Antulio Rosales
Desde hace tiempo en Venezuela nos acostumbramos a vivir un estado de excepción constante. El propio gobierno ideó un lema con el que alguna vez hizo campaña y se centraba en nuestra excepcionalidad: esta era la tierra donde lo extraordinario se hace cotidiano. Ellos se referían a las políticas sociales, las misiones y el discurso de inclusión. Pero la excepcionalidad va más allá. Mucha gente vive apagones en una gran potencia energética global, ya sabemos hasta la saciedad que el Estado paga para que sus ciudadanos consuman gasolina, su gobierno ya imprime billetes que cuestan más que su valor nominal.
Justo ahora, el gobierno nacional decidió pasar de las palabras a las acciones, y de hecho decretar un estado de excepción que es temporal y focalizado en la frontera con Colombia. Tiempo atrás, escribía Magdalena López acerca la obra de autores como Leonardo Padura y Qiu Xialong, sobre el deseo de éstos a renunciar la excepcionalidad histórica que se les imponía en sus países. En el texto, López explicaba que, por un lado, “lo excepcional es privativo y refuerza los elementos de una propia comunidad por oposición al resto” y, por otro, “invalida cualquier principio básico que sí se aplicaría a esos otros que son normales.” Por supuesto, “como todo es extraordinario, cualquier acción se vuelve lícita.”
Según el decreto presidencial firmado hace unos días y leído en televisión nacional por el gobernador del estado Aragua (para quienes no conocen la geografía venezolana, Aragua no solo no es contiguo a la frontera sino que se encuentra a más de 700 kilómetros de la zona ‘excepcional’), se restringen los derechos de inviolabilidad del hogar, las comunicaciones privadas, libre tránsito, reunión y manifestación así como otras restricciones referidas las transacciones financieras. Varias de esas garantías han estado en entredicho desde que el gobierno nacional inició sus operativos de élite armados para pacificar territorios al margen de la ley [Las llamadas OLP]. Vecinos, familiares y organizaciones civiles han denunciado allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y ajusticiamientos. Durante estos operativos, ya se había arrojado un asombroso saldo de paramilitares y ‘colombianos’ indocumentados. El decreto vendría a normalizar estas prácticas en la frontera, zona tradicionalmente hostil al gobierno. Todo ello, anuncia el Jefe de Estado, será “hasta que la paz retorne a la frontera”.
En pocos días el gobierno ha elevado el tono del discurso, acentuando el ellos y nosotros con los vecinos. Criminaliza al inmigrante que hasta hace poco era bienvenido, ahora es tildado de paramilitar y contrabandista, principal responsable de la escasez y los estragos de la denominada guerra económica. De hecho, el gobierno responsabiliza a paramilitares—y colombianos—por el ataque armado a oficiales de la Fuerza Armada que animó el cierre de frontera así como el consecuente decreto. De ese ataque, aún no hay culpables conocidos, pero la tesis gubernamental se mantiene.
Rápidamente el estado de excepción se convirtió en la nueva gran batalla del gobierno revolucionario para convencer a la población de la necesidad de unidad detrás del diezmado líder. Con esta excepción, el gobierno pretende mostrar determinación y fuerza para tratar de enderezar el entuerto de la escasez. Fuerza y muros antes que cambiar el ritmo o imponer medidas que limiten los incentivos para el contrabando. Cualquier cosa antes de rectificar las políticas que nos trajeron a este punto. Primero se movilizan 2.500 efectivos a la frontera antes de que sepamos siquiera cual es el nivel de escasez o inflación que vive el país.
La excepción actual tiene como objetivo mantener nuestra ya alargada excepcionalidad. Busca recuperar fuerzas y animar el nacionalismo ante las próximas elecciones. Y si el objetivo no se logra, pues la excepción se podrá expandir, con tal de pacificar y liberar a todo el pueblo. Está latente la posibilidad de suspender las elecciones, porque claro, frente a una amenaza existencial ¿cómo se podrán celebrar elecciones?
En estos años, una de las razones más tangibles que nos puso en estado de excepción continuo es el vertiginoso ritmo electoral en el que nos encontrábamos. Cada año más o menos nos enfrentamos con discursos totalizantes en una batalla donde ganar o perder resulta un absoluto. Cada elección era un punto de no retorno. En los años electorales, la angustia se apodera del ambiente, al punto de que comenzamos a necesitarlas. Los años electorales se convirtieron en una nueva normalidad. Allí radica el estado actual de nuestra excepcionalidad, para preservarla es posible que el gobierno nacional decida echar por tierra la confrontación electoral y nos acerque a otras batallas.
[Tomado de https://fueraderadar.wordpress.com/2015/08/25/el-estado-de-nuestra-excepcion.]
Desde hace tiempo en Venezuela nos acostumbramos a vivir un estado de excepción constante. El propio gobierno ideó un lema con el que alguna vez hizo campaña y se centraba en nuestra excepcionalidad: esta era la tierra donde lo extraordinario se hace cotidiano. Ellos se referían a las políticas sociales, las misiones y el discurso de inclusión. Pero la excepcionalidad va más allá. Mucha gente vive apagones en una gran potencia energética global, ya sabemos hasta la saciedad que el Estado paga para que sus ciudadanos consuman gasolina, su gobierno ya imprime billetes que cuestan más que su valor nominal.
Justo ahora, el gobierno nacional decidió pasar de las palabras a las acciones, y de hecho decretar un estado de excepción que es temporal y focalizado en la frontera con Colombia. Tiempo atrás, escribía Magdalena López acerca la obra de autores como Leonardo Padura y Qiu Xialong, sobre el deseo de éstos a renunciar la excepcionalidad histórica que se les imponía en sus países. En el texto, López explicaba que, por un lado, “lo excepcional es privativo y refuerza los elementos de una propia comunidad por oposición al resto” y, por otro, “invalida cualquier principio básico que sí se aplicaría a esos otros que son normales.” Por supuesto, “como todo es extraordinario, cualquier acción se vuelve lícita.”
Según el decreto presidencial firmado hace unos días y leído en televisión nacional por el gobernador del estado Aragua (para quienes no conocen la geografía venezolana, Aragua no solo no es contiguo a la frontera sino que se encuentra a más de 700 kilómetros de la zona ‘excepcional’), se restringen los derechos de inviolabilidad del hogar, las comunicaciones privadas, libre tránsito, reunión y manifestación así como otras restricciones referidas las transacciones financieras. Varias de esas garantías han estado en entredicho desde que el gobierno nacional inició sus operativos de élite armados para pacificar territorios al margen de la ley [Las llamadas OLP]. Vecinos, familiares y organizaciones civiles han denunciado allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y ajusticiamientos. Durante estos operativos, ya se había arrojado un asombroso saldo de paramilitares y ‘colombianos’ indocumentados. El decreto vendría a normalizar estas prácticas en la frontera, zona tradicionalmente hostil al gobierno. Todo ello, anuncia el Jefe de Estado, será “hasta que la paz retorne a la frontera”.
En pocos días el gobierno ha elevado el tono del discurso, acentuando el ellos y nosotros con los vecinos. Criminaliza al inmigrante que hasta hace poco era bienvenido, ahora es tildado de paramilitar y contrabandista, principal responsable de la escasez y los estragos de la denominada guerra económica. De hecho, el gobierno responsabiliza a paramilitares—y colombianos—por el ataque armado a oficiales de la Fuerza Armada que animó el cierre de frontera así como el consecuente decreto. De ese ataque, aún no hay culpables conocidos, pero la tesis gubernamental se mantiene.
Rápidamente el estado de excepción se convirtió en la nueva gran batalla del gobierno revolucionario para convencer a la población de la necesidad de unidad detrás del diezmado líder. Con esta excepción, el gobierno pretende mostrar determinación y fuerza para tratar de enderezar el entuerto de la escasez. Fuerza y muros antes que cambiar el ritmo o imponer medidas que limiten los incentivos para el contrabando. Cualquier cosa antes de rectificar las políticas que nos trajeron a este punto. Primero se movilizan 2.500 efectivos a la frontera antes de que sepamos siquiera cual es el nivel de escasez o inflación que vive el país.
La excepción actual tiene como objetivo mantener nuestra ya alargada excepcionalidad. Busca recuperar fuerzas y animar el nacionalismo ante las próximas elecciones. Y si el objetivo no se logra, pues la excepción se podrá expandir, con tal de pacificar y liberar a todo el pueblo. Está latente la posibilidad de suspender las elecciones, porque claro, frente a una amenaza existencial ¿cómo se podrán celebrar elecciones?
En estos años, una de las razones más tangibles que nos puso en estado de excepción continuo es el vertiginoso ritmo electoral en el que nos encontrábamos. Cada año más o menos nos enfrentamos con discursos totalizantes en una batalla donde ganar o perder resulta un absoluto. Cada elección era un punto de no retorno. En los años electorales, la angustia se apodera del ambiente, al punto de que comenzamos a necesitarlas. Los años electorales se convirtieron en una nueva normalidad. Allí radica el estado actual de nuestra excepcionalidad, para preservarla es posible que el gobierno nacional decida echar por tierra la confrontación electoral y nos acerque a otras batallas.
[Tomado de https://fueraderadar.wordpress.com/2015/08/25/el-estado-de-nuestra-excepcion.]
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