Redacción (en base a recientes informes de prensa)
El 17 de julio fue diferida la audiencia de Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera Orinoco imputado por el asesinato de su compañero de trabajo, Renny Rojas, en junio de 2011. Luego de cuatro años y ocho audiencias (dos de ellas fallidas por la incomparecencia del abogado de la contraparte acusadora) la defensa del trabajador espera que el proceso llegue pronto a su final toda vez que están en la presentación de las pruebas.
Álvarez fue apresado el 17 de junio de 2011 en la sede de Ferrominera en Ciudad Piar por su presunta y para nada demostrada participación en el homicidio del trabajador Renny Rojas, cuando se desarrollaba una asamblea para elegir a la comisión electoral de los comicios en el sindicato Sintraferrominera el 9 de junio de 2011.
El 17 de julio fue diferida la audiencia de Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera Orinoco imputado por el asesinato de su compañero de trabajo, Renny Rojas, en junio de 2011. Luego de cuatro años y ocho audiencias (dos de ellas fallidas por la incomparecencia del abogado de la contraparte acusadora) la defensa del trabajador espera que el proceso llegue pronto a su final toda vez que están en la presentación de las pruebas.
Álvarez fue apresado el 17 de junio de 2011 en la sede de Ferrominera en Ciudad Piar por su presunta y para nada demostrada participación en el homicidio del trabajador Renny Rojas, cuando se desarrollaba una asamblea para elegir a la comisión electoral de los comicios en el sindicato Sintraferrominera el 9 de junio de 2011.
Uno de los abogados defensores, Manuel Sarabia, informó que Álvarez ha estado recluido en al menos tres centros penitenciarios del país, y desde hace un año en El Rodeo II. Sarabia denunció la “indefensión jurídica” que hace más de cuatro años ha vivido el ferrominero, alegando que “el Estado se ha ensañado en contra del acusado por buscar organizarse en un sindicato para defender sus derechos; como lo establece la carta magna y la ley del trabajo”. Según el defensor, al imputado se le ha negado el proceso de su garantía judicial y administrativa.
Actualmente la familia ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Álvarez sea atendido pues sufre de sinusitis y problemas respiratorios que no han sido atendidos. La defensa también ha denunciado cómo “factores políticos han influido para negarle todos sus derechos y derechos constitucionales”.
Intereses políticos
Lo que pospuso la audiencia de Rodney Álvarez “fue proselitismo político de parte del Gobierno”, acotó Sarabia. Frank Rodríguez, trabajador de la estatal y tío del acusado, rechazó las declaraciones de Alfredo Spooner -burócrata sindical oficialista en Ferrominera- ante los medios (ver http://www.nuevaprensa.com.ve/node/2743), “donde pretende defender a Rodney por intereses políticos, cuando él mismo fue quién colaboró para que lo metieran en la cárcel”. Ambos reiteraron el pedido de apoyo de los trabajadores para lograr la liberación del detenido.
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