Oscar Battaglini
El parlamento comunal. Es evidente que lo que busca el chavismo oficial con este adefesio político es poner de nuevo en ejecución la maniobra de colocar al lado o por encima de los poderes públicos en manos de la oposición, a instancias que obstruyan y limiten significativamente el ámbito de competencia de esos poderes.
Eso fue lo que se hizo con la alcaldía Mayor de la Región Capital, y con la gobernación del estado Miranda, al que le impusieron un “protector”, etc. En este caso la intención es colocar al lado de la nueva Asamblea Nacional un parapeto que obstruya y perturbe su normal desempeño.
Se trata de un instrumento político organizativo surgido inicialmente de la tendencia pseudo revolucionaria desarrollada por el chavismo de crear un aparato que hiciera el papel de un parlamento paralelo al estadal, y que eventualmente pudiera establecerse como el poder legislativo de toda la sociedad venezolana. Posteriormente esta idea fue dejada de lado al asumirse el proyecto de la Asamblea como parlamento de la burocracia chavista centrado de manera omnímoda hasta el 5 de enero de los corrientes, fecha en que la oposición asumiera su control político- administrativo. Es decir que, desde la fundación de la Asamblea Nacional, no se había vuelto a hablar del dichoso “parlamento comunal”, desempolvado y activado a última hora con los fines antes señalados. De manera que su implementación no obedece sino a una burda estrategia política como lo fue el nombramiento a última hora de los 13 magistrados del TSJ, o el desmantelamiento de Antv que, en un gesto inusitado debió ser reactivada luego bajo otras disposiciones pseudo legales implementadas a la carrera.
La artificialidad y la manipulación burocrática que en este sentido ha hecho el chavismo oficial, demuestra una vez más que éste no tiene un real interés en empoderar a los sectores sociales que han permanecido bajo su control e influencia política-ideológica, sino en su manejo politiquero según su conveniencia circunstancial.
Estamos ante un organismo integrado por los sectores más empobrecidos y envilecidos de la sociedad venezolana, aquellos sobre los cuales se ha venido asentando el chavismo a medida que ha ido perdiendo apoyo a lo interno de los más amplios estratos de nuestra sociedad; conformado además por una gente que no dispone siquiera de los requerimientos mínimos (sobre todo culturales y políticos) indispensables para el cabal desempeño de la actividad parlamentaria propiamente dicha. Además de que no representan a nadie, puesto que esa representación no es el producto de una consulta eleccionaria que los dote de la necesaria legalidad y legitimidad frente a la voluntad general de los venezolanos. Esto lo saben perfectamente los auspiciadores e impulsores de una iniciativa que tiene todas las características de una provocación para desestabilizar a la nueva Asamblea Nacional, electa por voluntad de la inmensa mayoría del pueblo venezolano.
Nada permite suponer que esa actitud propia de los regímenes fascistas sea depuesta. Lo más seguro es que se mantengan en esa posición a pesar de que ello no le sirva para resarcirse de los efectos de la aplastante derrota experimentada en las parlamentarias del pasado 6D. La persistencia del chavismo oficial en esa posición provocadora, no sólo demuestra su anormal vocación antidemocrática, sino que constituye un desafío a la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada contundentemente.
Esos rasgos no le permiten a la burocracia chavista darse cuenta de que con esa actitud, como hemos venido señalando, lo que consiguen es que el repudio popular se afirme cada vez más en su contra. Lo previsible entonces es que el malestar generalizado venga a sumarse al expresado por la conducta revanchista y provocadora del chavismo oficial frente a la nueva situación política post 6D.
El registro que de esto puede hacerse no ha sido solamente el propósito de construir en abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional un “parlamento” paralelo, no electo por nadie, y al mismo tiempo pretender establecer una cohabitación con la nueva Asamblea Nacional, sino la pretensión de impugnar un número considerable de diputados opositores valiéndose para ello de un TSJ, al que la moribunda asamblea chavista, en medio de sus agonizantes estertores, designara fraudulentamente a 13 de los magistrados del alto tribunal de la República, expresamente puestos allí para el fiel cumplimiento de este tipo de mandatos, ordenados desde las más altas esferas del entramado gubernamental chavista.
Estos hechos son sólo una muestra de lo que esta burocracia está dispuesta a poner en práctica, desesperada en su afán por mantenerse “como sea” en el ejercicio del poder. De lo que se desprende que en lo sucesivo la nueva Asamblea Nacional tendrá necesariamente que enfrentar, como parte del esfuerzo ciclópeo que habrá de realizar para iniciar en nuestro país un proceso de recuperación de su normalidad social y política, y para la restauración de su economía y de cuanto ha sido lesionado y dañado por la impronta destructiva de la plaga chavista.
En lo particular deberá apoyarse en el mandato categórico recibido de manos del pueblo venezolano, para recobrar plenamente el rol que le asigna la Constitución Nacional en tanto que poder legislativo y como instancia contralora de las actividades generales del Estado. En este sentido debe decidirse a ponerle coto a los abusos y desmanes de la anomia chavista en el poder; otro de los impostergables objetivos que será necesario alcanzar en el presente hasta que la voluntad popular –más temprano que tarde- los arroje definitivamente de las posiciones de poder que todavía ostentan.
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