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sábado, 1 de agosto de 2015

¿Puede ganar el movimiento por una educación gratuita, pública y de calidad en Chile?



Javier Gárate


Los próximos meses son cruciales para el movimiento por la educación en Chile ya que la Presidenta Michelle Bachelet se puso como meta para este año la aprobación de una reforma educacional. Durante la campaña presidencial y también el primer año del gobierno, Bachelet enfatizó la importancia de una educación gratuita para todos, pero en las últimas semanas el gobierno ha dado un giro diciendo que algunas de las propuestas de la campaña en materia de educación no podrán ser cumplidas, por lo que hoy el rol del movimiento toma incluso más importancia. Para asegurarse de que esto suceda, el movimiento ha aumentado la presión al gobierno con grandes manifestaciones de estudiantes y profesores, incluyendo un paro indefinido por parte de Colegio de Profesores de Chile que empezó el 1 de junio.

A lo largo de los años el movimiento ha aprendido a no tener grandes expectativas de los cambios que puedan venir desde el gobierno. En el 2011 – cuando las protestas lograron sus mayores niveles de movilización – muchos pensaron que la transformación era inminente, solo para sufrir frustración tras frustración y una pérdida de fuerza del movimiento en los años siguientes. Sin embargo, esta vez puede que sea diferente. Según Bill Moyer – activista por el cambio social y fundador del Movimiento por una Nueva Sociedad en EEUU, conformada por una red de colectivos que jugaron un importante rol en grupos noviolentos en los sententas y ochentas – y su modelo  “Plan de Acción del Movimiento”, los movimientos sociales muchas veces pasan por ocho fases. Basado en esto, podríamos inferir que el movimiento por la educación en Chile está acercándose a sus últimas fases.


Históricamente los estudiantes en Chile han estado al frente de las protestas sociales. Por ejemplo estudiantes secundarios fueron unos de los primeros en desafiar en las calles la dictadura militar de Augusto Pinochet, mientras que los universitarios usaban las facultades como lugares para la resistencia. Después del fin del régimen Pinochetista, el movimiento estudiantil necesitó de tiempo para re-enfocar sus demandas y  crear nuevas formas de organización y de protesta.

Tras años de esfuerzos para darle nueva fuerza al movimiento, en el 2006, estudiantes secundarios en la llamada “revolución pingüina” – por la forma y color de su uniforme – dio un indicio de la potencia que podía tener el movimiento estudiantil en Chile. Las movilizaciones del 2006 empezaron con exigencias muy específicas como el pase de transporte escolar, pero pronto pasaron a ser demandas por cambios estructurales contra las políticas económicas neoliberales en educación, en este caso representadas por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que limitaba la participación del Estado en la educación y que entró en vigor el 10 de marzo de 1990, el último día de la dictadura militar de Pinochet.

El movimiento por momentos logró poner la educación en la agenda política, pero las movilizaciones llegaron a su fin después que la Presidenta Bachelet – durante su primer periodo presidencial entre 2006 y 2010 – derogara la LOCE. Sin embargo las exigencias  por una educación gratuita, pública y de calidad  quedaron lejos de ser cumplidas.

En este momento,  el movimiento entró en la fase tres o “condiciones de maduración” según Moyer, en esta se forman nuevas organizaciones y pequeñas acciones de desobediencia civil empiezan a dramatizar la problemática. Después del 2006 hubo un período de menor actividad, pero lentamente nuevos colectivos empezaron a emerger con  exigencias más claras por un cambio radical en la educación en Chile.

El movimiento estaba listo para la fase cuatro o de “despegue”. Esta fase usualmente sucede después de un suceso desencadenante – causados por el movimiento o por quienes están en el poder – que después de mucha organización lleva a manifestaciones masivas, acciones de desobediencia civil y una amplia cobertura mediática.

En Chile, el suceso desencadenante fue la elección en el 2010 de Sebastián Piñera, el primer presidente de derecha desde Pinochet. Piñera ganó las elecciones entre otros motivos como reacción a muchos años de frustración con la Coalición de Partidos por la Democracia (Concertación) – coalición de centro izquierda que estuvo en el poder desde el fin de la dictadura de Pinochet-. Esta nueva situación, combinada con una percepción creciente que la verdadera justicia social no llegaría desde quienes están en el poder, produjo una mayor unidad en el movimiento para organizarse en contra del gobierno.

Los líderes, quienes representaban a los miles de jóvenes ansiosos por involucrarse en la política más allá del voto en elecciones, comprendieron que este era el momento para lanzar una movilización a gran escala.

El movimiento lanzó una campaña que incluyó una gran diversidad de acciones, incluyendo marchas masivas, toma de colegios, flash mobs, un plebiscito alternativo sobre si la educación debiera ser gratuita o no y muchas más. La gran mayoría de las protestas fueron fuertemente reprimidas por la policía y el gobierno trató de culpar a los estudiantes por la violencia en las manifestaciones, pero las imágenes de estudiantes, profesores y apoderados marchando de forma pacífica siendo atacados con gases lacrimógenos y cañones de agua no hizo más que desmentir este argumento. La represión no hizo más  que aumentar el apoyo de la ciudadanía al movimiento, las encuestas mostraban más de un 70% de apoyo a su causa, lo cual puso a la educación en el centro de la agenda política en el 2011.

En aquel momento  existía la sensación de que era posible lograr cambios en la educación casi de forma inmediata, pero como argumenta Moyer, el cambio toma tiempo y los movimientos muchas veces tienen que pasar por varias fases antes de lograr sus objetivos. Una de las debilidades del movimiento estudiantil es que depende mucho del año escolar. Es muy difícil mantener las movilizaciones durante las vacaciones de verano, al mismo tiempo, cada ciclo hay nuevos representantes de las federaciones de estudiantes, por lo que es difícil transferir los niveles de  movilización de un año para el otro.

Entre el 2012 y el 2014, el movimiento pasó por  la quinta fase, la cual Moyer llama “sensación de fracaso”. En esta fase, hay un menor nivel de participación  en acciones y el movimiento pareciera tener menor impacto. Muchos sintieron que las grandes manifestaciones no estaban produciendo el cambio esperado y que era tiempo de buscar nuevas estrategias. También hubo divisiones dentro del movimiento, las más notorias fueron las diferentes posiciones tomadas frente a la votación en elecciones, primero en las locales del 2012 y después en las presidenciales y el parlamento del 2013. Muchos de los líderes estudiantiles universitarios apoyaron el votar por candidatos a elecciones locales y después a la presidencia y el parlamento – algunos incluso se presentaron y fueron electos  al parlamento – por otro lado organizaciones de estudiantes secundarios llamaron a boicotear las elecciones, argumentando que el cambio profundo que el movimiento exigía no llegaría por medio de la política electoral.

Durante la quinta fase, usualmente los políticos dicen que han “recibido el mensaje de la gente” y que ahora es su turno el diseñar e implementar los cambios que la gente ha demandado. Para el movimiento estudiantil chileno, esto significó que el debate pasó de las calles al Congreso y  a los partidos políticos. Al mismo tiempo, la agenda política estuvo dominada por las elecciones presidenciales del 2013, donde muchas personas pusieron sus esperanzas en que una re-elección de Michelle Bachelet vendría con un mandato de refomar de forma radical la educación en Chile. Bachelet había terminado su primer período en 2010 con históricos niveles de aprobación, gracias a medidas económicas que  – en una forma asistencialista y limitada pero directa – apoyó a la clase trabajadora. La campaña presidencial de Bachelet para su re-elección giró en torno a su compromiso con acabar con la inequidad en Chile.

Sin embargo, desde su re-elección, Bachelet no ha  presentado propuestas en materia de educación que cumplan con las exigencias del movimiento. El gobierno argumenta que esto no es por falta de voluntad política, sino debido a un congreso hostil y recursos limitados por un bajo crecimiento en la economía. El año pasado el gobierno aprobó una Reforma Tributaria, con el objetivo de obtener más impuestos de las grandes empresas para poder financiar la reforma educacional. Pero para muchos, la reforma tributaria que fue aprobada no logró cumplir con la promesa de una reforma estructural para acabar con la inequidad en el país. A Chile no le faltan  recursos, lo que le hace falta es una distribución justa de estos recursos.

Actualmente, el movimiento se encuentra en la fase seis, llamada “convenciendo a la mayoría”. Después de más de un año del gobierno de Bachelet, el movimiento tiene claro que un cambio radical en la educación no llegará por medio de la reforma que este gobierno está proponiendo. La reforma del gobierno enfrenta una importante oposición de los sectores más conservadores en el Congreso, por lo que ha tenido que moderar sus propuestas para conseguir su aprobación. El movimiento entiende que ahora es de vital importancia presentar contra-propuestas que contrarresten las del gobierno y usar su poder de movilización para asegurar un acuerdo lo más cercano a sus demandas históricas, sabiendo que lo más probable es que este no sea el fin de la lucha.

A lo largo del tiempo, el movimiento ha sido muy bueno presentando sus propuestas de cómo se imaginan el sistema de educación en Chile y este año que el gobierno se fijó como fecha para aprobar la reforma educacional,  trabajar en contra-propuestas se hace incluso más importante. El pasado 6 de junio, la Confederación de Estudiantes de Chile, que representa a los estudiantes de las llamadas universidades “tradicionales” –  universidades que fueron privatizadas durante el régimen de Pinochet – acordaron una propuesta de educación llamada “Que Chile decida”.  La propuesta presenta un petitorio con 9 puntos entre los cuales se destacan: carrera docente construida con los profesores, estabilidad para los trabajadores, democracia interna para los planteles, gratuidad universal y fin al lucro en todas sus expresiones.

La propuesta ha sido acompañada de una creciente presión social y junio fue uno de los meses con la mayor cantidad de manifestaciones por la educación, por ejemplo, la marcha organizada por estudiantes el pasado 10 de junio movilizó  cerca de 350.000 personas a lo largo del país. Estas acciones suceden al mismo tiempo que el paro indefinido de profesores y algunas tomas de colegios.

Según Moyer, hay dos  fases más después de la sexta fase: “éxito” y la “consolidación del éxito y abordar nuevas luchas”. Por lo que la tarea no está cumplida incluso si es que se logran los objetivos propuestos.

A pesar de que estas fases no son necesariamente lineales y no todos los movimientos pasan por cada una de ellas, este es un modelo que intenta explicar los procesos que vive un movimiento social y mostrar que los cambios profundos pueden tomar tiempo.

El movimiento por la educación en Chile se encuentra en un punto histórico, habiendo ya  pasado por varias fases de una larga lucha. El movimiento no estaría en la posición que se encuentra ahora – con el gobierno de Bachelet presentando reformas al sistema de educación – si no fuese por la continua presión social. El movimiento tiene claro que este es un momento crucial, y por ende ha aumentado su nivel de movilización, sabiendo que es posible que el gobierno modere sus reformas por la presión de sectores más conservadores. Sin embargo, si logran conseguir importantes niveles de apoyo – como lo hizo en el 2011 – es posible que pueda finalmente conseguir los objetivos de una educación gratuita, pública y de calidad en Chile.

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