Minerva Vitti
“Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas,” dice el capítulo VIII la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.”. De lo anterior se entiende que los servicios de salud deben ser adaptados a las particularidades culturales y a las necesidades de cada pueblo indígena. No es el único lugar donde aparece ese compromiso. Figura en alguna forma dentro de la exposición de motivos de la misma constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el que Venezuela ratificó en 2002.
Sin embargo, el derecho a la salud indígena es vulnerado por las autoridades ante las múltiples deficiencias que presentan los ambulatorios de las 345 comunidades ancladas en los caños del Delta del Orinoco, ubicado al este del país. Dentro de esta región se encuentra San Francisco de Guayo, ubicado en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro. En este lugar se encuentra asentado el segundo grupo de mayor población indígena a nivel nacional, el pueblo indígena warao, que representa el 7 % en Venezuela, después del 58 % integrado por el pueblo wayuu en el estado Zulia, ubicado al oeste del país.
“Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas,” dice el capítulo VIII la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.”. De lo anterior se entiende que los servicios de salud deben ser adaptados a las particularidades culturales y a las necesidades de cada pueblo indígena. No es el único lugar donde aparece ese compromiso. Figura en alguna forma dentro de la exposición de motivos de la misma constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el que Venezuela ratificó en 2002.
Sin embargo, el derecho a la salud indígena es vulnerado por las autoridades ante las múltiples deficiencias que presentan los ambulatorios de las 345 comunidades ancladas en los caños del Delta del Orinoco, ubicado al este del país. Dentro de esta región se encuentra San Francisco de Guayo, ubicado en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro. En este lugar se encuentra asentado el segundo grupo de mayor población indígena a nivel nacional, el pueblo indígena warao, que representa el 7 % en Venezuela, después del 58 % integrado por el pueblo wayuu en el estado Zulia, ubicado al oeste del país.
Este pueblo de aproximadamente 3000 habitantes cuenta con un hospital rural llamado “Hermana Isabel López”, en el que la crisis en la atención a la salud de las comunidades indígenas es fácil de constatar. Los generadores eléctricos del hospital están dañados desde hace varios meses y los repuestos para su reparación no pueden conseguirse en Venezuela debido a la crisis de importación de diferentes equipos eléctrictos. Esto hace que el lugar dependa de la planta del pueblo que brinda un servicio muy irregular.
Hace varios días uno de los habitantes de la zona denunciaba que tenían 20 días sin luz. Los médicos deben atender muchas de las emergencias con velas y más de un niño ha muerto, especialmente por síndrome de meconio, en el que los recién nacidos mueren al inhalar sus primeras heces durante el parto, pues muchas veces al momento del alumbramiento se ha ido la luz en el hospital.
Las limitaciones de recursos para llegar a los hospitales se ha traducido en la muerte de muchos indígenas de la comunidad warao. Uno de estos recursos es la ambulancia fluvial de Guayo, único modo de llevar pacientes en emergencias a la capital del estado para ser tratados. La ambulancia fluvial del hospital también está dañada. En una ocasión debieron trasladar a un bebé de seis meses con un cuadro diarréico fuerte hasta el hospital en Tucupita, a cinco horas de navegación dependiendo de la potencia del motor y la marea. El traslado fue imposible. El doctor y los familiares tuvieron que resignarse. Otro caso fue el de un niño warao con un cuadro de tuberculosis, que murió al no ser trasladado a tiempo a Tucupita, la capital del estado.
El Hospital Hermana Isabel López tampoco escapa de la escasez de insumos médicos. Entre los numerosos insumos médicos a los que no se tiene acceso, están los jelcos pediátricos, un catéter que se introduce en el tejido o la vena para extraer sangre, inyectar fármacos, o hacer drenaje de líquidos. Como alternativa, los médicos deben utilizar jelcos hechos para adultos que provocan un gran dolor en el niño e incluso atraviesan parte del hueso. Sin embargo, no hay otra alternativa en casos de deshidratación, el resultado sería mortal. Otro medicamento escaso es la crema azufrada, importante para controlar la escabiosis noruega o sarna, muy común en el lugar.
A todo esto se agrega que en octubre de 2014 se dañó la nevera para refrigerar las vacunas, así que lo niños tampoco están siendo inmunizados. De acuerdo con una habitante de San Francisco de Guayo:
<<Aquí ni siquiera donan medicinas, pero sí vienen a buscar su voto […]. Ni siquiera tenemos luz para conservar nuestra comida, pero estoy segura que habrá luz [durante] las elecciones y [no] después. La gobernadora prometió dar una ambulancia fluvial y un transporte para la comunidad y aún no ha llegado nada […] Si a nuestros mismos líderes indígenas no les duelen nuestros hermanos, qué van a sentir los demás hacia nosotros>>.
La misma situación se repite en el Centro de Salud Dr. Luis Gómez, ubicado en la comunidad de Nabasanuka (también en Delta Amacuro), donde la falta de insumos médicos y la ausencia de ambulancia fluvial, hacen que las muertes de los waraos se incremente. Las medicinas que hay son las que llevan los médicos rurales y pasantes de medicina que van a trabajar y que consiguen por donación: “Si ellos no vinieran aquí no habría nada”, dice uno de los enfermeros. De acuerdo con el testimonio del dirigente y representante de la comunidad, el señor Conrado Moraleda, el último caso fue el de una madre indígena en avanzado estado de gestación. El traslado inmediato no fue posible, no se contaba con servicio de ambulancia. El resultado fue la muerte de la tanto de la madre como del bebé.
Las penurias de estas comunidades puede verse en un plano macro como una amenaza grave, pero silenciosa. La falta de políticas públicas efectivas en el área en salud hace que estas personas y sus saberes ancestrales estén en permanente riesgo de desaparecer. Del mismo modo, las limitaciones que viven estas comunidades se conectan también con otros problemas que forman un tronco común, y que forman una lamentable característica común con otras comunidades indígenas de América Latina.
[Tomado de https://es.globalvoices.org/2015/12/22/las-duras-condiciones-de-la-comunidad-warao-en-venezuela-evidencia-que-los-derechos-indigenas-existen-solamente-en-la-constitucion.]
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