Lo público y la autogestión

Grupo Albatros

Reflexionando sobre lo público y lo estatal somos conscientes de la visión que se ha dado de los servicios públicos desde algunos sectores del movimiento libertario y de la izquierda radical, únicamente como actividades controladas por el Estado y ajenas al interés social de los trabajadores. Por eso queremos compartir nuestra postura al respecto y crear puentes en torno a ella, para sentar las bases de un trabajo o perspectiva común revolucionario.

Lo público
En la actualidad, vivimos el desarrollo de un proyecto capitalista que comenzó en los 80 (en EE UU y Gran Bretaña), se introdujo en España y el resto de la UE tímidamente a principios de los 90 y está destinado a convertir unos sectores vitales de la sociedad española, los servicios públicos que hoy gestiona el Estado y en donde antes apenas podían meter mano, en un nuevo mercado del que seguir sacando beneficios y haciendo rapiña.

El coste de esta tendencia privatizadora de lo público se está reflejando en una degradación continua de las condiciones de vida de los trabajadores, que tiene su reflejo en la mercantilización del bienestar social:
Sectores cedidos a empresas privadas, como los servicios públicos de limpieza, son algo visible y desde hace unos años es palpable el empeoramiento de recogida de basuras y reciclaje en nuestras calles. En el transporte público subidas de precios abusivas, despidos, pérdida de calidad del servicio y merma en la seguridad… Aumento del gasto en la sanidad, con pacientes derivados a la privada teniendo todo lo necesario en la pública, reducción de la inversión, despidos… La educación con financiación en enseñanza media a privados concertados por encima de los públicos, ideología franquista con la LOMCE (jerarquización de los directores, religión…), subida de tasas en las matriculas en universidades y Formación Profesional… El servicio de abastecimiento y saneamiento, el agua, el bien social más básico presto a su encarecimiento. Y es que en general ya no hay disimulo a la hora de recortar presupuestos para los servicios públicos; mientras tanto se conceden conciertos y prebendas a las privadas, un trasvase del sustento de los servicios públicos a lo privado en toda regla.

Hay que recalcar que los servicios públicos no son sólo actividades controladas por el Estado y mucho menos ajenas al interés de los trabajadores. Entendemos lo público como aquello que tiene cualidades para no ser una mercancía o que su gestión no esté basada en criterios de mercado. Se consideran por tanto un bien social que debe tener un carácter universal. Además, estos servicios serían igualmente necesarios en un escenario posrevolucionario (con los cambios evidentes de gestión, en manos nuestras, los trabajadores).

Defendiendo la necesidad pública de estos servicios hay que plantearse:

1.- ¿Qué entendemos por ello? Un derecho público es lo opuesto a un privilegio, y si por algo se caracteriza el capitalismo es por la concentración de privilegios en las manos de la clase propietaria. Así pues, cuando el pueblo avanza y consigue garantizar el derecho al acceso de un servicio para todos, estamos frente a una esfera de la vida que rompe con la lógica de mercado del capital.
También hay que apuntar que el reconocimiento de un derecho por parte de una ley no significa la inmediata materialización de este, sino que bien puede quedar como algo simbólico. Por eso lo único que tenemos seguro para que ese derecho se haga efectivo es la fuerza y la capacidad para imponerlo mediante la organización y la lucha. Así pues, es la confianza en las capacidades del pueblo de organizar su propia vida la que hace cumplir ese derecho público. Por ello, supone la lucha frente al Capital por una necesidad básica.

2.- Ante el hecho privatizador de los capitalistas mediante el Estado ¿Qué proponemos los anarquistas como alternativa de lucha? ¿Podemos contentarnos con la mera defensa nostálgica de los “buenos días” del estado de bienestar o queremos más que eso? La clave para responder a estas cuestiones pasa por pensar el concepto de autogestión y aclarar sus posibilidades como práctica.

La autogestión

Es la gestión cooperativa de una comunidad, en la que participan todos sus integrantes de forma libre e igualitaria y con independencia de factores externos. Promueve la participación en una actividad de los implicados en ella, sin delegar en otras personas y sin relaciones de autoridad entre los participantes.
En este sentido es importante poner como base una tensión estratégica de la autogestión con cualquier forma de capitalismo.

También hay que poner el acento en la participación y funcionamiento de los que se dotan los miembros que se organizan en estos proyectos y procesos: la democracia directa. Aunque es evidente que en el proceso de lucha y como táctica podamos ampliar la participación y control obrero o practicar ciertas formas de autogestión en empresas recuperadas, como en la Argentina posterior a la crisis del 2001-2002, esta situación a largo plazo es insostenible por sí misma. Por tanto, para dar el paso de la autogestión a la socialización, que es la eliminación de las relaciones capitalistas de mercado y control estatal, se precisa tener un proyecto político-social de carácter global, lo que implica necesariamente pensar un proceso de revolución social.

Creemos que hay que aclarar ciertos términos que se confunden erróneamente con ciertas prácticas de economía “alternativa” dentro de la sociedad capitalista. Siendo precisos, el término es usado, indistintamente, como sinónimo de producción artesanal, microempresa o cooperativa, y autofinanciación.

Hablar de autogestión es indisociable al ataque de las bases mismas del sistema: en sus relaciones de propiedad y en las relaciones jerárquicas que se desprenden de la organización de la sociedad de clases. Para nosotros la autogestión no puede bastarnos con ser un submodelo coexistente con la producción capitalista y que, directa o indirectamente, participe de sus leyes. Por tanto, la autogestión sólo cobra pleno sentido en función del proceso revolucionario, de reapropiación del conjunto del Capital social sobre nuevas bases socialistas y libertarias. Entendido esto, creemos que no se trata de cómo fundamos nuevos servicios públicos, sino de cómo aspiramos en la lucha a la reorganización de los mismos, es decir, a la capacidad de decidir los trabajadores y usuarios sobre qué y cómo se hacen las cosas, bajo un proyecto de expropiación social.

Nuestro concepto de autogestión, que recoge el sentido original que le daban los sindicalistas revolucionarios y los clásicos del anarquismo, capacita para pensar en una sociedad moderna, compleja y sofisticada; que emana del conflicto de clases ocasionado por la sociedad industrial respecto al control de la producción. Este modelo, que se expresó rudimentariamente en las colectividades urbanas y rurales de la España del 36 o en los consejos obreros o soviets rusos del 17, no es una vuelta atrás, sino una superación revolucionaria de la sociedad capitalista y del estatismo.

Así pues, la socialización implica una cuestión de fines, un asunto estratégico y la autogestión una cuestión táctica, un asunto de medios. Que los mismos trabajadores se hagan cargo de sus asuntos implica la construcción de una experiencia organizativa que configura, aunque sólo de forma inicial, las bases de la nueva sociedad a la cual aspiramos.

Es necesario, por tanto, que los movimientos sociales piensen en la autogestión de la propiedad que hoy posee el empresariado y el Estado; es necesario comprender que mientras exista la propiedad privada, no podemos competir con ella, pues tenemos los recursos, los medios y la infraestructura, es decir, el Capital, en nuestra contra. Eso mismo ocurre hoy con las industrias autogestionadas en Argentina, experiencias valiosas y que nos llenan de entusiasmo revolucionario, pero que no van a pasar a mayores si, en lugar de la apropiación sólo de las empresas quebradas no comenzamos a pensar en la expropiación de las empresas “saludables”, transformando la autogestión en un verdadero ariete de guerra en contra del capitalismo, más allá que en una simple alternativa de supervivencia, y hacia la socialización de los medios de producción.

Defensa y avance
Cuando hablamos de destruir las instituciones existentes normalmente nos referimos a las que ejercen una función parasitaria y represiva (policía, ejército, cárceles, magistraturas…), pero no se nos pasa por alto que otras instituciones, las que supuestamente sirven para asegurar la vida de la humanidad, no pueden ser destruidas eficazmente si no se las sustituye con una cosa mejor.

El intercambio y distribución de productos, las comunicaciones y todos los servicios públicos ejercidos por el Estado o por particulares, han sido organizados de modo que sirven intereses reales de la población. No podemos desorganizarlos (y tampoco nos lo permitiría la población interesada), sino reorganizándolos de modo mejor. Eso no se puede hacer en un día, ni en la actualidad tenemos la capacidad necesaria para hacerlo. Tenemos claro que la vida social no admite interrupciones, y todos queremos vivir el día de la revolución, pero también el día siguiente y los sucesivos.
Es, por tanto, menester para el desarrollo de un proyecto revolucionario, que los medios sean coherentes con los fines, y en nuestro caso que la autogestión, como norte revolucionario, sea a su vez un método aplicado de forma correcta en relación a los servicios públicos.

Las privatizaciones, uno de los pilares de la sinvergonzonería neoliberal, es el supuesto de que el Mercado es el mejor distribuidor de recursos y que no hay mecanismo más eficiente para que los servicios y la producción funcionen mejor que mediante la propiedad privada. Las consecuencias de las privatizaciones (que, paradójicamente, representan una auténtica política de Estado) las sufrimos en carne propia el pueblo, con servicios que se encarecen y ven afectada drásticamente su calidad.

Pero ¿es posible oponerse a las privatizaciones sin oponer una salida revolucionaria y libertaria?
La socialdemocracia y el resto de partidos marxistas (IU, PCE, IA…), estatistas por naturaleza, cree y defiende como proyecto que los servicios y la propiedad sea gestionada por el Estado, a fin de cuentas, esperan que pronto llegue su turno de estar a la cabeza del Estado para con sus burócratas dirigirlo teóricamente en beneficio del pueblo. Por lo demás, tienen una perfecta coherencia entre sus medios y sus fines, entre su táctica y su estrategia; pero nosotros estamos en otra.

En cambio, los libertarios nos vemos en una disyuntiva de profunda trascendencia, pensar qué relación establecer entre propiedad y gestión. Para resolver esta cuestión es necesario tener una visión realista de cómo será en términos prácticos, y no valen las consignas, la cuestión de la propiedad y la administración de los servicios en la sociedad revolucionaria: ¿La propiedad sería colectiva y los trabajadores y usuarios se encargarían de gestionar en función de la necesidad de la colectividad? Seguramente llegado el caso las posibilidades serán más numerosas, pero urge tratarlas para poder trazar el camino a seguir hasta nuestro proyecto finalista.

Y es ahí donde tenemos la clave para comenzar a pensar alternativas que solucionen esta problemática. Por eso pensamos en la autogestión con un sentido muy preciso: que la gestión de los servicios públicos no recaiga en manos ni de los burócratas ni de los tecnócratas estatales o privados, sino en los propios implicados en estos servicios. De esta manera damos el paso de la negación (no a las privatizaciones) a la afirmación (gestión popular de los servicios). Esto plantea en términos reales nuestra lucha en contra de los privados (que compran nuestros servicios) y en contra del Estado (que los vende). Así, nuestra lucha contra las privatizaciones se transforma en una lucha en contra del Estado y del Capital, entregando al propio pueblo la capacidad de decidir sobre los asuntos que nos afectan más directamente.

¿Y qué ocurre con los recursos necesarios para garantizar el óptimo financiamiento de los servicios públicos? Estos deben ser exigidos de las arcas estatales, al ser éste el espacio en el cual se concentra el capital producido socialmente y acumulado (mediante la recaudación de impuestos, por ejemplo), un hecho que no podemos ni debemos obviar. En este sentido, no se trata de “legitimar” al Estado, sino de reapropiarnos socialmente de los recursos que las clases dominantes nos enajenan y que el Estado concentra, para poder utilizarlos según la libre determinación popular.

Así que volviendo a la escena de la calle, hemos presenciado cómo al calor del 15-M y ante la agudización privatizadora de gobiernos y capitalistas, ha repuntado temporalmente una conflictividad social que hacía tiempo no se recordaba, con las Mareas de los distintos sectores públicos y la confluencia tibia con sindicatos combativos. Junto a esto, es importante tener claro que nuestra alternativa implica que seamos capaces de proyectarnos mucho más allá de los servicios públicos, y que podamos trabajar una respuesta revolucionaria del conjunto de toda la sociedad, que vincule los distintos sectores económicos y sociales, y que conecte las luchas del presente con las conquistas del mañana.

Para concluir, diremos que la postura que entendemos coherente con una perspectiva de emancipación social y revolucionaria pasa por la oposición frontal a todos los procesos privatizadores que están llevándose a cabo, por cuanto contribuyen a la degradación de nuestras condiciones de vida. En esta línea creemos que nuestra primera tarea es defender los servicios públicos con un objetivo claro de capacitarnos, trabajadores y usuarios, para posibilitar que podamos tomar su control y su gestión.

Valoramos, como base a desarrollar por los luchadores sociales de hoy en día y para que los trabajadores podamos gestionar algún día los servicios públicos, o para que no nos alejemos más de este objetivo:
1.- Defender unos servicios públicos, universales, gratuitos y de calidad, impidiendo que pasen a ser gestionados por manos privadas, lo que conlleva su mercantilización y elitismo.
2.- Fortalecer la movilización y organización social en torno a los servicios públicos para aumentar la fuerza de sus sindicatos y asociaciones de usuarios, apoyando también un avance organizativo en el resto de sectores económicos y sociales del país.
3.- Capacitarnos trabajadores y usuarios de cara a presionar al Estado para mejorarlos y para profundizar en nuestro control y orientación de la gestión en lo posible, práctica que posibilitará su socialización, es decir, su autogestión por la comunidad y los trabajadores en el futuro.

Por unos servicios públicos autogestionados, porque la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos.

[Publicado originalmennte en el número 303-304 del periódico anarquista Tierra y Libertad (Madrid, octubre-noviembre de 2013). Tomado de http://acracia.org/lo-publico-y-la-autogestion.]