Las organizaciones sociales y de derechos humanos que suscribimos este documento, observamos con preocupación cómo continúa la violencia en contra de los pueblos y comunidades indígenas, específicamente en la Guajira venezolana.
Condenamos los hechos del pasado sábado 12 de diciembre, cuando, de acuerdo a testimonios de algunos presentes y miembros de la comunidad, una comisión de la Brigada 13 del Ejército venezolano realizó una persecución a un vehículo, presuntamente vinculado al contrabando, mientras disparaba en una vía poblada y bordeada por residencias. Edixon José González, Richard Paz y Daniel Cambar, quienes se encontraban reunidos en las adyacencias a la vía, fueron impactados por esos disparos, causando la muerte del primero de ellos. Posteriormente, los familiares trasladaron el cuerpo a la Plaza Bolívar de Paraguaipoa, donde fueron recibidos por disparos provenientes de los militares que se encontraban en la alcabala diagonal a la plaza.
Esta víctima mortal se suma a la lista de diecinueve (19) muertes de indígenas en manos de militares en la Guajira desde el año 2010, cuando fue instaurado el Distrito Militar Nº1. Asimismo, se trata de la tercera muerte provocada por funcionarios militares desde que fue decretado el estado de excepción en el mismo territorio.
Condenamos los hechos del pasado sábado 12 de diciembre, cuando, de acuerdo a testimonios de algunos presentes y miembros de la comunidad, una comisión de la Brigada 13 del Ejército venezolano realizó una persecución a un vehículo, presuntamente vinculado al contrabando, mientras disparaba en una vía poblada y bordeada por residencias. Edixon José González, Richard Paz y Daniel Cambar, quienes se encontraban reunidos en las adyacencias a la vía, fueron impactados por esos disparos, causando la muerte del primero de ellos. Posteriormente, los familiares trasladaron el cuerpo a la Plaza Bolívar de Paraguaipoa, donde fueron recibidos por disparos provenientes de los militares que se encontraban en la alcabala diagonal a la plaza.
Esta víctima mortal se suma a la lista de diecinueve (19) muertes de indígenas en manos de militares en la Guajira desde el año 2010, cuando fue instaurado el Distrito Militar Nº1. Asimismo, se trata de la tercera muerte provocada por funcionarios militares desde que fue decretado el estado de excepción en el mismo territorio.
Por los hechos anteriormente planteados, con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos unimos a las exigencias del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, y demandamos lo siguiente:
1. Solicitamos a la Fiscal General de la República y al Fiscal Superior del Estado Zulia que se realice una exhaustiva investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre del 2015 en el sector Los Filúos, que resultaron en la muerte de Edixon José González, titular de la cédula de identidad V-25.202.051, y fueron heridos Daniel Enrique Cambar, cédula de identidad V-17.738.597, y Richard Enrique Paz González, cédula de identidad 15.405.827, todos miembros del pueblo indígena Wayuu, y que nombre un fiscal con competencia nacional en materia indígena para investigar el caso.
2. Exhortamos al Consejo Nacional de Derechos Humanos y al Poder Ciudadano a que constituya una comisión de alto nivel de gobierno para investigar los casos de violaciones de derechos humanos en la Guajira venezolana. Desde 2010 hasta la fecha se han registrado 19 muertos, 40 heridos, 19 torturados, 1 secuestrado y 1 desaparecido, según el informe del Comité de los Derechos Humanos de la Guajira.
3. Crear una mesa de diálogo y concertación permanente de alto nivel de gobierno, con las autoridades legítimas de los pueblos y las organizaciones indígenas de la Guajira venezolana.
4. Solicitamos que se revisen y reconsideren los decretos de estado de excepción y de creación del Distrito Militar N°1, así como cualquier otro instrumento normativo que implique la militarización de los territorios indígenas; midiendo, junto a las autoridades indígenas, el impacto sociocultural y ambiental que estos decretos han tenido en las comunidades indígenas.
5. Implementar y promover el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas, a fin de que se garantice la participación plena y efectiva del pueblo Wayúu.
6. Solicitamos que se investigue a los funcionarios involucrados en violaciones de los derechos humanos y que sean castigados con todo el peso de la ley, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 29, 30 y 43.
7. Reparación, de ser posible, para las víctimas y sus familiares.
Suscriben,
Acción Solidaria en VIH/Sida
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – FunPaz AC
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro para las Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de
Venezuela
CIVILIS Derechos Humano
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida – CodeVida
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de los Colegios de Abogados
de Venezuela (FACV) del Estado Bolívar
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de los Colegios de Abogados
de Venezuela del Estado Apure – CNDDHHFCAV
Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía – CODEHCIU
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia – Codhez
Comité Paz y Vida
Convite AC
FENASOPADRES
Espacio Público
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
Observatorio Venezolano de la Salud
Padres Organizados de Venezuela
PROVEA
Red de Apoyo a los Derechos Humanos de Vente Venezuela
Sinergia
Sociedad Hominis Iura
Unión Afirmativa
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/12/21/organizaciones-de-derechos-humanos-exigen-el-cese-de-la-violencia-contra-los-pueblos-indigenas/.]
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