Los negocios de la estirpe Cabello

Suhelis Tejero (contrapunto.com)

En los últimos quince años, el capitán del Ejército Diosdado Cabello –hoy presidente de la Asamblea Nacional (AN)- ha ocupado siete posiciones en el Ejecutivo, con un promedio de gestión de alrededor de dos años en cada una. Ha desempeñado dos cargos de elección popular (gobernador y diputado), y es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Un par de empresas pertenecientes a dos de sus primos obtuvieron 16 contratos para prestar servicios al Estado cuando el parlamentario dirigía el extinto Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación de Miranda, y su hermano, José David, estaba en el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM).

Los documentos del Registro Nacional de Contratistas (RNC) indican que entre mayo y julio de 2007 Inversiones TJC 2005 y Asociados, en la que César Emilio Campos Cabello tiene 30% de las acciones y que fue creada el 28 de julio de 2005, obtuvo 13 contratos, cuatro de los cuales fueron suscritos con la Gobernación de Miranda cuando Cabello estaba al mando (2004-2008). El accionista con más peso es un abogado llamado Freddy Cabrera, quien es dueño de 40% de la empresa.

Se trataba de una serie de remodelaciones en el despacho y en la residencia oficial del gobernador para refaccionar las habitaciones de los escoltas, así como los accesos a la oficina del mandatario regional y también los baños.

Entre abril y septiembre de 2010, cuando Cabello era ministro de Obras Públicas, la empresa ganó nueve contratos con el Consorcio Línea II, el conglomerado encargado de construir la segunda etapa del Metro Los Teques, que está conformado por la venezolana Vinccler y la brasileña Odebrecht, la constructora más grande de Brasil y una de las mayores de América Latina, cuyo presidente está preso por su presunta participación en una trama de sobornos en Petrobras.

Inversiones TJC 2005 y Asociados se convirtió entonces en la proveedora de transporte del Consorcio Línea II para equipos de protección corporal, materiales de seguridad industrial, tanques de agua de gran dimensión y hasta les imprimieron las tarjetas de presentación.

La cercanía al poder también arropó a otro primo: Yamir Cabello Canales, propietario de la empresa Construservi Yamjo C.A. Creada en enero del año 2003, obtuvo un contrato para remodelar la fachada del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y para mantener sus áreas verdes, otro para pintar su fachada y uno más para ser su proveedor de productos médico-quirúrgicos, según indican los documentos oficiales revisados por Contrapunto. Todo ocurrió entre el 1 de marzo de 2003 y el 30 de noviembre del año siguiente, cuando José David Cabello, su primo, se desempeñaba como subdirector del terminal aéreo.

Ellos no son los únicos quienes, además de parientes del presidente de la AN, tienen empresas beneficiadas con contratos públicos. Luis Alfredo y Jerson Jesús Campos Cabello, también primos del funcionario, son directivos de Transporte Arietis, “una joven empresa de transporte especial creada en el año 2007”, según reza en su portal web. Su especialidad es el traslado y manejo de maquinarias, equipos y materiales de construcción, pero su fuerte es el manejo y transporte de materiales y desechos peligrosos de la industria petrolera. Tiene contratos con el Consorcio Línea II, la hidrológica Aguas de Monagas y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Morichal, El Furrial, PetroMonagas, PetroDelta y PetroIndependencia.

Luis Alfredo Campos Cabello, el presidente de Transporte Arietis, fue jefe de despacho de Diosdado Cabello durante su mandato en la Gobernación de Miranda, y es el hermano del superintendente de Bienes Públicos, Ramón Rafael Campos Cabello, señalado por malversación por el exprocurador de Miranda, Rafael Guzmán, aunque la demanda fue sobreseída por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según la sentencia publicada en diciembre del año pasado.

La totalidad de las acciones de Arietis pertenecen a otra empresa, Inversiones PKT 5000, compañía que no está inscrita en el RNC y de la que solo aparecen señas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde consta que tiene un solo trabajador. Contrapunto no pudo precisar quién es el accionista mayoritario de Inversiones PKT 5000.

Jerson Jesús Campos Cabello es, además de directivo de Arietis, dueño de 20% de las acciones de Transportes MP24D, compañía que en agosto de 2006 prestó servicios de transporte de personal a Pdvsa, pero cumplió el contrato a medias, según consta en el RNC. La mayoría accionaria de esa empresa también está en manos de Inversiones PKT 5000.

Contrapunto solicitó por escrito una entrevista con el presidente de la AN ante el departamento de prensa del Parlamento para conocer su versión sobre estos temas, pero no se obtuvo respuesta para la fecha de publicación de este reportaje.

El entorno familiar de Cabello ha sido más conocido por su rol en cargos públicos que por empresarios. Su hermano, José David, es ministro de Industrias, superintendente del Seniat y directivo del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), mientras que su esposa, Marleny Contreras, es ministra de Turismo.

Su primo, el militar Ramón Rafael Campos Cabello, es superintendente de Bienes Públicos y fue presidente de la Inversora del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa). Mientras tanto, otro de sus primos, Gustavo Cabello Canales, es presidente de la red de distribución de alimentos Pdval, tras haberse desempeñado en el pasado como director del Instituto de Vivienda del estado Miranda y del Fondo de Desarrollo Endógeno, que depende del Ministerio de las Comunas.

Su hermana Glenna Cabello es consejera de la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas desde el año 2009 en Nueva York. Tiene, además, un hijo natural de una relación anterior llamado Diosdado Lanz, quien fue presidente de la Fundación Gobierno de Calle, en Monagas, y director del Servicio de Emergencias 171 para esa entidad.

Lo que dicen las leyes

La Ley Anti-Corrupción fue aprobada, por la vía ejecutiva, en noviembre del año pasado. El presidente Nicolás Maduro había pedido poderes habilitantes un año antes para luchar contra ese flagelo, si bien la normativa ya había sido aprobada en primera discusión por la AN tres años antes. El proyecto parlamentario incluía la figura del nepotismo, pero fue engavetado en la Procuraduría General de la República.

El instrumento legal, aprobado por el mandatario nacional a fines de 2014, prevé penas de hasta 10 años de prisión para los funcionarios que incurran en delitos de malversación, desvío, enriquecimientos injustificados, tráfico de influencias y otros delitos asociados a manejos irregulares del dinero público. Sobre el nepotismo, la normativa no hace referencia directa y, aunque lo prohíbe, no lo sanciona.

A este respecto, la directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, considera que la Contraloría debería actuar para evitar no solo el enriquecimiento ilícito, sino también prácticas que beneficien a personas cercanas al entorno del funcionario.

Frente a los procedimientos de licitaciones, la Ley Anti-Corrupción señala como delito la evasión injustificada y deliberada de los procesos formales. La castiga con prisión de seis meses a tres años, al tiempo que considera enriquecimiento ilícito el beneficio obtenido por un funcionario a través de la ejecución de contratos públicos.

“Controlar sin ser presidente”

El líder del chavismo que según diarios internacionales estaría siendo investigado por las autoridades norteamericanas como sospechoso de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero, es oriundo de El Furrial, estado Monagas, y participó a sus 29 años en el golpe militar del 4 de febrero de 1992 que dio a conocer al expresidente Hugo Chávez.

Junto a Alí Rodríguez Araque, Héctor Navarro, Jorge Giordani, Rafael Ramírez y María Cristina Iglesias fue uno de los funcionarios designados por el fallecido exmandatario nacional que se mantuvo desde el principio hasta el fin de su gestión en algún cargo público, aunque su rotación fue alta.

Su lealtad se puso a prueba el 14 de abril de 2002 cuando, tras llevar un día como gobernante encargado de Venezuela, le devolvió el mando a Chávez luego del golpe de Estado ocurrido tres días antes. Pero tras la muerte del exmandatario las relaciones de poder comenzaron a mutar. En una grabación divulgada por el diputado opositor Ismael García, en mayo de 2013, se escuchaba al conductor de La Hojilla, Mario Silva, conversando con el miembro del G2 de Cuba, Aramis Palacios. En ese diálogo se refirió a Diosdado Cabello como uno de los más fuertes contrincantes en la lucha por el poder que surgió apenas Chávez murió. “Yo quiero controlar, pero no quiero ser presidente”, habría dicho el jefe de la AN.

Pero no solo eso. El popular conductor de La Hojilla lo identifica como uno de los beneficiados por las mafias cambiarias y que, supuestamente, sus puntos de financiamiento eran el Seniat –controlado por su hermano José David- y Cadivi (hoy convertida en Cencoex), que en ese momento estaba dirigida por el militar Manuel Barroso, recientemente ascendido por Maduro a general de brigada del Ejército.

Denuncias acumuladas (y desestimadas)

Hace siete años comenzaron a surgir denuncias de supuesta corrupción atribuidas a Cabello desde las propias filas del chavismo. El 12 de febrero de 2008 el entonces diputado Luis Tascón, fallecido en 2010, reclamó que en un punto de cuenta del Ministerio de Infraestructura (en ese momento a cargo de José David Cabello), del 17 de marzo de 2007, se solicitaba a Chávez la aprobación de dinero para comprar 200 microbuses por un precio promedio de 180.000 bolívares cada uno y 100 rústicos a 75.000 bolívares por unidad.

El detalle estaba, aseguraba Tascón, en que los microbuses costaban en realidad 160.000 bolívares cada uno, de acuerdo a los datos del Fondo Nacional de Transporte Urbano, mientras que los rústicos aparecían en una factura proforma del concesionario Toyota con un precio de 49.000 bolívares cada uno. La diferencia total entre la solicitud de recursos que hacía el hermano del actual presidente de la AN y los precios reales era de 6,5 millones de bolívares.

“Uno presume que ahí puede existir un sobreprecio en esos equipos (…) Si va a buscar corruptos, mire en su entorno porque es precisamente ahí que se ha envenenado este proceso revolucionario”, le increpó Tascón a Chávez a través de los medios de comunicación, una osadía que acarreó su suspensión del PSUV. Tascón resaltó que Cabello encarnaba las “prácticas desviadas” en su máxima expresión. “Si algo Diosdado no es, es pobre”, puntualizó.

“Desde hace rato largo, (Tascón) anda con conductas muy extrañas. Yo llamé a Tascón y le dije: ‘¿dónde están las pruebas de esto y esto?’. Todavía estoy esperándolas”, replicó Chávez en un contacto con La Hojilla el 29 de febrero de 2008.

La respuesta de Cabello fue inmediata: "¿Cómo va a haber sobreprecio si los vehículos no se han comprado? Cuando se le hace del conocimiento que los vehículos que no se han comprado, pidió investigar por qué no se han comprado. ¡Fíjate lo débil de su denuncia!".

Al año siguiente, apenas Cabello salió de la Gobernación de Miranda, el procurador estadal entrante, Rafael Guzmán, introdujo a nombre del recién estrenado mandatario regional, Henrique Capriles Radonski, 17 denuncias por supuesta corrupción durante los cuatro años de su gobierno mirandino. Los casos incluían pagos irregulares y dobles, proyectos sin contratos, compras de terrenos sin avalúos y adjudicación de obras sin licitación, entre otros.

Las denuncias fueron llevadas entre mayo y junio de 2009 a la Fiscalía y luego se remitieron al TSJ, que poco a poco las ha desestimado por considerar que las operaciones estaban justificadas y, por lo tanto, no hay nada que juzgar. El ex procurador de Miranda, ahora diputado suplente en la AN por Primero Justicia, prefirió no declarar sobre el tema a Contrapunto.

Meses después de la denuncia de Guzmán, Chávez le reclamó a Cabello que había una diferencia inexplicable de precios entre su proyecto para construir 27 kilómetros de la carretera Gamelotal-Buría, en el estado Lara, y el que presentó el entonces gobernador Henri Falcón. La propuesta de Cabello le costaría al Estado 72 millones de bolívares; la de Falcón, 40 millones.

“O te están cayendo a coba a ti, Diosdado, o le están cayendo a coba al gobernador, pero no puede ser que la diferencia sea de tal magnitud (…) También pudiéramos pensar que hay gente interesada en inflar los costos ¿verdad? Uno pudiera pensar también eso ¿no, Diosdado?”, le dijo Chávez por vía telefónica durante el programa dominical Aló Presidente 344 transmitido el 29 de noviembre de 2009.

[Tomado de http://contrapunto.com/noticia/analisis-los-negocios-de-la-estirpe-cabello.]