María Laura Chang
En Venezuela hay cerca de 133 millones de onzas de oro; 81,4 millones de ellas estarían repartidas al sur del estado Bolívar y dispuestas para la explotación de la Corporación Venezolana de Minería (MINERVEN), según afirmó el entonces ministro de Petróleo y Minas, Rafael Ramírez en enero de 2013. Una investigación hecha por el programa Amazonas Clandestino [ver en https://vimeo.com/124546602] muestra cómo mafias y grupos armados ejercen el control en los campos de explotación del mineral precioso.
En agosto de 2011, el presidente Chávez firmó un decreto con rango valor y fuerza de ley para nacionalizar la explotación del oro y actividades conexas, lo que impulsó el retiro de empresas extranjeras que controlaban la actividad minera. De esta forma se “fortalecería la economía nacional” y así volcarían todas las ganancias al pueblo venezolano.
Ya para esa época se habían marchado varias empresas internacionales del territorio y, tras el decreto, los grupos rusos de Agapop y Rusoro decidieron marcharse también. Tras su salida, el Estado venezolano asumió las riendas de la minas de oro que dejaron estas empresas a través de Minerven. En teoría, las Fuerzas Armadas tomarían el control de cada mina y éstas serían explotadas por empresas nacionales o mixtas que, siguiendo las normativas, pasarían a generar más trabajo y dinero para el país.
La realidad es otra. Discovery Max en el episodio 5 del programa Amazonas Clandestino revela la aparición de una industria improvisada, en la que pobladores extraen el oro a su antojo, con la única supervisión de temidos “sindicatos”- grupos armados – que se encargan de mantener el orden en sus respectivos territorios.
Uno de los mayores yacimientos de oro de todo el mundo, donde se puede extraer hasta 6 gramos por cada tonelada de tierra, está ubicado en el estado Bolívar. Es la mina de Las Cristinas, cerca de Las Claritas, cuya entrada, como se ve en el programa, es custodiada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El reportero asegura que, tras un pago de 20 euros, los funcionarios dejaron pasar al equipo del documental, practica que al parecer también opera para el ingreso de los mineros “artesanales o informales”.
Hombres y mujeres sacan el oro como pueden. Utilizan picos, cinceles, mangueras y hasta sus propias manos. En boca de los trabajadores, el precio del oro vale el gran esfuerzo que aplican, pero de sus ganancias deben dar una tajada al sindicato que los protege.
Armas imponen orden
Los mineros informales temen hablar de las agrupaciones o sindicatos. Son ellos quienes castigan e imponen el orden con fuego. Matan, de ser necesario. En entrevista para Amazonas Clandestino, jóvenes de entre 18 y 21 años con sus rostros tapados aseguran estar involucrados en estos grupos desde niños y comentan que su responsabilidad es establecer el orden. El “impuesto” que debe pagar cada minero es 5 sacos por cada 50 que extraiga.
Es, a fin de cuenta, una pelea de zonas de explotación minera, cada banda protege su propio territorio. Según cuentan los mismos jóvenes, miembros de las agrupaciones han perdido la vida en enfrentamientos con otras bandas, y así se han ganado el respeto de los pobladores que le agradecen por sus acciones.
El papel de fuerzas gubernamentales
Armando Betancourt, concejal del municipio El Callao del estado Bolívar, asegura que quienes se encuentran tras estas organizaciones son altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Incluso sostiene que el armamento que poseen las bandas, R15 o AK47, son proporcionadas por los mismos militares y los considera como cabecillas de las verdaderas mafias.
La banda El Chingo que opera en la Planta Perú, que en teoría pertenece empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela, se ufana de ser una agrupación que no se doblega ante la autoridad militar. Se niegan a pagarles comisión por lo que, aseguran, deben soportar ataques y robos por parte de los uniformados. Según un integrante de estos grupos armados, los funcionarios matan y les atribuyen la responsabilidad.
De acuerdo con la Agencia Carabobeña de Noticias, durante febrero de 2015 fueron asesinados 100 mineros al sur de Bolívar producto de la “violencia mafiosa, la corrupción de funcionarios militares y policiales, y el abuso de poder desde la gobernación del estado Bolívar y la alcaldía de Guasipati”.
Oro fundido
Según se ve en el programa, al mes se funden alrededor de mil kilos de oro en Bolívar, lo que equivale a 4 millones de dólares en ganancia tras su venta. Sin embargo, por la clandestinidad e informalidad del oficio se hace difícil obtener cifras exactas, pero se trata de una gran cantidad de dinero que ronda sin límite ni fiscalización.
Esta fiebre del oro ha saltado cualquier barrera. Desde un sobrevuelo por la zona se aprecia una herida abierta en el corazón de Canaima con consecuencias al equilibrio ecológico de la región, devastada por la minería ilegal dentro del Parque Nacional. Se han perdido 80 mil hectáreas de bosque.
[Tomado de http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/mineria-en-guayana-es-monitoreada-por-grupos-armados.]
En Venezuela hay cerca de 133 millones de onzas de oro; 81,4 millones de ellas estarían repartidas al sur del estado Bolívar y dispuestas para la explotación de la Corporación Venezolana de Minería (MINERVEN), según afirmó el entonces ministro de Petróleo y Minas, Rafael Ramírez en enero de 2013. Una investigación hecha por el programa Amazonas Clandestino [ver en https://vimeo.com/124546602] muestra cómo mafias y grupos armados ejercen el control en los campos de explotación del mineral precioso.
En agosto de 2011, el presidente Chávez firmó un decreto con rango valor y fuerza de ley para nacionalizar la explotación del oro y actividades conexas, lo que impulsó el retiro de empresas extranjeras que controlaban la actividad minera. De esta forma se “fortalecería la economía nacional” y así volcarían todas las ganancias al pueblo venezolano.
Ya para esa época se habían marchado varias empresas internacionales del territorio y, tras el decreto, los grupos rusos de Agapop y Rusoro decidieron marcharse también. Tras su salida, el Estado venezolano asumió las riendas de la minas de oro que dejaron estas empresas a través de Minerven. En teoría, las Fuerzas Armadas tomarían el control de cada mina y éstas serían explotadas por empresas nacionales o mixtas que, siguiendo las normativas, pasarían a generar más trabajo y dinero para el país.
La realidad es otra. Discovery Max en el episodio 5 del programa Amazonas Clandestino revela la aparición de una industria improvisada, en la que pobladores extraen el oro a su antojo, con la única supervisión de temidos “sindicatos”- grupos armados – que se encargan de mantener el orden en sus respectivos territorios.
Uno de los mayores yacimientos de oro de todo el mundo, donde se puede extraer hasta 6 gramos por cada tonelada de tierra, está ubicado en el estado Bolívar. Es la mina de Las Cristinas, cerca de Las Claritas, cuya entrada, como se ve en el programa, es custodiada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El reportero asegura que, tras un pago de 20 euros, los funcionarios dejaron pasar al equipo del documental, practica que al parecer también opera para el ingreso de los mineros “artesanales o informales”.
Hombres y mujeres sacan el oro como pueden. Utilizan picos, cinceles, mangueras y hasta sus propias manos. En boca de los trabajadores, el precio del oro vale el gran esfuerzo que aplican, pero de sus ganancias deben dar una tajada al sindicato que los protege.
Armas imponen orden
Los mineros informales temen hablar de las agrupaciones o sindicatos. Son ellos quienes castigan e imponen el orden con fuego. Matan, de ser necesario. En entrevista para Amazonas Clandestino, jóvenes de entre 18 y 21 años con sus rostros tapados aseguran estar involucrados en estos grupos desde niños y comentan que su responsabilidad es establecer el orden. El “impuesto” que debe pagar cada minero es 5 sacos por cada 50 que extraiga.
Es, a fin de cuenta, una pelea de zonas de explotación minera, cada banda protege su propio territorio. Según cuentan los mismos jóvenes, miembros de las agrupaciones han perdido la vida en enfrentamientos con otras bandas, y así se han ganado el respeto de los pobladores que le agradecen por sus acciones.
El papel de fuerzas gubernamentales
Armando Betancourt, concejal del municipio El Callao del estado Bolívar, asegura que quienes se encuentran tras estas organizaciones son altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Incluso sostiene que el armamento que poseen las bandas, R15 o AK47, son proporcionadas por los mismos militares y los considera como cabecillas de las verdaderas mafias.
La banda El Chingo que opera en la Planta Perú, que en teoría pertenece empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela, se ufana de ser una agrupación que no se doblega ante la autoridad militar. Se niegan a pagarles comisión por lo que, aseguran, deben soportar ataques y robos por parte de los uniformados. Según un integrante de estos grupos armados, los funcionarios matan y les atribuyen la responsabilidad.
De acuerdo con la Agencia Carabobeña de Noticias, durante febrero de 2015 fueron asesinados 100 mineros al sur de Bolívar producto de la “violencia mafiosa, la corrupción de funcionarios militares y policiales, y el abuso de poder desde la gobernación del estado Bolívar y la alcaldía de Guasipati”.
Oro fundido
Según se ve en el programa, al mes se funden alrededor de mil kilos de oro en Bolívar, lo que equivale a 4 millones de dólares en ganancia tras su venta. Sin embargo, por la clandestinidad e informalidad del oficio se hace difícil obtener cifras exactas, pero se trata de una gran cantidad de dinero que ronda sin límite ni fiscalización.
Esta fiebre del oro ha saltado cualquier barrera. Desde un sobrevuelo por la zona se aprecia una herida abierta en el corazón de Canaima con consecuencias al equilibrio ecológico de la región, devastada por la minería ilegal dentro del Parque Nacional. Se han perdido 80 mil hectáreas de bosque.
[Tomado de http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/mineria-en-guayana-es-monitoreada-por-grupos-armados.]
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