J.R. López Padrino
Con la llegada al poder de la logia milico-civilista bolivariana no solo se dio inicio a una sistemática destrucción del aparato productivo nacional, a la militarización de la sociedad y a la conculcación de las libertades y derechos de los venezolanos, sino a la institucionalización de la corrupción y el narcotráfico. Lejos de adelantar un proyecto emancipatorio y contrahegemónico a favor de los desposeídos, el socialfascismo bolivariano ha impulsado la corrupción y el narcotráfico que han permeado y necrosado el tejido social venezolano incluyendo al Estado venezolano y en especial a la Fuerza Armada Nacional.
Son incontables los casos de corrupción que han sido documentados y denunciados ante la Asamblea Nacional y el Ministerio Público sin que haya prosperado investigación alguna. La eficiencia demostrada por la Fiscal General de la República en perseguir y encarcelar a opositores al régimen contrasta con la negligencia y complicidad demostrada en relación a los casos denunciados por corrupción.
Muchos han sido los hechos de corrupción ocurridos en estos 16 años de “desgobierno” bolivariano. Entre otros recordamos el caso del central azucarero Ezequiel Zamora de Barinas, los desfalcos en el Plan Bolívar 2000 cometidos por los generales Manuel Rosendo, Víctor Cruz Weffer y Mervin López Hidalgo por un monto superior a los 800 millones de dólares. El caso de PDVAL relacionado con la aparición de miles de toneladas de alimentos en estado de descomposición en contenedores que fueron importados en el contexto de programas para traer alimentos al país, estimándose que se perdieron aproximadamente 2.200 millones de dólares. El famoso maletinazo de Antonini Wilson que originó su detención en un aeropuerto de Argentina con 790.550 dólares sin declarar. Aporte que había enviado el fallecido tte coronel para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. El escandalo de los bancos Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Banco Real y Baninvest. Instituciones bancarias adquiridas por boliburgueses (Arne Chacón Escamillo y asociados) a través de operaciones fraudulentas
Como olvidar el saqueo de Didalco Bolívar en la gobernación de Aragua, acusado de haber depositado millones de dólares en paraísos fiscales, reivindicado por el tte coronel, premiado por el Tribunal Supremo de Justicia quien lo nombró presidente del Partido Podemos y escogido por el ungido de Maduro como integrante de la delegación del régimen que se sentó a dialogar con la oposición en el famoso debate televisado (11/04/2014). Vale la pena recordar que Didalco fue acusado por Rafael Isea -gobernador de Aragua para ese entonces- hoy defenestrado por el proceso y acusado por Tareck El Aissami actual gobernador de Aragua por la desaparición de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales de Aragua). Pero la historia hamponil no termina allí, pues Tareck El Aissami ha sido señalado por los narcotraficantes Walid Makled, Farid Feris Domínguez y Daniel Barrera de estar vinculado al narcotráfico colombo-venezolano. Estamos frente a una mafia de delincuentes de franelas rojas que han constituido un Estado paralelo narco-corrupto para su propio beneficio.
Un caso importante fue el del Fondo de Desarrollo Endógeno (FONDEN) del cual desaparecieron 29.000 millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin que se sepa su paradero. Además, el desfalco del boliburgués estadounidense-venezolano Francisco Illarramendi al Fondo de Pensiones de PDVSA por más de 500 millones de dólares. Sujeto vinculado a Rafael Ramírez en los múltiples saqueos a la Estatal petrolera.
Otro de los tantos escándalos delincuenciales con sello bolivariano fue el caso del Ministerio de Deporte, en el cual la firma de la ministra Alejandra Benítez fue falsificada, lográndose sustraer de dicha dependencia importantes sumas de dinero a través del sistema de control CADIVI. Ello aunado al traslado de importantes montos de dinero en efectivo por parte de funcionarios de ese ministerio como fue el caso de José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las autoridades (2013).
Pero obviamente una de las más grandes fuentes de corrupción del régimen bolivariano ha sido CADIVI, institución encargada del control de cambio vigente en el país desde el año 2003. A pocos años de su fundación la directora de dicha entidad Adina Bastidas fue acusada de otorgar millones dólares en forma irregular a compañías fantasmas sin que ello fuese investigado. Ya para el 2013 el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, el oficialista Ricardo Sanguino, señalaba que al menos 21.000 millones de dólares habían sido otorgados a tasa preferencial a “empresas de maletín” para importaciones esenciales que jamás se realizaron. Además, Jorge Giordani ex ministro de finanzas y excomulgado del proceso ha señalado que una buena parte de los dólares otorgados por el coronel Manuel Barroso, presidente de CADIVI en el año 2012, habrían sido asignados a empresas ficticias dirigidas por boliburgueses, cuyos nombres el actual iletrado de Miraflores y sus acólitos se niegan a develar.
Más recientemente ha quedado al descubierto otro “caso de corrupción de impronta bolivariana” relacionado al Banco Madrid, filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA) donde figuran ex funcionarios del régimen, ex militares del 4F y boliburgueses. Producto de las averiguaciones adelantadas por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) de España se ha determinado el blanqueo de capitales venezolanos en dicha entidad. Entre los implicados figuran el ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos; el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado; el ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana Alcides Rondón; el ex director de Seguridad chavista, Carlos Luis Aguilera Borjas; el antiguo dirigente de Pdvsa, Francisco Rafael Jiménez Villarroel y el boliburgués Omar Farías. Se estima que dicha institución bancaria “facilitó” transferencias por un valor aproximado de 4.200 millones de dólares relacionadas con el blanqueo de capitales venezolanos. Para variar la bancada oficialista de la Asamblea Nacional se negó a discutir el caso y el Ministerio Público sigue manteniendo un silencio sepulcral al igual que en todos los anteriores sobre la corrupción que implica a miembros de la nomenclatura bolivariana.
Si bien se podría afirmar que la corrupción ha sido un mal de vieja data en nuestra historia republicana, lo novedoso en este despreciable mundo delincuencial del siglo XXI ha sido la institucionalización del narcotráfico en el pañis que ha permeado hasta la propia Fuerza Armada Nacional. Prominentes figuras del mundo castrense han sido acusados de estar involucrados en el narcotráfico, entre mucho otros aparecen el general (R) Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el general (R) Henry Rangel Silva ex ministro de la defensa y actual gobernador de Trujillo, el general (R) Luis Acosta Carlez ex gobernador de Carabobo, el general Néstor Reverol ex ministro de Relaciones Interiores y actual comandante de la Guardia Nacional y el general (R) Cliver Alcala Cordones. Todos ellos han sido acusados de haber formado parte de la red de tráfico de cocaína dirigida por Walid Makled (alias el turco), vinculado al cartel mexicano de Sinaloa quien se ufanaba de tener a más de 115 generales de la FAN vinculados a su red de narcotráfico. Un dato curioso es que al momento de la detención del turco Makled llevaba consigo una credencial firmada por el ex magistrado de la Suprema Corte, Eladio Aponte, fiscal militar estrella del régimen por muchos años, hoy en desgracia acogido al programa de testigos protegidos del gobierno de la Casa Blanca. Más recientemente el tte Diosdado Cabello, capataz de las focas del oficialismo en la Asamblea Nacional, al igual que su hermano José David Cabello director del SENIAT han sido asociados al narcotráfico por varios medios de comunicación norteamericanos y europeos.
Venezuela se ha convertido en un narco-Estado dirigido por una logia milico-civilista que apela a una retórica socialista y anticapitalista como instrumento de engaño y manipulación, mientras sus dirigentes disfrutan los encantos de la burguesía producto de la corrupción y el narcotráfico. La corrupción y la impunidad forman parte del código genético de los cínicos militantes y defensores del socialfascismo bolivariano.
Con la llegada al poder de la logia milico-civilista bolivariana no solo se dio inicio a una sistemática destrucción del aparato productivo nacional, a la militarización de la sociedad y a la conculcación de las libertades y derechos de los venezolanos, sino a la institucionalización de la corrupción y el narcotráfico. Lejos de adelantar un proyecto emancipatorio y contrahegemónico a favor de los desposeídos, el socialfascismo bolivariano ha impulsado la corrupción y el narcotráfico que han permeado y necrosado el tejido social venezolano incluyendo al Estado venezolano y en especial a la Fuerza Armada Nacional.
Son incontables los casos de corrupción que han sido documentados y denunciados ante la Asamblea Nacional y el Ministerio Público sin que haya prosperado investigación alguna. La eficiencia demostrada por la Fiscal General de la República en perseguir y encarcelar a opositores al régimen contrasta con la negligencia y complicidad demostrada en relación a los casos denunciados por corrupción.
Muchos han sido los hechos de corrupción ocurridos en estos 16 años de “desgobierno” bolivariano. Entre otros recordamos el caso del central azucarero Ezequiel Zamora de Barinas, los desfalcos en el Plan Bolívar 2000 cometidos por los generales Manuel Rosendo, Víctor Cruz Weffer y Mervin López Hidalgo por un monto superior a los 800 millones de dólares. El caso de PDVAL relacionado con la aparición de miles de toneladas de alimentos en estado de descomposición en contenedores que fueron importados en el contexto de programas para traer alimentos al país, estimándose que se perdieron aproximadamente 2.200 millones de dólares. El famoso maletinazo de Antonini Wilson que originó su detención en un aeropuerto de Argentina con 790.550 dólares sin declarar. Aporte que había enviado el fallecido tte coronel para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. El escandalo de los bancos Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Banco Real y Baninvest. Instituciones bancarias adquiridas por boliburgueses (Arne Chacón Escamillo y asociados) a través de operaciones fraudulentas
Como olvidar el saqueo de Didalco Bolívar en la gobernación de Aragua, acusado de haber depositado millones de dólares en paraísos fiscales, reivindicado por el tte coronel, premiado por el Tribunal Supremo de Justicia quien lo nombró presidente del Partido Podemos y escogido por el ungido de Maduro como integrante de la delegación del régimen que se sentó a dialogar con la oposición en el famoso debate televisado (11/04/2014). Vale la pena recordar que Didalco fue acusado por Rafael Isea -gobernador de Aragua para ese entonces- hoy defenestrado por el proceso y acusado por Tareck El Aissami actual gobernador de Aragua por la desaparición de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales de Aragua). Pero la historia hamponil no termina allí, pues Tareck El Aissami ha sido señalado por los narcotraficantes Walid Makled, Farid Feris Domínguez y Daniel Barrera de estar vinculado al narcotráfico colombo-venezolano. Estamos frente a una mafia de delincuentes de franelas rojas que han constituido un Estado paralelo narco-corrupto para su propio beneficio.
Un caso importante fue el del Fondo de Desarrollo Endógeno (FONDEN) del cual desaparecieron 29.000 millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin que se sepa su paradero. Además, el desfalco del boliburgués estadounidense-venezolano Francisco Illarramendi al Fondo de Pensiones de PDVSA por más de 500 millones de dólares. Sujeto vinculado a Rafael Ramírez en los múltiples saqueos a la Estatal petrolera.
Otro de los tantos escándalos delincuenciales con sello bolivariano fue el caso del Ministerio de Deporte, en el cual la firma de la ministra Alejandra Benítez fue falsificada, lográndose sustraer de dicha dependencia importantes sumas de dinero a través del sistema de control CADIVI. Ello aunado al traslado de importantes montos de dinero en efectivo por parte de funcionarios de ese ministerio como fue el caso de José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las autoridades (2013).
Pero obviamente una de las más grandes fuentes de corrupción del régimen bolivariano ha sido CADIVI, institución encargada del control de cambio vigente en el país desde el año 2003. A pocos años de su fundación la directora de dicha entidad Adina Bastidas fue acusada de otorgar millones dólares en forma irregular a compañías fantasmas sin que ello fuese investigado. Ya para el 2013 el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, el oficialista Ricardo Sanguino, señalaba que al menos 21.000 millones de dólares habían sido otorgados a tasa preferencial a “empresas de maletín” para importaciones esenciales que jamás se realizaron. Además, Jorge Giordani ex ministro de finanzas y excomulgado del proceso ha señalado que una buena parte de los dólares otorgados por el coronel Manuel Barroso, presidente de CADIVI en el año 2012, habrían sido asignados a empresas ficticias dirigidas por boliburgueses, cuyos nombres el actual iletrado de Miraflores y sus acólitos se niegan a develar.
Más recientemente ha quedado al descubierto otro “caso de corrupción de impronta bolivariana” relacionado al Banco Madrid, filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA) donde figuran ex funcionarios del régimen, ex militares del 4F y boliburgueses. Producto de las averiguaciones adelantadas por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) de España se ha determinado el blanqueo de capitales venezolanos en dicha entidad. Entre los implicados figuran el ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos; el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado; el ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana Alcides Rondón; el ex director de Seguridad chavista, Carlos Luis Aguilera Borjas; el antiguo dirigente de Pdvsa, Francisco Rafael Jiménez Villarroel y el boliburgués Omar Farías. Se estima que dicha institución bancaria “facilitó” transferencias por un valor aproximado de 4.200 millones de dólares relacionadas con el blanqueo de capitales venezolanos. Para variar la bancada oficialista de la Asamblea Nacional se negó a discutir el caso y el Ministerio Público sigue manteniendo un silencio sepulcral al igual que en todos los anteriores sobre la corrupción que implica a miembros de la nomenclatura bolivariana.
Si bien se podría afirmar que la corrupción ha sido un mal de vieja data en nuestra historia republicana, lo novedoso en este despreciable mundo delincuencial del siglo XXI ha sido la institucionalización del narcotráfico en el pañis que ha permeado hasta la propia Fuerza Armada Nacional. Prominentes figuras del mundo castrense han sido acusados de estar involucrados en el narcotráfico, entre mucho otros aparecen el general (R) Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el general (R) Henry Rangel Silva ex ministro de la defensa y actual gobernador de Trujillo, el general (R) Luis Acosta Carlez ex gobernador de Carabobo, el general Néstor Reverol ex ministro de Relaciones Interiores y actual comandante de la Guardia Nacional y el general (R) Cliver Alcala Cordones. Todos ellos han sido acusados de haber formado parte de la red de tráfico de cocaína dirigida por Walid Makled (alias el turco), vinculado al cartel mexicano de Sinaloa quien se ufanaba de tener a más de 115 generales de la FAN vinculados a su red de narcotráfico. Un dato curioso es que al momento de la detención del turco Makled llevaba consigo una credencial firmada por el ex magistrado de la Suprema Corte, Eladio Aponte, fiscal militar estrella del régimen por muchos años, hoy en desgracia acogido al programa de testigos protegidos del gobierno de la Casa Blanca. Más recientemente el tte Diosdado Cabello, capataz de las focas del oficialismo en la Asamblea Nacional, al igual que su hermano José David Cabello director del SENIAT han sido asociados al narcotráfico por varios medios de comunicación norteamericanos y europeos.
Venezuela se ha convertido en un narco-Estado dirigido por una logia milico-civilista que apela a una retórica socialista y anticapitalista como instrumento de engaño y manipulación, mientras sus dirigentes disfrutan los encantos de la burguesía producto de la corrupción y el narcotráfico. La corrupción y la impunidad forman parte del código genético de los cínicos militantes y defensores del socialfascismo bolivariano.
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