la
soberanía e integración energética latinoamericana”,refuerzan un modelo “desarrollista y
extractivista” basadoen la importancia “revolucionaria”
que se le asigna a loshidrocarburos y, en especial, al “petróleo rojo”. Este modelo contradicela posición, discursivamente crítica del gobierno contra el neoliberalismo,
el capitalismo y la globalización expresados en las diferentes cumbres
ambientales, económicas y sociales.
Dada la alta
dependencia que tiene el país de los hidrocarburos, estos planes de desarrollo que
están insertos en la lógica del capitalismo global, propugnan “aumentar” en vez de reducir, la producción
de hidrocarburos de modo de generar los recursos económicos que financien los
programas sociales y “Misiones” para enfrentar la pobreza en una clara
demostración de “que el fin justifica los
medios”. Por esta razón, las propuestas de
contribución (INDC) hechas por Venezuela a última hora en la reunión de París
para reducir las emisiones GEI, nofueron dirigidas a modificar elmodelo de desarrollo
o reducir la explotación petrolera, carbonífera o minera a pesar que ello tendría
un efecto inmediato y significativo, no solo sobre las emisiones sino también en
la reducción de los altos
costos sociales y ambientales que tales
actividades vienen generando. De hecho, los impactos negativos del extractivismoson
la razón principal por la cual el modelo ha sido rechazado desde sus inicios por los movimientos
sociales ambientalista, indígena y de derechos humanos. Frente a ello, la
reacción del gobierno ha sido“dividir,
cooptar y excluir”alos movimiento sociales y en la medida que no ha
tenido suficiente éxito con tales estrategias, ha intentado “substituirlos” por los “para-movimientos oficialistas seudo-ambientalistas”
quienes defienden la voz desarrollista del gobiernoen las cumbres sociales y ambientales,
eninstituciones como UNASUR y ALBA yen los organismos regionales e internacionales.
Más aun, dentro del contexto altamente polarizado que existe en
Venezuela, el gobierno no solo ha dejado fuera de las delegaciones internacionales en
materia ambiental a los movimiento sociales que
se han resistido a la cooptación sino también a las universidadesmás destacadas y a sus
científicosmásprominentes, a las
organizaciones no gubernamentales y a las fundaciones científicas que históricamente
han venido trabajando en pro del ambiente.
Dado que
hasta el momento no existen medidas
significativas por parte de Venezuela que viabilicen el Acuerdo de París sobre
cambio climático y dado que la posibilidad de validarpolíticas públicas de
recorte de las emisiones bajo la orientación del plan de desarrollo económico y
social vigente (Plan de la Patria 2013-2019) son muy escasas, pudiera concluirse
que los compromisos adquiridos son simplemente “retóricos” o la expresión de “buenas
intenciones de última hora” en
sintonía con la comunidad internacional. De hecho, las contribuciones (INDC) se
focalizaron en medidas “puntuales” que tienen
muy poca posibilidad de reducir los GEItales como la instalación de bombillos
incandescentes, el estímulo a la Mesas Técnicas del Agua y la siembra de
árboles, programas intrascendentes en nuestra opinión que desde hace unos años
se vienen proponiendo como “la praxis del Ecosocialismo”.
Si se toma
en cuenta que la grave crisis económica,consecuencia en parte de la fuerte caída
de los precios del petróleo que existe en la actualidad,incidirá en la escasez
de financiamiento para“comprar, adaptar o
adecuar”nuevas tecnologíasy si a ello se suma la negativa de los países
ricos a considerar las propuestas vinculadas con “la
deuda ecológica” que Venezuela junto con otros países de la Región propusieron reactivar, las perspectivas de reducir la
explotación de hidrocarburos yhacer realidad los compromisos de Paris, resultan
inviables al menos en el corto y mediano plazo.
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