Rafael Uzcátegui
Cuando se visita a las comunidades afectadas por el denominado “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP) se constata que entre las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones indiscriminadas, los allanamientos sin orden judicial, los desahucios y el robo y saqueo de las viviendas por parte de los funcionarios policiales y militares otra víctima se asoma: El de la capacidad autonómica de organización por parte de los sectores populares.
A pesar de la extensión y profundidad de la
afectación, porque hay que decirlo con todas sus letras: La OLP es una política
de criminalización de la pobreza, el nivel de intervención del tejido
asociativo por parte del Estado ha impedido una respuesta organizativa desde la
gran cantidad de familias víctimas del abuso de poder. Tras década y media de
cooptación, institucionalización y fragmentación de los territorios, la
capacidad asociativa y solidaria ha retrocedido a niveles anteriores a la
década de los 80´s en los barrios de las principales urbes. Como han
reflexionado otros, la política progresista de carácter asistencialista, entre
nosotros las misiones, ha tenido como un objetivo colateral el llegar a los
espacios donde los gobiernos anteriores difícilmente llegaban, extendiendo la
labor oficial al incorporar a los beneficiarios a la lógica gubernamental. De
esta manera, las misiones quebraron las iniciativas organizativas
independientes y las sustituyeron, progresivamente, por figuras apéndices del
Ejecutivo. La estatización de la vida cotidiana en las comunidades edificó un
tipo de solidaridad vertical, con las vocerías del poder, pero rompió las redes
de relaciones comunitarias horizontales que habían sido cimentadas durante
años. El resultado es la orfandad. Como hemos atestiguado en las visitas a las
zonas víctimas de la OLP, como la Cota 905 en la capital, lo que impera es el
individualismo estéril, la reclusión de la gente a sus cotos privados, la
insolidaridad y el miedo. En muchos de los casos las personas que se han atrevido
a denunciar han sido llamadas a capítulo por las redes del chantaje y la
manipulación institucional. La gente humilde se encuentra en medio de los
flujos de circulación de capitales, en zona minada por los trapicheos a todo
nivel, protagonizados por las bandas de antisociales protegidos por la
autoridad, los funcionarios policiales y militares así como por los corruptos
de cuello rojo, para quienes la pobreza se ha convertido en una franquicia de
alto rendimiento.
No importa en qué lugar del espectro ideológico
ubiquemos a Hugo Chávez.Lo cierto es que OLP mediante, Nicolás Maduro se
encuentra posicionado bastante a su derecha. Palabras más, palabras menos,
la OLP es una estrategia de intervención de guerra. La racionalidad militar
imperante ha abandonado cualquier alusión materialista dialéctica y ha vuelto
al redil de clase al que pertenece: Conservarse a sí misma, haciendo gala del
espíritu de cuerpo, en los mayores puestos de control posible. El gran dilema
para cualquier proceso de transición futuro se encontrará en el nivel de
impunidad necesario para que los uniformados dejen fluir las transacciones
democráticas de los civiles, en el necesario inicio de la desmilitarización de
la sociedad venezolana
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