Juicio por asesinato de Sabino marcha entre irregularidades y antojos de la "justicia bolivariana"

Patricia Marcano

Dos años y cuatro meses han pasado desde el asesinato del cacique yukpa Sabino Romero. 28 meses de una muerte ocurrida el 3 de marzo de 2013 en el sector el Tukuko (Machiques de Perijá, estado Zulia) cuando dos hombres en una moto se le acercaron en plena carretera y uno de ellos le dispara a Romero. Su esposa, Lucía Martínez de Romero, resultó herida. En todo este tiempo, y a más de un año de haberse iniciado el juicio por el asesinato del cacique, las dilaciones, amenazas a testigos presenciales e irregularidades han estado presentes en el proceso judicial, según denuncia Lusbi Portillo, coordinador de la ONG Homo et Natura, quien junto a otras organizaciones sociales ha seguido el caso y ha apoyado a la familia de Romero.

“Hay gato encerrado en el juicio de Sabino. Ha sido un juicio muy traumático”, dice Portillo. Sus comentarios se deben a hechos vinculados con la persona imputada por el Ministerio Público, Ángel Romero Bracho, quien es conocido como “El Manguera” y que asegura formaba parte del equipo de acciones encubiertas del GAES (Grupo Antiextorsión y Secuestros) de la Guardia Nacional.

Después de que la viuda de Sabino diera su testimonio en el juicio, han sido pocos los testigos a favor del cacique. Portillo denuncia que estos “han recibido amenazas, los llaman y les dicen que si van como testigos los matan y por eso nadie quiere ir”. Este hecho, dice Portillo, forma parte de la estrategia del abogado de Romero Bracho, quien “ha llevado testigos falsos que dicen que ‘El Manguera’ estaba en su fiesta de cumpleaños y entraba y salía, haciendo ver que él no fue hasta el Tukuko y eso es falso. Además los fiscales no hacen preguntas. Si siguen así va a quedar la mentira como verdad”.

La familia de Sabino Romero no cuenta con abogado querellante, sino que el defensor es un fiscal asignado por el Ministerio Público, explicó Portillo. Ante las dudas, dos abogados de una organización que apoya a familiares de víctimas del sicariato han entrado como observadores a varias audiencias y les han comentado ciertas irregularidades, como contradicciones entre testigos y la ausencia de preguntas.

Además, Portillo detalla que el fiscal Edgar Angulo dejó de ir a cinco audiencias, acudiendo en su lugar el fiscal Robaldo Cortez y luego Jorge González, de las fiscalías 24 y 91, respectivamente. El primero no cuestionó las declaraciones de dos testigos que acudieron a favor de Romero Bracho y el último, según el representante de Homo et Natura, ha manifestado que Sabino Romero tenía intereses económicos en la defensa de sus tierras, por lo que considera que “ya está parcializado y no puede estar en el juicio”. Recordó que la familia del cacique yukpa está pidiendo 30 años de condena para el presunto asesino, pero temen que le den una pena menor ante estas irregularidades, y como pasó con los otros cinco implicados, de cuyo juicio no se enteraron hasta que les dieron la condena de 7 años.

En la sesión del lunes 20 de julio, a la que regresó el fiscal Angulo, “el testigo que llevaron, un yukpa llamado Luis Nikra, amenazó con agredir a la familia de Romero”, denunció Portillo. La siguiente audiencia estaba prevista para el jueves 30 pero fue suspendida. El retraso del caso continúa, no saben la nueva fecha. Portillo espera que una vez finalice este juicio comience otro, no menos importante, y que sería el de los autores intelectuales, quienes asegura están plenamente identificados porque “son ganaderos” de la zona.

Faltan tierras por pagar

Lusbi Portillo recuerda que cuando comenzó la demarcación de las tierras de los Yukpa, en el año 2004, ya habían planteado en una reunión entre los representantes indígenas, ganaderos y Gobierno nacional que estos pagaran a los hacendados el costo de esas bienhechurías, pues ellos le quitaron a los yukpas esas tierras desde la década de 1930. “Pero no hubo manera de que el Gobierno entendiera que esa era la única solución para que no hubiese muertos”, señala. Es después de que matan a Sabino Romero (antes ya iban 7 fallecidos) que comenzaron a pagar. Por eso Portillo considera que “esos muertos son del Gobierno. Esos muertos eran innecesarios”.

El 14 de julio acudió a la Defensoría del Pueblo para entregar un documento firmado por familiares de Sabino Romero, denunciando que aún falta por pagarle a los presuntos propietarios de cinco haciendas ubicadas en el “Centro Originario Chaktapa, cuyo cacique mayor es el ciudadano Sabino Romero hijo, ubicadas todas dentro del lindero de nuestro territorio, reconocido por el Gobierno Nacional a través de la Procuraduría General de la República el día 15 de diciembre de 2011”, dice el comunicado. Allí especifican que se trata de las haciendas Las Delicias, Mi Deleite, Araguaney, San Salvador y El Carmen.

Explican que necesitan esas tierras para vivir y trabajar en paz, mencionan que entre 2011 y 2013 nueve familiares fueron asesinados por la disputa del territorio, y le solicitan al defensor Tarek William Saab que interceda ante el jefe del Instituto Nacional de Tierras (Inti) en Machiques, estado Zulia, llamado Rodolfo García, para que concluyan estos pagos.

“Estas son tierras originarias del territorio Yukpa y están dentro de una ABRAE regida por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas”, agregan en el comunicado firmado por Lucía Martínez, Sabino Romero, Isidro Romero y Carmen Fernández. Hasta ahora, 15 días después, no han recibido respuesta de la Defensoría del Pueblo.

[Tomado de http://www.larazon.net/2015/08/04/hay-gato-encerrado-en-el-juicio-de-sabino.]