Represión en la Península Ibérica: ¡Ante leyes injustas, desobediencia!

Irene de la Cuerda

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal ya han entrado en vigor. Los derechos fundamentales de las personas habrán desaparecido en el territorio del Estado español y nos encontramos de hecho en una situación de represión y falta de libertades digna de cualquier dictadura que se precie.

Ni las críticas de multitud de organismos internacionales de derechos humanos, ni la oposición de todas las organizaciones sociales y sindicales, así como del resto de los partidos políticos, han impedido que el Partido Popular -haciendo uso de su mayoría absoluta- haya impuesto de facto un régimen policial en el que las Fuerzas de Seguridad del Estado a su libre albedrío puedan imponer sanciones administrativas, ninguneando al poder judicial, con lo que el derecho de defensa se encarece y dificulta.

Enumeraré algunas de las acciones que la Ley Mordaza penaliza a partir del 1 de julio, fecha de entrada de esta nueva injusticia de corte marcial:

° Convocar concentraciones o manifestaciones frente o en los alrededores del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos será considerado como una infracción, aunque estas movilizaciones sean de carácter pacífico. La decisión de si perturba o no la seguridad ciudadana queda al criterio de la policía.

° Fotografiar a los agentes de la autoridad. La utilización de móviles y cámaras de vídeo ha propiciado poder denunciar, a través de las redes sociales, las actuaciones de abuso policial, tanto en represión de movilizaciones como en las detenciones. La Ley Mordaza prohíbe la grabación de estos hechos, tanto por parte de ciudadanos y ciudadanas como de los profesionales de la información, sancionando la difusión de dichas imágenes que, en multitud de ocasiones, han demostrado el abuso de fuerza policial.

° Paralizar los desahucios. La Ley Mordaza penaliza y dificulta las acciones de las organizaciones sociales que se opongan a los desahucios al sancionar a quienes “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.

En definitiva, la Ley Mordaza tiene la función de disuadir y evitar las protestas ante la situación de expolio de la población por las oligarquías políticas financieras y neoliberales de las que los Estados son fieles servidores.

Ante esta situación decimos NO y denunciamos, nosotras y nosotros que luchamos a diario por la defensa de nuestros derechos laborales y sociales oponiéndonos a los desahucios que arruinan la vida a miles de familias. Nosotras que defendemos los servicios públicos propiedad de la ciudadanía: sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, etc. Nosotras que nos rebelamos ante el empleo precario, el paro que obliga a emigrar a las personas jóvenes, que apoyamos a las personas migrantes obligadas a salir de su país por la situación de persecución y miseria, consecuencia del expolio y las guerras auspiciadas por la avaricia de las élites neoliberales de Estados “pretendidamente democráticos” de Occidente...

Somos las personas del pueblo trabajador quienes tenemos el poder de cambiar esta situación mediante la desobediencia y la movilización y no consintiendo ni refrendando sus leyes con nuestro silencio.

[Texto e ilustración tomados del periódico Rojo y Negro # 292, Madrid, julio-agosto 2015. Edición completa accesible en http://rojoynegro.info/sites/default/files/rojoynegro292.pdf.]