Juan Linares
Las empresas adscritas a la Gobernación del estado Bolívar, los directores y la primera autoridad estadal abusan y atropellan constantemente a los trabajadores, no se discute la contratación colectiva, los aumentos del salario mínimo tienen siempre que esperar meses y años, los jubilados sufren las peores injusticias, años sin cobrar las prestaciones sociales. En el gobierno regional hay un doble discurso, el único que obtienes beneficios personales es el sindicalero miserable y sumiso, negociante de las reivindicaciones económicas y sociales. Hay un irrespeto y violación constante a la Ley del Trabajo y la Constitución, así lo viven y lo han vivido los trabajadores de INVIOBRAS y de HIDROBOLIVAR. Los trabajadores de la hidrológica regional sufren acoso y persecuciones por reclamar lo justo y legítimo, como es la contratación colectiva, pero los personajes de la ultraderecha de la gobernación disfrazados de revolucionarios y socialistas, con diputados bozaleados y entregados y fichas del gobernador del estado. Son transgresores de La ley, porque ellos se creen que están por encima del bien y el mal, ellos son unos enviados y elegidos para dirigir a los bolivarenses. Son los verdugos de los sueños.
Las empresas adscritas a la Gobernación del estado Bolívar, los directores y la primera autoridad estadal abusan y atropellan constantemente a los trabajadores, no se discute la contratación colectiva, los aumentos del salario mínimo tienen siempre que esperar meses y años, los jubilados sufren las peores injusticias, años sin cobrar las prestaciones sociales. En el gobierno regional hay un doble discurso, el único que obtienes beneficios personales es el sindicalero miserable y sumiso, negociante de las reivindicaciones económicas y sociales. Hay un irrespeto y violación constante a la Ley del Trabajo y la Constitución, así lo viven y lo han vivido los trabajadores de INVIOBRAS y de HIDROBOLIVAR. Los trabajadores de la hidrológica regional sufren acoso y persecuciones por reclamar lo justo y legítimo, como es la contratación colectiva, pero los personajes de la ultraderecha de la gobernación disfrazados de revolucionarios y socialistas, con diputados bozaleados y entregados y fichas del gobernador del estado. Son transgresores de La ley, porque ellos se creen que están por encima del bien y el mal, ellos son unos enviados y elegidos para dirigir a los bolivarenses. Son los verdugos de los sueños.
La lucha de los trabajadores de HIDROBOLIVAR es por un salario digno y necesitan la aprobación de su contratación colectiva, si los gerentes se aumentaron en 100 por ciento su salario, los trabajadores también se lo merecen, porque tienen las mismas necesidades. Alimentarse, vestirse y darles calidad de vida a sus hijos y familiares. Si los gerentes se aumentaron a 75 mil bolivares mensuales y un trabajador no llega a los ocho mil bolivares. Los trabajadores han realizados protestas pacifica exigiendo sus reivindicaciones en ningún momento se ha paralizado la distribución de agua y las plantas están 100 por cientos operativas. Actualmente los trabajadores están por debajo del salario mínimo nacional.
Los trabajadores se sienten acosados por la Guardia Nacional y la Policía del estado Bolívar que están siempre dispuestos a la represión y la violación de los derechos humanos, infractores de la ley, al igual que los fiscales del Ministerio Publico que por cuidar su cargo provisional levantan falsas acusaciones, falsos testimoniales y sin elementos de convicción suficientes, aplican el Código Penal a decenas de trabajadores.
La acción de los trabajadores de HIDROBOLIVAR ha estado determinada a solicitar la discusión de la contratación colectiva y mejorar sus condiciones de trabajo y de trato por parte de las empresas dependientes de la Gobernación del estado Bolívar que ha demostrado hasta la saciedad que mantiene una actitud de violentar los compromisos firmados con los trabajadores y es constante el acoso laboral por parte del patrono que viene arreciando en el grado que algunas empresas hay es un terrorismo laboral.
Ese derecho emana de la propia Constitución y no se le puede oponer la aplicación de unos delitos que fueron incorporados al Código Penal tomados de los fascistas italianos de comienzos del siglo pasado. Es una irracionalidad del Ministerio Publico querer asimilar el ejercicio de los derechos constitucionales de los trabajadores a un salario justo y a un trato digno con delitos comunes como al de apropiación indebida, o a la violación de “zonas de seguridad”, cuando son precisamente los propios trabajadores los que han venido manifestando y sosteniendo la necesidad de que el Estado recupere a las empresas y que estas sean productivas. Así están castigando la protesta de los trabajadores venezolanos con la ley burguesa y neoliberal en un proceso dizque de "transición hacia el socialismo", pero con vicios y leyes oligarcas.
Los trabajadores venezolanos que han vivido el impacto social y psicológico de verse acusados con falsos positivos no olvidan… no pueden olvidar los peores momentos, el alto precio ya pagado, y sobre todo, la duda de quien menos debería haber dudado. El problema de la acusación falsa o desproporcionada es tan grave y trascendental como antiguo y difícil de resolver. Baste mencionar la acusación y condena de Sócrates hace ya 2.400 años:
SÓCRATES.- "Sería yo verdaderamente un insensato, Calicles, si no creyera que en esta ciudad a cualquiera puede sucederle lo que sea. Sin embargo, estoy seguro de que si comparezco ante un tribunal con el riesgo de ser condenado a algo de lo que tú dices, mi acusador será algún malvado -pues ningún hombre honrado acusaría a un inocente-". (PLATÓN, Gorgias 521 d.)
Sabemos de la maldad y de lo que son capaces estos patronos y para esto tienen a su servicio la fuerza, pero no la razón, los trabajadores están siendo amedrentados por la Policía y la Guardia Nacional, cumplen la misma función en Cuarta y Quinta República, además están prestos los fiscales y los tribunales para actuar contra el más débil; siempre es así: el patrono oligarca niega las reivindicaciones, acusa y amenaza al débil jurídico, la Ley es violentada. En vez de firmar el contrato colectivo, el gobernador envió amenazas de despidos y detenciones para los dirigentes sindicales y trabajadores. Es la nueva oligarquía roja. Igual a la verde y blanca.
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